Javier Juárez Vargas y Otros.

Expediente 195/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
195/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Javier Juárez Vargas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.195/2020.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Leticia Bárcenas Hernández interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las diversas partes procesales; pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, dado el sentido de sobreseimiento, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 195/2020 6 [] AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma, por lo que el secretario hace relación de las constancias que existen en el expediente electrónico, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda promovida por la quejosa Leticia Bárcenas Hernández, 2) auto admisorio de veinte de febrero de dos mil veinte, y 3) informe justificado rendido por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Además, el secretario CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto de veinte de febrero de este año. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. En cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, acuérdese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria: Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se reciben las documentales que la quejosa acompañó a su demanda, consistentes en: a) El escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve, signado por Leticia Bárcenas Hernández, dirigido al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y recibido el tres de ese mes y año. b) Credencial de pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, expedida a favor de la aquí quejosa. c) Credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la aquí quejosa. d) Comprobante de pago de pensión correspondiente al mes de septiembre de dos mil diecinueve. e) Concesión de pensión concedida a la quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En tanto que la autoridad responsable ofreció las siguientes documentales: f) Oficio SP/JA/374/2020, de diecinueve de julio de dos mil veinte, por el cual se le notificó a la quejosa la respuesta recaída a su petición de uno de octubre del año pasado. e) Cédula de notificación de veintiocho de agosto de dos mil veinte. Mismas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza y se tomarán en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones; por lo que se cierra esta última etapa y se dicta la siguiente sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 195/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, el mismo día, la quejosa Leticia Bárcenas Hernández y diversos quejosos demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante oficio 1650 de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la demanda de amparo, al haberse decretado la separación de juicios, por lo que, de acuerdo al turno relativo, a este órgano jurisdiccional correspondió conocer de la demanda promovida por la quejosa Leticia Bárcenas Hernández. Por ello, en auto de veinte de febrero de este año admitió la demanda de amparo, misma que registró con el número 195/2020; asimismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente corresponde; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracciones I y V, de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdos Generales 45/2017 y 46/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa; además porque el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en que este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual se hace consistir en la falta de contestación al escrito de petición de uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que solicitó a la autoridad responsable que le fuera cubierto el pago por concepto de pensión en salarios mínimos y no en unidades de medidas y actualización (UMA), y se le reintegraran las cantidades que desde el dos mil dieciséis ha dejado de percibir por la indebida aplicación de las citadas unidades. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, convino en la existencia del acto reclamado, manifestando que con fecha tres de octubre de dos mil diecinueve la quejosa presentó ante las Oficinas de la Subdelegación de Prestaciones del referido instituto un escrito por medio del cual solicitó el pago de su pensión en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización. Asimismo, mediante oficio SP/JA/390/2020, la autoridad responsable remitió el diverso oficio SP/JA/390/2020 de diecinueve de julio de dos mil veinte, por el que se le dio respuesta al escrito de petición de uno de octubre de dos mil diecinueve de la aquí quejosa Leticia Bárcenas Hernández; así como la cédula de notificación de veintiocho de agosto de este año. Actuaciones con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En el caso, se estima que se actualiza una causa de improcedencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado por la quejosa, lo que dará lugar a sobreseer en este juicio. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - - (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El criterio transcrito evidencia que, para que se actualice la causa de improcedencia analizada, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, el acto que motivó el juicio de amparo fue la falta de contestación al escrito de petición de uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable que le fuera cubierto el pago por concepto de pensión en salarios mínimos y no en unidades de medidas y actualización (UMA), y se le reintegraran las cantidades que desde el dos mil dieciséis ha dejado de percibir por la indebida aplicación de las citadas unidades; en tanto que de las copias que remitiera la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: a) Mediante oficio SP/JA/390/2020 de diecinueve de julio de dos mil veinte, la autoridad dio contestación al escrito de petición de uno de octubre de dos mil diecinueve de la aquí quejosa Leticia Bárcenas Hernández, en el que señaló: (.) Así como: (.) De lo anterior se deduce que la autoridad responsable dio contestación al escrito de petición de la parte quejosa; ya que indicó que a) la reforma constitucional de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo, no le era aplicable, ya que su pensión la comenzó a percibir antes de la entrada en vigor de dicha reforma, y b) que no existen diferencias o adeudos pendientes por cubrir, ya que se le ha pagado de manera íntegra desde la fecha en que comenzó a recibir su pensión; además, notificó personalmente dicha determinación a la ahora quejosa el ocho de agosto de este año, por conducto de su autorizado. Aunado a ello, en auto de veinte de septiembre de esta anualidad se ordenó dar vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés legal conviniera, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolvería con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable; por lo que, el veintiocho del mes pasado quedó notificada electrónicamente; sin que a la fecha hubiera realizado manifestación alguna al respecto. En ese contexto, al haber dado contestación la autoridad responsable a la solicitud de la promovente e independientemente si fue o no favorable a sus intereses, es claro que cesó en sus efectos el acto reclamado; por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y por ello, con fundamento en el artículo 63 de la citada ley, se decreta el sobreseimiento en este juicio. Finalmente, es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de las cuestiones de fondo planteadas; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Leticia Bárcenas Hernández contra el acto reclamado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio que se gire, remítase copia de esta resolución a las autoridades relativas y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 195/2020 6-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veinte. Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado de autos, y de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintidós del actual, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Por ello, a fin de dar oportunidad lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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