Javier Mimila Marinez

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Javier Mimila Marinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA VI.- SE NOTIFICA A LA DEFENSORA PÚBLICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, devuélvase el tomo que remitió la autoridad responsable. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    MESA VI.- Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, devuélvase el tomo que remitió la autoridad responsable. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio firmado por el Director de Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintitrés de noviembre actual, proporciona el domicilio de la defensora pública... designada para asistir al quejoso... en ese sentido, se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda, proceda notificar a la citada defensora la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VI.- SE NOTIFICA A LA DEFENSORA PÚBLICA ZAIRA PÉREZ ARELLANO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LOS PROVEÍDOS DE TREINTA DE MAYO, Y TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: ACUERDO DE 30 DE MAYO DE 2022: Téngase por recibido el oficio 20021/2021, procedente del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el juicio de amparo original 176/2022, de este índice, así como un tomo de pruebas, en toda vez que indica que no acepta el conocimiento por relación planteado en auto de veinticinco de abril del año en curso, por las razones que expone y por ende, se continúa con el conocimiento del presente asunto. En su atención, acúsese el recibo correspondiente y comuníquesele que no se insiste el planteamiento de conocimiento por relación; asimismo, infórmese esta determinación a las partes. Por otra parte, se ordena agregar las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes al juicio de amparo original, en tanto que las reproducciones fotostáticas restantes, al carecer de valor institucional, se ordena su destrucción. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se observa que en auto de veinticinco de abril del presente año, en lo que interesa se determinó reservar el señalamiento de la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, hasta en tanto se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional al que correspondiera el conocimiento del presente asunto, lo cual en esta fecha aconteció; sin embargo, no se estima necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado el sentido de la presente determinación. Asimismo, en acuerdo de diez de mayo del año en curso, se reservó acordar lo que correspondiera en relación con las promociones registradas con los números de correspondencia 5731 y 6000, en consecuencia, respecto del oficio procedente del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, se comunica que derivado del recurso de apelación interpuesto por la defensora publica del quejoso, contra la determinación de veintitrés de febrero pasado (acto reclamado), los magistrados de la Primera Sala Especializada de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad resolvieron: "PRIMERO. Con la observación realizada en la última parte de esta sentencia, se CONFIRMA el auto de fecha 23 veintitrés de febrero de 2022 dos mil veintidós, dictado por la licenciada DAFNE LIVIHE ROSALES MONTES DE OCA, Jueza Interina del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México en la carpeta de ejecución *** y su agregada ***, en el que desechó por improcedente la petición del sentenciado relativa al beneficio penitenciario de LIBERTAD PREPARATORIA. SEGUNDO. Remítase copia autorizada de la presente resolución a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Penitenciarios para su conocimiento y efectos legales conducentes. TERCERO. Notifíquese." (Lo resaltado es de origen). Sin que sobre el particular se estime procedente dar vista para ampliar la demanda de derechos fundamentales con la anterior determinación, ello en razón de que el recurso de apelación respectivo, fue interpuesto el veintiocho de febrero del año en curso, esto es, antes de la presentación del escrito inicial de demanda -uno de marzo último-. Una vez precisado lo anterior, esta juzgadora advierte que en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". De dicha porción normativa, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Al respecto, es importante advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último, el amparo resulta improcedente. Dicho de otra forma, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, porque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no haber dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, si en el caso en concreto, el acto reclamado lo constituye el proveído en el que se desechó por notoriamente improcedente la solicitud del beneficio penitenciario de libertad preparatoria, dictado en la carpeta de ejecución ***; y por otra parte, de los autos que obran en el presente juicio, se advierte copia certificada de la determinación en la que se resolvió el recurso de apelación, que confirmó la determinación descrita, es incuestionable que respecto del primer acto, han cesado sus efectos. Lo anterior, se estima así, ya que en relación con el auto de veintitrés de febrero del año en curso (acto reclamado), emitido por la Juez Interina Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución ***, se interpuso recurso de apelación, el cual, en determinación de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en los autos de la carpeta judicial de ejecución ***, se confirmó por unanimidad, por los magistrados de la Primera Sala Especializada de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la precitada resolución que obra en autos; documental a las que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, toda vez que el acto aquí analizado dejó de surtir efectos, con fundamento en la fracción XXI, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del diverso 63, se impone sobreseer fuera de audiencia. Por otra parte, por lo que respecta a la diversa promoción registrada con el folio 6000, en la que el impetrante realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos, comuníquesele que deberá atender a lo anteriormente determinado. Finalmente, se observa que si bien, en auto de quince de marzo del año en curso, se tuvo a la defensora pública Zaira Pérez Arellano, aceptando y protestando el cargo conferido, asimismo, que se le requirió a efecto de que demostrara que proporcionó la asesoría jurídica respectiva a su representado ***; sin embargo, a la presente fecha no se advierte que haya acreditado tal cuestión. Por tanto, requiérase nuevamente a efecto de que en el plazo de tres días legalmente computados, acredite que proporcionó la asesoría respectiva y remita las constancias que lo demuestren. ACUERDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2022: Agréguese a los autos, el oficio firmado por el Director de Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintitrés de noviembre actual, proporciona el domicilio de la defensora pública... designada para asistir al quejoso... en ese sentido, se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda, proceda notificar a la citada defensora la sentencia dictada en este asunto.

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