Javier Luna Ramírez
Expediente 1457/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1457/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 01/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Luna Ramírez
- Javier Luna Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó estado el proveído de dos de mayo del año en curso, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, que por auto de treinta de septiembre de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y por interlocutoria de trece de octubre siguiente, concedió la suspensión definitiva y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva a la parte quejosa; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deberán conservarse tanto el auto de treinta de septiembre de dos mil quince, que concedió la suspensión provisional, como la interlocutoria de trece de octubre siguiente que concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Notifíquese...
- Principal
Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de dos de mayo del año en curso, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a Javier Luna Ramírez; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que se reclamó el auto de formal prisión de trece de septiembre de dos mil quince; por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia concesoria dictada en este juicio de amparo, sin que hiciera manifestación al respecto; por ende, este órgano de control constitucional se ocupará de resolver lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la ejecutoria, con base en las constancias que obran en el expediente y a los datos aportados por la responsable, en la que se examinará si se cumplió con la sentencia o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia dictada el once de enero de dos mil dieciséis, firmada el siete de marzo siguiente (fojas 51 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Javier Luna Ramírez, para los efectos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTOS Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Anulatorios 1.- Deje sin efecto el auto de formal prisión dictado el trece de septiembre de dos mil quince, dictado en su contra en la causa penal número 103/2015, por el delito de tentativa de secuestro agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Miguel López Hernández. Obligaciones de hacer: 2.- Dicte otro en que tomando en que se subsanen las deficiencias formales halladas ilegales. Deficiencias destacadas para subsanar que se hicieron consistir en lo siguiente: No aplicó el numeral 9, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reformado, que incrementó la pena de cincuenta a noventa años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, agravada esta última de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multas. Respecto de la denuncia del ofendido, no invocó en apoyo de sus asertos los numerales 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales del estado de Oaxaca y la ponderó como un testimonio, lo que no es acorde con la naturaleza de dicho medio de convicción. Omitió ponderar si la autoridad ministerial recabó medios para allegarse de un intérprete (perito profesional o certificado), antes de contar con uno práctico, en acatamiento a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.). Los numerales que invocó para conferir valor probatorio de indicio al parte informativo se refieren a documentos públicos por ser actuaciones del Ministerio Público, desdeñando que si fueron ratificadas adquieren el rango de una testimonial de los hechos allí descritos; por ende, debe precisar qué valor le merece ese medio de convicción acorde a la naturaleza del mismo. Omitió motivar la valoración de los dictámenes en psicología, químico, médico y fotográfico, pues no señaló cuáles fueron las operaciones y experiencias practicadas por el perito, que su ciencia o arte les sugería, los hechos o circunstancias que le sirvieron de fundamento. No dijo por qué la credencial de elector y la del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, son pruebas idóneas para acreditar la edad del pasivo. No valoró las diligencias de confrontación celebradas entre el ofendido Miguel López Hernández con Carlos José Martínez e Isau Agustín Hernández, acorde a su naturaleza y no dijo cómo perjudican al procesado las citadas diligencias, que no tuvieron verificativo en su persona. En torno a la probable responsabilidad del procesado, la autoridad judicial la encuadró en el numeral 11, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, cuando la ley aplicable acorde al numeral 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, es de diverso fuero. Determinación que causó ejecutoria el cinco abril de dos mil dieciséis (foja 87 y 88) y se requirió el cumplimiento respectivo. En cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional la autoridad responsable realizó las actuaciones siguientes: Mediante oficio número 2495 de quince de abril de este año, el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, autorizada por el Pleno para dictar sentencias, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el quince de abril del año en curso, en la causa penal 103/2015, de su índice, de la que se aprecia lo siguiente: *- Dejó insubsistente la resolución de trece de septiembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 103/2015. Y dictó una nueva determinación en la que subsanó los vicios formales que se pusieron de relieve en la sentencia concesoria del amparo; esto es, la autoridad responsable: 1.- Aplicó el numeral 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro (para privar de la libertad a otro con el propósito de obtener para sí o un tercero, rescate o cualquier beneficio económico), y sancionado (agravantes), por el artículo 10, fracción I (pena privativa de libertad de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa), inciso a). 2.- Al valorar la denuncia del ofendido, invocó en apoyo de sus asertos los numerales 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales del estado de Oaxaca y la ponderó en base a dichos numerales. 3.- Ponderó que si bien no obra constancia alguna de la que pueda advertirse que el Ministerio Público haya agotado las vías legales posibles para contar con el apoyo de un intérprete oficial o práctica, profesional o certificado, que conociera de la lengua y cultura del indicado, para que lo asistiera en esa diligencia, en virtud de que precisamente por dicha problemática compleja de contar de contar con la asistencia inmediata de peritos intérpretes de instituciones públicas o privadas, por las cuales la autoridad puede designar a un intérprete práctico. 4.- En cuanto al parte informativo otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales en vigor, al haber sido ratificado por sus suscriptores ante el agente del Ministerio Público Investigador, por ello la valoró conforme a las reglas de la prueba testimonial, toda vez que los Policías Municipales estuvieron en el lugar de la detención e investigaciones de los hechos, les consta de manera directa y no por conducto de terceras personas, ya que sus dichos fueron rendidos de manera clara y precisa sobre la forma en que acontecieron los hechos, así como por sus edades, capacidades e instrucción, puede presumirse que tienen el criterio necesario para juzgar el acto respecto del cual declararon. 5.- Motivó la valoración de los dictámenes en psicología, químico, médico y fotográfico, otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por el artículo 354, en relación con el 355, fracción I, y 356, fracción II, pues ajusta a lo prevenido por los numerales 396, 399, 400, 403 y 404, del Código de Procedimientos Penales, pues refirió las operaciones y experiencias practicadas por los peritos, que sus respectivas ciencia o arte les sugería, así como los hecho o circunstancias que les sirvieron de fundamento. 6.- En cuanto a la credencial de elector y la del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, asentó que son pruebas idóneas para acreditar la edad del pasivo, por haber sido expedidas por la autoridad facultada para ello, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, no fueron objetadas por las partes, por lo que su contenido tiene valor probatorio para acreditar lo que en ellos se contiene, los cuales resultan idóneos para demostrar que la víctima el día de los hechos contaba con la edad de sesenta y dos años cumplidos, y fueron recabados como medio de prueba por la autoridad ministerial de forma espontánea al realizar la inspección del vehículo de motor marca Volkswagen, tipo Jetta, propiedad del ofendido. 7.- Respecto a las diligencias de confrontación celebradas entre el ofendido Miguel López Hernández con Carlos José Martínez e Isau Agustín Hernández, otorgó valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales y adujo que los elementos de prueba guardan estrecha relación con la diligencia de confrontación entre la víctima Miguel López Hernández y el indiciado Javier Luna Ramírez, en la cual el pasivo identifica plenamente al imputado. 8.- En torno a la probable responsabilidad del procesado, la autoridad judicial la encuadró en el numeral 9, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y sancionado en la Ley y agravado por el artículo 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), en relación con el 57 del Código Penal vigente del Estado de Oaxaca. De lo anterior, se advierte que en atención a los efectos establecidos en el fallo protector, la autoridad responsable cumplió con la sentencia concesoria del amparo; por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, asistido del licenciado Jesús Valdivieso López, secretario que autoriza y da fe. MESA AMPARO III-B
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia concesoria dictada en este juicio de amparo, sin que hiciera manifestación al respecto; por ende, este órgano de control constitucional se ocupará de resolver lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la ejecutoria, con base en las constancias que obran en el expediente y a los datos aportados por la responsable, en la que se examinará si se cumplió con la sentencia o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia dictada el once de enero de dos mil dieciséis, firmada el siete de marzo siguiente (fojas 51 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Javier Luna Ramírez, para los efectos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTOS Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Anulatorios 1.- Deje sin efecto el auto de formal prisión dictado el trece de septiembre de dos mil quince, dictado en su contra en la causa penal número 103/2015, por el delito de tentativa de secuestro agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Miguel López Hernández. Obligaciones de hacer: 2.- Dicte otro en que tomando en que se subsanen las deficiencias formales halladas ilegales. Deficiencias destacadas para subsanar que se hicieron consistir en lo siguiente: No aplicó el numeral 9, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reformado, que incrementó la pena de cincuenta a noventa años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, agravada esta última de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multas. Respecto de la denuncia del ofendido, no invocó en apoyo de sus asertos los numerales 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales del estado de Oaxaca y la ponderó como un testimonio, lo que no es acorde con la naturaleza de dicho medio de convicción. Omitió ponderar si la autoridad ministerial recabó medios para allegarse de un intérprete (perito profesional o certificado), antes de contar con uno práctico, en acatamiento a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.). Los numerales que invocó para conferir valor probatorio de indicio al parte informativo se refieren a documentos públicos por ser actuaciones del Ministerio Público, desdeñando que si fueron ratificadas adquieren el rango de una testimonial de los hechos allí descritos; por ende, debe precisar qué valor le merece ese medio de convicción acorde a la naturaleza del mismo. Omitió motivar la valoración de los dictámenes en psicología, químico, médico y fotográfico, pues no señaló cuáles fueron las operaciones y experiencias practicadas por el perito, que su ciencia o arte les sugería, los hechos o circunstancias que le sirvieron de fundamento. No dijo por qué la credencial de elector y la del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, son pruebas idóneas para acreditar la edad del pasivo. No valoró las diligencias de confrontación celebradas entre el ofendido Miguel López Hernández con Carlos José Martínez e Isau Agustín Hernández, acorde a su naturaleza y no dijo cómo perjudican al procesado las citadas diligencias, que no tuvieron verificativo en su persona. En torno a la probable responsabilidad del procesado, la autoridad judicial la encuadró en el numeral 11, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, cuando la ley aplicable acorde al numeral 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, es de diverso fuero. Determinación que causó ejecutoria el cinco abril de dos mil dieciséis (foja 87 y 88) y se requirió el cumplimiento respectivo. En cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional la autoridad responsable realizó las actuaciones siguientes: Mediante oficio número 2495 de quince de abril de este año, el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, autorizada por el Pleno para dictar sentencias, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el quince de abril del año en curso, en la causa penal 103/2015, de su índice, de la que se aprecia lo siguiente: *- Dejó insubsistente la resolución de trece de septiembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 103/2015. Y dictó una nueva determinación en la que subsanó los vicios formales que se pusieron de relieve en la sentencia concesoria del amparo; esto es, la autoridad responsable: 1.- Aplicó el numeral 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro (para privar de la libertad a otro con el propósito de obtener para sí o un tercero, rescate o cualquier beneficio económico), y sancionado (agravantes), por el artículo 10, fracción I (pena privativa de libertad de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa), inciso a). 2.- Al valorar la denuncia del ofendido, invocó en apoyo de sus asertos los numerales 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales del estado de Oaxaca y la ponderó en base a dichos numerales. 3.- Ponderó que si bien no obra constancia alguna de la que pueda advertirse que el Ministerio Público haya agotado las vías legales posibles para contar con el apoyo de un intérprete oficial o práctica, profesional o certificado, que conociera de la lengua y cultura del indicado, para que lo asistiera en esa diligencia, en virtud de que precisamente por dicha problemática compleja de contar de contar con la asistencia inmediata de peritos intérpretes de instituciones públicas o privadas, por las cuales la autoridad puede designar a un intérprete práctico. 4.- En cuanto al parte informativo otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales en vigor, al haber sido ratificado por sus suscriptores ante el agente del Ministerio Público Investigador, por ello la valoró conforme a las reglas de la prueba testimonial, toda vez que los Policías Municipales estuvieron en el lugar de la detención e investigaciones de los hechos, les consta de manera directa y no por conducto de terceras personas, ya que sus dichos fueron rendidos de manera clara y precisa sobre la forma en que acontecieron los hechos, así como por sus edades, capacidades e instrucción, puede presumirse que tienen el criterio necesario para juzgar el acto respecto del cual declararon. 5.- Motivó la valoración de los dictámenes en psicología, químico, médico y fotográfico, otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por el artículo 354, en relación con el 355, fracción I, y 356, fracción II, pues ajusta a lo prevenido por los numerales 396, 399, 400, 403 y 404, del Código de Procedimientos Penales, pues refirió las operaciones y experiencias practicadas por los peritos, que sus respectivas ciencia o arte les sugería, así como los hecho o circunstancias que les sirvieron de fundamento. 6.- En cuanto a la credencial de elector y la del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, asentó que son pruebas idóneas para acreditar la edad del pasivo, por haber sido expedidas por la autoridad facultada para ello, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, no fueron objetadas por las partes, por lo que su contenido tiene valor probatorio para acreditar lo que en ellos se contiene, los cuales resultan idóneos para demostrar que la víctima el día de los hechos contaba con la edad de sesenta y dos años cumplidos, y fueron recabados como medio de prueba por la autoridad ministerial de forma espontánea al realizar la inspección del vehículo de motor marca Volkswagen, tipo Jetta, propiedad del ofendido. 7.- Respecto a las diligencias de confrontación celebradas entre el ofendido Miguel López Hernández con Carlos José Martínez e Isau Agustín Hernández, otorgó valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales y adujo que los elementos de prueba guardan estrecha relación con la diligencia de confrontación entre la víctima Miguel López Hernández y el indiciado Javier Luna Ramírez, en la cual el pasivo identifica plenamente al imputado. 8.- En torno a la probable responsabilidad del procesado, la autoridad judicial la encuadró en el numeral 9, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y sancionado en la Ley y agravado por el artículo 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), en relación con el 57 del Código Penal vigente del Estado de Oaxaca. De lo anterior, se advierte que en atención a los efectos establecidos en el fallo protector, la autoridad responsable cumplió con la sentencia concesoria del amparo; por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, asistido del licenciado Jesús Valdivieso López, secretario que autoriza y da fe. MESA AMPARO III-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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