Javier Mino Galván

Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
676/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Javier Mino Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales conducentes. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. Visto el expediente en que se actúa, se procede a proveer respecto del cumplimiento del fallo constitucional. De la sentencia de nueve de octubre de dos mil veinte, que concedió el amparo, se advierte que los efectos quedaron precisados en los siguientes términos: ".1. Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, en la cual resolvió la planilla de liquidación de sentencia formulada por... en los autos del juicio de alimentos... 2. Dicte otra de manera fundada y motivada, en la cual no tome en consideración el sueldo que percibía el quejoso al prestar sus servicios para la persona moral..., para efecto de liquidar las pensiones alimenticias adeudadas y en cambio, considere que el quejoso dentro del periodo que la acreedora liquidó, dejó de laborar para la referida empresa, por lo que recibió un finiquito y que de acuerdo al resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el juicio de origen, se debía retener el cincuenta por ciento del mismo para garantizar las pensiones alimenticias correspondientes; y por ende, realice la cuantificación correspondiente tomando en consideración dicho finiquito." Por auto de trece de noviembre dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, y se requirió de cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio 1746, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por ausencia de su titular, de treinta de noviembre de dos mil veinte, recibido el uno de diciembre de dos mil veinte, informó que el veintiséis de octubre dejó insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, y que el treinta de noviembre de dos mil veinte, dictó resolución en la cual resolvió la planilla de liquidación de sentencia formulada por Silvia Ortega Rodríguez en los autos del juicio de alimentos..., de manera fundada y motivada, en la cual no tomó en consideración el sueldo que percibía el quejoso al prestar sus servicios para la persona moral..., para efecto de liquidar las pensiones alimenticias adeudadas y consideró que el quejoso dentro del periodo que la acreedora lo liquidó, dejó de laborar para la referida empresa, por lo que recibió un finiquito y que de acuerdo al resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el juicio de origen, se debía retener el cincuenta por ciento del mismo para garantizar las pensiones alimenticias correspondientes; y por ende, realizó la cuantificación correspondiente tomando en consideración dicho finiquito. Por auto de dos de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias referidas, sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, toda vez que la juez responsable dejó sin efectos la resolución recurrida y emitió otra que resolvió la liquidación de sentencia dictada en el juicio de alimentos de origen, de manera fundada y motivada, sin tomar en consideración el sueldo que percibía el quejoso al prestar sus servicios para la persona moral y tomando en consideración el finiquito que recibió de la persona moral a la que dejó de prestar sus servicios; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Glósense el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se amparó el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva, con fundamento en el artículo 21 inciso c) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales conducentes. Agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, visto su contenido se provee: Téngase al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de amparo. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio antes mencionado, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 124, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 793/2017, promovido por ..., en contra del acto y autoridad que han quedado precisados en el resultando primero de este fallo, en términos del cuarto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., por propio derecho, en contra del acto y por las autoridades que han quedado precisados en el resultando primero, en términos del considerando último de esta resolución.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 676/2020, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: ...AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen ese carácter las siguientes: a. El ciudadano Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. ACTOS RECLAMADOS. Se reclaman los siguientes: A. De la autoridad responsable ordenadora Ciudadano Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Reclamo la sentencia interlocutoria de fecha cinco de Marzo del dos mil veinte, dictada dentro del expediente..., en donde se regula y aprueba la liquidación de sentencia propuesta por la actora. B. De todas las autoridades reclamo todas las consecuencias jurídicas, directas, mediatas e inmediatas que se deriven del acto reclamado, tales como que se haya regulado y aprobado una planilla de liquidación de sentencia sin fundamento ni motivación por una cantidad que no corresponde a la realidad económica del suscrito. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Se radicó, registró la demanda de amparo como 676/2020, se admitió; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto de naturaleza civil emitido por autoridades con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis..., con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, en cumplimiento a lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama al Juez Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla: La sentencia interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, pronunciada en el juicio de alimentos... de su índice, a través de la cual aprobó planilla de liquidación de sentencia presentada por la parte actora. TERCERO. El Juez Primero de lo Civil del Distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. De las copias certificadas deducidas del juicio generador del acto reclamado, que remitió el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, como justificante de sus actos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Por escrito recibido por razón de turno en el Juzgado Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla el veinticinco de marzo de dos mil quince,..., por propio derecho y en representación de su menor hija..., promovió juicio de alimentos, contra... fojas 25 a 29 cuaderno auxiliar. 2. El veintisiete de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda y se ordenó girar los oficios correspondientes a fin de conocer el salario y demás prestaciones de la parte demandada, fojas 31 a 38 tomo anexo. 3. El veintidós de junio de dos mil quince, se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de..., en representación de su menor hija, el equivalente al veinte por ciento del salario y demás prestaciones percibidas de forma mensual por el demandado y se señaló fecha y hora para llevar a cabo una audiencia conciliatoria entre las partes, fojas 132 A 134 cuaderno auxiliar. 4. Seguida la secuela procesal, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la cual se condenó al demandado..., a pagar a favor de su menor hija, una pensión alimenticia definitiva por la cantidad equivalente al veintidós por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe en forma mensual; y se determinó que una vez que causara ejecutoria dicha determinación se enviara oficio a la persona moral..., para que descontara dicho porcentaje por concepto de pensión alimenticia definitiva, indicándole que para el caso de renuncia o liquidación retuviera el cincuenta por ciento que le corresponde al deudor alimentario y lo hiciera del conocimiento de la aquí responsable, fojas 660 a 672 tomo anexo. 5. El tres de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a..., formulando liquidación de sentencia por el periodo de mayo de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó correr traslado a la parte contraria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, foja 720 del cuaderno auxiliar. 6. El tres de septiembre siguiente, se tuvo a..., dando contestación a la vista ordenada el trece de agosto de la citada anualidad, foja 726 tomo anexo. 7. Por interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se aprobó la liquidación de sentencia formulada por la parte actora, hasta por la cantidad de cincuenta y seis mil doscientos un pesos cincuenta y ocho centavos, fojas 730 a 734 cuaderno auxilias. 8. Inconforme con esta determinación,... promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció este juzgado de distrito, quien por resolución de trece de enero del año en curso, dictada en el expediente... concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: En consecuencia, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, deberá: a. Dejar insubsistente la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictada al resolver la planilla de liquidación de sentencia formulada por... en los autos del juicio de alimentos... b. Emitir una nueva resolución en la que, atendiendo a lo expuesto en esta sentencia, conforme al interés superior de la menor..., recabe las pruebas necesarias para cuantificar el monto de las pensiones vencidas reclamadas a..., en el caso, los informes relacionados con la empresa..., y que permitan referir su ingreso mensual, para que con base en ello, proceda a calcular el 22% veintidós por ciento de la pensión definitiva a la que fue condenado. foja 746 tomo anexo. 9. En cumplimiento a dicha determinación, por auto de siete de febrero de dos mil veinte, el juez responsable determinó que en autos del juicio de origen existían distintos recibos de pago a nombre del aquí quejoso, por diversos montos, por lo que no contaba con el dato exacto a cuánto ascendió el salario mensual del aquí quejoso, así, requirió a la persona moral..., para que informara de manera exacta el salario mensual de dicho trabajador durante el periodo de mayo de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, foja 745 tomo anexo. 10. Por auto de tres de marzo siguiente, el citado juzgador tuvo al representante legal de la persona moral mencionada comunicando que... dejó de prestar sus servicios a esta empresa desde el dos de mayo de dos mil diecisiete fojas 762 a 765 tomo anexo. 11. Así, el cinco de marzo de dos mil veinte, el juez responsable emitió la interlocutoria de liquidación de sentencia, la cual aprobó por la cantidad de veintitrés mil setecientos treinta y ocho pesos setenta y seis centavos en favor de la mencionada menor respecto del periodo de mayo de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, fojas 781 a 787. Esta última determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. El quejoso en sus conceptos de violación, manifiesta que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que la planilla de liquidación se aprobó por la cantidad de veintitrés mil setecientos treinta y ocho pesos setenta y seis centavos respecto del periodo de mayo de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve. Considera que dicha determinación es ilegal porque se consideró el pago del veintidós por ciento de un salario que ya no percibe, porque desde el dos de mayo de dos mil diecisiete el quejoso ya no labora para la persona moral..., lo que se demostró con el informe que al efecto presentó dicha moral. Sigue diciendo que no obstante lo anterior, el juez responsable en la resolución atacada determinó que ante esa circunstancia no se refirió el ingreso mensual del quejoso desde el dos de mayo del citado año, y por tal motivo tomaba en cuenta el sueldo y demás prestaciones del último empleo que se encontraba justificado dentro del juicio de origen. Así, manifiesta que no obstante ello, el citado juzgador admitió desconocer los ingresos del quejoso a partir de mayo de dos mil diecisiete. Por lo que aduce que los argumentos del citado juzgador resultan ilegales, ya que no obstante que indicó desconocer los ingresos del quejoso, consideró el último salario que según su dicho estaba demostrado en autos, el cual ya no percibía desde el dos de mayo de dos mil diecisiete. Además, manifiesta que el juez responsable tampoco fundó dicha determinación, pues no citó el precepto legal que establezca que se debe tomar en cuenta el último salario que percibió el deudor, cuando este último ya no percibe salario alguno. Sigue diciendo que por ello, la responsable violó el contenido del artículo 677, fracción VI inciso b del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, así como el diverso 503 del Código Civil de la entidad ya que para que se fije la pensión resulta necesario que se justifique la posibilidad económica del demandado, pues no se encuentra demostrada su capacidad económica ya que la acreedora no lo acreditó. Así, considera que al estar demostrado que ha dejado de laborar y que carece de medios económicos para cumplir con su obligación de dar alimentos, ésta debe cesar, pues ha variado su posibilidad económica. Son inoperantes los dos últimos conceptos de violación que formula el quejoso, en el sentido que al estar demostrado que tiene capacidad económica para dar alimentos, debe cesar su obligación de ministrar alimentos a su acreedor. Lo anterior porque al dar contestación al incidente de liquidación de pensión que promovió la aquí tercero interesada, el quejoso expreso que era cierto que en la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete en el resolutivo cuarto se ordeno girar oficio el representante legal de la persona moral... a fin de que se le descontara el veintidós por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibía el quejoso en favor de su acreedora alimenticia. Que a la fecha en que daba contestación a la citada liquidación, la aquí tercero interesada no había solicitado se enviara el oficio al que se hizo referencia en el resolutivo cuarto de la sentencia, para poder ejecutar la sentencia y obtener las pensiones de alimentos que reclamaba o lo que procediera en caso de que dicha persona moral estuviera imposibilitada para realizar dichos pagos. Ante ello, consideraba que no se habían hecho las gestiones necesarias para obtener el pago de los alimentos, como se indicó en la sentencia definitiva. Por otra parte, expuso que en la liquidación propuesta no se habían señalado las operaciones correspondientes que demostraran cómo se obtuvo la cantidad de mil doscientos treinta pesos veinticuatro centavos mensuales que se le reclamaba y que según la liquidación correspondía al veintidós por ciento de su salario. Así, expresó que no se debía aprobar la planilla de liquidación, al no estar demostrada de manera clara la cantidad que percibía el aquí quejoso y de hacerlo se le dejaría en estado de indefensión al no estar indicada de manera precisa la cantidad sobre la cual se debía descontar el veintidós por ciento, para poder determinar si la misma era justa o no. También argumento que él no había incumplido con el pago de la pensión alimenticia en virtud de que en la sentencia no se ordenó que el depositara o entregara de manera personal a su acreedora el pago de alimentos, sino que sólo se ordenó enviar oficio a la persona moral a la cual trabajaba para que hiciera el descuento correspondiente y se entregara a su hija a través de su madre, por lo que el cobro de dicha pensión era una carga procesal de su acreedora. De ahí que consideraba que no había incumplido con el pago de la pensión alimenticia. Finalmente, expresó que su acreedora señaló que debía veintisiete meses de pensión, lo que el quejoso consideraba falso, ya que como lo indicó a él no se le condenó para realizar algún deposito, de ahí que no se le podía obligar hacer algo que no se determinó en la sentencia. Como se advierte, en ninguno de esos argumentos el quejoso expuso que al estar demostrado que ha dejado de laborar y que carece de medios económicos para cumplir con su obligación de dar alimentos, ésta debe cesar, pues ha variado su posibilidad económica. Ello porque dichos argumentos los tuvo que haber hecho valer ante la autoridad responsable, y por ende, al no hacerlo así, no pudo hacer ningún pronunciamiento al respecto. Además, de que la materia del incidente del que deriva el acto reclamado es la liquidación de pensiones adeudadas, y no de reducción o cancelación de pensión alimenticia, por lo que no sería materia de estudio la posibilidad económica del deudor, misma que quedó acreditada en autos y por ello se le condenó al pago de una pensión definitiva de alimentos en la sentencia materia de liquidación. Por tanto, si lo que ahora alega el quejoso como concepto de violación no lo integró a la litis en el acto reclamado, es evidente que la autoridad responsable no estuvo en posibilidad de estudiar tal argumento y pronunciarse al respecto, por ser una cuestión que no se sometió a su jurisdicción, por ende, no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo. Apoya lo anterior el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, contenido en su jurisprudencia..., que expresa: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas. Así como la jurisprudencia..., que señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO EL ARGUMENTO EXPUESTO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE HIZO VALER COMO DEFENSA O EXCEPCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Es incuestionable que un planteamiento no formulado por las partes ante la autoridad de instrucción, no puede ser analizado en el juicio de garantías, pues de otra manera el tribunal que conozca del juicio se estaría sustituyendo a la responsable, en contravención a la técnica que rige la materia de amparo, introduciendo en la litis constitucional argumentos no controvertidos en el juicio natural, porque en toda sentencia dictada en el juicio de garantías debe atenderse el acto reclamado como se encuentre probado en autos, y si un punto legal no fue dilucidado por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, por no haber sido materia de defensa o excepción, el tribunal constitucional no debe ocuparse del mismo. Por otra parte, son fundados los argumentos del quejoso en el sentido de que el juez responsable consideró el pago del veintidós por ciento de un salario que ya no percibe, porque desde el dos de mayo de dos mil diecisiete el quejoso ya no labora para la persona moral... Que resulta ilegal que el juez de origen haya tomado en cuenta la remuneración del último empleo que se encontraba justificado dentro del juicio de origen, por lo que la resolución atacada no se encuentra fundada y motivada. En ese orden, debe decirse que, como el acto reclamado emana de un procedimiento en el que se ven involucrados los derechos de un menor debe examinarse su constitucionalidad o inconstitucionalidad aplicando la suplencia de la deficiencia de la queja, buscando el bienestar del o la menor de edad, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del o la promovente de amparo. Lo anterior, por así sustentarlo la jurisprudencia 191/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis... que dice: MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda el escrito hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. En primer término, la Constitución Federal en su artículo 4o, establece lo siguiente: Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. ...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El referido numeral reconoce el principio del interés superior del menor, así como el derecho de la niñez de satisfacer sus necesidades alimentarias, sanitarias, educativas y al sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que constituye un principio de rango constitucional, implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4o de la Constitución Federal; asimismo, que en el ámbito jurisdiccional, dicho interés se instituye como un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto, o que pueda afectar sus intereses; lo cual impone la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos tanto en la Constitución Federal, como en tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia..., que dice: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdicional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. El principio de interés superior del niño se traduce en obligaciones muy concretas para el Juzgador, quien debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 1. Toda determinación sobre qué es el interés del niño, niña o adolescente, en un caso concreto, debe utilizar como parámetro los propios derechos de la infancia. 2. Toda decisión que afecte a un niño, niña o adolescente, debe tomar en consideración el elenco íntegro de sus derechos, sin importar la delimitación de la litis. 3. Toda decisión que concierne a un niño, niña o adolescente debe tomar en consideración la proyección a futuro de las afectaciones en la esfera íntegra de sus derechos. 4. La actuación a favor de la esfera íntegra de los derechos del niño, niña o adolescente es de carácter oficioso. 5. Toda decisión que afecta a los derechos del niño, niña o adolescente debe privilegiar la protección por sobre la desprotección, aplicando un principio pro infancia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia... de rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos en la indeterminación del concepto del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa zona intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Así, destaca que todas las medidas que involucran menores, como en el caso acontece, deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, y no el de los padres, por lo que, como se apuntó, en el estudio del acto reclamado se atenderá, en principio, al interés superior de la menor involucrada. En relación con lo anterior, debe decirse que los procedimientos familiares son de orden público, y que las decisiones que tome el Juez deben ser orientadas a preservar el núcleo familiar, de no ser posible, se tendrá primeramente el interés superior del menor, incapaz o discapacitado y, a la postre, del resto de los miembros de la familia. En ese orden, debe decirse que el primer párrafo, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento... De conformidad con lo dispuesto en el precepto constitucional transcrito, cualquier acto de autoridad que cause molestia a un particular debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que deben citarse con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Ahora bien, el artículo 677, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establece lo siguiente: Artículo 677. Los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y se regirán por las disposiciones siguientes: I. Las autoridades judiciales tienen facultades discrecionales para resolver las controversias en esta materia, debiendo en todo caso: a. Fundar y motivar sus resoluciones, de modo que éstas se deduzcan lógicamente de los hechos, pruebas y leyes que les sirvan de antecedentes, y b. Procurar la preservación del núcleo familiar, y cuando esto no sea posible, atender preferentemente al interés de los menores, de los incapaces, de los discapacitados y por último, al de los demás miembros de la familia. II. Cuando intervengan menores, incapaces o ausentes, se dará vista al Ministerio Público; III. La solicitud para pedir la intervención del Juez podrá hacerse en forma oral o por escrito; IV. Se procurará que las partes lleguen a un acuerdo sin afectar los derechos que sean irrenunciables y, en caso de no lograrse, la controversia se tramitará conforme a lo dispuesto en este Código; V. Cuando se advierta que las partes ignoran sus derechos en materia familiar, deberá informárseles de éstos y de los procedimientos para defenderlos; VI. El Juez, de estimarlo necesario y siempre en beneficio de la familia, suplirá en lo conducente, la deficiencia de la actividad de las partes en el procedimiento, sin contrariar las constancias existentes en autos; VII. Para la investigación de la verdad, se podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes; VIII. La admisión de hechos por las partes y el allanamiento de éstos sólo vinculan al Juez, cuando no se afecten derechos de incapaces; IX. No operará la preclusión cuando ésta sea obstáculo para la investigación de los hechos, y X. En los casos comprobados de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, se podrán adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes, para que cesen de plano. En tratándose de estas conductas, cualquiera estará legitimado para ponerlas en conocimiento de la autoridad. Del precepto transcrito se advierte, en lo conducente, que los procedimientos familiares son de orden público, y que las decisiones que tome el Juez deben ser orientadas a preservar el núcleo familiar, de no ser posible, se tendrá primeramente el interés superior del menor, incapaz o discapacitado y, a la postre, del resto de los miembros de la familia. Asimismo, se prevé la posibilidad de suplir la deficiencia de la actividad procesal de las partes en el procedimiento, siempre en aras del beneficio de la familia. De igual manera, que en los procedimientos sobre cuestiones familiares es admisible cualquier prueba para investigar la verdad; ello, aún sin el ofrecimiento de alguna de las partes, es decir, ex oficio. Ahora bien, en el caso el Juez responsable en la resolución atacada, en lo que interesa, expuso que en sentencia de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se condenó al aquí quejoso al pago de pensión alimenticia equivalente al veintidós por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibía como trabajador de la persona moral... Que al promover la liquidación de sentencia, la aquí tercero interesada lo hizo por el periodo de mayo de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve. Que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo..., del índice de este juzgado de distrito, obtuvo el informe de la citada persona moral en el sentido de que el aquí quejoso dejó de laboral para la misma el dos de mayo de dos mil diecisiete. Que por tal motivo el solicitante de amparo no refirió su ingreso mensual a partir de mayo de dos mil diecisiete, por lo que tomaba como base para liquidar las pensiones adeudadas el salario del último empleo del quejoso y especificó que dicho salario ascendía a nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos cincuenta y nueve centavos y sobre esa cantidad obtuvo el veintidós por ciento que resultó en dos mil ochenta y un pesos cincuenta y cuatro centavos, ya incluyendo deducciones por concepto de seguro social, impuesto sobre la renta y vivienda. Así, consideró esa última cantidad como base para liquidar la sentencia por el periodo que la promovió la aquí tercero interesada. De igual forma, consideró que al quejoso en su liquidación se le descontó por concepto de pensión alimenticia la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ochenta y dos centavos y presumió que había sido puesta a disposición de la acreedora alimenticia a través de su progenitora. Sin embargo, tal actuar resulta ilegal. En efecto, de autos se advierte que obra el oficio que exhibió el Administrador único de la mencionada persona moral, del cual se advierte que el quejoso dejó de laborar para ella desde el dos de mayo de dos mil diecisiete, que por tal motivo, el ocho de ese mes y año se dio aviso de baja correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo cual previo el descuento de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ochenta y dos centavos el quejoso recibió su finiquito de ciento setenta y nueve mil doscientos veinte pesos ochenta y siete centavos, fojas 763 a 765 tomo anexo. Sin embargo, se advierte que al emitir dicha determinación, el citado juzgador no atendió el interés superior de la menor acreedora. Ello, porque se limitó a mencionar que para poder realizar la liquidación respecto del pago de alimentos, tomaba en consideración el último sueldo percibido por el quejoso como empleado de..., con el cual se justificaban sus haberes o percepciones. Sin embargo, inadvirtió que de la documental recabada oficiosamente que el aquí quejoso recibió su liquidación al dejar de laborar para la empresa en cita, y que conforme al resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el juicio de origen, en caso de renuncia o liquidación del aquí quejoso se debía retener el cincuenta por ciento del finiquito que correspondía a dicho deudor para precisamente garantizar las pensiones alimenticias correspondientes. En efecto, dicho resolutivo dice: CUARTO. En consecuencia, una vez que cause ejecutoria esta resolución, gírese oficio al Representante legal de la empresa denominada..., a fin de que proceda a descontar por concepto de pensión alimenticia definitiva el veintidós por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador de la misma el señor..., a favor de la menor..., representada por su progenitora la señora..., haciendo del conocimiento del jefe de dicho departamento, que en caso de renuncia o liquidación deberá retener el CINCUENTA POR CIENTO que le corresponde al deudor alimentario e informar a ésta autoridad de tal evento, ya que dicho finiquito servirá para garantizar las pensiones alimenticias correspondientes. foja 672 tomo anexo. En efecto, en la resolución reclamada, el juez se limitó a cuantificar las pensiones adeudadas a razón del veintidós por ciento del salario que percibía el quejoso hasta antes de mayo de dos mil diecisiete, y a señalar que en el recibo de finiquito del quejoso existe un descuento por concepto de pensión alimenticia de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ochenta y dos centavos, así como que el deudor independientemente de ese descuento, recibió la cantidad de ciento setenta y nueve mil doscientos veinte pesos ochenta y siete centavos. Sin embargo, nada dijo en relación con la cantidad líquida que a la quejosa le corresponde del finiquito que recibió el deudor; lo que demuestra que contrario a lo ordenado en la sentencia del juicio de origen, la citada menor no recibió el cincuenta por ciento del total del finiquito que le correspondió al aquí quejoso por su renuncia o liquidación, pues aun y con el descuento de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ochenta y dos centavos por concepto de pensiones alimenticias, al quejoso se le entregó la cantidad de ciento setenta y nueve mil doscientos veinte pesos ochenta y siete centavos. Lo que evidencia que dicha menor no recibió el porcentaje que le correspondía de dicho finiquito para garantizar sus pensiones, como se ordenó en la sentencia. Circunstancia que el juez de origen no consideró al momento de liquidar la sentencia que le formuló la acreedora alimentaria. Lo anterior, porque la finalidad de retener ese cincuenta por ciento es para que el deudor alimentario no eluda la responsabilidad que tiene respecto del pago de alimentos en favor de la citada menor, y para que ésta última no quede en estado de indefensión sin que reciba el pago de la pensión de alimentos que por derecho le corresponde. De ahí que, como se alega la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, por los motivos expuestos y por ende viola derechos fundamentales de la menor acreedora. Por tanto, ante lo fundado de los conceptos de violación analizados, suplidos en su deficiencia en favor de la citada menor, se debe conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado. EFECTOS DEL AMPARO. En consecuencia, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, en la cual resolvió la planilla de liquidación de sentencia formulada por... en los autos del juicio de alimentos... 2. Dicte otra de manera fundada y motivada, en la cual no tome en consideración el sueldo que percibía el quejoso al prestar sus servicios para la persona moral..., para efecto de liquidar las pensiones alimenticias adeudadas y en cambio, considere que el quejoso dentro del periodo que la acreedora liquidó, dejó de laborar para la referida empresa, por lo que recibió un finiquito y que de acuerdo al resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el juicio de origen, se debía retener el cincuenta por ciento del mismo para garantizar las pensiones alimenticias correspondientes; y por ende, realice la cuantificación correspondiente tomando en consideración dicho finiquito. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a..., por propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisados en el resultando primero en relación con el considerando segundo, por los motivos y en los términos establecidos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano