Javier Moreno Maldonado

Expediente 487/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
487/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
03/11/2015

Partes del expediente

  • Javier Moreno Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver: Copia certificada de la causa penal número 364/2005, remitida por el 2. Juez Segundo Penal, con residencia en esta ciudad.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y las autoridades precisadas en el segundo considerando por los motivos y fundamentos ahí expuestos.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de ocho de octubre de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 2. Juez Segundo Penal, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida como prueba de la citada autoridad, la consistente en: 1. Copia certificada de la causa penal 364/2005, de su índice. Atendiendo al grosor de los anexos remitidos por la autoridad en mención; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura del tomo de prueba I, para glosar las referidas constancias. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclame un acto que ya haya sido materia de una ejecutoria en un juicio de amparo diverso, lo que en materia procesal se denomina como "cosa juzgada", lo cual produce el efecto de tornar improcedente un juicio de amparo cuando este tiene el mismo objeto que otro en el que ya se estudió y resolvió el mismo problema planteado, evitando con ello que recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) que el quejoso en la demanda de amparo impugne el mismo acto reclamado con anterioridad, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; b) contra las mismas autoridades responsables; y c) que el diverso juicio de amparo se haya dictado ejecutoria. En el presente caso se dan los elementos mencionados, en cuanto al señalado en el inciso a) que en la demanda de amparo se impugne el mismo acto reclamado con anterioridad, se encuentra acreditado, pues en el presente asunto se reclama la orden de aprehensión y/o reaprehensión y su ejecución, y señalando como autoridades responsables a los jueces de lo penal con residencia en esta ciudad. Ahora bien, el 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal y el 3. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley, ambos con residencia en esta ciudad, negaron el acto reclamado; sin embargo, el 2. Juez Segundo Penal, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado resultando ser la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso el trece de febrero de dos mil once, por el delito de lesiones por culpa. Igualmente, la autoridad responsable remitió las constancias que acreditan la existencia del diverso juicio de amparo 898/2011-4, del índice del antes Juzgado Décimo (ahora Séptimo) de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; promovido precisamente por Javier Moreno Maldonado, señalando como autoridades responsables entre otras, al Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, quien aceptó la existencia del acto reclamado, siendo el mismo que el del presente juicio. Siguiendo el juicio de amparo 898/2011-4 el trámite correspondiente, se dictó sentencia el veintinueve de diciembre de dos mil once, donde el entonces Juez Décimo (ahora Séptimo) de Distrito en el Estado de Baja California, analizó la constitucionalidad del acto reclamado ya descrito, procediendo a resolver en el siguiente sentido: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Javier moreno Maldonado, contra actos de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. (Fojas 829 del tomo de pruebas) Es decir, se acredita la identidad del acto reclamado en el presente juicio con el diverso 898/2011-4 del Juez Décimo (ahora Séptimo) de Distrito en el Estado de Baja California, en el cual se entró al estudio de fondo del asunto, resolviéndose negar el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la orden de aprehensión de trece de febrero de dos mil once, por el delito de lesiones por culpa. El segundo requisito b) Identidad de autoridades, de igual forma, se encuentra acreditado, pues en el juicio de amparo 898/2011-4, del índice del Juez Décimo (ahora Séptimo) de Distrito en el Estado de Baja California, así como en la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, se advierte que en ambos asuntos se señaló a la misma autoridad responsable, es decir al Juez Segundo de lo Penal de esta ciudad. Finalmente, el tercer requisito, c) que el diverso juicio de amparo se haya dictado ejecutoria, se encuentra satisfecho, según se advierte de las constancias remitidas por la responsable 2. Juez Segundo Penal, dado que el Juez Décimo (ahora Séptimo) de Distrito en el Estado de Baja California, el veintinueve de diciembre de dos mil once negó la protección constitucional en el juicio 898/2011-4, causando ejecutoria la citada sentencia el uno de febrero de dos mil doce (foja 833 del tomo de pruebas). En esa tesitura, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Resulta aplicable a este asunto, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en Octubre de 2008, página: 286, que señala: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Consecuentemente, se hace extensivo el sobreseimiento decretado, respecto de la autoridad señalada como ejecutora 4. Comandante de la Policía Ministerial Zona Ensenada, conforme a la jurisprudencia registro 238280 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 41, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Así también, resulta procedente hacer extensivo el sobreseimiento, a los actos atribuidos a las diversas autoridades ordenadoras 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal y el 3. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley, ambos con residencia en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIV, en relación con el 63, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez, que como ya se manifestó en párrafos que anteceden, dichas autoridades, negaron el acto reclamado, negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa, como era su carga procesal. Finalmente, ante el sobreseimiento decretado, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con tres minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince"

  4. Principal

    Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por la 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal; el 3. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley; y, el 4. Comandante de la Policía Ministerial de Zona Ensenada, todos con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

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