Javier Mota Martinez

Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
111/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Javier Mota Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Javier Mota Martínez, contra actos de la DIRECTORA DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ y otras autoridades; con tres copias y cuatro anexos que acompaña; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 111/2021-I. Ahora, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y sus anexos, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de su anexo, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar la omisión en que incurren las autoridades que señala como responsables, al no emitir la respuesta respectiva a la petición que le fue presentada el doce de enero de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, la suscrita considera que en relación con la omisión reclamada, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. En el caso, el escrito de petición fue recibido por las autoridades el doce de enero de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el doce de febrero del presente año; es decir, ha transcurrido un mes de haber ejercido el derecho de petición (incluso dejando de considerar la declaratoria de semáforo rojo en la entidad publicada recientemente desde el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, de obligación para todos los municipios del Estado), por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los artículos 13 y 70 de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, resulta notoria e indudablemente improcedente al no haber transcurrido los términos previstos en estos. Debe destacarse que no se soslaya que en la demanda de amparo, la parte quejosa vierte planteamientos que pretende vincular a derechos de acceso al medio ambiente sano y la salud, particularmente, con lo relativo a la posibilidad de un contagio a virtud de la pandemia ocasionada por la "COVID-19". Sin embargo, de los documentos que constituyen el soporte de su demanda de amparo, es decir, los escritos cuya omisión de respuesta se duele, no se advierte que estén relacionados con el contexto de esa enfermedad. Inclusive, en los mismos tampoco se desprende que haga alusión a temas relativos a obras públicas que en conjunto con el funcionamiento del negocio vecino que refiere, ocasionen una afectación a la salud o medio ambiente como lo menciona en su demanda de amparo. Por el contrario, lo que sí tiene especial mención en sus libelos, es relativo a la obstrucción de banquetas aledañas al predio que aduce tiene en propiedad, a causa de materiales como grava y otros. De tal suerte, lo relativo a la afectación de cuestiones urbanas, tiene que ver con la autorización o funcionamiento de un establecimiento colindante a su propiedad, es decir, un aspecto que debe ser controvertido administrativamente para nulificarse, pero, hasta este momento, no relacionado con temas de salud o medio ambiente. De lo anterior queda patente que de acuerdo a los documentos que anexó a su demanda de amparo y que en conjunto conforman un todo, nada tienen que ver con la solicitud de medida cautelar de plano. Esto es, que al no ubicarse dentro de los supuestos que establece el artículo 22 Constitucional, 15 de la Ley de Amparo, ni aspectos análogos, se trata en todo caso de una violación al artículo 8° del primero de los ordenamientos en cita. Inclusive, para efectos de contingencias, según consulta a la normativa del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, son otras las dependencias encargadas de supervisar y atender en forma preventiva (Dirección de Protección Civil) De tal forma, no pueden rebasarse los presupuestos procesales, si de inicio lo que se reclama tiene que ver con franca violación al derecho de petición y cuestiones urbanas, según los escritos que adjuntó a la demanda de amparo. Luego, al no existir un caso de imposible reparación, lo que se constata de los libelos en cuestión y por no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente las autoridades puedan dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. LO ANTERIOR NO DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA PARTE QUEJOSA, EN LA MEDIDA EN QUE UNA VEZ QUE SUS ESCRITOS DE PETICIÓN SEAN PRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y ALUDAN A TEMAS DEPOSIBLES CONTAGIOS POR LA COVID-19, SÍ PODRÍAN -AL MENOS EN CRITERIO DE ESTE JUZGADO-, SER CONSIDERADOS COMO ACTOS U OMISIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE TRANSCURRA EL BREVE TÉRMINO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, ASPECTO QUE, SE INSISTE, SEGÚN LA LECTURA DE LOS ANEXOS, NO ACONTECE. La presente determinación no desconoce los criterios en sentido de que el auto inicial no puede analizar cuestiones de improcedencia que estén vinculadas al fondo. Sin embargo, también hay posturas orientadoras que avalan que esto sí pueda acontecer desde ese momento procesal oportuno. Luego, si desde este momento se tiene preclaro que la omisión reclamada -aún cuando alude a aspectos de salud o medio ambiente- no fue planteada desde la perspectiva de la pandemia ocasionada por la COVID-19 (ni siquiera se menciona así en los escritos anexos, más allá de que así lo pretenda reencauzar en la demanda); en consecuencia lo que aquí se concluye, es determinante y en nada variaría el resultado para esperar decidirlo en una sentencia, que, hipotéticamente podría ser recurrida e incluso retrasar en forma mayor, un resultado que el quejoso espera. Por el contrario, iría en detrimento de la pronta impartición de justicia y vulneración al artículo 17 Constitucional. Así una vez que la parte quejosa satisfaga los presupuestos procesales y en todo caso, sus derechos de petición sí se encuentren vinculados como lo pretendió en su demanda de amparo, podría actualizarse una excepción al referido breve término que jurisprudencialmente se está respetando en el presente acuerdo En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la constancia constitucional intentada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a la persona que señala, quien cuenta con su cedula profesional debidamente registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído que antecede, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se precisa que acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Cúmplase.

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