Javier Lopez Zavala
Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Javier Lopez Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. I. Recurso de revisión. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado -electrónicamente- por********************, defensor particular del quejoso ********************; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que ésta cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil veintitrés en el presente juicio; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente integrado el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el presente juicio de amparo -en el que obran agregados a fojas 82, 106 y 117 veinticuatro discos en formato versátil digital DVD-, el escrito de expresión de agravios y los cuadernos auxiliares I, II, III y IV de pruebas del presente juicio; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con diversa copia del escrito mencionado en el párrafo precedente y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Notificación al quejoso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente determinación, por conducto de su defensor particular, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran de forma electrónica, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que dicho defensor, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido e impulsar el procedimiento. Notifíquese electrónicamente al quejoso ********************, por conducto de su defensor particular; así como a las personas terceras interesadas ******************** -occisa y víctima directa del delito-, el menor de iniciales ******************** -víctima indirecta del delito e hijo de la víctima directa del delito-, ******************** -víctima indirecta del delito y madre de la víctima directa del delito-, ******************** -víctima indirecta del delito y tía de la víctima directa del delito-, ******************** -víctima indirecta del delito y hermana de la víctima directa del delito- y ******************** -víctima indirecta del delito y primo de la víctima directa del delito-, por conducto de sus asesores jurídicos ******************** y ********************; y por oficio a la autoridad responsable, a las personas fiscales terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Se ordena correrles traslado con copia autorizada del escrito de expresión de agravios -registro 18069 de 2023-, con excepción de la parte quejosa por ser la recurrente y de la tercera interesada víctima del delito, al tener acceso al expediente electrónico y, por ende, la posibilidad de descargar el documento electrónico respectivo.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 866/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Óscar Lagunes Valdivia, en su carácter de defensor particular del quejoso Javier López Zavala, por propio derecho -privado de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México-; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el dieciocho de agosto siguiente a este órgano jurisdiccional, José Óscar Lagunes Valdivia, ostentándose como defensor particular del quejoso Javier López Zavala, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra una resolución dictada por Mirian Huerta Lechuga, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y admisión. Por acuerdo dictado el veintiuno de agosto del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 866/2023; asimismo, admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable, le solicitó la constancia que acreditara la personalidad del promovente como defensor particular del quejoso dentro de la causa penal de origen y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se tuvieron y se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: ( Cecilia Monzón Pérez -occisa y víctima directa del delito-, el menor de iniciales ELM -víctima indirecta del delito e hijo de la víctima directa del delito-, Cecilia María del Carmen Pérez Menéndez -víctima indirecta del delito y madre de la víctima directa del delito-, María Gabriela Pérez Menéndez -víctima indirecta del delito y tía de la víctima directa del delito-, Helena Monzón Pérez -víctima indirecta del delito y hermana de la víctima directa del delito- y Aharehel Pérez Lavín -víctima indirecta del delito y primo de la víctima directa del delito-, emplazados por conducto de sus asesores jurídicos Tirso Javier de la Torre Sánchez y Minerva Sánchez Castillo; de los cuales, el primero, mediante escritos presentados el treinta y uno de agosto y once de septiembre, ambos de la presente anualidad, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se apersonó al presente juicio de amparo y, entre otras cuestiones, solicitó la tramitación del presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", lo que se acordó favorable en proveído de trece de septiembre de este año; ( Mónica Díaz Carvajal, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla -interviniente en la causa penal de origen y en la audiencia en donde se emitió el acto reclamado-; ( Tonatiuh Gutiérrez Sánchez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla -interviniente en la causa penal de origen y en la audiencia en donde se emitió el acto reclamado-; y, ( Francisco Javier González Méndez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla -interviniente en la causa penal de origen y en la audiencia en donde se emitió el acto reclamado-. Cuarto. Personalidad del promovente y cita para audiencia. En auto de treinta de octubre del actual, se tuvo por reconocida la personalidad de José Óscar Lagunes Valdivia como defensor particular del quejoso Javier López Zavala dentro de la causa penal 233/2022/CHOLULA y su acumulado 235/2022/CHOLULA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo; de igual forma, se fijaron las nueve horas con cincuenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues la resolución reclamada -que se atribuye a una autoridad jurisdiccional de esa materia (penal)-, se emitió en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción; aunado a que únicamente tiene efectos declarativos (no ejecutivos), de ahí que surte la hipótesis de competencia prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que José Óscar Lagunes Valdivia, en su carácter de defensor particular del quejoso Javier López Zavala, reclama lo siguiente: ( La resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés (primera audiencia de etapa intermedia), dentro de la causa penal 233/2022/CHOLULA y su acumulada 235/2022/CHOLULA, en donde la jueza de control responsable, previo debate, resolvió que era infundado el alegato defensivo relativo a que la fiscalía había variado el cuadro fáctico de la acusación en relación con su representado. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el promovente atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Mirian Huerta Lechuga, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Acepta. 80 y 81. Tabla única. La citada autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en las audiencias contenidas en los 24 discos en formato versátil digital (DVD) y en la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la causa penal 233/2022/CHOLULA y su acumulada 235/2022/CHOLULA , las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y criterios aplicados. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva la resolución reclamada, se tramita conforme al sistema de justicia penal acusatorio, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de acusado en el procedimiento penal de origen. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que la persona juzgadora de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio respecto del acto ahora reclamado. Este juzgador considera, como también lo alegó Minerva Sánchez Castillo, asesora jurídica victimal de la parte tercera interesada víctima del delito, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución ahora reclamada, en la que se declaró infundado el alegato defensivo que denunció una variación del cuadro fáctico de la acusación, dictada en audiencia intermedia, no es de imposible reparación, esto es, no afecta materialmente derechos fundamentales del ahora quejoso. Para justificar esta conclusión, este juzgador abordará los siguientes temas: i) concepto de actos de imposible reparación; ii) los principios de continuidad y concentración en el sistema penal acusatorio y lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 7955/2019; iii) lo resuelto por dicho Tribunal Constitucional en las contradicciones de tesis 167/2020 y 6/2021; y, iv) caso concreto. Concepto de actos de imposible reparación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que, tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra los que tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esta postura, fue definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, al interpretar el nuevo texto de la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, en la que determinó que una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con este novedoso texto, porque uno de los requisitos que caracterizaban a los actos irreparables era la afectación que producían a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identificaba era la naturaleza "material" de la lesión que producían, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva que el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimían los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora bien, cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Esto se logra si el acto puede generar de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que, por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. Los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso por regla general escapan de la calificación de "actos de imposible reparación". El propósito de dichos actos -al formar parte del derecho adjetivo- es dar operatividad y asegurar la observancia de los derechos sustantivos de las personas gobernadas, tarea que se cumple con la intervención del Estado a través de la herramienta llamada proceso penal. Así, si ese tipo de derechos son violados, ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental. Vista de esa manera, la materialización de la violación en los derechos sustantivos de la persona imputada podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva y no antes; por el contrario, los actos que implican cargas a las personas gobernadas dentro del proceso penal, cuyos efectos se sintetizan de manera inminente en un derecho sustantivo, representan "actos de imposible reparación". Para una mejor comprensión de la distinción previamente descrita, resulta ilustrativo traer a colación ejemplos de actos dentro del procedimiento penal que han sido considerados en el plano del juicio de amparo indirecto como actos de "imposible reparación" y otros en el plano de un procedimiento distinto que constituyen herramientas para la formación de resoluciones posteriores que entonces sí determinarán su trascendencia en la esfera jurídica de las personas imputadas. Respecto a los primeros (actos considerados como de "imposible reparación"), la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 168/2016, conoció de un acto generado dentro del procedimiento penal, que con un grado de certeza inminente, trastocaba un derecho fundamental de la parte quejosa, sin posibilidad de ser enmendado posteriormente y que, por tanto, existía en el plano del juicio de amparo indirecto. Ahí resolvió que "la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable". Por cuanto al segundo tipo de actos (actos considerados como de "posible reparación"), la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 237/2019, conoció de un acto en contra del cual no es procedente el juicio de amparo indirecto, por considerar que sus efectos no son materializables de manera inmediata, pues éstos dependen de que lo resuelto llegue a trascender al resultado del fallo. El acto del cual conoció fue del incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Al respecto señaló que la improcedencia del amparo indirecto "adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido [.]". Otra métrica que coadyuva para determinar la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos de imposible reparación, en el contexto del proceso penal acusatorio, lo es la posible afectación a los principios de continuidad y concentración que lo rigen, como se verá a continuación. Los principios de continuidad y concentración en el sistema penal acusatorio y lo resuelto en el amparo directo en revisión 7955/2019 de la Primera Sala de la SJCN. Un proceso penal acusatorio tiene como tarea definitoria guardar el equilibrio entre eficacia y garantismo. Equilibrio que si se comprende mal, y se nivela hacia un lado, por ejemplo, al extremo garantista, se vuelve un sistema torpe, ineficaz y aletargado, pues la excesiva protección impide que el proceso funcione de manera adecuada (ágilmente). Por el contrario, un sistema que se incline al lado eficaz deja en estado de incertidumbre la fuerza y veracidad del resultado del proceso penal, y desprotege de sobremanera los derechos fundamentales de las personas En ese sentido, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. Por su parte, el principio de concentración o de economía procesal, ordena que el proceso se abrevie en el menor número de audiencias posibles, que esas audiencias no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva en días consecutivos. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es por regla general la exclusión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido. Por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. Ahora bien, en dicho amparo directo en revisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que como es propio de cualquier precedente novedoso de importancia, los primeros años de vida del diverso amparo directo en revisión 669/2015 demostraban que era necesario terminar de explorar sus alcances y aclarar sus condiciones de aplicación. Esto condujo a dicho Tribunal Constitucional a afirmar que si una violación procesal se origina en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, pero sus efectos perduran por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio sometido al escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo. Dicha afirmación, se dijo, encontraba justificación en la necesidad de aclarar los límites de la doctrina sobre el cierre de etapas procesales; la cual, surgía al reconocer un hecho innegable: en ocasiones, ciertas violaciones procesales, ocurridas en fases previas a la audiencia de juicio oral, impactan de manera continua en las etapas sucesivas del proceso penal y se ponen en evidencia de manera cabal hasta ese momento. Cuando eso ocurre, se señaló, tales violaciones deben entenderse susceptibles de discusión y refutación en la audiencia de juicio oral, escenario único que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizan para el libre intercambio de argumentos entre las partes en confronta. Es en este momento cuando, por primera vez, ellas están en condiciones de realmente argumentar sustancialmente su teoría del caso. Si algo caracteriza al sistema acusatorio, se recalcó, es precisamente esta oportunidad única de contienda abierta, de exposición argumentativa, de crítica recíproca, siempre expuesta a la luz pública. Se dijo que reconocer las finalidades que persigue esta particular forma de interacción oral y pública entre las partes, deja claro por qué la información que fluye de la misma (a propósito de los interrogatorios y contrainterrogatorios que deben poderse formular) siempre es capaz de arrojar luz sobre la obtención de los medios de prueba -sobre todo si éstos son tildados inválidos por devenir de violaciones procesales-. Al respecto, se indicó que la audiencia oral no tendría cualidades epistémicas (es decir, no permitiría conocer la verdad) si no admitiera a las partes exhibir con amplitud y flexibilidad argumentos dirigidos a evidenciar alguna forma de indefensión durante el proceso. Por ello, se estimó que ciertos aspectos sobre lo ocurrido en fases preliminares admiten, por lógica, ser introducidos al debate de la audiencia, lo cual surge con motivo de la información que los órganos de prueba producen y que, por tanto, da pie a interrogatorios o contrainterrogatorios encaminados a proveer al Tribunal de Enjuiciamiento de elementos para dilucidar si la prueba fue obtenida lícitamente. En ese sentido, la Primera Sala entendió que era legítimo el propósito del legislador al permitir, en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo, que en amparo directo se estudiaran violaciones originadas en etapas previas a la de juicio oral. Sin embargo, precisó que las fracciones respectivas debían ser interpretadas en el sentido de que tales violaciones pueden ser materia de análisis siempre y cuando sean motivo de debate, por virtud de que alguno de los sujetos intervinientes en la audiencia de juicio oral incorpore información al respecto y, por tanto, eso genere contradicción entre las partes. En efecto, se señaló que dicha disposición legal debe tener plena eficacia pero siempre precisándose su correcto alcance. Considerando que los efectos y las consecuencias de ciertas violaciones ocurridas en fases preliminares naturalmente admiten ser enlazadas con los argumentos centrales de las partes y que éstos sólo pueden manifestarse de manera problematizada y acabada en la etapa de juicio oral, se indicó que se debía reconocer lo siguiente: a) La posibilidad de introducir alegatos sobre violaciones procesales suscitadas en fases previas no sólo está permitida, sino que es perfectamente connatural a la lógica de todo sistema acusatorio que genuinamente aspire a colmar el principio contradictorio; y, b) Cuando eso ocurra, esto es, cuando la valoración probatoria discutida en la audiencia de juicio oral se relacione con argumentos sobre violaciones cometidas en etapas previas, entonces, ese debate y la determinación judicial tomada al respecto, válidamente podrán integrar la materia de análisis en el juicio del amparo directo. Así, se dijo, se mantenía la conclusión alcanzada en el amparo directo en revisión 669/2015, en el sentido de que en amparo directo sólo puede ser objeto de revisión una violación que se materializa durante la tramitación de la etapa de juicio oral. Sin embargo, se aclaró que se debía entender que esa posibilidad de materialización no impedía que la violación se hubiere originado en fases previas, pues una infracción procesal podía ocurrir en fase de investigación o en etapa intermedia, y aun así sólo alcanzar la posibilidad de ser materia real de debate hasta la etapa de juicio oral. Cuando se dan estas condiciones, se estimó que la persona juzgadora de amparo no buscaba una calificación de invalidez o validez en sus propios méritos, sino analizar si la ilicitud de cierto acto tuvo un impacto en el material probatorio exhibido y argumentado por las partes. Ésta es, se mencionó, la representación más lógica y natural de una violación que ha trascendido al resultado del fallo -fórmula que siempre ha definido la materia de un juicio de amparo directo-. En relación con lo anterior, la Primera Sala también determinó que la posibilidad de analizar en amparo directo las violaciones procesales contenidas en el citado artículo 173, apartado B, de la ley de la materia, cuando se ponen de manifiesto sólo como consecuencia del debate acontecido en la audiencia de juicio oral, no debe entenderse como una forma de intromisión en el actuar de las juzgadoras o los juzgadores que intervinieron durante una etapa anterior. En efecto, se refirió que, como se había sostenido en aludido el amparo directo en revisión 669/2015, la organización del modelo acusatorio por etapas tiene una racionalidad específica: busca que cada una de ellas cumpla una función de depuración respecto a la subsecuente, de tal forma que el juicio fluya dinámicamente, de manera continua, sin tropiezos constantes que requieran reponer el proceso una y otra vez hasta las primeras fases. Sin embargo, se precisó que ello no significaba que la doctrina de cierre de etapas haya buscado generar compuertas perfectamente herméticas que siempre impidan, en términos categóricos, debatir sobre lo sucedido en etapas preliminares, especialmente si lo acontecido ahí es relevante para la demostración de la argumentación integral del caso. Entonces, se señaló que la introducción de ese debate es perfectamente posible y connatural a la lógica del sistema acusatorio, siempre que el punto a dilucidar verse sobre el camino de la prueba y demuestre ser relevante para la teoría del caso que se pretende argumentar. Además, no se soslayó que, idealmente, es la persona juzgadora de control quien opera como garantía orgánica o principal guardián de derechos en las primeras fases del proceso penal y quien debe decidir razonadamente qué pruebas merecen ser admitidas a juicio. Su misión es depurar y preparar el juicio para que, llegada la fase protagónica del proceso, el debate pueda fluir y no quedar entorpecido. Sin embargo, se mencionó que ese objetivo de ninguna manera puede obstruir la posibilidad de que la dinámica de la audiencia genere debate sobre la obtención de los medios de prueba que atañen a etapas previas y que se vinculan con el argumento global de las partes. Esto obedece, se reiteró, a que resulta perfectamente normal que en la audiencia de juicio oral surjan planteamientos de carácter constitucional, pues -por la manera en que los principios de debido proceso irradian en las instancias ordinarias- el material probatorio siempre admite ser cuestionado a partir de argumentos sobre ilicitud de la prueba por violaciones a derechos humanos. Contradicción de tesis 167/2020 y 6/2021 de la Primera Sala de la SCJN. En dichos precedentes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, respectivamente, que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo (aquí analizada), cuando se impugne la admisión o la exclusión de medios de prueba y que por tratarse de una regla general, no era absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Arribó a esa conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el citado artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, señaló que para verificar la actualización del parámetro legal tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba o de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto, pues, precisó, si bien ambos juicios guardan puntos de toque inevitables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, indicó que deben ser entendidos el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba o que no las incluye o el acto que simplemente las excluye. En efecto, señaló que esos actos son de índole adjetiva -intraprocesal- que sirven como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva, o bien, como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Aspectos que, precisó, ya están protegidos de manera sustancial por la institución de la persona juzgadora de control y que de ser detenidos por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, refirió que debía tomarse en cuenta que cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la persona quejosa; lo mismo con la exclusión probatoria, ya sea porque existe otro medio que pruebe el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien, porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, determinó que una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión o en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (por ejemplo, los de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, entre otros), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, porque, indicó, efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, aclaró que existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión o la exclusión de pruebas constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas a la persona imputada, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí sería procedente. De ahí que, concluyó que cuando se presente un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Caso concreto. Sobre la base de la doctrina emitida por la Suprema Corte respecto a las características que deben guardar los actos de "imposible reparación" y teniendo en consideración la diferencia de planos de protección del juicio de amparo y del proceso penal, resulta claro que se debe realizar un ejercicio hermenéutico para verificar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Este ejercicio de verificación aplicado al caso concreto, es decir, para poder determinar si es un "acto de imposible reparación" la resolución que declara infundado el alegato defensivo que denuncia una variación del cuadro fáctico de la acusación escrita en audiencia intermedia, debe comprender los siguientes requisitos: i) Que exista en el plano de protección constitucional, es decir, que el acto pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, ii) Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Ahora bien, siguiendo la línea argumentativa relacionada con el paralelismo entre el juicio de amparo y el proceso penal acusatorio, es evidente que el ejercicio hermenéutico de verificación para determinar la procedencia del juicio constitucional, debe ser realizado a la luz de los principios, características, e instituciones definitorias del proceso penal acusatorio. En ese contexto, el proceso penal acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento. Asimismo, son datos que, con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por la jueza o el juez de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante la persona juzgadora de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Esta etapa regulada en el Libro Segundo, Título VII, Capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como propósito esencial, en estricto sentido, depurar los hechos sujetos a debate y determinar cuáles son los trascendentales que constituirán el contenido de la litis. Situación que necesariamente conlleva la depuración legal de los elementos para configurar prueba en juicio oral, cuya admisión o exclusión esté basada en los principios de licitud, idoneidad, utilidad y trascendencia. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Ésta, de conformidad con el artículo 348 del código nacional, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del tribunal de enjuiciamiento, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso en la que la persona juzgadora valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. Es posible advertir que cada una de las etapas cumple con un objetivo dentro del proceso penal y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, la acusación, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado. El acto procesal de los alegatos de apertura es en esencia el planteamiento de la teoría del caso, donde las partes despliegan sus hipótesis y anuncian los medios de prueba con los que pretenden acreditar lo afirmado. Esta es la primera ocasión en la cual las partes pueden sostener el ángulo sobre el cual pretenden que el órgano jurisdiccional analice las pruebas que serán desahogadas con posterioridad. Por tanto, las partes podrán desahogar pruebas, siempre con base en los principios de oralidad, inmediación y contradicción; con las características esenciales de cada tipo de pruebas. Finalmente, tienen oportunidad de generar sus alegatos de clausura, los cuales se concentran, de manera general, en narrar lo ocurrido (hechos imputados), en decir por qué ocurrió de esa manera, en explicar la forma de cómo se corroboró la versión de lo ocurrido y, por último, en desarrollar el análisis jurídico que debe aplicarse al caso concreto. A lo largo del proceso previamente desarrollado, y de manera conclusiva en la deliberación jurisdiccional, el tribunal de juicio oral debe valorar las pruebas en particular, y el plexo probatorio en general de manera libre, con las limitantes intrínsecas y extrínsecas de las reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica, es decir, de conformidad con el mandato constitucional de valoración probatoria: la sana crítica. En ese sentido, el órgano jurisdiccional debe asignar el valor correspondiente a cada una de las pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Lo anterior, para verificar si se cumple o no el estándar de condena requerido, a saber, la plena convicción de la responsabilidad más allá de toda duda razonable. De esa manera es posible comprender que, por regla general, la decisión jurisdiccional que se tome respecto a algún alegato impugnativo en relación con la acusación en audiencia intermedia, dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre ésta aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberación que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria en la etapa de juicio oral que se afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre el cúmulo probatorio para decidir si la materia de la acusación se probó o no. Como se apuntó, cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Esto se logra si el acto puede generar de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que, por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. Los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso por regla general escapan de la calificación de "actos de imposible reparación". Así, si ese tipo de derechos son violados, ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental; de modo que, la materialización de la violación en los derechos sustantivos de la persona imputada podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva y no antes. Entonces, al ser los actos de imposible reparación aquéllos que implican cargas a las personas dentro del proceso penal cuyos efectos se sintetizan de manera inminente en un derecho sustantivo, la resolución aquí reclamada no entra en esa categoría, ya que con su sola emisión no afecta, de forma presente y actual, derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del ahora quejoso, en su calidad de acusado dentro de la causa de origen. Por el contario, se encuentra íntimamente relacionada con los actos procesales que dan continuación al proceso y su afectación dependerá de lo que se resuelva en definitiva en el controvertido penal. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la analizada contradicción de tesis 6/2021, en específico en los párrafos 88, 108 y 109 de la ejecutoria respectiva, consideró lo siguiente: "(.) 88. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica de imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral, y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. (.) 108. En razón de lo anterior, es importante hacer notar que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto posteriormente, en la siguiente etapa. 109. En esa línea argumentativa, el hecho de que el debate sobre la exclusión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio oral, no implica que este sea un "acto de imposible reparación", pues como ha quedado constatado, esa calificativa depende de que pueda afectar materialmente derechos sustantivos. (.)" Esto es, aclaró que el auto de apertura a juicio no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica de la persona imputada, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral, y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Además, destacó que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto posteriormente en la siguiente etapa; por lo que, en esa línea argumentativa, señaló que el hecho de que el debate sobre la exclusión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio oral, no implica que sea un "acto de imposible reparación", pues, dijo, esa calificativa depende de que pueda afectar derechos sustantivos. De ahí que, el hecho de que en la causa penal de origen se haya emitido el auto de apertura a juicio al culminar el desahogo de la audiencia intermedia, no significa que la resolución reclamada se convierta o se trate de en un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Lo anterior, tomando en consideración lo visto en el amparo directo en revisión 7955/2019, en donde, en esencia, se estableció que la parte quejosa no queda en estado de indefensión en ese supuesto (cierre de etapa con el dictado del auto de apertura a juicio), pues puede hacer valer cualquier violación procesal ocurrida en etapas previas a la de juicio oral, cuando se pone de manifiesto sólo como consecuencia del debate acontecido en la audiencia de juicio. En ese tenor, si bien la resolución ahora reclamada, que declaró infundado el alegato defensivo que denuncia una variación del cuadro fáctico de la acusación escrita en audiencia intermedia, pudo repercutir en todo lo decidido en la audiencia intermedia sobre todo en lo relacionado con la admisión de medios de prueba para efecto de verificar su conducencia o no respecto del hecho materia de la acusación -que como ya se vio esta admisión, por regla general, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto-, así como en el desarrollo del juicio; también es cierto que: ( La decisión reclamada reside en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios de continuidad y concentración del proceso penal acusatorio, que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. ( En la etapa de juicio oral se podrá plantear dicha variación en la acusación y enmendarse en ese momento y, en su caso, como violación procesal en un juicio de amparo directo la decisión que adopte al respecto el tribunal de enjuiciamiento, en términos del artículo 173, Apartado B, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez la resolución reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso sino solo reside en un plano adjetivo cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo. Atento a lo considerado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra del aludido acto, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de 10 de junio de 2011- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Integración al expediente físico. La presente resolución se integra al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la sentencia definitiva, dictada en audiencia constitucional. Octavo. Notificación al quejoso. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente determinación, por conducto de su defensor particular, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran de forma electrónica, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que dicho defensor, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 62, 63, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 866/2023, promovido por José Óscar Lagunes Valdivia, en su carácter de defensor particular del quejoso Javier López Zavala, contra el acto, autoridad y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero, Apartado A, y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando antepenúltimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso Javier López Zavala, por conducto de su defensor particular; por lista a las personas terceras interesadas Cecilia Monzón Pérez -occisa y víctima directa del delito-, el menor de iniciales ELM -víctima indirecta del delito e hijo de la víctima directa del delito-, Cecilia María del Carmen Pérez Menéndez -víctima indirecta del delito y madre de la víctima directa del delito-, María Gabriela Pérez Menéndez -víctima indirecta del delito y tía de la víctima directa del delito-, Helena Monzón Pérez -víctima indirecta del delito y hermana de la víctima directa del delito- y Aharehel Pérez Lavín -víctima indirecta del delito y primo de la víctima directa del delito-, por conducto de sus asesores jurídicos Tirso Javier de la Torre Sánchez y Minerva Sánchez Castillo; por oficio a la autoridad responsable, a las personas fiscales terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************I. Estado de autos.********************De acuerdo al estado procesal y a la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante circular 28/2023 suscrita por el magistrado ********************, Secretario Ejecutivo del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2023 el referido Pleno determinó: ********************i) Declarar inhábiles del 19 al 24 de octubre de 2023, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas;********************ii) Declarar inhábiles, de manera retroactiva, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2023, bajo el entendido de que subsistiría la validez de aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado; y,********************iii) A efecto de garantizar el acceso a la justicia, mantener la operatividad de los órganos jurisdiccionales respecto a los casos urgentes previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, aquellos supuestos que en materia de suspensión requirieran intervención inmediata, los contemplados en el numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y los recursos de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, derivados de juicios de amparo que se consideren como urgentes.********************Asimismo, mediante circular 29/2023 suscrita por el referido Secretario Ejecutivo, se comunicó que, con motivo de la continuación de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2023 el mencionado Pleno determinó que las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su facultad prevista en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, debían preservar el principio de continuidad de la función que exige la prestación regular de la función pública encomendada por la Constitución.********************Sin embargo, el Pleno también decidió que, dadas las condiciones que prevalecían en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, las cuales, dijo, debían analizarse atendiendo a su particular situación, dichos titulares podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, debían suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad para atender casos urgentes en términos de las circulares SGP/02/2023 y 28/2023; con la precisión de que se tomaría conocimiento de la decisión de los titulares, sin afectación para quienes siguieran ejerciendo su derecho a manifestarse, y en el entendido que los accesos a los edificios debían permanecer abiertos para quienes desearan retomar sus actividades cotidianas a partir del 25 de octubre de 2023.********************En atención a la descrita circular y a que el Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, se mantuvo cerrado por la continuidad de dichas manifestaciones los días 25, 26 y 27 de octubre de 2023, el suscrito juzgador declaró inhábiles pero laborales las indicadas fechas, precisando que no correrían los términos procesales.********************Circunstancias por las cuales se imposibilitó la prosecución del trámite del presente juicio del período del 16 al 29 de octubre de 2023 y la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, o en su caso, el dictado del acuerdo relativo al diferimiento correspondiente; pero al haber cesado, se acuerda en esta fecha lo pendiente.********************En tales condiciones, se reprograma la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************II. Personalidad.********************Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha realizado pronunciamiento alguno respecto de la personalidad del promovente del amparo, quien se ostentó como defensor particular del ahora quejoso, ni de las personas asesoras jurídicas victimales, a través de los cuales fue emplazada la parte tercera interesada -parte ofendida dentro del procedimiento penal de origen-.********************En ese sentido, debe decirse que la personalidad de ******************** como defensor particular del quejoso ******************** y la personalidad de ******************** y de ******************** como asesores jurídicos victimales de la parte tercera interesada víctima del delito, se acredita de conformidad con los artículos 6, 11 y 14 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de los diversos registros escritos de la causa penal ******************** y su acumulado ******************** y con los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la referida causa penal, documentales, por ser públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.********************En efecto, de estas documentales se advierte que dichas personas profesionistas aceptaron y protestaron el cargo conferido en favor de sus representados y que, además, actuaron en diversas audiencias en beneficio de éstos. Lo que se hace valer para los efectos legales procedentes.********************III. Escrito de cuenta.********************Agréguese a los presentes autos el escrito signado -electrónicamente- por ********************, defensor particular del quejoso ********************; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente.********************Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional.********************Igualmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y las documentales que aporta de forma electrónica; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno.********************No obstante lo anterior, hágase saber al promovente que únicamente serán tomados en consideración aquellos medios probatorios que prueben la existencia del acto reclamado, que desestimen o actualicen alguna causal de improcedencia y que hayan sido ofrecidos ante la jueza de control, cuenta habida que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable; consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando la parte quejosa no haya podido hacerlo ante la responsable; y, además, dispone una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.********************En ese sentido, de tomar en cuenta las pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas la jueza de control al dictar la resolución reclamada, vulneraría tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que la persona juzgadora penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación); y, requerirían ser desahogadas ante un tribunal diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio.********************En diverso sentido, debe agregarse que las documentales aportadas de forma electrónica no pierden su valor probatorio por el hecho de que no se hayan presentado físicamente, de conformidad con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo en revisión 307/2020.********************En efecto, dicho Alto Tribunal determinó que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento como si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio.********************Arribó a dicha conclusión porque que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, tuvo que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, la persona juzgadora deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. ********************Asimismo, agregó que, de manera excepcional y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado.********************IV. Notificación al quejoso.********************Finalmente, con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente determinación, por conducto de su defensor particular, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica.********************No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran de forma electrónica, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que dicho defensor, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión.********************V. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación dada su trascendencia.********************Notifíquese electrónicamente al quejoso ********************, por conducto de su defensor particular; así como a las personas terceras interesadas ******************** -occisa y víctima directa del delito-, el menor de iniciales ******************** -víctima indirecta del delito e hijo de la víctima directa del delito-, ******************** -víctima indirecta del delito y madre de la víctima directa del delito-, ******************** -víctima indirecta del delito y tía de la víctima directa del delito-, ******************** -víctima indirecta del delito y hermana de la víctima directa del delito- y ******************** -víctima indirecta del delito y primo de la víctima directa del delito-, por conducto de sus asesores jurídicos ******************** y ********************; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Agréguese a los autos el oficio 4869/2023/JC de la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, Mirian Huerta Lechuga, por medio da cumplimiento al proveído de dieciocho de septiembre del año en curso y remite nuevamente las grabaciones de las audiencias de reclamadas que le fueron devueltas. PRUEBAS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a los dos discos versátiles digitales remitidos no es necesaria su reproducción en audiencia pública, pues se desahoga por sí mismas al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." DIGITALIZACIÓN. De conformidad a lo establecido por los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, existe imposibilidad material y jurídica para la digitalización e integración de las documentales referidas en el expediente electrónico, dado el cifrado de los DVDS, por lo que se ponen a la vista de las partes para su consulta en el local de este juzgado. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar oportunidad a lo anterior y a que transcurra el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo primero del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes puedan imponerse de las presentes actuaciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
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