Javier Mondragón Herrera
Expediente 491/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Javier Mondragón Herrera
Actuaciones
- Principal
El dos de junio de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del veinticinco al treinta y uno de mayo del año en curso, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho del mes y año que transcurre, por corresponder a sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Existen constancias por devolver a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veintidós de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Javier Mondragón Herrera, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, devuélvase el toca de apelación penal oral 27/2017 y la causa penal 241/2015, que en su oportunidad remitió el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: Oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 6754, por el que remite el juicio de amparo directo penal 536/2017-1, promovido por Javier Mondragón Herrera, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca de apelación penal oral 27/2017 y la causa penal 241/2015. La circunstancia de que el licenciado Javier Espinoza Cuevas, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni en el libro que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Que al tener a la vista la diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Javier Mondragón Herrera promovió el diverso juicio 415/2017, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; de igual forma, se hace constar que dicho juicio se encuentra en trámite en razón de que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remiten los autos del juicio de amparo directo penal 536/2017, promovido por Javier Mondragón Herrera, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca de apelación penal oral 27/2017 y la causa penal 241/2015. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido del auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo directo penal de referencia, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Javier Mondragón Herrera, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 491/2017 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado y autoridad responsable la siguiente: De la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 27/2017 por la que se revocó la sentencia de cinco de enero del año en curso, emitida por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, dentro de la causa penal 241/2015, y repuso el procedimiento. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de juicio de amparo anterior, esto es, cuando sobre lo planteado en la demanda de amparo existe una instancia constitucional en trámite. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo; esto, porque a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos procedimientos de amparo de manera simultánea, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Así se desprende, en lo conducente de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 415/2017, promovido por Javier Mondragón Herrera, contra la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 27/2017, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, lo cual, es un hecho notorio para la suscrita juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De las constancias que integran el citado juicio de amparo 415/2017, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, el quejoso Javier Mondragón Herrera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ".La resolución de fecha treinta y uno de marzo del presente año de dos mi diecisiete, mediante la cual se decide reponer el procedimiento y revocar la sentencia de procedimiento abreviado de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, que obra dentro de la causa penal oral número 241/2015, mediante la cual ya se me había impuesto una pena, al estimar de manera equivocada las personas contra las que ahora se recurre, que se violentaron derechos fundamentales de la víctima, cuando en realidad se vulneran normas que contienen derechos fundamentales que me protegen". 2. Por auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se recibió la demanda y se registró con el número 415/2017, se formó el expediente y se admitió la demanda promovida, se pidió informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, se ordena agregar copia fotostática certificada de la demanda con que se formó el diverso juicio de derechos 415/2017 y del auto de admisión, para los efectos legales a que haya lugar. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de manifiesto que el acto reclamado en la demanda de amparo que ahora se plantea, es materia de otro juicio de amparo, a saber el registrado con el número 415/2017, que se tramita ante este propio Juzgado de Distrito, el cual se encuentra en trámite y en el cual se señaló el mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable que la que refiere en la demanda de cuenta. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la parte quejosa señala el mismo acto reclamado, en el presente juicio de garantías 491/2017 y en el diverso 415/2017, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que tal acto no puede ser objeto de análisis dentro de un nuevo juicio de garantías, en tanto que en la demanda de amparo que dio origen al último de los citados, como ya se dijo se señaló como acto reclamado el mismo que en la demanda de garantías que nos ocupa. Dicho juicio se encuentra en trámite, en razón de que la fecha señalada para la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con veinte minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. En conclusión, se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Javier Mondragón Herrera. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Javier Espinoza Cuevas, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en ese juzgado, ello en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo, en decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; autorizado que puede ser notificado en las oficinas que ocupa la Defensoría Pública Federal, ubicado en ciudad administrativa, de esta ciudad. De igual forma, señala como domicilio para recibir notificaciones en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen en dicho centro de reclusión. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, a fin de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, guárdense por separado el toca de apelación penal oral 27/2017 y la causa penal 241/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
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