Javier Muñoz Burguete

Expediente 1360/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1360/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Javier Muñoz Burguete y Otros.
  • Javier Muñoz Burguete

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento a lo requerido en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, y al efecto remite copias certificadas de las constancias de notificación practicadas a las partes en el juicio de origen, respecto al auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente de origen. Al efecto, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que, una vez que el Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, lleve a cabo el desahogo de la diligencia encomendada y le informe lo conducente, inmediatamente lo informe a éste Órgano de Control Constitucional, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo en presente juicio de garantías; o bien, manifieste el impedimento que tenga para no acatar la ejecutoria en la que se concedió el amparo a la parte quejosa. Lo anterior, con el apercibimiento de no hacerlo se le impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100, moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 22/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados, sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado...

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos de Juzgado en Funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en atención a la ejecutoria de amparo del presente asunto, informa que la institución financiera HSBC México, realizó la transferencia del importe de $3,743.50 (tres mil setecientos cuarenta y tres pesos 50/100 m.n.), y asimismo, la institución Banamex, puso a disposición el importe de $258,403.90 (doscientos cincuenta y ocho mil, cuatrocientos tres pesos 90/100 m.n.), cantidades que fueron entregadas a través cheques a la parte quejosa en comparecencia de once de julio de dos mil veintidós, remitiendo copia certificada de dicha diligencia. Al efecto, de conformidad con el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, y con su contenido, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días, legalmente computados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no desahogar la misma, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. En lo que interesa, se transcribe el artículo 196, del ordenamiento legal en cita: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida... Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la justiciable señala como acto reclamado destacado, el siguiente: "ACTO RECLAMADO: "ÚNICO": De la Autoridad señaladas como responsable ORDENADORA. Le reclamo la omisión de proveer acuerdo a la promoción de fecha 30 de agosto y recibida por la responsable el 9 de septiembre del presente año 2022 según lo acredito con copia al carbón que contiene el sello de recibido de la última fecha mencionada, constante de dos fojas útiles" Lo resaltado es nuestro. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que eventualmente el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, Sin embargo, respecto al acto reclamado en esta vía, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que, puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La referida interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que la fracción V del segundo dispositivo transcrito, estatuye la procedencia del juicio de garantías contra actos de los tribunales dentro de juicio que produzcan situaciones de carácter irreparable para el quejoso, en su persona o en sus bienes. Por tanto, para determinar si un acto encuadra en la fracción transcrita, debe verificarse lo siguiente: a) Que no encuadre en alguno de los supuestos que prevén los artículos 172 (violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en materia civil, administrativa o del trabajo) y 173 (en materia penal), ambos de la Ley de Amparo; pues las infracciones que contemplan estos preceptos solamente podrán reclamarse, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo. b) Que la presunta violación no pueda repararse mediante la promoción de un recurso, o bien, que sea susceptible de estudiarse en la resolución final que se dicte en el juicio natural; y, c) Que la violación procedimental afecte materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte. De ahí que, tal y como lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la omisión reclamada en el presente juicio de garantías, se da dentro de un procedimiento, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, puesto que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que el quejoso es parte, sino que se da en el contexto del juicio, por lo que tiene un carácter adjetivo; en tanto que, lo único que reclama es que la autoridad responsable no ha dado contestación a la solicitud de la parte quejosa en el juicio laboral de origen. Por lo que, se concluye que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que, se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite; puesto que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Además, de la lectura de la demanda, el quejoso refiere que el treinta de agosto de dos mil veintidós, realizó las peticiones referentes, recibido el nueve de septiembre posterior; así, no configura la dilación a que refiere el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los normativos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación al artículo 2º de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en esta ciudad, asimismo, como lo peticiona, conforme el numeral 24 de la Ley de la Materia, se tienen como autorizados, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los profesionistas que indica en el ocurso de demanda...

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