Javier Mitrani Zamora

Expediente 813/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
813/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2020

Partes del expediente

  • Javier Mitrani Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual informa que desechó la demanda que dio origen al presente asunto lo que evidencia que no insiste en declinar la competencia planteada a este Juzgado de Distrito y por tanto que se avocó al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se ubica dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 857/2020, de su índice, promovido por Javier Mitrani Zamora por propio derecho, por considerar que el conocimiento del presente asunto corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En consecuencia, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 813/2020-II. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 857/2020, se advierte que la Juez oficiante, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto al tenor de las siguientes consideraciones: ". En ese sentido, analizando la naturaleza de los actos reclamados por la quejosa, se advierte que deriva del actuar del Titular de la Subdelegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social como sujeto de derecho público, en tanto que su actividad entraña el cumplimiento de los fines de la administración, por lo que dicha actividad reviste el carácter de administrativa. En efecto, el Titular de la Subdelegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función estatal de prestar servicios públicos de seguridad social, y en ese sentido, su actividad queda sujeta al esquema de responsabilidad objetiva y directa del Estado, esto, con independencia que en ello pudiera estar inmerso el cumplimiento de una obligación patronal. Ahora bien en el caso concreto, la pare quejosa reclama el cálculo que dicho Titular hizo de su pensión de vejez conforme a la Unidad de Medida y Actualización y no en atención al salario mínimo vigente; en consecuencia de ello, el pago retroactivo de la actualización de dicha pensión. En ese orden de ideas, la Litis del acto reclamado versa sobre el cálculo del estipendio de un pensionado que debe realizar el Titular de la Subdelegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, de modo que la relación es eminentemente administrativa. En efecto, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, lo cierto es que la relación surgida entre aquél y el Titular de la Subdelegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, en tanto que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. Por analogía es aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª.J.153/2009 de rubro "PENSIONES DEL ISSSTE, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que cuando el acto reclamado consiste en la indebida cuantificación de una cuantificación a cargo del Instituto, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable. Al respecto, conviene destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, anteriormente transcrito, la competencia para conocer de juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, se surtirá a favor de los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo, siempre que los actos sean de esa materia, lo que no se actualiza en la especie, dado que los actos reclamados están ligados a la actividad estatal y no a una relación de naturaleza laboral, se insiste, porque, se constriñen a la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto señalado como responsable. De ahí que en el caso se estime que no se plantea una controversia de naturaleza laboral entre el trabajador y el patrón o de seguridad social, porque los actos combatidos no caen dentro de la protección del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debe decirse que este Juzgador no comparte las consideraciones expuestas por el Juzgado oficiante por las razones que se desarrollan a continuación. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN SUR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. IV. ACTOS RECLAMADOS. El cálculo, determinación, y pago indebido de mi pensión en UMAS y que resulta inferior al que efectivamente debo recibir, el cual debe ser calculado, determinado y pagado en términos de Salarios Mínimos vigentes desde el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha en que se de cumplimiento a la sentencia de amparo que en su momento se dicte para el efecto de que se me paguen las diferencias pensionarias y se calcule de forma correcta en montos de Salarios Mínimos Vigentes. De la digitalización anterior, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el cálculo, determinación y pago que realizó el Titular de la Subdelegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social de la pensión por vejez del quejoso, toda vez que determinó dicha prestación de seguridad social realzando el cálculo en Unidades de Medida y Actualización, siendo que debió realizarlo atendiendo al Salario Mínimo vigente. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos conculcados, es inconcuso que el órgano jurisdiccional que debe conocer del presente asunto, es un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DEL TRABAJO, toda vez que el acto reclamado en el presente asunto, aun cuando formalmente es administrativo como lo refiere el juzgado declinante, en todo caso, dicho acto afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los trabajadores o sus beneficiarios, al estar relacionado con las prestaciones que la Ley del Seguro Social establece en favor de sus asegurados; en ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado tiene naturaleza netamente laboral, ya que lo que controvierte la quejosa es un derecho en materia de seguridad social, como lo es el debido otorgamiento de su pensión por vejez, consagrado en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de su fracción XXIX; por lo que resulta evidente que quien debe conocer del presente asunto es un juzgado especializado en dicha materia. Es aplicable, por los principios que la rigen, la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2008, de rubro y texto siguientes: SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Época: Novena Época; Registro: 170182; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 9/2008; Página: 657). Así como las tesis aisladas que son del contenido literal siguiente: COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE SURJAN DEL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN RELACIONADA CON LOS SEGUROS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA DE TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando los trabajadores o sus beneficiarios impugnen actos relacionados con la extinción o modificación de las prestaciones derivadas del régimen obligatorio del seguro social, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las controversias son los especializados en materia de trabajo. En este contexto, por mayoría de razón, también lo son para resolver los conflictos que surjan del otorgamiento de una pensión relacionada con los seguros que integran ese régimen, pues aun cuando la resolución en que se concede es un acto formalmente administrativo, la decisión que contiene es de índole laboral, al estar relacionada con las prestaciones que la Ley del Seguro Social establece en favor de los asegurados.(Época: Décima Época; Registro: 2019852 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada (Laboral Común); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 66 Tomo III, Mayo de 2019; Materia(s): Laboral; Tesis: I.1o.A.45 K (10a.); Página: 2544) PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte. (Época: Novena Época; Registro: 172963; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Marzo de 2007; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a. XVII/2007; Página: 707) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA CANCELACIÓN DE UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para determinar qué actos pertenecen al ámbito del derecho laboral, debe considerarse que lo que esté en controversia sea un derecho consagrado en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, en materia de seguridad social, como el otorgamiento de pensiones, en términos de su fracción XXIX, otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a la ley que lo rige. En estas condiciones, si dicho organismo cancela ese beneficio al estimar, por ejemplo, que no se reúnen los requisitos legales para mantenerlo, es claro que ese acto incide en el derecho a gozar de una pensión; de ahí su naturaleza laboral. Por tanto, la competencia para conocer del amparo contra dicha determinación corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, en términos del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Época: Novena Época; Registro: 161895; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Junio de 2011; Materia(s): Común; Tesis: I.7o.A.774 A; Página: 1279) En estas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo de cuenta, ya que, como se ha expuesto, la naturaleza del acto que en la presente vía se controvierte es de índole laboral. Por los motivos antes señalados, este juzgado no acepta la competencia planteada, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, infórmesele dicha circunstancia al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvanse las constancias del juicio de amparo 857/2020, de su índice. En ese sentido, se solicita respetuosamente al referido Juzgado de Distrito, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente e informar si insiste en declinar su competencia legal. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del código citado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tengan inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte promovente; para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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