Javier Munive Pérez

Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 32 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
600/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Javier Munive Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia dictada en el juicio; consecuentemente, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase al Juez del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el tomo de pruebas debidamente identificado como Tomo I, que obra por cuerda separada. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Finalmente, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido, asimismo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que integran el presente juicio de amparo, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Javier Munive Pérez, auto admisorio, y la constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, CERTIFICA: Que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa, en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para exhibir los edictos ordenados en autos transcurrió del tres al treinta de diciembre del presente año, descontando de dicho cómputo los días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, hace constar que por auto quince de julio de dos mil veintiuno, se previno a las partes, para que dentro del plazo de setenta y dos horas previas al día y hora señalados para la presente audiencia, informaran a este órgano jurisdiccional si era su deseo que se desahogara a través de videoconferencia, conforme lo establecido en los artículos 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, sin que al efecto realizaran manifestación alguna a pesar de estar notificados. El juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por hecha la certificación que antecede para los efectos legales procedentes. Ahora, tal y como se advierte de la certificación que antecede y en virtud que de autos no se desprende alguna prueba o diligencia que amerite desahogo con presencia de las partes, ni estas manifestaron su deseo de que se lleve a cabo a través de videoconferencia, así como, no se actualiza el supuesto establecido en el numeral 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; la presente audiencia, tendrá verificativo de forma ordinaria, sin asistencia de las partes, por lo que resulta innecesaria la celebración por videoconferencia. Acto seguido, se abre el período de pruebas, el secretario da cuenta con las remitidas por las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, las ofrecidas por el quejoso y las que obran en autos. Enseguida, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas citadas con antelación, mismas que se desahogan por sí mismas dada su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: El secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El juez acuerda: Ténganse por practicada la certificación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que se concluye dicho período procesal y se cierra la audiencia de mérito, procediendo a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 600/2021-L; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, remitido el mismo día por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Javier Munive Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que adelante se transcriben, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc., Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado; Tesorero municipal del municipio de Tlaxcala. IV.- ACTOS RECLAMADOS a. Del C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se reclama la sentencia definitiva dictada con fecha diez de diciembre del año dos mil diecinueve, en el sentido de que por dicha sentencia la señora *****, adquirió por vía de usucapión una fracción de terreno, fracción de terreno de la cual soy legítimo poseedor y propietario. b. Del Director del Registro Público y del Comercio en el Estado, por el indebido registro y asentamiento de la sentencia definitiva dictada con fecha diez de diciembre del año dos mil diecinueve. c. Del Tesorero Municipal del municipio de Tlaxcala; por la designación de clave catastral número ***** y alta de una la fracción de terreno (sic), que indebidamente y dolosamente se adjudicó la señora *****." SEGUNDO. Por auto de quince de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número de expediente *****; se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Una vez agotada la investigación a que hace alusión el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en auto de veinticinco de noviembre del año en curso, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada *****, por medio de edictos, los cuales estarían a cargo de la parte quejosa. CUARTO. En autos de veinte y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo los pagos de las publicaciones; sin embargo estas no cubrieron con los requisitos a que hace alusión el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tuvieron por no exhibidas. Finalmente, previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y ; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe acotarse que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los actos que se reclaman, son los siguientes: - La falta de emplazamiento al juicio de usucapión *****, del índice del Juzgado *****, incoado por *****, en contra de quien o quienes se crean con derecho, así como todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo el registro de la sentencia por parte de la Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado, y, el alta de la clave catastral por parte de la Tesorera del Municipio de Tlaxcala. TERCERO. Las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado y Tesorera del Municipio de Tlaxcala, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los acto que se les reclaman. Además, tal aseveración se encuentra corroborada con el expediente *****(Anexo I), que remitió el juez responsable como complemento de su informe justificado, mismo que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2. CUARTO. En el particular, se actualiza el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción II, y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos a que se ha hecho alusión, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando se haya ordenado el emplazamiento de un tercero interesado por medio de edictos, no se pueda realizar tal comunicación procesal ante la omisión de la parte quejosa de acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, lo que origina el impedimento constitucional de esta autoridad jurisdiccional para estudiar el fondo del asunto. Lo anterior, ya que tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, las determinaciones que en este se adopten pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado al estimarse que su emplazamiento al juicio de derechos fundamentales constituye el presupuesto procesal de mayor importancia, y que encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados. En efecto, en el plazo de veinte días, la parte quejosa debió: a) Recoger los edictos; b) Entregarlos para su publicación; y, c) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Robustece lo expuesto la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el siguiente epígrafe: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN." No obstante lo anterior, si bien en el particular el quejoso cumplió con dichos extremos, tal y como se precisó en proveído de treinta del mes y año en curso, dichas publicaciones no se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que, al no cumplir con tales extremos, se determinó tenerlas por no exhibidas. Robustece lo anterior la tesis aislada (I Región)7o.2 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEBE EFECTUARSE EN DÍAS HÁBILES." En ese tenor, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que da lugar al sobreseimiento. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En suma a lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. El interés jurídico a que aluden los citados preceptos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reglamentado en esa parte en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de amparo que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, emitió la tesis asilada P. XIV/2011, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Ahora bien, en el presente sumario la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio de usucapión *****, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, incoado por Socorro Roldán Torres, en contra de quien o quienes se crean con derecho, así como todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo el registro de la sentencia por parte de la Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado, y, el alta de la clave catastral por parte de la Tesorera del Municipio de Tlaxcala. Conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente sumario, es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente la afectación a la esfera de su interés jurídico; por ello, resulta necesario analizar las pruebas aportadas, para constatar si la falta de emplazamiento al juicio, sus consecuencias y ejecución, afecta su esfera jurídica. Pues bien, para acreditar dicho extremo, se allegó el siguiente medio de convicción: - Copia autentificada de la carpeta de investigación *****, del indice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral trámite cuatro, Delegación Sur, en el Estado; y, - Copia certificada del instrumento *****, de *****, pasado ante la fe del Notario Público Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, del cual se advierte que el quejoso adquirió el bien inmueble denominado "*****", ubicado en La Trinidad *****, Tlaxcala, con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: Veintiún metros, linda con *****; SUR: Veintiún metros, linda con *****; ORIENTE: Ciento cinco metros, linda con *****, **********; y, PONIENTE: Ciento cinco metros, linda con Florentino Sánchez. En ese contexto, las probanzas antes relacionadas son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, pues únicamente acredita en relación al contrato de compraventa, que en esa data adquirió el referido inmueble con las medidas y colindancias ahí descritas. Por lo que hace a las copias autenticas de la carpeta de investigación *****, prueban que existe una indagatoria iniciada en contra de *****, por los hechos con apariencia de delito de despojo. Asimismo, si bien obra un dictamen en agrimensura, de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el perito *****, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, del cual se advierte lo siguiente: ".PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Trasladarse y constituirse al lugar de los hechos y se sirva determinar si existe invasión y/o daños en el bien inmueble que a continuación se describe, en caso afirmativo determine:La superficie invadida b) Valúe el valor de la superficie invadida c) En caso de existir daños, determine el monto de los daños que presenta el inmueble ubicado en última fracción del predio denominado "*****", ubicado en la esquina de la calle *****de la Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, entre las calles *****y la privada de la *****, cuyo lugar exacto será referido por el denunciante, el C. *****. (.) Después de realizar un recorrido por el exterior del inmueble donde el suscrito se percata que al interior de la colindancia norte existe una superficie en forma trapecio con las siguientes medidas: Norte *****; Sur:*****; Oriente: *****y Poniente: *****, dando una superficie de ***** m2, dicha superficie tiene al interior material pétreo, para construcción consistente en 5 viajes de piedra braza y un viaje de grava a decir de la parte denunciante la colocación del material pétreo fue realizada por personas no autorizadas por ella, por lo anteriormente descrito, se determina la invasión en dicha superficie, siendo ***** (.)" Lo cierto es que dicho medio de convicción únicamente prueba la superficie invadida del inmueble del que es propietario; además, tal prueba es insuficiente para acreditar el interés jurídico del impetrante de amparo. Se dice lo anterior, pues únicamente se le puede otorgar valor jurídico en términos de una documental, toda vez que dicho medio de convicción no fue desahogado en el presente sumario conforme a las reglas de una prueba pericial en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Apoya a lo anterior la tesis aislada 1a. CCCXCVIII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA." En efecto, la prueba pericial por regla general, sólo puede tener vida con plenos efectos jurídicos si existe un proceso; así, para afirmar la existencia de la prueba pericial, ésta debe seguir las formas que la propia ley impone a las partes, pues se trata de un medio de prueba en el que ambas partes están en posibilidad de interrogar a los especialistas sobre los temas que han surgido en el proceso mismo, a partir de la demanda y de su contestación de lo que ha trascendido al juicio y es materia del litigio. En ese sentido, para hablar de la prueba pericial propiamente dicha, como medio de prueba, necesariamente han de observarse las formas previstas en la ley para su ofrecimiento y desahogo. Entonces, como se indicó, los medios de convicción son insuficientes para demostrar el perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa, habida cuenta que no demuestra la afectación que aduce le causa la autoridad responsable, con motivo de la falta de emplazamiento al juicio de usucapión *****, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, incoado por *****, en contra de quien o quienes se crean con derecho, así como todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo el registro de la sentencia por parte de la Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado, y, el alta de la clave catastral por parte de la Tesorera del Municipio de Tlaxcala. Se llega a esta conclusión, pues la prueba idónea para acreditar tal afectación es la pericial; esto es así, ya que para que haya certeza de la identidad entre el predio sobre el cual se tramitó el juicio de origen y el diverso sobre el cual defiende el impetrante de amparo, era necesario identificar con precisión la ubicación y extensión de los mismos, para lo cual se requería contar con elementos técnicos y científicos propios de la topografía -agrimensura-, en virtud de que la ubicación métrica de predios no es una cuestión que pueda resolverse con los conocimientos generales al alcance de todas las personas, sino que es necesario de los conocimientos técnicos de un perito en la materia de agrimensura. Lo anterior es así, pues de las medidas y colindancias de los diversos predios se advierte lo siguiente: Inmueble sobre el cual versó el juicio de usucapión *****, del Juzgado ********** Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Inmueble que defiende de la parte quejosa. Medidas y Colindancias: Predio ubicado en calle *****, La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala. NORTE: Veinte metros, linda con *****SUR: Veintiocho metros, linda con calle *****, Colonia Xicoténcatl, Tlaxcala; ORIENTE: Un metro, noventa centímetros, linda con calle *****, colonia Loma Xicohténcatl; y, PONIENTE: Veinticinco metros, linda con *****. Medidas y Colindancias: "*****", ubicado en *****, Tlaxcala, con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: Veintiún metros, linda con *****; SUR: Veintiún metros, linda con *****; ORIENTE: Ciento cinco metros, linda con *****, *****, *****y con el vendedor; y, PONIENTE: Ciento cinco metros, linda con *****. Así, de la tabla comparativa de los citados predios, se advierte claramente que a simple vista no existe identidad entre dichos inmuebles. De modo que la parte quejosa debió ofrecer la prueba pericial en agrimensura a efecto de demostrar de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio de origen del cual emanan los actos reclamados, así como el que a través del presente juicio constitucional defiende, pues no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente que se actualice la hipótesis prevista en la citada fracción XII del artículo y ley en cita, ante la ausencia de probar que hubo afectación a su interés jurídico, pues en las condiciones reseñadas, era necesario adminicular tal probanza, con la prueba pericial, por ser ésta la idónea para acreditar que el inmueble que defiende la parte quejosa es el mismo sobre el cual versó el juicio generador de los actos reclamados. Apoya a lo anterior las jurisprudencias VI.1o.C. J/13 y VI.2o. J/141, sustentadas por el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubros: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO QUE VERSA SOBRE INMUEBLES." Así las cosas, el interés jurídico no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, máxime que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de derechos fundamentales y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diversa VI.2o. J/340, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, así como las tesis asiladas III.1o.A.25 K y VIII.2o.14 C, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicadas bajo los siguientes epígrafes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL." "PROPIEDAD Y POSESION DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACION CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA." Por tanto, si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la parte quejosa, con aquel objeto del juicio origen de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, como las pruebas aportadas en el presente sumario no son eficaces para demostrar los hechos que se pretenden, pues se itera, la parte quejosa no demostró la identidad del inmueble materia del juicio origen del acto reclamado, con la del inmueble que defiende o bien, es evidente que dichos actos no le causan perjuicio y, por ende, cabe concluir que los mismos no afectan su interés jurídico, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Da sustento a lo antes dicho las jurisprudencias 3a. 58 8/90 y VI.3o. J/2, emitidas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visibles en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985)." "POSESION, IDENTIFICACION DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACION.". Sobreseimiento que se hace extensivo en relación al acto reclamado que se hace consistir en la falta de emplazamiento al juicio de usucapión *****, del índice del Juzgado *****, incoado por *****, en contra de quien o quienes se crean con derecho, así como todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo el registro de la sentencia por parte de la Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado, y, el alta de la clave catastral por parte de la Tesorera del Municipio de Tlaxcala, por no afectar los intereses jurídicos de la parte quejosa, al no ser parte dentro de la controversia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL.". Finalmente, no sobra decir que aun y cuando la parte quejosa ofreciera la experticia a que se ha hecho alusión, lo cierto es que la misma resultaría extemporánea, toda vez que el presenta asunto se admitió a trámite el quince de julio del año en curso, señalándose las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, en proveído de dieciséis de agosto se difirió la misma, fijándose las doce horas con cinco minutos del diez de septiembre para su verificativo; y, el diecisiete de agosto de la presente anualidad, se tuvo al juez responsable rindiendo su informe justificado. Por tanto, es patente que el plazo de cinco días a que hace alusión el artículo 119 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, respecto de los actos reclamados al Juez *****, Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado; y, Tesorera del Municipio de Tlaxcala, precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta signado por la parte quejosa, por el cual exhibe el pago de los edictos ordenados en autos, mismos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación los días***, *** y ***, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de una revisión de las actuaciones del presente sumario, no ha lugar a tener por exhibidos los pago de los edictos en comento, lo anterior, toda vez que de los exhibidos en esta data, así como de los diversos que presentó mediante acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, que refirió se publicaron el ***, *** y ***, se advierte que no cumplen con el requisito consistente en que se publiquen de siete en siete días, tal como se le precisó en acuerdo de***, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Esto es, los edictos se debían publicar, en todo caso, los días diecisiete, veintiocho de diciembre del presente año y seis de enero de dos mil veintidós, así como treinta y uno de diciembre, once y veinte de enero de dos mil veintidós, respectivamente. Lo anterior es así, ya que los artículos 281 y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Las actuaciones judiciales se practicarán en días hábiles. El edicto contendrá una relación sucinta de la demanda. Se publicará por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Se hará saber a la parte que se pretende emplazar que debe presentarse dentro del término de treinta días contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Luego, las notificaciones que no se hicieren en la forma que se establece en los referidos dispositivos legales serán nulas. Atento a lo anterior, las publicaciones que sufragó la parte actora, no se ajustan a lo dispuesto en los artículos 281 y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, en relación con el diverso 22 de la Ley de Amparo, al no haberse hecho tres veces de siete en siete días hábiles. Se afirma lo anterior, porque dejar los edictos en los términos en que se realizaron, o en su caso, que se pretenden realizar, causaría una violación al procedimiento que ocasiona su reposición.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito y anexos de cuenta signado por la parte quejosa, por el cual informa las gestiones que se encuentra llevando a cabo para la publicación de los edictos ordenados en autos, mismos que se publicarán refiere el diecisiete, veinticuatro y treinta y uno del mes en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

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