Javier Mázquez Díaz

Expediente 848/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
848/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Javier Mázquez Díaz
  • Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es a quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el precepto en cita; y, 2. Devolver a la parte quejosa la cantidad de la manera siguiente: Recibo oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver A 57789256 10105 $5,731.00 $516.00 $5,215.00 A 57789257 10105 $5,731.00 $516.00 $5,215.00 A 57789258 10105 $5,731.00 $516.00 $5,215.00 A 57789259 10105 $5,731.00 $516.00 $5,215.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dichas fracciones e incisos, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En el entendido que la cantidad devuelta deberá ser debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido, a través de cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J.29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.4" Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en los recibos oficiales de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda.." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio PFE-DCHE-JA-27195, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea Número Setenta y Cinco, con sede en San Miguel el Alto, Jalisco, así como de la citada Secretaría, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-27194, de dos de agosto de dos mil veintidós, dirigido a la Directora de Servicios al Contribuyente, por el cual le solicitó actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa. La citada autoridad administrativa mediante el comunicado PFE-DCHE-JA-29162, allegó copia certificada del Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone el artículo tildado de inconstitucional, así como la devolución de la cantidad de $21,396.10 (veintiún mil trescientos noventa y seis pesos 10/100 moneda nacional) y de la orden de pago 2117392, a favor del impetrante. Con lo cual, en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone el artículo tildado de inconstitucional y ordenó la devolución de la cantidad de $21,396.10 (veintiún mil trescientos noventa y seis pesos 10/100 moneda nacional). En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio PFE-DCHE-JA-29162 que suscribe la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada Secretaría, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, del que se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, dejando insubsistentes los pagos realizados mediante los recibos oficiales A57789256, A57789257, A57789258 y A57789259, y como consecuencia, se ordenó devolver al quejoso Javier Marquez Díaz, la cantidad $21,396.10 (veintiún mil trescientos noventa y seis pesos 67/100 moneda nacional), para tal efecto allega copia certificada del contra-recibo número 2117392, sin que aún haya comparecido a recibir el título de crédito, mismo que se encuentra a su disposición en las oficinas de la autoridad oficiante, constancias con las que acredita las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de agosto de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones realizadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual informa los trámites administrativos que deben realizarse a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, allegando copia certificada del oficio PFE-DCHE-JA-27194, por medio del cual solicitó a la Dirección de Servicios al Contribuyente, instruir a quien corresponda para efecto de realizar el cálculo de la actualización de la cantidad pagada en el recibo oficial A57789256, A57789257, A57789258 y A57789259, así como emitir el cheque a favor de la parte quejosa; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere a la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, dentro del plazo de diez días, remita copia certificada de la orden de pago o título de crédito a nombre de la parte aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a favor. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós, en la que por una pare se sobreseyó el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ".SÉPTIMO. Efectos del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es a quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el precepto en cita; y, 2. Devolver a la parte quejosa la cantidad de la manera siguiente: Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dichas fracciones e incisos, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En el entendido que la cantidad devuelta deberá ser debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido, a través de cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: (.) Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en los recibos oficiales de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda. (...)." Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, conviene precisar que el Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, tienen imposibilidad jurídica para efectuar actos de cumplimiento, en razón de las funciones legislativas que desempeñaron; y, dado que al carecer el juicio de amparo, de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades que intervinieron en dicho proceso, a efecto de derogar o dejar sin efectos dicho ordenamiento, resulta ocioso exigirles su cumplimiento en ese sentido, así como el acto de aplicación por no ser autoridades ejecutoras, por lo que no se les requiere cumplimiento alguno. Sirve de apoyo, la tesis ejecutoria 2ª. CXV/97, aplicada por analogía, visible en la página 414 del tomo VI, Octubre de 1997, novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (REFRENDO Y PUBLICACIÓN), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulta inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo" En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco -autoridad vinculada-, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, cumpla con los efectos del fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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