JAVIER LEDESMA DOMINGUEZ y Otros.
Expediente 1325/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1325/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JAVIER LEDESMA DOMINGUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ... y ... ambos de apellidos ... por propio derecho y este último como representante legal de ****** personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que adjunta; contra actos de la Segunda Sala y Juez Quincuagésimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 15, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro electrónico con el número 1325/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: I. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los accionantes reclaman el auto de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictado por la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ..., en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación intentado contra el fallo definitivo; así como la sentencia que dirimió la litis del proceso natural de uno de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil de esta Ciudad, en el expediente ... . II. Este juzgado federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, pues conforme a los artículos 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, 34 y 170 de la Ley de Amparo, dicha competencia se estima en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil. El artículo 38, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, dispone: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y [.] Establece el artículo 34 de la Ley de Amparo: "Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia (.)." Por su parte, el artículo 170 de la Ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los citados preceptos, se obtiene que el amparo directo procede en dos supuestos, el primero, en contra de sentencias definitivas que tienen como característica resolver el juicio en lo principal y, además, sean irrecurribles porque contra ellas no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o revocadas; la segunda hipótesis, contra autos o resoluciones que ponen fin al juicio, cuyas características son que no deciden el juicio en lo principal pero lo dan por concluido, por culminar con la instancia. En el particular, el acto reclamado es el auto de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictado por la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación intentado contra el fallo definitivo; así como la sentencia que dirimió la litis del proceso natural de uno de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil de esta Ciudad. Así, se considera que el acto reclamado queda comprendido en los supuestos del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues tiene el efecto de confirmar la sentencia que resolvió el juicio principal y con ello dar por concluida la controversia de origen, por ende, su estudio corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional, ya que sin ulterior recurso se dota de firmeza a la sentencia definitiva emitida en el proceso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro digital: 180958, de la Novena Época, que dice: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 30/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 188, de la Octava Época, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Sin que pase desapercibido para el suscrito la jurisprudencia P./J.30/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIl, Mayo de 1998, página 31, de la Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE INDEBIDAMENTE LA DESECHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O NIEGA REMITIRLA, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES.", en razón de que el Tribunal Colegiado que en su oportunidad se avoque al conocimiento de este asunto, será quien se encuentre en posibilidad de dar el trámite que estime pertinente al escrito que se le remite, pudiendo incluso requerir a la autoridad responsable aquellos elementos que considere necesarios para su substanciación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda y sin proveer sobre su admisión, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitando respetuosamente el acuse de recibo respectivo. Sin que sea obstáculo para el dictado de este auto, que contra el acto reclamado pudiera proceder algún medio de impugnación, pues aún en este supuesto será el órgano colegiado quien pueda resolver lo conducente y no un Juez de Distrito, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 6/2015, visible en la página 95, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos citados, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ... y ... ambos de apellidos ... por propio derecho y este último como representante legal de **** contra actos de la Segunda Sala y Juez Quincuagésimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México. SEGUNDO. Remítase la presente demanda al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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