Javier Leon Noyola
Expediente 556/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Leon Noyola
- Agente del Ministerio Público de la Federacion, Titular de la Mesa II de la Unidad del Sistema Tradicional con sede en Salina Cruz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual se sobreseyó este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley dé la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno dejos supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible be destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción 1, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 556/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión provisional, y por interlocutoria de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión definitiva comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en que se concedió la suspensión provisional, así como la interlócutoria de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en que se concedió la suspensión definitiva. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y n el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual se sobreseyó este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley dé la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno dejos supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible be destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción 1, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la certificación secretarial y el estado de autos de los que se advierte que el quejoso Javier León Noyola, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 89 a 92), para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación al oficio 2722/2017, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II, del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad con el que remitió copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa AP/PGR/OAX/SC/I/67/2009, de su índice, y las documentales remitidas por la referida autoridad responsable a su informe justificado, de cuyo contenido se advierte que la autoridad responsable de referencia, admitió la prueba ofrecida por el quejoso, consistente en el interrogatorio al doctor Ricardo Landa Reyes quien firma el dictamen 142/2016 de catorce de octubre de dos mil dieciséis; así como, la prueba de informes. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del análisis de la copia certificada de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II, del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se arriba al conocimiento pleno, que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II, del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, en acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, ordenó girar exhorto al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México con la finalidad de citar e interrogar al Delegado Institucional de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Dr. Ricardo Landa Reyes respecto al dictamen Médico Institucional Número 142/16, de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el cual fue devuelto sin diligenciar, por lo que en acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, la autoridad ministerial responsable ordenó girar oficio al Titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a efecto de que por su conducto notifique al Dr. Ricardo Landa Reyes en su carácter de signatario a título de Delegado facultado respecto del Dictamen Médico Institucional número 142/16 expediente CONAMED número 549/16 del mes de octubre de 2016 por la atención proporcionada a la C. María Luisa Pérez Ramos en la Clínica Hospital B Tehuantepec, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a efecto de que comparezca ante esa Representación Social de la Federación para ser interrogado por la defensa de los probables responsables, respecto al dictamen médico institucional 142/16 emitido dentro de la citada averiguación previa; asimismo, de las constancias que remitió como justificación a su informe, se aprecia que mediante oficio 6162/2016 de quince de diciembre de dos mil dieciséis (foja 52), requirió a la Directora de la Clínica Hospital "B" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, informara a esa autoridad ministerial, lo siguiente: "a) El número de ambulancias disponibles para el Instituto a su cargo en el periodo comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2008. b) Si las ambulancias con las que contaba en el periodo comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2008 tenía soporte avanzado de vida y cuidados críticos." De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable acordó admitir la prueba ofrecida por el aquí quejoso, consistente en el interrogatorio al doctor Ricardo Landa Reyes quien firma el dictamen 142/2016 de catorce de octubre de dos mil dieciséis; así como, la prueba de informes, cuya negativa a admitir dichas probanzas se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que obste lo anterior que la autoridad responsable no haya remitido copia certificada de la constancia de notificación al quejoso, de los acuerdos recaídos a su petición, porque en auto de veintitrés de junio del año en curso (fojas 89 a 92), se dio vista al quejoso con el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II, del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, entre las que se encuentran los acuerdos que recayeron a su petición, cuyo proveído le fue notificado por lista que se fija en los estrados de este juzgado el veintiséis de junio del año en curso (foja 93), toda vez que señaló los mismos para oír y recibir notificaciones. De lo anterior, resulta claro que el agraviado ya tiene conocimiento de los acuerdos por los que se admitieron las pruebas que ofreció consistentes en el interrogatorio al doctor Ricardo Landa Reyes; así como, la prueba de informes. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 36/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX (Mayo de 1999), Página 469, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de diez de julio del año en curso (foja 105), para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Se invoca en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Registro No. 184572 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Página: 386 Tesis: 2a./J. 10/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Texto: De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se invoca en apoyo de lo resuelto las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO: Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis número I.16o.A.1 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, visible en la página 1665, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, intitulada: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otra parte, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente
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