Javier Linares Vazquez

Expediente 122/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
122/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Javier Linares Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña las copias certificadas del juicio de amparo indirecto número 122/2019, a través del cual informa que el acuerdo que desechó el recurso de revisión quedó firme. Acúsese recibo. Ahora, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier Linares Vázquez. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del juicio de amparo 122/2019 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de cuatro de marzo de la presente anualidad se desechó el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto de doce de febrero del presente año mediante el cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordenó enviarla al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese al cuaderno de antecedentes el escrito de cuenta signado por el quejoso -, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del auto de doce de febrero del año en curso, dentro del juicio en que se actúa, en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso d), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado, remítase a la superioridad, dentro de los TRES DÍAS siguientes, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, copia certificada del presente asunto y el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, doce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías que promueve -, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-602/2018-1. Ahora bien, el peticionario de garantías señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- SEÑALO COMO TALES A LOS CC. JECES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN. Con domicilio oficial ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán. AUTORIDADES EJECUTORAS. 1.-Señalo como tales a loa Actuarios QUE A CONTINUACIÓN SEÑALO: 2.-AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN. Con domicilio oficia ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán. 3.-AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN. Con domicilio oficia ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán. 4.-AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN. Con domicilio oficia ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el acto reclamado la constituye la ORDEN ILEGAL DE PRETENDER PRIVARME DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD A QUE ADELANTE SEÑALARE, por las autoridades que señalo como Responsables sin concederme el derecho de audiencia a pesar de tener actualmente el suscrito la propiedad y posesión de dicho inmueble.". Cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales disponen lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la omisión por parte de las responsables de proporcionar atención médica al quejoso a favor de quien se promueve la demanda, acto que se traduce en acciones denegatorias del acceso a la salud. De acuerdo con lo anterior, las consecuencias jurídicas de la omisión que se reclama produce implícitamente efectos positivos, lo que indubitablemente implica una ejecución material que se concreta en la acción de negarle el acceso a la salud, lo cual atento a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone el promovente se llevan a cabo en Tepic, Nayarit, pues dice que su defendido está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", pues es ahí donde resiente la afectación material de las omisiones de las autoridades penitenciaras, o sea, la ejecución de los mismos, en la acepción que debe atribuirse correctamente al artículo 37 de la Ley de Amparo, según se explicó anteriormente. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis contenidas en el numeral en cita, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, sí es un hecho cierto que las responsable serán quienes tomen la determinación de permitir o no al quejoso el acceso a la atención médica, entonces, como tal ejecución material del acto reclamado tendrá acaecimiento en dicha localidad corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno con residencia en Tepic, Nayarit, por ser el que ejerce jurisdicción en esa ciudad. Consecuentemente, si la omisión reclamada conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la suscrita estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno con residencia en Tepic, Nayarit, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Sirve de sustento de lo anterior la jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), con número de registro 2011139, de la Décima Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia Común, página 1982, que dice: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. Asimismo, es aplicable la tesis aislada II.2o.P.16 K (10a.), con número de registro 2012019, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, materia Común, página 2093, de contenido siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. Finalmente, sirve como criterio orientador al caso en análisis la tesis aislada 1a. XI/2018 (10a.), con número de registro 2016130, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, Materia Común, página 433, que a la letra señala. "COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS REFERENTES A LA SALUD DE UNA PERSONA INTERNA EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. Según dejó establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, por lo cual, toda controversia al respecto en que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal. En seguimiento de ese criterio, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país estableció en la jurisprudencia 1a./J. 113/2012 (10a.), que si el acto reclamado incide en los mecanismos para lograr la reinserción social de los sentenciados con motivo de la ejecución de la pena, la competencia se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Consecuentemente, la competencia por razón de materia para conocer del recurso de revisión en un juicio de amparo donde se reclaman actos relativos a la atención de la salud de una persona interna en un Centro Federal de Readaptación Social, es de un Tribunal Colegiado en Materia Penal y no uno en Materia Administrativa, sin que obste para lo anterior que la autoridad emisora del acto reclamado tenga naturaleza formalmente administrativa, ya que al derivar los actos de un procedimiento penal, éste es el criterio determinante para adscribirlo a esa materia como se sostiene en las jurisprudencias referidas. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que refiere, para esos efectos. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

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