Javier Meneses Cuahutle

Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
569/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Javier Meneses Cuahutle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintiuno. se tiene por recibido el oficio y anexo del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve el expediente en que se actúa, un anexo de pruebas y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el toca número R-251/2020, de la que se advierte que el citado tribunal resolvió: "PRIMERO. Quedan firmes los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida, reflejados en el resolutivo único de la misma, en los que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JAVIER MENESES CUAHUTLE contra los actos reclamados consistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte, dictado en el juicio de alimentos tramitado con el número expediente 387/2020, del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; así como la falta de emplazamiento y todo lo actuado en tal procedimiento." Por lo anterior, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], intégrese únicamente las constancias originales que obren en el expedientillo formado con motivo del citado medio de impugnación y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó en el juicio; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c, del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se considera que el presente expediente y los cuadernos incidentales carecen de relevancia documental y no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, en virtud de que se formó el Anexo I con motivo de las constancias remitidas por el Titular del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil veinte. se tiene por recibido el oficio electrónico del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número R-251/2020, de su estadística; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ya obran las constancias de notificación de la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, así como del proveído en el que se tuvo a la parte quejosa haciendo valer recurso de revisión contra dicha resolución. En las anotadas circunstancias, fórmese expedientillo de antecedentes y con el escrito original de expresión de agravios, así como con una copia simple del mismo para el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito, remítase el cuaderno original del juicio de amparo en el que se actúa, así como un anexo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a fin de que sustancie el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fueron los siguientes actos contra las autoridades que posteriormente se enunciaran: "AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Gobernador del Estado de Puebla. 2. Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. 3. Cabildo del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 4. Secretario de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla. 5. Secretario de Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla (sic). "ACTOS RECLAMADOS: a) La orden de construcción de una barda perimetral y locales comerciales propiedad del Gobierno del Estado de Puebla y del Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla. b) La ejecución de la referida obra frente al inmueble ubicado en el número 403 de la Calle 3 Oriente de San Pedro Cholula, Puebla, con lo que se le impide el acceso a su propiedad. Por resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula o María Edith Tecpanecatl Zacaula, contra los actos del Secretario de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: (.) proceda a ordenar la ejecución de las obras necesarias a fin de que la impetrante sea restituida en el goce de sus derechos violados; esto es, se acondicione la infraestructura necesaria que le permita el libre acceso vehicular al inmueble de su propiedad...". Inconforme con la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Coordinador General Jurídico y Representante Legal de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, interpuso el recurso de revisión; y, por auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete se remitieron los autos al Tribunal colegiado para su substanciación y resolución. El treinta de junio de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informó que admitió a trámite el recurso de revisión. Luego, por oficio 1616 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula y/o María Edith Tecpanecatl Zacaula, respecto de los actos reclamados al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, en los términos del fallo que se revisa". Asimismo, en proveído de seis de noviembre de dos dieciocho causó ejecutoria la sentencia; y se requirió al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado Puebla. Posteriormente, por el oficio CGJ/DJCT/051/2019 de la Directora Jurídica de la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, adujó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante el cual informó que realizó la conclusión de los trabajos que permiten el libre acceso vehicular al inmueble ubicado en calle 3 oriente número 403, en el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, propiedad de la parte quejosa María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula o María Edith Tecpanecatl Zacaula, por lo que este órgano Federal dio vista en proveído de nueve de enero de dos mil diecinueve; y, por auto de veintidós de enero del mismo año, se declaró cumplida la sentencia. Por lo anterior, la quejosa interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución de veintidós de enero del dos mil diecinueve que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; y, por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, a fin de que substanciara el recurso interpuesto por María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula o María Edith Tecpanecatl Zacaula. Por oficio 1418/2019 de doce de febrero de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informó que admitió a trámite el recurso de interpuesto por la quejosa en contra de la resolución que declaraba cumplida la sentencia, el cual quedó registrado bajo el número 10/2019, de su índice. Asimismo, por símil 467 de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Colegiado de mérito, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria de catorce de marzo de dos mil diecinueve pronunciada en el recurso de inconformidad 10/2019, de su índice, el cual resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula y/o María Edith Tecpanecatl Zacaula, contra el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 81/2017, instaurado por la propia inconforme, en el que declaró cumplida la ejecutoria por parte de las autoridades responsable ". En consecuencia, el uno de abril de dos mil diecinueve, se dejó insubsistente la resolución de veintidós de enero del mismo año y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria conforme a la autoridad responsable en los lineamientos establecidos por el citado Colegiado. Sin embargo, por escrito presentado en la oficialía de este juzgado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve signado por María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula o María Edith Tecpanecatl Zacaula, solicitó la apertura del incidente del cumplimiento sustituto. Asimismo, la autoridad responsable en el oficio SIMT/CGJ/DJCT/1981/2019 manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por lo anterior, en proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve se ordenó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto. En consecuencia, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se dictó la resolución relativa al incidente de cumplimiento sustituto, la cual se resolvió en los siguientes términos: (.) PRIMERO. Se determina que la forma del cumplimiento sustituto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, consiste en el pago del demérito del valor comercial del inmueble ubicado en la calle 3 Oriente número 403, colonia Centro, San Pedro Cholula, Puebla. SEGUNDO. Se determina que la autoridad denominada Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, debe pagar a la quejosa MARÍA EDITH ARACELI TECPANECATL ZACAULA O MARÍA EDITH TECPANECATL ZACAULA la cantidad de $639,660.00 (seiscientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).". De lo anterior, sin que ninguna de las partes recurriera la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte relativa al incidente de cumplimiento sustituto, causó ejecutoria el diez de mazo de dos mil veinte y por el cual se requirió a la autoridad responsable Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla. En atención al requerimiento de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable remitió el oficio SI-SDCO-2020/092 con anexo signado por el Subdirector Contencioso de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el uno de septiembre de dos mil veinte, a través del cual remite las constancias que acreditan que el veintiocho de agosto de dos mil veinte hizo entrega a María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula -parte quejosa en el presente juicio-, el cheque expedido a su favor por la cantidad de $639,660.00 (seiscientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N). De lo anterior, mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se le notificó el diez de septiembre de dos mil veinte. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Subdirector Contencioso de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió las constancias que acreditan que el veintiocho de agosto de dos mil veinte hizo entrega a María Edith Araceli Tecpanecatl Zacaula -parte quejosa en el presente juicio-, del cheque expedido a su favor por la cantidad de $639,660.00 (seiscientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N); lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedido la protección constitucional. Asimismo, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), el cuaderno original del incidental es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un incidente de suspensión donde se concedió la medida cautelar provisional y definitiva. Igualmente, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo se hace la indicación que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. De lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran el plazo que aduce el penúltimo párrafo de los artículos 18 y 20, del mencionado Acuerdo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente; y el respectivo acuerdo al cuaderno duplicado para los efectos legales conducentes. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

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