Javier Luis Navarro Velasco

Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
830/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Luis Navarro Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    OFICIO SE REMITE QUEJA...

  2. Principal

    .... Visto lo de cuenta, se tiene recibido el ocurso presentado por ***, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la legislación aplicable a la materia, se tiene a los ocursantes interponiendo recurso de queja contra el proveído de once de octubre del presente año, donde se desechó de plano la demanda de amparo presentada. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes, para que dentro del término de tres días señalen constancias que consideren deban enviarse al Tribunal de Alzada para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Luego, al tenor de lo establecido en el numeral 101 de la legislación invocada, una vez notificados los interesados, remítase original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en turno. En esa tesitura, en atención a lo dispuesto por el artículo 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, se habilita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Turno la consulta en forma electrónica de este sumario, con la finalidad de que obtenga acceso a las constancias que lo integran, el cual tiene el N.E.U.N.: 33593679, para la substanciación del medio de impugnación de referencia. Finalmente, para lo que a bien tenga determinar la Superioridad, en calidad de informe sobre la materia, comuníquese es cierto el acto objeto de la queja, únicamente en cuanto a la emisión del acuerdo de once de octubre del presente año. ...

  3. Principal

    notifico al quejoso *****, el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Doy Fe. .... Visto lo de cuenta, se tiene recibido el ocurso presentado por ***, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la legislación aplicable a la materia, se tiene a los ocursantes interponiendo recurso de queja contra el proveído de once de octubre del presente año, donde se desechó de plano la demanda de amparo presentada. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes, para que dentro del término de tres días señalen constancias que consideren deban enviarse al Tribunal de Alzada para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Luego, al tenor de lo establecido en el numeral 101 de la legislación invocada, una vez notificados los interesados, remítase original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en turno. En esa tesitura, en atención a lo dispuesto por el artículo 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, se habilita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Turno la consulta en forma electrónica de este sumario, con la finalidad de que obtenga acceso a las constancias que lo integran, el cual tiene el N.E.U.N.: ****, para la substanciación del medio de impugnación de referencia. Finalmente, para lo que a bien tenga determinar la Superioridad, en calidad de informe sobre la materia, comuníquese es cierto el acto objeto de la queja, únicamente en cuanto a la emisión del acuerdo de once de octubre del presente año. ...

  4. Principal

    ... Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda de amparo presentada por J****, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y otra autoridad; al efecto, fórmese expediente bajo el número 830/2023-II; asimismo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez analizado el libelo que se recepciona, se considera viable el desechamiento de plano, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. .... Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Si bien las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. ... Establecido lo anterior, es preciso señalar que, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa indicó como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN. a) De la Autoridad responsable señalada como ordenadora, Licenciado Israel Nava Rodríguez, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se reclama la resolución de fecha 9 de septiembre de 2023, contenida en el oficio 3215/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023, resolución que fue dictada en el expediente relativo a la carpeta de investigación identificada con el número 9010/2023-UTM-MTY iniciada con motivo de la denuncia presentada por la C. Alhinna Berenice Vargas García en contra de quien resulte responsable. b) De la autoridad señalada como ejecutora Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se reclama cualquier acto de aplicación o ejecución de la resolución emitida por la autoridad ordenadora, incluyendo el medio de apremio consistente en el arresto hasta por 36 horas." Señalando también en el libelo que se atiende lo siguiente: "V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad, procedo a expresar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. 1. Como lo acredito documentalmente, actualmente desempeño el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León. 2. El día 13 de septiembre de 2023 me fue notificado el oficio número 3215/2023 de fecha 12 del mismo mes y año, en mi calidad de Secretario General de Gobierno del Estado, mediante se me comunica la resolución de fecha 9 de septiembre de 2023 dictada por el Licenciado Israel Nava Rodríguez, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el expediente relativo a la carpeta de investigación identificada con el número 9010/2023-UTM-MTY iniciada con motivo de la denuncia presentada por la C. Alhinna Berenice Vargas García, en contra de quien resulte responsable; resolución señalada como acto reclamado en esta demanda de amparo. 3. Es el caso de que la citada resolución contienen una serie de apercibimientos y acciones que considero violatorias de mis prerrogativas constitucionales que más adelante precisaré. 4. Como resultado de dicha resolución reclamada, se desprenden el apercibimiento que podría dar como resultado la aplicación del medio de apremio que podría consistir en arresto por 36 horas, esto considerando la relevancia del cumplimiento de esa decisión ministerial, la cual, según la resolución reclamada, tiene por objeto la protección de inmediata e integral y del más amplio alcance a que tiene derecho la víctima del delito, en el marco de la integración e investigación de hechos con apariencia de delito, que es de orden público, así como a la calidad de los servidores públicos a quienes se obligará con esa determinación, que tienen la calidad, notoriamente conocida, de titulares de alta dirección de la Administración Pública del Estado; ello sin perjuicio de la vista que se pudiera generar a las autoridades correspondientes, para que se determinen las responsabilidades penales que en su caso procedan ante la inobservancia o incumplimiento de la medida de protección dictada, en los términos de la legislación aplicable. En el entendido de que la medida dictada tiene una vigencia de 60 días, prorrogable por 30 días más. 5. Es importante decir y considerar que el suscrito no tuvo participación ni injerencia alguna en los hechos referidos tanto en la correspondiente denuncia como en la resolución reclamada, en mi calidad de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León." En ese sentido, se destaca que la resolución de nueve de septiembre del año en curso que reclama -medidas de protección-, le fue notificada por medio del oficio 3215/2023, en el que se estableció que dicha determinación se debía comunicar a las y los titulares de diversas dependencias, siendo el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, tal como se advierte de la redacción de su proemio en el que especifica que actualmente desempeña el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, así como del acto reclamado y de la copia que acompaña de su nombramiento otorgado por el actual Gobernador del Estado. Por tanto, el acto que reclama se le atribuyó en su carácter de autoridad por el cargo que ahora desempeña esto es como Secretario General de Gobierno y no como persona física. Bajo esas circunstancias, se advierte que respecto de los actos reclamados en su demanda de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de legitimación para impugnar los actos de autoridad en mención, habida cuenta que no entrañan un menoscabo a sus derechos patrimoniales. Se explica lo anterior, dado que los artículos 5, fracción I, 6, 7 y 61, fracción XXIII de la Ley de la materia establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Lo resaltado es propio. En primer lugar, de los preceptos transcritos, se sigue, en lo que interesa, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, el cual podrá hacerse por sí, por conducto de representante legal, apoderado, o por cualquier persona cuando se lesione el interés jurídico o legítimo del gobernado. Sin embargo, la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública no gozan de protección de derechos fundamentales y, por ello, por regla general carecen de legitimación para promover el juicio de amparo, si no se encuentran en los casos de excepción, lo que es jurídicamente factible advertirlo desde el momento procesal de la emisión del auto de inicio, si se cuentan con los medios probatorios que así lo demuestren. En efecto, el artículo 7, primer párrafo, de la Ley de Amparo, limita esa prerrogativa si no se afecta el patrimonio de dichos entes de derecho público respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, en sus tres niveles de gobierno o cualquier persona moral pública, puede obrar en ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares, o bien, en un plano de igualdad con los particulares, en las que actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los particulares. Sobre el tema, conviene referir el criterio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia 128/2017 en la que determinó que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover el juicio de amparo en su carácter de autoridad, con independencia de las violaciones que aduzcan, con excepción de aquéllos casos en los que actúen como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; ambos requisitos que son concurrentes, esto es, ante la falta de cualquiera de ellos el juicio de amparo será improcedente por falta de legitimación de la autoridad quejosa. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, la excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo, debido a que, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, entonces no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, a menos que, actué como cualquier particular y en defensa de su patrimonio. Asimismo, ponderó que cuando se promueva en su carácter de autoridad, carece de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que alegue, porque el juicio de amparo, no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. .... Por tanto, el único supuesto en que los entes del Estado pueden acudir al juicio de amparo, se actualiza cuando la norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, en supuesto diverso al referido, ninguna persona moral oficial está legitimada para promover demanda de amparo, aceptar lo contrario implicaría aceptar la procedencia del juicio constitucional entre personas morales oficiales para resolver sus disputas sobre interpretación y alcance de la ley, lo cual resulta contrario a la naturaleza del juicio de amparo. También es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXXVI, página doscientos diecisiete, del rubro siguiente: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL, EN LOS JUICIOS FISCALES. La Constitución, para proteger a los individuos contra la acción del Estado, que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo. Siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión, que el Estado no goza de garantías individuales, y, por lo mismo, que no puede promover juicios de garantías. A esta regla general le ha opuesto una excepción el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que dispone: "Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame, afecte los intereses patrimoniales de aquéllas". El porqué de esta excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público, en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación, en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas por el juicio constitucional. Ahora bien, debe dictarse sobreseimiento por causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la misma Constitución, cuando el amparo sea promovido por el Ministerio Público Federal, tratándose de defender la legalidad de actos de autoridad y no intereses patrimoniales de derecho privado, pues en el caso, el juicio de oposición tiende a anular el cobro fiscal, y el hecho mismo de que el Ministerio Público se ostente como representante de la hacienda pública federal, revela que el caso cae dentro de la regla general de que se habló y no en la forma excepcional consignada en el artículo 9o. de la Ley de Amparo." .... Por esta razón, para que un ente moral oficial pueda acudir al juicio de amparo, se deben de cumplir con dos requisitos: 1. Que ocurra desprovisto de imperio, es decir, como persona moral de derecho privado. 2.- Que ocurra en defensa de bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo, y no aquéllos del dominio público. Dicho lo anterior, en esencia, el promovente Javier Luis Navarro Velasco, tanto en lo personal como en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León reclama la orden de protección decretada mediante resolución de nueve de septiembre del año en curso, por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey, dentro de la carpeta de investigación 9010/2023-UTM-MTY, así como la aplicación en su contra de los medios de apremio y su ejecución. En esta tesitura, cabe precisar que el promovente aunque concurra a solicitar el amparo por propios derechos y en lo personal, el acto que reclama se le atribuyó en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, por tanto persona moral oficial, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Amparo, sólo puede acudir al juicio de amparo, cuando la norma general, un acto u omisión afecte su patrimonio de derecho privado. Empero, en el caso no se actualizan los requisitos para que dicha autoridad pueda comparecer al juicio de amparo a defender derechos fundamentales, toda vez que no ocurre desprovista de imperio, es decir, como persona moral de derecho privado, ni acude en defensa de bienes del dominio privado, en razón que tanto de sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, adminiculado a las documentales que anexó a su escrito de demanda, se advierte que impugna los actos reclamados, como ente oficial o autoridad por virtud de las facultades y funciones de derecho público que ejerce y que afirma de dicha determinación de nueve de septiembre del año en curso, podría ser acreedora al medio de apremio consistente en arresto, en caso de incumplir con la resolución que reclama. Acto, que en opinión de la suscrita, no afecta patrimonio de derecho privado de la parte quejosa, por tanto, no puede estimarse que tenga legitimación para acudir al juicio constitucional en su carácter ente de derecho público a defender su actuar como persona moral oficial en sus funciones de derecho público, como lo pretende. Por estas razones, se estima que los actos que se reclaman, no afectan el patrimonio del ente moral oficial quejosa, ni mucho menos, la privada del ejercicio de las facultades y atribuciones que le corresponden. Por lo que, si la afectación que dice le causan los actos reclamados al accionante constitucional, no recae sobre bienes del dominio privado, no se actualiza la excepción que establece el artículo 7 de la Ley de Amparo, al no tratarse de una relación jurídica en la que se encuentre en plano de igualdad con el particular. .... Tocante al diversa petición, en el sentido que se autorice los usuarios "AsuntoJuridico" y "ArcadioMolina", a efecto de acceder el presente sumario, así como el envío de promociones vía electrónica, dado que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 36, 36, 37, 38, 39, 40 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Esto es, solicitarlo expresamente a través de una promoción al órgano jurisdiccional, así como proporcionar el nombre de usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se provee de conformidad su petición, autorizándole el uso de las facilidades del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, para que la parte quejosa tenga acceso al expediente electrónico y envié promociones a través de dichos medios. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Luego, atento a lo solicitado por la responsable, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil cuatro, téngaseles manifestado su oposición para la publicación de sus datos personales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Lo anterior, se asienta para los efectos legales a que haya lugar. ...

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