Javier Martínez Arreguín
Expediente 646/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Martínez Arreguín
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme al ordinal 2, se declara que dicha determinación ha causado estado. ARCHIVO. Por ende, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales remitidas por la jueza suplente del juzgado Único Menor Mixto de Partido, con sede en Yuriria, Guanajuato, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número M139/2017 de su índice (constante de un tomo, el cual se ordena devolver a su lugar de origen, ordenándose glosar al presente expediente la carátula respectiva, para los fines legales conducentes. Se le solicita a la nombrada autoridad, el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Por recibido el oficio 6188, signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, al cual adjuntó siete copias de la demanda de amparo promovida por ***, copia certificada del oficio 328, un tomo en copia certificada del expediente ***, original y copia de razón de citatorio y copia al carbón del mismo, original y copia de emplazamiento, copia certificada del proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho, y lista publicada de cinco de julio del mismo año, original de dos informes justificados. Acúsese el recibo de estilo. Se ordena formar un tomo de prueba con el expediente referido en el párrafo que antecede. Hágase del conocimiento de la superioridad declinante que en esta fecha el suscrito juzgador federal acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida. Así, vista la demanda de amparo signada por ****, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la justicia de la Unión contra actos del jueza Única Menor Mixta, con residencia en Yuriria, Guanajuato, y ministro ejecutor adscrito a dicho juzgado, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 646/2018-II.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Una vez analizada la demanda de amparo, este juzgado federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el acto reclamado en el libelo constitucional de mérito, es el siguiente: IV. ACTO RECLAMADO: el auto de fecha 22 de Junio del 2018 dos mil dieciocho, dictado por la C. LIC. **, Juez de Partido Único Mixto Menor Interina del Partido Judicial de Yuriria, Gto.; dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil ***." La determinación en cita es aquélla en la que la jueza Única Menor Mixta, con residencia en Yuriria, Guanajuato, en la que ordenó poner en posesión material del bien embargado en diligencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en favor del nuevo depositario judicial ***. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Sin que en el presente asunto el acto reclamado, se ubique en alguna de las excepciones que marca el artículo 61, fracción XVIII de la invocada Ley. De lo antes transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar el recurso ordinario, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó; además, de conformidad con el artículo 1340 del código citado, la apelación no es procedente: a) En los juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor o, b) Cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal. Así las cosas, el juicio de origen se ubica en la hipótesis normativa de los artículos mencionados, por lo que contra el acto reclamado debió agotarse el recurso de revocación previsto en el numeral 1334 del Código de Comercio. En efecto, los numerales en cita establecen: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Art. 1,340. (reformado) La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. En tal virtud, toda vez que respecto del acto impugnado procede el recurso de revocación, la parte quejosa debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de garantías, pues éste tiene como efecto, modificar o revocar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo así, es claro que debió agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquél principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector de todo juicio de garantías, además de que en el caso, no se está en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Es aplicable a lo anterior la tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.), publicada en la página 401, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima época, sustentada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Materia Civil, con el número de registro 2005047, del contenido siguiente: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). También es aplicable la Jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De igual forma, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia consultable a fojas 361, Tomo VI, segunda parte-1, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.- Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por ***, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos1334 y 1340 del Código de Comercio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Atendiendo a que el quejoso ***, en su demanda de amparo señaló los estrados del Tribunal al que correspondiera conocer del asunto, para oír y recibir notificaciones personales, no obstante que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto, como lo indica el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo), se ordena practicarle la notificación del presente proveído y las subsecuentes que tengan dicho carácter por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), este último, aplicado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Javier Huaracha Chavez300/2016
- Javier Juarez Pantoja1173/2016
- Javier Lozano Lara491/2020
- Javier Lozano Lara365/2023
- Javier Lozano Lara626/2023
- Javier Martínez Arreguín556/2018
- Javier Morales Ceron466/2020
- Javier Morales Mendoza778/2016
- Javier Nuñez Garrido258/2019
- Javier Peña Zarate1075/2016
- JAVIER RAMIREZ ALARCON y Otros.366/2019
- Javier Ramirez Hernandez758/2017