Javier Lopez Castro

Expediente 1423/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 46 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1423/2017
Año
2017
Actuaciones
46
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Javier Lopez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, a pesar de haber sido notificada de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En tal virtud, en la resolución dictada por este Juzgado, terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil dieciocho, en su primer y segundo puntos resolutivos, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Javier López Castro; para los siguientes efectos: "Deje sin efectos el Decreto número mil novecientos ochenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" el nueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que se concede pensión por invalidez a Javier López Castro. Emita uno nuevo en el que determine la pensión por invalidez a favor del quejoso sin aplicar el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (prescripción), otorgándola a partir del veintiuno de abril de dos mil ocho, fecha en que el Instituto Mexicano del Seguro Social expidió el "DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DE DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO", reconociéndole el setenta por ciento (70%) de incapacidad parcial permanente. Establezca como base para el cálculo de la pensión mensual, el salario que el quejoso devengó en el año dos mil uno, a razón de $3,856.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), incrementándolo cada año desde dos mil uno hasta la fecha del otorgamiento de la pensión, conforme al aumento anual al salario mínimo general, y el resultado, a su vez, multiplicarlo por el setenta por ciento (70%)." Inconforme con lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil dieciocho, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el expediente 541/2018. En ese sentido, mediante testimonio de la ejecutoria de amparo del dieciocho de junio de dos mil veinte, el Tribunal de Alzada, determinó lo siguiente: "Deje sin efecto el Decreto 1,988 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el nueve de agosto de dos mil diecisiete. ? Emita otro decreto en el que determine que la prescripción fue interrumpida a partir de la presentación de la solicitud de pensión ante el Congreso del Estado y, con base en ello, determine la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión por invalidez. ? Precise si el porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como base cuarenta días de salario generales mínimos vigente, o bien, el último salario percibido por el trabajador para que sean acordes los artículos 2° y 3° del Decreto"." Por lo que, en auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Delegado del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio registrado con el folio 929, comunicando que mediante memorial LIV/SSLP/DJ/3°11149-B/2021 de veintinueve de enero del año en curso, remitió a este Juzgado de Distrito, copia certificada del Decreto tres mil trescientos noventa y ocho, que abroga el diverso número mil novecientos ochenta y ocho, de treinta de mayo de dos mil diecisiete, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Número 5522, el nueve de agosto del mismo año y emite decreto mediante el cual, se otorga pensión por invalidez al quejoso; en consecuencia, se tuvo por cumplido el fallo protector emitido en el presente asunto. Inconforme con lo anterior, el veintinueve de marzo del año pasado, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, mismo del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mismo que por ejecutoria de tres de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de inconformidad 9/2021, determinó lo siguiente: "En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de inconformidad, por lo cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado deberá dejar insubsistente la resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno y dictar otra en a que declare que la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida y requiera su exacto cumplimiento a la autoridad responsable, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la misma y a las consideraciones expuestas en esta resolución.." Por lo que, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Por tanto, mediante oficio registrado con el número de folio 8660, recibido el veintisiete de mayo de este año, el Delegado del Congreso del Estado de Morelos, remitió copia certificada del Decreto doscientos setenta, que deja sin efectos los diversos Decretos mil novecientos ochenta y ocho; tres mil trescientos noventa y ocho; y, setenta y tres y emite decreto mediante el cual, se otorga pensión por invalidez al quejoso. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SE DECLARA CUMPLIDA EJECUTORIA DE AMPARO Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que el Congreso del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: Dejará sin efecto el Decreto 1,988 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el nueve de agosto de dos mil diecisiete Emitiera otro decreto en el que determinara que la prescripción fue interrumpida a partir de la presentación de la solicitud de pensión ante dicha autoridad y, con base en ello, determinara la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión por invalidez; y, Precisara si el porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como base cuarenta días de salario generales mínimos vigente, o bien, el último salario percibido por el trabajador para que sean acordes los artículos 2° y 3° del Decreto. Por lo que, con el Decreto doscientos setenta, que deja sin efectos los diversos Decretos mil novecientos ochenta y ocho; tres mil trescientos noventa y ocho; y, setenta y tres y emite decreto mediante el cual, se otorga pensión por invalidez al quejoso, la autoridad responsable cumplió con lo solicitado; por tanto, es dable concluir que dicha autoridad, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. ESTUDIO DE EXCESO Y DEFECTO Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por el Delgado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, remite la documental siguiente: Decreto doscientos setenta, que deja sin efectos los diversos Decretos mil novecientos ochenta y ocho; tres mil trescientos noventa y ocho; y, setenta y tres y emite decreto mediante el cual, se otorga pensión por invalidez al quejoso. Con lo anterior, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 247, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo de cuenta.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que fue publicado el Decreto número Doscientos Setenta, por el que se concedió la pensión por invalidez a Javier López Castro y remite copia simple del periódico oficial "Tierra y Libertad", de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se publicó el citado Decreto; lo anterior, a fin de acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del Decreto número Doscientos Setenta, por el cual, se concedió la pensión por invalidez a la parte aquí quejosa. APERCIBIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Haciéndole de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de la Materia en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, entre otras cosas informa que mediante oficio SSLyP/DPLy/POEM/AÑO1/P.O.2/270/2022 de siete de abril de este año, se remitió el Decreto número Doscientos Setenta, por el que se concedió la pensión por invalidez a Javier López Castro, al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a fin de que, proceda a la publicación del citado Decreto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita la publicación del Decreto número Doscientos Setenta, por el cual, se concedió la pensión por invalidez a la parte aquí quejosa. APERCIBIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Haciéndole de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de la Materia en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese.

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