Javier Montoya Fletes
Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/08/2022
Partes del expediente
- Javier Montoya Fletes
- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos que integran el presente juicio, se advierte que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se remitió el original del escrito de agravios, junto con los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por América Elizabeth Cruz Ruiz, en su carácter de autorizado del quejoso Javier Montoya Fletes, en contra de la sentencia dictada en autos. Asimismo, por proveído de quince de los actuales, se tomó conocimiento de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, admitió el mencionado recurso y lo registró bajo el número 727/2022; de su índice. No obstante, se omitió remitir un tomo de pruebas aportadas por las autoridades responsables como apoyo de sus informes justificados, por encontrarse desglosadas del expediente principal. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que el efecto se envíe con transcripción del presente proveído, remítanse al aludido Tribunal de Alzada las constancias de 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles referencia a fin de que se encuentre en posibilidad de proveer lo conducente en relación al medio de impugnación interpuesto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Noemí Torres Avilés, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinte de julio de dos mil veintidós Visto el estado de autos, se advierte que el presente expediente se encuentra debidamente integrado; por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de julio de este año, remítase el original del escrito de interposición del recurso y el de formulación de agravios, junto con los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto la autorizada de la parte quejosa ********************, en contra de la sentencia de veintiuno de junio del año curso; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Dígase al Actuario Judicial adscrito, que para la notificación del presente proveído deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones; y, deberá realizar la entrega conforme a los lineamientos para la entrega de notificaciones y documentación entre los Órganos Jurisdiccionales y las Oficinas de Correspondencia Común y demás disposiciones aplicables. Notifíquese. Así lo proveyó y
- Principal
En once de julio de dos mil veintidós, la suscrita secretaria Noemí Torres Avilés hace CONSTAR Y CERTIFICA: - Que el recurso de revisión interpuesto por América Elizabeth Cruz Ruiz, autorizada de la parte quejosa, cuenta con firma electrónica y se presentó electrónicamente el siete de julio de dos mil veintidós. Doy fe. La Secretaria. En la propia fecha, se da cuenta al Juez, con el escrito de la parte que lo signa, registrado en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 14006. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por América Elizabeth Cruz Ruiz, en su carácter de autorizada de la parte quejosa Javier Montoya Fletes; mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia veintiuno de junio del que en curso, por la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, se negó la protección peticionada y formula los agravios respectivos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión, en contra de la determinación referida. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 89 de la ley de la materia, con copia del escrito de cuenta con el que la promovente interpone el recurso de revisión, dese vista a las partes por el término de tres días, para los efectos legales a que haya lugar; transcurrido dicho lapso e integrado en debida forma el presente expediente, previa formación del cuaderno de 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles antecedentes respectivo, remítase el mencionado escrito y los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en turno, para que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa a través del usuario "EliCruz"; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Noemí Torres Avilés, Secretaria que autoriza y da fe. NTA/abrt 25048, 25049, 25050, 25051 y 25052 El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, siendo las nu
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 279/2022-I, promovido por Javier Montoya Fletes, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El veinte de marzo de dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veinte de marzo de dos mil diez, en particular el artículo 125, de dicha legislación. Esta constituye la norma reclamada. Luego, la parte quejosa reclama como acto de aplicación de la citada normativa, la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, en el expediente administrativo CD PAQ 59/2021, en la que se decretó una amonestación pública contra el quejoso Javier Montoya Fletes. SEGUNDO: DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Ocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 3 a 9). Admisión con incidente de suspensión: Nueve de marzo de dos mil veintidós (fojas 10 a 13). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Diez de marzo de dos mil veintidós (foja 18), quien no formuló pedimento. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [2] Celebración de la audiencia constitucional: Once de mayo de dos mil veintidós (foja 57). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [3] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I autoridades responsables y los actos reclamados son los siguientes:2 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) Discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veinte de marzo de dos mil diez, en particular el artículo 125, de dicha legislación. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) Promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veinte de marzo de dos mil diez, en particular el artículo 125, de dicha legislación. 3. Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [4] 4. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. c) La resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo CD PAQ 59/2021, en la que se decretó una amonestación pública contra el quejoso Javier Montoya Fletes; y su ejecución. 5. Director de Recursos Humanos y Nómina de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. d) Anotación y trámites administrativos que se realicen en el expediente personal del quejoso, como motivo de la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo CD PAQ 59/2021. No. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. El citado inciso a) Acepta 44 a 48 2 Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. El citado inciso b) Acepta 51 y 52 3 Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. El citado inciso c) Acepta 37 a 41 4 Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. El citado inciso c) Acepta 37 a 41 5 Director de Recursos Humanos y Nómina de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. El citado inciso d) Niega 21 TERCERO. INEXISTENCIA DE DEL ACTO D) RECLAMDO A LA AUTORIDAD IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 5). No es cierto el acto reclamado al (5) Director de Recursos Humanos y Nómina de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, identificado en el inciso d), consistente en la anotación y trámites administrativos que se realicen en el expediente personal del quejoso, como motivo de la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo CD CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [5] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I PAQ 59/2021; toda vez que, al rendir su informe justificado, negó expresamente el acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En ese contexto, el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así, la prueba de la no existencia de los citados actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. En tales condiciones, debe decretarse el sobreseimiento respecto del acto reclamado identificada con el inciso d), respecto la autoridad responsable (5) Director de Recursos Humanos y Nómina de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit; de conformidad con lo CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [6] dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia,3 ante su inexistencia. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al (1) Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, toda vez que al rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia de los actos que se le reclaman identificados en el inciso a) consistentes en la aprobación y expedición de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veinte de marzo de dos mil diez, en particular el artículo 125 de dicha legislación. Es cierto el acto reclamado al (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, toda vez que al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye identificado en el inciso b), consistente en la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veinte de marzo de dos mil diez, en particular el artículo 125 de dicha legislación. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas, se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código 3 Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número PC.I.P. J/54 K, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, perteneciente a la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil diecinueve, con número de registro 2019326, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [7] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba.4 A su vez, es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables (3) Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit y (4) Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptaron expresamente el acto que se les reclama, consistente en la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo CD PAQ 59/2021, en la que se decretó una amonestación pública contra el quejoso Javier Montoya Fletes; y su ejecución. Asimismo, la existencia del acto reclamado se robustece que con las documentales que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, consistentes en copia certificada del procedimiento de responsabilidad administrativa CD PAQ 59/2021; documentales que al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,5 aplicado 4 Tiene aplicación, Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". 5 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [8] supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. QUINTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 5.1. CAUSA DE IMPROCEDENCIA HECHA VALER POR AUTORIDAD RESPONSABLE (2) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT. La autoridad responsable (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, aduce que, se actualiza la causa de improcedencia respecto de la promulgación de la ley que se reclama, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo,6 dado que considera que la parte quejosa omitió exponer conceptos de violación respecto de los actos reclamados que le son atribuidos, porque no son combatidos por vicios propios; lo cual, debe desestimarse en razón de lo siguiente. declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" 6 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] VIII. Los conceptos de violación." CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [9] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I De conformidad con la citada normativa, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, como en el caso, lo es el Gobernador del Estado de Nayarit, por lo que, resulta un requisito su señalamiento como autoridad responsable, dado que la parte quejosa reclama una norma general. Por su parte, dicha normativa, refiere que en caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la parte quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. No obstante, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa no está señalando como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Nayarit, como la autoridad que intervino en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación; sino como la propia autoridad que emitió el decreto promulgatorio y, no así, se itera, el refrendo del mismo; por lo que no se está en el supuesto al que alude la autoridad responsable, que el acto que se le reclama tiene que ser por vicios propios. Asimismo, de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de argumentos que contienen razonamientos jurídicos concretos, la precisión del agravio o lesión, así como los motivos que los generan que incluyen la causa de pedir respecto del acto atribuido al Gobernador del Estado de Nayarit, consistente en la promulgación de la ley reclamada, los cuales no se reproducen en obvio de repeticiones innecesarias y que más adelante se resumen. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [10] En consecuencia, se itera, la causa de improcedencia en estudio es desestimada. 5.2. IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO C), RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (4) SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NAYARIT. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto c), reclamado a la autoridad responsable (4) Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, se actualiza la causa de improcedencia de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., párrafo segundo, fracción II, ambos de la Ley de Amparo.7 Ello, toda vez que las facultades del Secretario Ejecutivo es autorizar los actos del Consejo en ejercicio de sus funciones que así lo requieran, ello de conformidad con el artículo 97, numeral 6), de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit.8 7 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". 8 "Artículo 97. El juicio de amparo es improcedente: CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [11] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I Por tanto, la función que jurídicamente realiza dicha autoridad, no encuadran dentro de las previstas por el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues encontrándose éstos limitados a autorizar los actos del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit y cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones que reciba de la persona titular de la presidencia del Consejo, por lo que no cuenta con imperio y facultad decisoria. Por ello, la circunstancia de que esa autoridad responsable participe en los actos expedidos por los órganos del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, como en el caso del Pleno de la Comisión de Disciplina, no implica que resuelva conjuntamente con el titular de ese órgano interno, quien es el único responsable de sus determinaciones; así, la citada autoridad responsable, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se les reclama.9 En consecuencia, se sobresee por lo que hace al acto d), reclamado a la autoridad responsable (4) Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes, o que este juzgador advierta de oficio, lo que procede es entrar al estudio de los conceptos de violación que alega la parte quejosa en su escrito de demanda. (.) 6. Autorizar los actos del Consejo.". 9 Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO SE PUEDE RECONOCER COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUEN COMO FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA RESULTA IMPROCEDENTE." Registro digital: 201593, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/6, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Agosto de 1996, página 401. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [12] SEXTO. ESTUDIO DE FONDO DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE NAYARIT. En sus conceptos de violación el peticionario de amparo aduce medularmente, que el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, es violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, sin que sea necesario transcribirlos, por no exigirlo así la Ley de Amparo. Lo anterior, porque considera que dicho numeral transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, toda vez que no establece cuáles son los propósitos de las medidas imponibles, no establece los actos u hechos que encuadran en cada supuesto y el tiempo que deberá permanecer en el expediente personal del quejoso la anotación respectiva. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa resultan infundados. Ahora, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, establece lo siguiente: "Artículo 125. Las sanciones aplicables a las faltas administrativas consistirán en: 1. Apercibimiento. 2. Amonestación privada o pública. 3. Sanción económica. 4. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año. 5. Destitución del cargo. 6. Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Se podrá suspender provisionalmente a una servidora o servidor público para el desahogo de la investigación o de la naturaleza propia de la infracción que haya motivado la iniciación del procedimiento disciplinario, sin que esta medida implique una sanción. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [13] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I La sanción económica procederá cuando la conducta implique la obtención de un beneficio o daño cuantificable económicamente y este sea ocasionado al justiciable o al Poder Judicial del Estado de Nayarit." Dicho numeral establece las sanciones aplicables a las faltas administrativas de los servidores públicos, entre los cuales se encuentra amonestación privada o pública. Luego, es conveniente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en torno a la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas,10 numeral que es de contenido similar al artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En efecto, el entonces artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, dispone: "Articulo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: I. Amonestación privada o pública; II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; III. Destitución del puesto; IV. Sanción económica, e V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. [.]" El citado numeral es similar a la disposición que aquí se reclama, toda vez que también establece las sanciones aplicables por faltas administrativas por los servidores públicos federales y, en entre los cuales se encuentra amonestación privada o pública. 10 (LEY FEDERAL DE) (ABROGADA D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016). CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [14] Ahora, contrario a lo que aduce el quejoso Javier Montoya Fletes, mediante criterio contenido en la tesis 2a. III/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adujo que es criterio del Máximo Tribunal del País que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetados por las autoridades legislativas cuando las normas que facultan a las autoridades administrativas para aplicar una determinada sanción encauzan el ámbito de actuación de aquéllas, a fin de que, por un lado, el infractor conozca cuál será la consecuencia de su conducta y, por otro, la actuación de la respectiva autoridad se encuentre limitada en tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los sujetos que incurren en infracciones no derive de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad. En ese tenor, adujo la Segunda Sala que el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos -de contenido similar al que se reclama-, no viola las los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues se trata de una norma autolimitante para las autoridades, toda vez que impide que la autoridad pueda determinar arbitrariamente la sanción correspondiente, sino que es proporcional pues deberá ponderarla objetivamente con los diversos supuestos que establece la propia norma para emitir la sanción respectiva. Por ello, el servidor público no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta infractora, pues tiene la seguridad de que en caso de incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la ley que rige su actividad, su conducta será sancionada ajustándose únicamente a lo que la propia ley sancionadora CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [15] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I establece, todo lo cual converge en la motivación y fundamentación debidas que, como ha establecido el Alto Tribunal, deben expresarse por escrito y darse a conocer al afectado en observancia a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la República. En ese sentido, si la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció que el artículo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no transgrede no viola las los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales; lo mismo ocurre con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que reclama el quejoso, pues como ya se dijo, son de contenido similar. Sustenta lo anterior, la Tesis: 2a. III/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetadas por las autoridades legislativas cuando las normas que facultan a las autoridades administrativas para aplicar una determinada sanción encauzan el ámbito de actuación de aquéllas, a fin de que, por un lado, el infractor conozca cuál será la consecuencia de su conducta y, por otro, la actuación de la respectiva autoridad se encuentre limitada en tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los sujetos que incurren en infracciones no derive de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad. En ese tenor, el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no viola las citadas garantías constitucionales, pues se trata de una norma autolimitante para las autoridades al establecer que las conductas CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [16] señaladas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de ese ordenamiento, se considerarán graves, lo cual impide que la autoridad pueda determinar arbitrariamente la sanción correspondiente, sino que es proporcional pues deberá ponderarla objetivamente con los diversos supuestos que establece la propia norma. Lo anterior pone de relieve que el servidor público no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta infractora, pues tiene la seguridad de que en caso de incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las referidas fracciones del citado numeral, su conducta será considerada grave, toda vez que la autoridad no podrá así clasificarla sin ajustarse a esas fracciones, todo lo cual converge en la motivación y fundamentación debidas que, como ha establecido el Alto Tribunal, deben expresarse por escrito y darse a conocer al afectado en observancia a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la República." 11 Asimismo, en diverso criterio contenido en la tesis 2a. I/2017 (10a.), las Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el principio de tipicidad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las conductas generadoras de sanciones previstas en las leyes se encuentren descritas con conceptos claros, de manera que los juzgadores, al realizar el proceso de adecuación de la conducta a la norma legal, conozcan su alcance y significado. En ese sentido, adujo que los entonces artículos 8o., fracción I y último párrafo, así como 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,12 al disponer que constituye una infracción a dicha 11 Registro digital: 167844, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. III/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 472, Tipo: Aislada. 12 "Artículo 8o. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; [.]". "Articulo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: I. Amonestación privada o pública; II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; III. Destitución del puesto; IV. Sanción económica, e CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [17] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I normativa la transgresión a la obligación de cumplir el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, no violan el principio citado pues señalan claramente las conductas constitutivas de responsabilidad y las posibles sanciones aplicables con base en los elementos de graduación fijados por el legislador, pues para realizar el proceso de adecuación típica basta acudir al reglamento, manual o nombramiento en que se consignan las obligaciones a que está sujeto cada servidor público, a fin de verificar cuáles son las conductas que está obligado a desplegar en el adecuado ejercicio de sus funciones. En ese sentido, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no trasgrede el contenido de los artículos 16 y 16 Constitucionales, como alega el quejoso, porque si bien no establece cuáles son esas faltas administrativas ni lo criterios para imponerlas, dichos lineamientos se encuentran contenidos en la propia ley o diversos dispositivos jurídicos. A fin de evidenciar la anterior aseveración, resulta pertinente traer a cuenta que, en relación con los lineamientos relacionados los artículos 124 y 127 del aludido ordenamiento, establecen las causas de responsabilidad administrativa y los criterios para su imposición, a saber: "Artículo 124. Serán causas de responsabilidad administrativa que atentan contra la función judicial, las siguientes: 1. Incurrir en conductas que atenten contra la independencia de la función Judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del Poder Judicial o cualquier otro Poder. 2. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial del Estado. V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. [.]" CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [18] 3. Conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. 4. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan. 5. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. 6. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes. 7. Omitir informar al Consejo de la Judicatura cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial. 8. Permitir conductas que atenten contra la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores. 9. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. 10. Incumplir las obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional. 11. Incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan. 12. Sustraer físicamente o por medios electrónicos, los expedientes de las instalaciones del Tribunal y de los juzgados, salvo que existiera causa justificada para ello. 13. Hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo. 14. Entregar a cualquier persona ajena al Poder Judicial los proyectos de autos, acuerdos o sentencias de los asuntos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, previa resolución de los mismos. 15. Retirar de las instalaciones oficiales los expedientes de carácter administrativo, salvo en los casos que exista una instrucción expresa por escrito, del titular de la unidad de adscripción. 16. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores o de gestión. 17. Las demás que determine la ley." "Artículo 127. 1. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este apartado, se tomarán en cuenta los criterios previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el Estado. 2. Se considerarán como faltas graves las previstas en los párrafos 1 al 6 y 13 al 16 del artículo 124 de esta ley; así como las previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el Estado." Así, si bien el artículo reclamado no establece cuáles son las faltas administrativas ni lo criterios para imponerlas, los citados numerales señalan claramente las conductas constitutivas CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [19] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I de responsabilidad y las posibles sanciones aplicables con base en los elementos de graduación fijados por el legislador. Afirmar lo contrario sería tanto como exigir que la ley referida establezca un catálogo que consigne todas las conductas u omisiones en que puede incurrir cada servidor público en el ejercicio de sus funciones, ignorando que las obligaciones a que está sujeto dependen del nombramiento del que goce según el poder público en que preste sus servicios, la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito y el nivel o rango jerárquico que desempeñe. Sustenta lo anterior, la Tesis: 2a. I/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD. Conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 100/2006 (*), el principio de tipicidad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las conductas generadoras de sanciones previstas en las leyes se encuentren descritas con conceptos claros, de manera que los juzgadores, al realizar el proceso de adecuación de la conducta a la norma legal, conozcan su alcance y significado. Ahora bien, los artículos 8, fracción I y último párrafo, así como 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que constituye una infracción a dicha normativa la transgresión a la obligación de cumplir el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, no violan el principio citado pues señalan claramente las conductas constitutivas de responsabilidad y las posibles sanciones aplicables con base en los elementos de graduación fijados por el legislador, pues para realizar el proceso de adecuación típica basta acudir al reglamento, manual o nombramiento en que se consignan las obligaciones a que está sujeto cada servidor público, a fin de verificar cuáles son las conductas que está obligado a desplegar en el adecuado ejercicio de sus funciones. Afirmar lo contrario sería tanto como exigir que CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [20] la ley referida establezca un catálogo que consigne todas las conductas u omisiones en que puede incurrir cada servidor público en el ejercicio de sus funciones, ignorando que las obligaciones a que está sujeto dependen del nombramiento del que goce según el poder público en que preste sus servicios, la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito y el nivel o rango jerárquico que desempeñe." 13 Por tanto, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en las consideraciones anotadas, al resultar infundado el concepto de violación relacionado con el precepto legal analizado en este considerando, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, respecto a los actos reclamados identificados en los incisos a) y b), al (1) Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit y (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ACTO DE APLICACIÓN IDENTIFICADO EN EL INCISO C). Previo al estudio de fondo, se considera necesario destacar los antecedentes del expediente administrativo CD PAQ 59/2021, siguientes: 1. Mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, radicó el procedimiento administrativo CD PAQ 59/2021, formado con motivo de la queja presentada por Rodrigo Segovia Luna contra el servidor 13 Registro digital: 2013497, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. I/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 801, Tipo: Aislada. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [21] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I público Javier Montoya Fletes -quejoso- y otros, en su carácter de notificador del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con residencia en Tepic (fojas 27 a 29 de anexo I). 2. Mediante auto de once de enero de dos mil veintidós, el Consejero Instructor de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit tuvo a Javier Montoya Fletes -quejoso- rindiendo el informe que le fue solicitado respecto a la queja presentada en su contra, en el que realizó manifestaciones en su defensa y ofreció las pruebas que consideró pertinentes (fojas 129 a 132 de anexo I); las cuales fueron desahogadas mediante audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós (fojas 153 a 155 de anexo I) 3. Luego, mediante resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, determinó que se acreditó la falta administrativa del servidor público tuvo a Javier Montoya Fletes -quejoso-, consistente en conducirse con descuido en el desempeño de las labores e incumplir con las obligaciones del cargo, por lo que impuso como sanción una amonestación pública (fojas 160 a 172 de anexo I). Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado Luego, en la demanda de amparo el quejoso Javier Montoya Fletes, hizo valer, en síntesis, los conceptos de violación siguientes.14 14 Resulta necesario señalar que no se transcribirán los conceptos de violación formulados por la parte quejosa porque no existe disposición legal que imponga tal obligación y el no hacerlo no conlleva transgresión alguna a los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 74 y 75 de la ley de la materia. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [22] 1) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no se acredita el descuido y falta de profesionalismo, toda vez que siempre ha realizado sus labores conforme a lo determinado por la autoridad patronal. 2) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable no señaló de forma coherente la responsabilidad administrativa y las razones por las cuales se optó por imponer la sanción de amonestación pública. 3) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable fue omisa en especificar si la conducta fue grave o no grave y la conexidad con la sanción impuesta. 4) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable no analizó si existía una excluyente o una justificación a la conducta que se imputaba. 5) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que el procedimiento administrativo de responsabilidad se llevó contra el quejoso sobre la base de una presunta responsabilidad y no una probable responsabilidad. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [23] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I 6) Que la resolución reclamada transgrede les principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable no fundamentó ni motivó por que la conducta encuadra en el supuesto de sanción, ni estableció las circunstancias o razones particulares para tenerla por acreditada. 7) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable no estudió ni valoró las defensas interpuestas por el quejoso, pues la autoridad responsable adujo que el quejoso se excedió en el término de cuarenta y cuatro días naturales para realizar una actuación judicial, soslayando que estas se realizan en días hábiles -lunes a viernes- y no puede contemplar días naturales u horarios fuera del establecido para el trabajo. 8) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable no estudió ni valoró la defensa interpuesta consistente en que es época de pandemia y únicamente laboraba el cincuenta por ciento del personal, lo que debilitó las labores jurisdiccionales. 9) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la sanción impuesta no era la menos lesiva ya que se evidenciaría de manera pública la aparente conducta desplegada por el quejoso. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [24] 10) Que la resolución reclamada transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que el juez titular del juzgado al que se encuentra adscrito y el secretario de acuerdos, conforme a sus facultades y obligaciones y quienes son los responsables de la operatividad del juzgado, en ningún momento exhortaron al quejoso a que desempeñara sus labores. Así, una vez sintetizados los conceptos de violación, se procede al estudio de fondo el cual se hará de manera conjunta y se analizará en estricto derecho, en razón de que no procede la suplencia de la queja deficiente en términos del numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo.15 Son inoperantes los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, identificados con en los numerales 1), 5) y 10). Se dice lo anterior, ya que a través de estos la parte quejosa soslaya formular argumentos encaminados a desvirtuar los razonamientos concretos en los cuales se apoyó la autoridad 15 Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.". Registro digital: 2013378, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 190/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 705, Tipo: Jurisprudencia. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [25] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I responsable para determinar la acreditación de la falta administrativa del quejoso y la imposición de la sanción de amonestación pública. Así las cosas, de un análisis comparativo entre lo resuelto por el pleno responsable en la resolución reclamada, con lo argumentado por el quejoso en los conceptos de violación en estudio, es posible establecer que a través de éstos últimos se omite exponer por qué dicha resolución viola los principios de legalidad y justo proceso, en virtud de que el quejoso no atacó los argumentos que soportan la determinación impugnada y, por ende, ineficaces para modificarla o revocarla. En efecto, los referidos motivos de inconformidad formulados por el solicitante del amparo no logran construir y proponer siquiera la causa de pedir, dado que elude referirse a las razones que tuvo la autoridad responsable para imponer al quejoso la sanción de amonestación pública con motivo de una falta administrativa como servidor público judicial. Contrario a ello, solo se limita a decir de manera dogmática, que el acto reclamado a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta violatorio de sus derechos humanos ante la falta de fundamentación y motivación porque siempre ha realizado su trabajo con profesionalismo y conforme a lo determinado por la parte patronal, que el procedimiento administrativo de responsabilidad se llevó contra el quejoso sobre la base de una presunta responsabilidad y no una probable responsabilidad y que sus superiores jerárquicos nunca lo exhortaron desempeñar sus labores. Sin embargo, los argumentos de la autoridad responsable, como se dijo, mediante los conceptos de violación que se CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [26] analizan, no fueron cuestionados por la parte quejosa, no obstante que tenía la obligación de descalificarlos y evidenciar su ilegalidad pero a través de la exposición razonada de por qué estima inconstitucional o ilegal el acto reclamado, a fin de que fueran estudiados por este órgano jurisdiccional y, al no haberlo hecho, deben quedar incólumes. De ahí la inoperancia de los motivos de inconformidad en estudio, pues, se itera, al no contener los argumentos mínimos necesarios tendientes a justificar la transgresión que alega, impiden su estudio, ya que de hacerlo se supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley. Cobra aplicación la jurisprudencia, cuyo tenor es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."16 Asimismo, la jurisprudencia que a la letra dice: 16 Registro digital: 185425, instancia: Primera Sala, novena época, materias(s): común, tesis: 1a./J. 81/2002, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61. tipo: jurisprudencia. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [27] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo."17 Por su parte, es inoperante el concepto de violación precisado como numeral 8). En efecto, el quejoso aduce que la autoridad responsable no estudió ni valoró que es época de pandemia y únicamente laboraba el cincuenta por ciento del personal, lo que debilitó las labores jurisdiccionales. No obstante, del escrito de contestación a la denuncia hecha contra el quejoso, no se advierte que haya interpuesto argumentos en su defensa en ese sentido; esto es, en cuanto a las circunstancias de pandemia y porcentaje de servidores públicos que laboran; por lo que la inoperancia en comento deviene del hecho de que, si una cuestión no ha sido materia del debate ante la autoridad de instancia, no puede serlo de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, conforme a la cual la sentencia que en éste se pronuncie solo tomará en consideración las cuestiones planteadas oportunamente en el debate ante la potestad común. 17 Registro digital: 191370, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, novena época, materia(s): común, tesis: I.6o.C. J/21, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Agosto de 2000, página 1051, tipo: jurisprudencia. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [28] Así, del escrito de contestación recibido por la autoridad responsable el diez de enero de dos mil veintidós (fojas 87 a 88), se advierte que la parte quejosa, en síntesis, únicamente señaló en su defensa lo siguiente: a) En cuanto a los hechos primero, segundo y tercero expuestos en el escrito de queja, adujo que no los afirmaba ni negaba, toda vez que no le constan. b) Que para los juicios orales mercantiles el Código de Comercio, en el artículo 1390 Bis 15, en donde se establecen las bases para el emplazamiento, no se precisa un término específico para realizarlo, por lo que lo realizó lo más pronto posible y conforme a las cargas laborales lo permitieron. c) Que debía tomarse en consideración que entre la fecha en que tuvo bajo su control el expediente y la fecha en que realizó el emplazamiento ordenado, transcurrieron diecisiete días inhábiles y que acudió en repetidas ocasiones a la institución bancaria demandada sin que tuviera éxito en la diligencia encomendada al no existir personal designado para atenderla. Sin que sea óbice, que en su escrito de contestación manifestara que con motivo de la pandemia tenía que hacer fila en el banco; no obstante esa manifestación la realizó en su descripción del hecho de que tenía que hacer fila en el banco por pandemia y no que con motivo de la pandemia únicamente laboraba el cincuenta por ciento del personal del órgano jurisdiccional de su adscripción y que debilitó las labores jurisdiccionales. Así, los conceptos de violación que se proponen constituyen un aspecto novedoso, dado que la parte quejosa debió exponer que con motivo de la pandemia se debilitó el trabajo CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [29] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I jurisdiccional y que se encontraban laborando únicamente cierto porcentaje del personal jurisdiccional; por tanto, al no haberse invocado al momento de dar contestación a la queja interpuesta en su contra en ese sentido, su estudio es improcedente en el juicio de amparo. Por ende, al introducirse tales cuestiones, por primera vez en este juicio de amparo, no pueden ser analizadas en esta instancia constitucional. En apoyo a los razonamientos antes expuestos, se considera oportuno citar la siguiente jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [30] concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios.".18 De igual forma, sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis de jurisprudencia Tesis: 1a./J. 150/2005, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." 19. Ahora, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 2), consistente en que no se señaló de forma coherente la responsabilidad administrativa y las razones por las cuales se optó por imponer la sanción de amonestación pública. 18 Registro digital: 169923, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 12/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39, Tipo: Jurisprudencia. 19 Registro digital: 176604, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 150/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, Tipo: Jurisprudencia. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [31] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I Lo anterior, toda vez que contrario a lo manifestado por el quejoso la autoridad responsable Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, si motivó su resolución en ese sentido. En relación con ello, la autoridad responsable precisó lo siguiente: "[.] Ahora bien, en cuanto al servidor público judicial JAVIER MONTOYA FLETES, conforme a las pruebas aportadas y que constan en el procedimiento administrativo, quedó acreditado que el servidor público judicial, se condujo con descuido y falta de profesionalismo, en el desempeño de sus funciones, ya que incumplió con lo establecido por el artículo 124.3 y .11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, que señala: Artículo 124 Serán causas de responsabilidad administrativa que atentan contra la función judicial, las siguientes: 3. Conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. 11. Incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan. Asimismo, incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, que señala: Artículo 50 Son atribuciones de las actuarías o notificadoras o notificadores: 1. Notificar los acuerdos, autos o resoluciones en los términos prevenidos por la ley. [.]" De lo anterior se advierte que, contrario a lo manifestado por el quejoso, la autoridad responsable sí señaló de forma coherente la responsabilidad administrativa, pues precisó que son causas de responsabilidad administrativa conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar e incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan y, que son atribuciones de los actuarios o notificadores notificar los acuerdos, autos o resoluciones en los términos prevenidos por la ley, lo anterior, de conformidad con los artículos que citó de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [32] Asimismo, en cuanto a la sanción impuesta, la autoridad responsable estableció lo siguiente: "Expuesto lo anterior, y debido a que la conducta en que incurrió el servidor público judicial es la prevista en el artículo 124 punto 3 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, de las cuales la primera se considera como falta grave, se debe establecer una sanción proporcional a la conducta infractora, considerándose que la Ley Orgánica en lo dispuesto por el artículo 125, contempla seis hipótesis de sanciones aplicables. En el caso que nos ocupa, en razón de que el servidor público judicial no tiene antecedentes de sanciones firmes, debe ser aplicada la sanción señalada en el punto 2 del citado numeral, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, en el cual SE LE PREVENGA EXPRESAMENTE para que en lo sucesivo adecúe su conducta judicial a los parámetros previstos por la Ley y solo en el supuesto de incurrir en nueva falta, se le deberá de aplicar alguna otra de las sanciones establecidas en la misma norma." De ello, se advierte que contrario a lo manifestado por el quejoso la autoridad responsable sí señaló las razones por las cuales optó por imponer la sanción de amonestación pública, pues expuso que la conducta en que incurrió el servidor público judicial es la prevista en el artículo 124, punto 3o. y 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, de las cuales la primera se considera como falta grave y atendiendo al artículo 125 de la Ley Orgánica y que el servidor público judicial no tiene antecedentes de sanciones firmes, debía ser aplicada la sanción consistente en una amonestación pública. En ese sentido, como ya se vio, es infundado el concepto de violación en estudio, dado que la autoridad responsable sí señaló de forma coherente la responsabilidad administrativa y las razones por las cuales se optó por imponer la sanción de amonestación pública. Asimismo, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 3), relativo a que la autoridad responsable fue CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [33] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I omisa en especificar si la conducta fue grave o no grave y la conexidad con la sanción impuesta. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable especificó que: "[.] incumplió con lo establecido por el artículo 124.3 y .11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, que señala: Artículo 124 Serán causas de responsabilidad administrativa que atentan contra la función judicial, las siguientes: 3. Conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. 11. Incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan. Asimismo, incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, que señala: [.] (.) debido a que la conducta en que incurrió el servidor público judicial es la prevista en el artículo 124 punto 3 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, de las cuales la primera se considera como falta grave, se debe establecer una sanción proporcional a la conducta infractora (.)." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, si estableció que la conducta consistente en conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar, se considera como grave, por lo que estableció que atendiendo a la falta grave y que el servidor público no contaba con sanciones anteriores, era procedente una amonestación pública, por lo que si estableció la gravedad de la conducta y la conexidad con la sanción impuesta; de ahí lo infundado del concepto de violación. En ese sentido, como ya se vio, es infundado el concepto de violación en estudio, dado que la autoridad responsable sí señaló de forma coherente la responsabilidad administrativa y las razones por las cuales se optó por imponer la sanción de amonestación pública. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [34] Asimismo, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 4), relativo a que la autoridad responsable no analizó si existía una excluyente o una justificación a la conducta que se imputaba. Lo anterior, toda vez que, contrario a lo manifestado por el quejoso, la autoridad responsable precisó lo siguiente: "[.] Sin que el servidor público judicial JAVIER MONTOYA FLETES ofreciera medios de prueba, que desacreditaran su responsabilidad administrativa, ya que, por el contrario, de los ofertados, se advierte, que el emplazamiento (notificación personal) la realizó con un retraso de cuarenta y cuatro días naturales, excediendo el término otorgado por la ley de tres días, dilatando el proceso, dejando sin acceso a la justicia al quejoso. [.] En el caso que nos ocupa, en razón de que el servidor público judicial no tiene antecedentes de sanciones firmes, debe ser aplicada la sanción señalada en el punto 2 del citado numeral, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, en el cual SE LE PREVENGA EXPRESAMENTE para que en lo sucesivo adecúe su conducta judicial a los parámetros previstos por la Ley y solo en el supuesto de incurrir en nueva falta, se le deberá de aplicar alguna otra de las sanciones establecidas en la misma norma. [.] Respecto de las circunstancias socio-económicas, para el caso concreto resultan relevantes, de tomarse en cuenta, que se trata de un servidor público judicial, que en el momento en que ocurrió el evento ilícito, se encontraba en funciones de Notificador, lo que hace establecer que percibía un sueldo por el servicio encomendado, que es mayor de edad, sabe leer y escribir, que tiene cursada la Licenciatura en Derecho. Por ende, se advierte, en la época en la que sucedieron los hechos, tenía edad y criterio suficiente para responder de sus actos, lo que revela su capacidad para cumplir con los mandatos y obligaciones que le imponen las leyes, ya que se trata de un adulto; por el desempeño de su función, se traduce en que se desenvuelve en un medio urbano con conocimiento en la objetivización de las normas; además de que cuenta con capacidad de decisión y raciocinio, máxime que tiene la Licenciatura en Derecho; por tanto, no le era desconocido que incumplía con las obligaciones que le mandata la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, además de que sabía de las consecuencias que podría generar su conducta. Por otra parte, las condiciones sociales y económicas señaladas, no son justificables para el actuar desplegado por el infractor, máxime si se pondera que al ser un servidor público judicial tiene obligaciones. Por otro lado, no se encontró una causa justificable que lo haya determinado a incurrir en la falta administrativa acreditada, de ahí que le resulte aplicable la sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. [.]." CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [35] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, si analizó si existió una justificación a la conducta del quejoso, pues, determinó que los medios probatorios que ofreció no fueron suficientes para desacreditar su responsabilidad administrativa y así justiciar su actuar, ya que por el contrario, de las pruebas que ofreció, entre ellas el expediente mercantil del que deriva la queja que le fue interpuesta, se advierte que el emplazamiento lo realizó excediendo el término otorgado por la ley de tres días, dilatando el proceso, dejando sin acceso a la justicia. Además, la autoridad responsable, analizó que el aquí quejoso, es un servidor público judicial que no tiene antecedentes de sanciones firmes, por lo que consideró una sanción de amonestación y no una de mayor gravidez y, que para ello, también tomo en consideración de que en la época en la que sucedieron los hechos, tenía edad y criterio suficiente para responder de sus actos, ya que se trata de un adulto, con capacidad de decisión y raciocinio, máxime que tiene la licenciatura en derecho y que no se encontró una causa justificable que lo haya determinado a incurrir en la falta administrativa acreditada; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Asimismo, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 6), relativo en que la autoridad responsable no fundamentó ni motivó por que la conducta encuadra en el supuesto de sanción, ni estableció las circunstancias o razones particulares para tenerla por acreditada. Al respecto, en la resolución que se reclama la autoridad responsable estableció lo siguiente: CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [36] "En el caso de los Notificadores o Actuarios, el artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, establece como atribuciones, entre otras: Artículo 50 Son atribuciones de las actuarías o notificadoras o notificadores: 1. Notificar los acuerdos, autos o resoluciones en los términos prevenidos por la ley. [.] Ahora bien, en cuanto al servidor público judicial JAVIER MONTOYA FLETES, conforme a las pruebas aportadas y que constan en el procedimiento administrativo, quedó acreditado que el servidor público judicial, se condujo con descuido y falta de profesionalismo, en el desempeño de sus funciones, ya que incumplió con lo establecido por el artículo 124.3 y .11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, que señala: Artículo 124 Serán causas de responsabilidad administrativa que atentan contra la función judicial, las siguientes: 3. Conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. 11. Incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan. Asimismo, incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, que señala: Artículo 50 Son atribuciones de las actuarías o notificadoras o notificadores: 1. Notificar los acuerdos, autos o resoluciones en los términos prevenidos por la ley. Por lo que, del análisis de las constancias, de las pruebas documental pública del expediente 695/2021 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con Residencia en Tepic, Nayarit; e inspecciones judiciales al Sistema Integral de Administración de Justicia por sus siglas SIAJ, se advierte que la admisión de la demanda le fue turnada el día veintinueve de octubre de dos mil veinte y fue hasta el catorce de diciembre del mismo año que emplazo a la demanda, transcurriendo desde su admisión hasta que fue emplazada la demandada, treinta días hábiles, como obra a fojas 80 a la 82 del presente procedimiento administrativo CD PAQ 59/2021, por lo que excedió en demasía el término para su emplazamiento. Para efectos de lo anterior el artículo 1068 del Código de Comercio en vigor señala: Articulo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar al día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Por lo que el emplazamiento a juicio a la demandada, al tratarse de una notificación de carácter personal, debió haber sido notificada dentro de los tres días siguientes a su admisión, y no fue sino hasta el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, que el servidor público judicial JAVIER MONTOYA CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [37] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I FLETES notifico el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, incumpliendo con ello con las obligaciones que como servidor judicial tiene. [.] Expuesto lo anterior, y debido a que la conducta en que incurrió el servidor público judicial es la prevista en el artículo 124 punto 3 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, de las cuales la primera se considera como falta grave, se debe establecer una sanción proporcional a la conducta infractora, considerándose que la Ley Orgánica en lo dispuesto por el artículo 125, contempla seis hipótesis de sanciones aplicables. En el caso que nos ocupa, en razón de que el servidor público judicial no tiene antecedentes de sanciones firmes, debe ser aplicada la sanción señalada en el punto 2 del citado numeral, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, en el cual SE LE PREVENGA EXPRESAMENTE para que en lo sucesivo adecúe su conducta judicial a los parámetros previstos por la Ley y solo en el supuesto de incurrir en nueva falta, se le deberá de aplicar alguna otra de las sanciones establecidas en la misma norma." Así, como se advierte de la resolución que se reclama, no asiste la razón al quejoso en el sentido de que la autoridad responsable no fundamentó ni motivó por que la conducta encuadra en el supuesto de sanción, ni estableció las circunstancias o razones particulares para tenerla por acreditada. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable precisó con claridad que conforme al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, incisos 3o. y 11, son causas de responsabilidad conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar e incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan. Al respecto, precisó con claridad que de conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, son atribuciones de los notificadores, notificar los acuerdos, autos o resoluciones en los términos prevenidos por la ley. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [38] En ese sentido, la autoridad responsable señaló que para efectos de los emplazamientos personales, el artículo 1068 del Código de Comercio en vigor señala que si tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Luego, en la resolución que se reclama la autoridad responsable precisó que del análisis de las constancias de la prueba documental consistente en el expediente 695/2021 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con Residencia en Tepic, Nayarit, así como de las inspecciones judiciales al Sistema Integral de Administración de Justicia por sus siglas SIAJ, se advierte que la admisión de la demanda de ese expediente, le fue turnada al aquí quejoso el día veintinueve de octubre de dos mil veinte; y, no obstante, fue hasta el catorce de diciembre del dos mil veinte, que realizó la diligencia de emplazamiento, por lo que transcurrieron treinta días hábiles para su realización y con ello, excedió en demasía el término de tres días para su emplazamiento. En consecuencia, la autoridad responsable determinó que el aquí quejoso incumplió con su obligación de notificar los acuerdos en los términos prevenidos por la ley y con ello, se actualizaron los supuestos de conducirse con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar e incumplir las obligaciones inherentes al cargo que las leyes les impongan a los servidores públicos judiciales. Además, se advierte que la autoridad responsable señaló las razones por las cuales se optó por imponer la sanción de amonestación pública, toda vez que manifestó que la conducta en que incurrió el servidor público judicial se considera como falta grave y atendiendo al artículo 125 de la Ley Orgánica, así CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [39] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I como tomando en consideración que el servidor público judicial no tiene antecedentes de sanciones firmes, debía ser aplicada la sanción consistente en una amonestación pública. Por lo anterior, se itera, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 6), toda vez que la autoridad responsable sí fundamentó y motivó por que la resolución que reclama el quejoso. Por su parte, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 7), en el sentido de que la autoridad responsable soslayó que las actuaciones se realizan en días hábiles -lunes a viernes- y no puede contemplar días naturales u horarios fuera del establecido para el trabajo. Lo anterior, toda vez que, la autoridad responsable sí tomo en consideración los días hábiles transcurridos para que el quejoso realizara la diligencia que se le encomendó, toda vez que precisó que del análisis de las constancias de la prueba documental consistente en el expediente 695/2021 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con Residencia en Tepic, Nayarit, así como de las inspecciones judiciales al Sistema Integral de Administración de Justicia por sus siglas SIAJ, se advierte que la admisión de la demanda de ese expediente le fue turnada al aquí quejoso el día veintinueve de octubre de dos mil veinte; y, no obstante, fue hasta el catorce de diciembre del dos mil veinte, que realizó la diligencia de emplazamiento, por lo que transcurrieron treinta días hábiles para su realización y con ello, excedió en demasía el término de tres días para su emplazamiento; por lo que resulta infundado dicho concepto de violación. En otro orden de ideas, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral 9), consistente en que la sanción CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [40] impuesta no era la menos lesiva ya que se evidenciaría de manera pública la aparente conducta desplegada por el quejoso. Lo anterior, toda vez que en la tesis 1a. XCVII/2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la amonestación pública que como sanción por falta administrativa establece el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos -la cual anteriormente se dijo es similar a la legislación estatal-, se trata de una reprensión que pretende evitar la reiteración de una conducta constitutiva de una falta administrativa. Asimismo, la Primera Sala argumentó que si se toma en cuenta que el hecho de que el aludido artículo prevea que la amonestación sea pública no tiene como consecuencia la afectación de la dignidad humana del sancionado, ni el deshonor o desprestigio público que permita equipararlo a la pena prohibida de infamia, ya que a partir de que se demuestra su responsabilidad en la realización de una falta administrativa, se le conmina a que no reitere la conducta respectiva, sin que tal exhortación tenga como finalidad deshonrarlo o desprestigiarlo jurídica y/o socialmente. Sustenta lo anterior, la Tesis: 1a. XCVII/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA AMONESTACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO CONSTITUYE UNA PENA INFAMANTE DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La infamia prohibida por el citado precepto CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [41] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I constitucional es la sanción cuya consecuencia es el deshonor o el desprestigio público, y que derivado de ello afecta la vida jurídica y social del sancionado. En ese tenor, se concluye que la amonestación pública que como sanción por falta administrativa establece el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no constituye una pena infamante de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se trata de una reprensión que pretende evitar la reiteración de una conducta constitutiva de una falta administrativa. En efecto, si se toma en cuenta que el artículo 16, fracción I, de la Ley indicada dispone que la amonestación a un servidor público será ejecutada por su jefe inmediato, resulta evidente que el hecho de que el aludido artículo 13 prevea que la amonestación sea pública no tiene como consecuencia la afectación de la dignidad humana del sancionado, ni el deshonor o desprestigio público que permita equipararlo a la pena prohibida de infamia, ya que a partir de que se demuestra su responsabilidad en la realización de una falta administrativa, se le conmina a que no reitere la conducta respectiva, sin que tal exhortación tenga como finalidad deshonrarlo o desprestigiarlo jurídica y/o socialmente." 20 Máxime que, como se dijo anteriormente, de la resolución que se reclama se advierte que contrario a lo manifestado por el quejoso, la autoridad responsable fundó y motivó las razones por las cuales optó por imponer la sanción de amonestación pública, pues expuso que debido a que la conducta en que incurrió el servidor público judicial es la prevista en el artículo 124, punto 3o. y 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, de las cuales la primera se considera como falta grave y atendiendo al artículo 125 de la Ley Orgánica, así como tomando en consideración que el servidor público judicial no tiene antecedentes de sanciones firmes, debía ser aplicada la sanción consistente en una amonestación pública, por lo que resulta infundado el presente concepto de violación que se estudia. Así, se concluye que la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Pleno de la Comisión de 20 Registro digital: 168556. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a. XCVII/2008. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 418. Tipo: Aislada. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [42] Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, en el expediente administrativo CD PAQ 59/2021, en la que se decretó una amonestación pública contra el quejoso, no transgrede los principios de seguridad jurídica y fundamentación y motivación, reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por lo anterior, al resultar inoperantes e infundados, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no haberse demostrado la violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos Constitucionales invocados, lo procedente es negar el amparo solicitado, por Javier Montoya Fletes, respecto del acto identificado en el inciso c), reclamado al Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. OCTAVO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente; RESOLUCIÓN: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio, promovido por JAVIER MONTOYA FLETES, respecto de los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 279/2022-I [43] Juicio de amparo indirecto 279/2022-I segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JAVIER MONTOYA FLETES, contra las autoridades responsables y por los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos sexto y séptimo de esta resolución TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente a las partes; la parte quejosa electrónicamente en el usuario EliCruz; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta hoy veintiuno de junio de dos mil veintidós, data en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Carlos Alberto Alcántar Béjar, secretario que autoriza y da fe. Número(s) de oficio(s): 21814, 21815, 21816, 21817 y 21818
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