Javier Macías Garcíagalán

Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
352/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Javier Macías Garcíagalán
  • Director del Centro Estatal de Control de Confianza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 279 del ordenamiento legal citado, expídanse las copias certificadas de las constancias que solicita y remítanse mediante oficio.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hiciera así; por ende, se tiene por consentida dicha determinación. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues no obstante haberse concedido la protección constitucional, al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental, sin perjuicio de conservar la demanda de amparo y sentencia respectiva.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, por el que, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente en que se actúa, remite el acuerdo dictado el siete del mes en curso, en que se dejaron insubsistentes los autos de once y quince de marzo de esta anualidad, en el expediente administrativo E-CHJ/013/2019 de su índice, así como la notificación de dicho acuerdo al representante del amparista. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y con el informe proporcionado por la autoridad responsable. Lo anterior, en apego a lo dispuesto por la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible a foja 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese, personalmente al quejoso.

  4. Principal

    De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió para la parte quejosa, agente del Ministerio Público Federal adscrita y autoridades responsables Suplente del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, y actuario notificador adscrito a ésta, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusieran recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el diez de julio de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió a Javier Macías Garciagalan el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que reclamó de las autoridades recién mencionadas. Sin que resulte necesario computar el término para la interposición del medio de impugnación por cuanto hace al resto de las autoridades señaladas como responsables, toda vez que no les produce agravio alguno dado el sentido de dicho fallo, al haberse sobreseído respecto de los actos que se les atribuyeron; pues en todo caso, las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya atacado de inconstitucional, conforme a lo dispuesto en el numeral 87 de la ley en aplicación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causa ejecutoria. Ahora bien, conviene precisar que en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, se concedió la tutela constitucional en los siguientes términos: "Atento a lo anterior, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la responsable Delegado del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el auto de radicación de once de marzo del año en curso, así como el diverso de quince del mismo mes y año, en que determinó que existían elementos suficientes para instaurar el procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia contra el quejoso Javier Macías Garciagalan, dictados en el expediente CHJ/013/19, restituyendo las cosas al estado en que se encontraban antes de pronunciarse los actos reclamados, dejando a salvo las facultades de las responsables para actuar conforme a derecho. (.) Concesión de amparo, que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Actuario Notificador adscrito a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, ya que los actos de ejecución no se combaten por vicios propios, tal como se expresa en la jurisprudencia 88, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, que establece: (.)" En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere el cumplimiento de la sentencia a la responsable Suplente del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación que de este acuerdo se le haga, informe el cumplimiento dado, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar copia certificada de las constancias con que así lo acredite. Apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realicen al respecto, se le impondrá multa igual a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el nueve de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las Atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al Ejercer la Competencia Delegada para Conocer de los Incidentes de Inejecución de Sentencia y de Repetición del Acto Reclamado. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, residente en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades mencionadas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a sus inferiores a que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acredite. Tiene aplicación en lo que interesa, la tesis P. CLXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, visible en la página 5, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, igual a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el nueve de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal.

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