Javier Lozano Salinas

Expediente 1686/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1686/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2018

Partes del expediente

  • Javier Lozano Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Causa Estado. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintinueve de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que el proveído de mérito, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como concluido. Destrucción de expediente. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de valor jurídico.

  2. Principal

    "Se tiene por recibida la razón de imposibilidad asentada por el fedatario de la adscripción, por la cual hace constar su imposibilidad para notificar el proveído de cinco de los actuales, al quejoso **********, por conducto de su autorizado mediante vía electrónica con el usuario **********, por las razones que en ella expone. Atento a lo anterior, y en aras no de violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, comisiónese al actuario de la adscripción que en cuando se encuentre habilitado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), notifique personalmente el auto referido, el presente proveído y la determinación de quince de noviembre de la presente anualidad, al quejoso **********, por conducto de su autorizado mediante vía electrónica con el usuario **********, de conformidad con los artículos 26, fracciones 1, párrafo cuarto y II, párrafo primero, 31 fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizado vía electrónica. ..." ***************************************************************** EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO DE MANERA PERSONAL, VÍA ELECTRÓNICA, AL QUEJOSO, LOS PROVEÍDOS DE CINCO DE DICIEMBRE Y QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, QUE SUBSTANCIALMENTE REFIEREN: "Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil diecisiete. Informe justificado. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta mediante el cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y en representación del órgano jurisdiccional del trabajo al que se encuentra adscrito, rinde su informe justificado y remite copia certificada del proveído **********, emitido en el expediente laboral **********, de su índice; con ellas dese cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIECIA En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, de emitir el laudo relativo al expediente **********. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, específicamente del capítulo de antecedentes del acto reclamado, así como lo informado por la responsable, se advierte que el peticionario del amparo se duele de la dilación referida, pues menciona en su escrito inicial de demanda, que el veintiséis de junio de la presente anualidad, la Junta responsable dio por cerrada la instrucción sin que a la fecha emitiera el laudo correspondiente, por lo que excede los plazos y términos que contempla la ley. Atento a lo anterior, debe decirse que del análisis de las documentales remitidas por la oficiante, a las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, por ser documentos públicos se les concede pleno valor probatorio; se evidencia que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dio por cerrada la instrucción y turnó los autos para la elaboración del laudo respectivo, y no en el veintiséis de junio de la presente anualidad, como refiere la parte quejosa en el escrito que originó el presente sumario. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que -por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la dilación procesal del expediente **********del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, que en esencia se traduce en que, desde el **********, fecha en que se turnaron los autos para la elaboración del laudo correspondiente, no se ha emitido el laudo correspondiente; omisión que no constituye para los peticionarios del amparo una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con esa dilación procesal no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener laudo favorable al momento de resolverse el juicio laboral relativo; lo anterior, considerando que la omisión reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el juicio de origen; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la omisión reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. Además, se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación procesal o que el procedimiento se encuentre totalmente paralizado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 48/2016 (10a.))" Máxime porque los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo..." El numeral antes transcrito establece que la autoridad de trabajo tiene un término de diez días, contados a partir del cierre de la instrucción, para elaborar por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Por su parte, el numeral 886 del citado código obrero, previene: "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." Es decir, el dispositivo invocado fija un plazo de cinco días hábiles a los miembros de las Juntas, contados a partir del siguiente al en que se les haya entregado la copia del proyecto del laudo, a fin de solicitar que se practiquen diligencias para mejor proveer, mismas que deberán desahogarse en un período de ocho días. El diverso precepto 887 de la ley en consulta, establece: "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." El precepto reproducido fija un término de diez días, para la discusión y aprobación del proyecto del laudo, mismo que empezará a correr a la conclusión del plazo fijado para el desahogo de las diligencias a que se refiere el artículo anterior. Por tanto, es inconcuso que desde la fecha en que se turnaron los autos del expediente laboral referido para formular el proyecto de laudo -siete de noviembre de dos mil diecisiete- al día de la fecha, aún no transcurren los plazos previstos en los artículo 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. No se soslaya que la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral, es un acto de imposible reparación, en atención a la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." (2a./J.8/2004, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 226, Registro 182160)"; sin embargo, en el asunto que nos ocupa no ha transcurrido el plazo que establecen los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para el dictado de la resolución y así estar en posibilidad de instar el juicio de amparo, tal como quedó analizado en párrafos precedentes. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ..." **************************************************************** "Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos, se evidencia que no obra constancias de notificación a la parte quejosa del proveído de quince de noviembre de la presente anualidad, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, y en aras no de violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, notifíquese personalmente el auto referido y el presente proveído al quejoso **********, por conducto de su autorizado mediante vía electrónica con el usuario **********, de conformidad con los artículos 26, fracciones 1, párrafo cuarto y II, párrafo primero, 31 fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente al quejoso por conducto de su autorizado vía electrónica. ..."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, la comparecencia de catorce de los actuales, por la que el perito oficial en materia de identificación de inmuebles Heriberto Alvarado Castorena, ratifica en todas y cada una de sus partes el dictamen que presentó el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete en la oficialia de partes de éste órgano jurisdiccional; atento a lo anterior, téngase por presentado y debidamente ratificado el mismo, para ser tomado en consideración al momento en que tenga verificativo la audiencia constitucional. VISTA A LAS PARTES. En consecuencia, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga al respecto, apercibidos que de ser omisos, se tendrán por conformes de su contenido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado Delfino Velázquez Nava. Así lo acuerda y firma María Isabel Sánchez Ordóñez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada a la titular, quien actúa asistida de Víctor Flores Nicolás, Secretario que firma, autoriza y da fe.

  4. Principal

    EJECUTORIA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de la presente anualidad (f. 57-70), por la que se negó el amparo solicitado en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y las sentencias respectivas, asimismo, y a juicio del suscrito, por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico. CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, y conforme al punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que la medida cautelar definitiva solicitada fue concedida; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládense ambos expedientes al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo aludido, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra más de seis meses a partir de la fecha en que se actúa, procédase a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el documento de mérito. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, las constancias consistentes en: el toca de apelación 418/2017, en veinticinco fojas; expediente 1388/2016, en seiscientas cincuenta fojas; incidente de liquidación de pensiones alimenticias, relativo al expediente antes citado, en cuarenta y seis fojas; copia certificada del disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, y; copia certificada del expediente 1388/2016, en cincuenta y tres fojas; asimismo, al Juez Segundo Familiar de Toluca, ambos del Estado de México, las relativas a: copia certificada del expediente 1388/2016, en dos tomos de seiscientas veintiocho y cincuenta y tres fojas, respectivamente; y, copia certificada del incidente de liquidación de pensiones alimenticias, relativo al antes citado expediente, en cuarenta y tres fojas; solicitándoles giren instrucciones a quien corresponda para que acuse el recibo de estilo respectivo. Por lo que ve al escrito de cuenta, por el que el quejoso Félix Ramos González, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve de octubre del año en curso, el emitido en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, el cual desde este momento forma parte de éste último, exhibe el billete de depósito número N 802862, que ampara la cantidad de $448.51 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional) para que surta sus efectos la suspensión definitiva decretada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para los efectos legales conducentes y resguárdese el billete de depósito en comento en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional, previo registro en el libro correspondiente. Sin que haya lugar a tener por constituida la caución que se exhibe, toda vez que el presente asunto ha concluido y causado ejecutoria la sentencia dictada en el mismo; por tanto, queda el billete de depósito referido a disposición del quejoso, debiendo de presentarse él mismo en el local de este Juzgado con identificación oficial y vigente para su devolución, en obvio de vigilar por su seguridad, debiendo dejar en autos constancia legal de su recibo.

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