Javier Montes Rosales

Expediente 731/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
731/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • Javier Montes Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por JAVIER MONTES ROSALES, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.Ser*

  2. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciocho de mayo y uno de junio ambos del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual subsana la prevención efectuada en auto de diez de mayo de dos mil dieciocho. Ahora, el acto reclamado en esta contienda constitucional es el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, por el que el Juez responsable, ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, a fin de que realizara las retenciones respecto de la cuarta parte de los emolumentos que percibe el demandado Javier Montes Rosales en su encargo público, como Diputado Local en el Estado de Morelos y lo pusiera a disposición del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. A fin de determinar la fase en la que el acto reclamado fue emitido, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la de la materia, el diverso juicio de amparo 2102/2016-IV, promovido por el aquí quejoso Javier Montes Rosales, tramitado y resuelto por este Juzgado de Distrito, así como los datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del juicio ejecutivo mercantil 57/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, del que se agregan copias debidamente autorizadas. Apoya lo antedicho, en lo conducente la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXV, Junio de 2007, en la página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". De las referidas constancias certificadas se desprende que el acto reclamado (acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho) fue emitido durante el procedimiento de ejecución de sentencia, tal como se advierte de los antecedentes que a continuación se relatan, mismos que se obtienen de las copias obtenidas en el referido sistema y del diverso juicio de amparo 2102/2016-IV. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla el trece de abril de dos mil dieciséis, turnado al Juzgado Primero de Distrito especializado en las referidas materias en el Estado de Puebla, Marisa Lisbeth Domínguez López, por su propio derecho, demandó en la vía ejecutiva mercantil, a Javier Montes Rosales, las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de $2´100,000.00 (dos millones cien mil pesos) por concepto de suerte principal. b) El pago de los intereses moratorios desde el momento en que el demandado incurrió en mora es decir a partir del veintiocho de julio de dos mil quince, a razón del 2% (dos por ciento) mensual, más los que se sigan generando hasta la completa liquidación del asunto c) El pago de gastos y costas que se originen con la tramitación del juicio. Por acuerdo de quince de abril de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, admitió la demanda a trámite, registrando el expediente con el número 57/2016, ordenó requerir de pago de todas y cada de las prestaciones al demandado con el apercibimiento de que en caso de que no realizara el pago se le embargarían bienes suficientes para cubrir la deuda y sus accesorios; de igual forma, ordenó el emplazamiento a juicio del demandado, y a efecto de llevar a cabo las diligencias mencionadas, en virtud de que el domicilio del demandado se encuentra en el Estado de Morelos, giró exhorto al Juzgado en turno en el Estado de Morelos. En diligencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, actuando dentro de los autos del referido exhorto, a señalamiento de la abogada de la parte actora, trabó formalmente embargo sobre el bien inmueble con folio electrónico 672272, expediente catastral 63101900179, ubicado en el paraje Tepelixtagan de Hueyapan, Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, con una superficie de "15,417" metros cuadrados, así como respecto del excedente del salario mínimo que percibe el actor por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su carácter de Diputado Local. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el demandado, Javier Montes Rosales, contestó la demanda entablada en su contra, asimismo, realizó manifestaciones en relación al embargo trabado en su "dieta". Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la parte actora en el Juicio ejecutivo mercantil, entre otras cosas, solicitó al Juez responsable, girara oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, a fin de que realizara las correspondientes retenciones respecto del excedente del salario mínimo que percibe el demandado en su encargo público como Diputado Local del Distrito XVII, y lo pusiera a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable, ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas perteneciente al Congreso de Estado de Morelos, a fin de que realizara las retenciones respecto de la cuarta parte de los emolumentos que percibe el demandado Javier Montes Rosales en su encargo público, como Diputado Local en el Estado de Morelos y lo pusiera a disposición del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla . El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el quejoso interpuso juicio de amparo indirecto, el cual recayó en este juzgado federal y se le asignó el número 2102/2016-IV. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional negó el amparo y protección al quejoso Javier Montes Rosales. El tres de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia en el juicio de amparo 2106/2016-IV, por lo que se ordenó el archivo del asunto. El siete de julio de dos mil diecisiete, la responsable emitió sentencia condenatoria en el juicio de origen 57/2016; la cual fue, recurrida. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, confirmó la sentencia recurrida. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Juez responsable, en razón de que fue resulto el amparo directo y se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, procedió a la ejecución de la sentencia, ante la solicitud de la parte actora y al efecto, ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso de Estado de Morelos, a fin de que realizara las retenciones respecto de la cuarta parte de los emolumentos que percibe el demandado Javier Montes Rosales en su encargo público, como Diputado Local en el Estado de Morelos y lo pusiera a disposición del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. De todo lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, se dictó sentencia definitiva, la cual se encuentra firme, asimismo, es inconcuso que dicho asunto se encuentra en ejecución de sentencia, en el que se emitió el auto aquí reclamado, sin que se trate de la última determinación en el procedimiento, pues por el contrario se trata del primer acto tendente a su cumplimiento. Una vez establecido lo anterior, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, con base en el cual no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Como quedó establecido, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de retención de emolumentos de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 57/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mismo que fue emitido en etapa de ejecución de sentencia en el juicio de origen y que no constituye la última resolución de esa etapa de procedimiento, por lo que, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. II. III. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Esto es así, porque en los términos literales del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Luego, el acto que se reclama a través de la demanda que nos ocupa, debe considerarse que se encuentra comprendido dentro del procedimiento de ejecución, pero que no es el definitivo; ya que no constituye la última resolución dictada en tal procedimiento; sin que esto signifique que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo o se declare la imposibilidad material de cumplirlo; ya que como se aprecia de la propia cita que hace el quejoso del auto combatido, en él la autoridad responsable requiere a la Secretaría de Administración y Finanzas, Unidad Administrativa Perteneciente al Congreso del Estado de Morelos, para que le hiciera el descuento de todas y cada una de las retenciones que se habían dejado de cubrir, en razón de que se habían suspendido por la tramitación de un amparo indirecto. Por tanto, se concluye que el auto recurrido, no es la última resolución dictada en tal procedimiento de ejecución; por lo tanto, con la tramitación del juicio de amparo contra el acto que aquí se impugna no puede entorpecer u obstaculizar injustificadamente la sentencia dictada en el juicio de origen, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, se desprende que, la intención del legislador ha sido de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.13º.T. J/10 (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, del rubro:"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE." También es aplicable al caso por analogía, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 230, del rubro "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en el Tomo XXIII, Enero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 6, con número de registro 163152 de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. " Por lo anteriormente expuesto, al tratarse de un acto dentro del procedimiento de ejecución, sólo puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que sería aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; lo que en el particular no acontece. En las relatadas circunstancias, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, se desecha la presente demanda de amparo. Lo anterior sin soslayar lo alegado por el quejoso en torno a que el acto reclamado le priva de todo su ingreso para sobrevivir; habida cuenta que dicha transgresión que aduce, ya se resolvió en definitiva en el juicio de amparo 2102/2016-IV, que constituye incluso cosa juzgada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe. Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, adviértase que no obra en autos la constancia de notificación correspondiente a la parte quejosa referente al acuerdo emitido el dieciocho de mayo del año en curso; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales y en aras de una justicia pronta, completa e imparcial como lo establece el artículo 17 constitucional, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación del acuerdo de marras al quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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