Javier Morales Carrizales

Expediente 822/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
822/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Javier Morales Carrizales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s]. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s]. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el que la autoridad responsable interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el escrito de agravios (a las autoridades responsables por medio de oficio y a las partes restantes déjese a su disposición en la actuaría de este juzgado). Asimismo, se comisiona a[l] la secretario[a] encargado[a] del trámite de este juicio de amparo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que esté debidamente integrado el asunto (que obren las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y de este acuerdo), remita el expediente de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del correspondiente. Por otra parte, requiérase a la[s] autoridad[es] responsable[s] foránea[s]; para que dentro del término de tres días legalmente computado, remitan a este Juzgado copia certificada del oficio deducido del presente acuerdo, donde conste la fecha (día, mes y año) y sello de recepción del mismo, y de la sentencia dictada en el presente asunto, con la finalidad de integrar adecuadamente el presente expediente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Javier Morales Carrizales, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 5° y 123 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el Expediente 822/2021-IV-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, [falta de interés], por los razonamientos que se exponen a continuación. En principio, se estima conveniente precisar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, ordena: [A]rtículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: [A]rtículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. A su vez, el diverso ordinal 61, fracción XII, de la ley de la materia, establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Del texto de los artículos transcritos, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa, es decir, debe acreditar que el acto reclamado afecta en su interés jurídico. Asimismo, se obtiene que se permite la procedencia del juicio de amparo para quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, esto es, tener interés jurídico, así como para quien solamente aduce tener un interés legítimo, esto es, quien alega una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio; de lo contrario el juicio de amparo será improcedente. En ese sentido, para la existencia de interés jurídico debe existir una afectación a un derecho subjetivo jurídicamente tutelado. En tanto que para la existencia de un interés legítimo se requiere de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 111/2021, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, en el que la indicada autoridad laboral tuvo por admitidas las pruebas de intención de la parte actora [Mario Alejandro Contreras Huerta] y parte demandada [Comisión Federal de Electricidad], entre ellas la ratificación de documentos, consistente en las actas administrativas de diecinueve y veinte de noviembre de dos mil veinte, que en su momento señala el quejoso suscribió, en razón de las funciones que desempeña como empleado de la demandada Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, de la lectura de la demanda, como constancias exhibidas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa [1] no es parte en el expediente laboral de origen; [2] que en acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 111/2021, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, se tuvieron por admitidas diversas pruebas de intención de la parte actora y parte demandada, entre ellas la ratificación de diversos documentos que en su momento dice el quejoso suscribió en razón de la función que desempeña ante dicha empresa demandada; [3] que en el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, que señala la parte quejosa como acto reclamado, no se advierte un requerimiento personal y directo dirigido al aquí quejoso, ni mucho menos que se hubiera efectuado algún apercibimiento de manera directa al impetrante de amparo. En esas condiciones, se tiene que el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad que designa como responsable, en el expediente laboral 111/2021, donde refiere se tuvieron por admitidas diversas pruebas de intención de la parte actora y demandada [Comisión Federal de Electricidad], entre ellas la ratificación de documentos, consistente en las actas administrativas de diecinueve y veinte de noviembre de dos mil veinte, que en su momento señala el quejoso suscribió, en razón de las funciones que desempeña como empleado de la demandada Comisión Federal de Electricidad, de ninguna manera causa en la esfera jurídica del quejoso un agravio real y directo en su persona, lo anterior porque, del contenido del aludido auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, no se desprende que la responsable hubiera ordenado citar de manera directa, al aquí quejoso en los términos que indica, ni mucho menos obra apercibimiento alguno en su contra en caso de incomparecencia; y si bien no se soslaya que la autoridad que señala como responsable, admitió la prueba de ratificación de documentos que ofreció la persona moral demandada Comisión Federal de Electricidad -con quien sostiene una relación de subordinación, en su carácter patrón-trabajador-, a quien se requirió fue a esta última, para que presentara ante esa autoridad a las personas sobre las que recae el perfeccionamiento de su medio de convicción. Por consiguiente, contrario a lo que refiere la parte quejosa, se estima que la responsable con la emisión del acto que reclama, no ha vulnerado los derechos constitucionales de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; ello pues en el caso, como afirma el mismo impetrante, quien notificó que debía comparecer ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, según lo refiere fue la propia demandada Comisión Federal de Electricidad, ello como parte del perfeccionamiento del medio de convicción que la misma demandada ofreció en el expediente laboral 111/2021; caso contrario, si la responsable hubiera ordenado citar directamente al aquí quejoso. Ello pues aun, y en el caso de incomparecencia del promovente de amparo, a la diligencia de ratificación a su cargo, no produce hasta este momento procesal, una afectación a los intereses del quejoso, pues en todo caso, la responsable podría declarar desierta la prueba a su cargo, en perjuicio de la demandada y no de su persona, pues como se señaló, del contenido del auto que constituye el acto reclamado, no se advierte un requerimiento personal y directo emitido en contra del aquí quejoso, ni mucho menos apercibimiento en su contra. Además, si bien el quejoso refiere que con motivo de dicho acuerdo, se ve obligado a trasladarse al lugar de residencia de la autoridad responsable, para el desahogo de la referida diligencia, lo que le implica un menoscabo en su patrimonio y se pone en riesgo su salud con motivo de la contingencia sanitaria que actualmente se vive, lo cierto, es que dichas circunstancias puede manifestarlas ante su fuente de trabajo Comisión Federal de Electricidad, y a esta al ser parte demandada en el juicio del que deriva el acto reclamado, es a esta última a quien corresponde solicitar el desahogo de la prueba en comento, por medio de un exhorto o videoconferencia como indica el impetrante. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, no producen una afectación actual, real y directa a la parte promovente, conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que el auto que reclama, no conlleva una afectación directa a sus intereses. Y si bien no se soslaya, que con motivo del desahogo de la prueba de ratificación a su cargo, refiere que la propia demandada le notificó que debía apersonarse en el recinto que ocupa el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, esto es, con motivo del perfeccionamiento de la prueba ofrecida por la propia demandada, con la cual el quejoso sostiene una relación de subordinación, al señalar que desempeña ante la demandada Comisión Federal de Electricidad, el puesto de Jefe de Departamento del Trabajo, con adscripción a la Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos, se estima, que ante la propia autoridad para la que presta sus servicios profesionales, se encuentra en aptitud de gestionar su inconformidad de traslado a aquella Ciudad. En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Morales Carrizales. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. SI EL PATRÓN AFIRMA QUE LOS TESTIGOS, QUE SON SUS TRABAJADORES, SE NIEGAN A PRESENTARSE A DECLARAR VOLUNTARIAMENTE, LA JUNTA DEBE ORDENAR SU CITACIÓN. En esta materia ordinariamente corresponde al patrón la carga de presentar a sus trabajadores que ofrece como testigos en el juicio por existir una relación jurídica entre ambos; sin embargo, en términos del artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, si manifiesta que sus trabajadores se niegan a comparecer, la Junta debe citarlos, incluso a través de medidas de apremio, en virtud de que el patrón no tiene la atribución coercitiva para obligarlos a comparecer al juicio laboral, aun cuando entre ellos exista subordinación por la relación de trabajo. Estimar lo contrario implicaría la restricción de una de las formalidades esenciales del procedimiento, consistente en el derecho a ofrecer pruebas con la consecuente posibilidad de lograr su desahogo, lo que no sería acorde, además, con el principio general de que nadie está obligado a lo imposible. Lo anterior, toda vez que en el aludido criterio se establece que en materia laboral corresponde al patrón la carga de presentar a sus trabajadores que ofrece como testigos en el juicio por existir una relación jurídica entre ambos; sin embargo, si manifiesta que sus trabajadores se niegan a comparecer, la autoridad que conoce del procedimiento laboral debe citarlos, incluso a través de medidas de apremio, en virtud de que el patrón no tiene la atribución coercitiva para obligarlos a comparecer al juicio laboral, aun cuando entre ellos exista subordinación por la relación de trabajo, sin embargo ello no acontece en el presente caso, pues como se acredita, pues de la copia de acuerdo reclamado que se anexo a la demanda, no se desprende que la responsable hubiera ordenado citar de manera directa, al aquí quejoso en los términos que indica, ni mucho menos obra apercibimiento alguno en su contra en caso de incomparecencia. De ahí que se estima que la responsable con la emisión del acto que reclama, no ha vulnerado los derechos constitucionales de la parte quejosa. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Rodolfo Rocha Rodríguez y Erick Arteaga Mata; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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