Javier Lopez Zavala

Expediente 942/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
942/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Javier Lopez Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.*Recurso de queja Agréguese a los presentes autos el escrito de ********************quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, recibido por medio digital, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica (FIREL), lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica.********************Visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley en cita, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar la demanda de amparo promovida por ********************como defensor particular del quejoso ********************, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y otra autoridad.********************Ahora bien, en virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes, como lo prevé el numeral 101 de la ley de la materia; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en Turno, el informe justificado sobre la materia de la queja, al cual deberán anexarse el recurso por duplicado y los autos originales del presente expediente de amparo.********************Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.********************Se ordena hacer disponible expediente electrónico********************Finalmente, en atención a la circular CAR02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comisiónese a la Analista Jurídico SISE, para que proceda a realizar la autorización de este expediente para que pueda consultarse por otros órganos el Sistema de Seguimiento de Expedientes, ello a efecto de que el tribunal de alzada tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *********, quien se ostenta como defensor particular de ********, contra los actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, sede San Andrés Cholula, Puebla y otra autoridad. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 942/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama a la responsable lo siguiente: "Lo constituye las audiencias desahogadas los días veintiocho y treinta y uno de julio, quince al diecinueve de agosto, todos de dos mil veintitrés, mediante las cuales la Juez responsable ordenadora **********, jueza de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la región Judicial centro poniente, sede San Andrés Cholula Puebla, resolvió no excluir infundada e inmotivadamente los medios de prueba solicitados por esta defensa violentado el derecho sustantivo que le asiste al imputado hoy acusado, durante todo el proceso acorde al Amparo Directo 9/2008, pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende admitiendo en su totalidad los medios de prueba propuestos en el escrito de acumulación de causas *********, ofertadas con fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante oficio *****, por el Agente del Ministerio Publico, Abogado *****, infundada e inmotivadamente, pese a que en términos del artículo 346 fracción I, inciso A, devienen sobre abundantes, inciso B, impertinentes, inciso C, innecesarias, 346 fracción II, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales y fracción IV, por ser aquella que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo, como en adelante quedará establecido, y que finalizó con el dictado del auto de apertura a juicio oral pronunciado con fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintitrés y notificado formalmente por escrito a través de los medios electrónicos el día lunes veintiocho de agosto del año dos mil veintitrés." Esto es, el quejoso reclama la parte conducente de la resolución de audiencia intermedia de diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la causa penal ******** de su índice, a través de la cual la jueza responsable dictó auto de apertura de juicio oral, admitió todos los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía especializada en la investigación de feminicidios, mediante oficio *** y, por ende, no excluyo los solicitados por su defensa bajo los argumentos de que algunos son impertinentes, innecesarias, y otros se obtuvieron con violación a derechos fundamentales. En vista de lo anterior, el suscrito considera que se patentiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable, respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica, de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 2000, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en lo casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En el caso, como se destacó, el quejoso reclama, sustancialmente la admisión de la totalidad de los medios de pruebas ofrecidos por el Fiscal especializado que indica, sin excluir algunos de ellos, atento a que, según se narra en la demanda, existen acuerdos probatorios celebrados por las partes respecto a diversos enunciados fácticos; por lo cual los medios de prueba relacionados con tales acuerdos resultan innecesarios; con relación a otros, porque son sobre abundantes, ya que lo que se pretende acreditar con ellos se obtiene con el desahogo de otros medios de prueba; otros, al ser impertinentes, ya que el objeto para las que fueron ofertadas no justifican el hecho; unos más, al obtenerse con violación de derechos humanos, como es la diligencia de cateo y la inspección ministerial realizada con posterioridad al mismo (sobre lo cual se relata que en cuanto al cateo se promovió una incidencia previa para destacar su ilicitud, saneándose la posible violación existente -identificación de los testigos en el cateo-), de ahí que debieron excluirse diversos testimonios, documentos, periciales, evidencias materiales, el indicado cateo y la inspección ministerial posterior a este en el domicilio cateado. Sin embargo, la actuación de la jueza no genera una afectación irreparable, en virtud de que la admisión de los medios de prueba que indica el quejoso -tema relacionado estrechamente con la inexclusión de algunos de ellos en el auto de apertura a juicio oral, por sí mismo no repercute negativamente en su esfera jurídica, en la medida que la sola admisión de aquellos no implica su desahogo, y tal circunstancia en caso de ocurrir, está supeditada a la argumentación que pueda efectuar su defensa y la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral, ello en audiencia de juicio, quien en uso de su arbitrio judicial podrá determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. Ello tomando en consideración que el juez o tribunal oral al dictar sentencia, tendrá la facultad de analizar si alguna de las pruebas en presencia de las partes, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, basándose en su desahogo, atendiendo la información que el órgano de prueba aporte, es decir, que le permitan advertir si lo que se puso en su conocimiento tuvo un origen ilícito, o porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación a derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016, en cuya parte medular expuso: ".En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. (.)" Así como la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023589 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 6/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. De ahí que se concluya, que el acto reclamado en esta instancia constitucional no sea un acto de imposible reparación; por lo que se debe desechar la demanda de amparo, máxime que de lo relatado por el quejoso no se advierte que se actualice una hipótesis de excepción, esto es, que la admisión de alguna de las pruebas implique una carga injustificada al quejoso -como sería, por ejemplo, una prueba pericial en genética molecular-, de manera que al inadvertir un supuesto que implique que de manera inmediata se trastoque un derecho humano del quejoso, la admisión de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, por parte de la jueza responsable y, la inexclusión de las referidas por la defensa del quejoso, continúa en un plano meramente adjetivo, por ende, sujetas a su desahogo y, en tal supuesto, su valoración en una etapa posterior del proceso, de manera que solo de obtener un fallo desfavorable, el quejoso estará en condiciones de controvertir las afectaciones que ello puede llegar a generarle, pues bien puede ocurrir que a pesar de que se desahoguen, su valoración no le sea adversa. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADO Se tiene por autorizada a la persona que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario jooslava, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. DENEGACIÓN A TENER POR SEÑALADO CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Sin que haya lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese electrónicamente a través del usuario proporcionado.

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