Javier Juárez Becerra
Expediente 749/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Javier Juárez Becerra
- Javier Juárez Becerra y Otros.
- Claudia Suarez Zarate
- Organismo Publico Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 6139/2023, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra del auto de once de abril del presente año, dictado dentro del juicio de amparo del cual deriva este expediente, quedando registrado como amparo en revisión 310/2023. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho medio de impugnación emita el citado órgano colegiado. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte la existencia de un tomo de pruebas del índice de la autoridad responsable; por lo tanto y a fin de evitar dilaciones procesales, remítase a la autoridad oficiante dicho tomo de pruebas. Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guaran los autos, se advierte que los quejosos Javier Juárez Becerra y Claudia Suárez Zárate, interpusieron recurso de revisión y formularon agravios en contra del auto de once de abril del presente año; por tanto, toda vez que este expediente se encuentra debidamente integrado, pues ya se cuenta con la totalidad de las notificaciones realizadas a las partes, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase juntamente con el original del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de dicho proveído.. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de los quejosos ***, a través del cual interponen recurso de revisión y formulan agravios en contra del auto dictado el once de abril del año en curso, dentro del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81 fracción I, inciso d), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por los quejosos en contra de dicho proveído. En tal virtud, con fundamento en el diverso numeral 89 de la invocada ley, se ordena distribuir entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, a las responsables, mediante oficio con transcripción de este auto; háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con el fundamento invocado en el párrafo anterior, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren las constancias de notificación a la totalidad de las partes, del presente acuerdo, se deberá remitir el original del escrito de agravios, juntamente con los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese, y personalmente a las partes quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, once de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 816/5/E/2023, enviado por el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de una constancia que obra dentro del juicio laboral ******************** de donde derivan los actos reclamados. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, al actualizarse una causa de improcedencia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente se actualiza la causa de improcedencia prevista de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción quinta, en relación con el 61, fracción XXIII y en concordancia con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Debe entenderse que lo manifiesto es lo que se advierte de manera clara y patente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza. Por tanto, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se advirtió claramente de la lectura del escrito de demanda, y del escrito aclaratorio, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la manifiesta e indudable improcedencia de un juicio, debe atenderse al escrito de demanda y desahogo y sus anexos, y así considerarla probada, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron expresados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de convicción indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se aporten en el procedimiento no sean necesarios para justificar la improcedencia ni puedan desvirtuar su individualización. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXXI/2002,1 que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." De una lectura íntegra de la demanda de amparo, se colige que el quejoso reclama: La omisión de requerir la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ********************. Asimismo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la causa de pedir del quejoso radica esencialmente en la omisión de la autoridad responsable de realizar actos tendientes a la ejecución del laudo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y las jurisprudencias PC.VII.L. J/10 L (10a.), 2 que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SESEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." y la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10ª)3 , de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". Los preceptos invocados disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. [.]." De tales hipótesis normativas y jurisprudenciales se advierte la improcedencia del juicio de amparo en contra de la omisión genérica de la responsable de proveer sobre la ejecución de un laudo, pues legalmente corresponde a la parte actora impulsar tal ejecución Ahora, en el caso, como expresamente lo señala el promovente en su escrito de aclaración no reclama un acto u omisión en concreto a la autoridad responsable, sino que de manera genérica reclama la omisión de hacer cumplir el laudo emitido en el expediente de origen, y que torna improcedente el juicio de amparo. Luego, los artículos 151, 945 y 950 de la Ley Federal de Trabajo, establece: "Artículo 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley. Si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia, o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. Para ello podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes. Asimismo, deberá dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de esta Ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al que hubiese notificado la sentencia del Tribunal a las partes y solo se interrumpe en los siguientes casos: a) Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada, mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable, solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspondiente, o bien que abra el Incidente de Liquidación, y b) Cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente. Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse a la Junta responsable para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Federal, pues como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde a las partes y no al presidente de la junta, dada la necesaria intervención del actor, por lo tanto, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se atribuye a la autoridad laboral responsable. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 945 de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo de la multicitada ley, la responsable tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. Se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente de la junta, sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama, la omisión de hacer cumplir el laudo por parte de la autoridad responsable, como se estableció el presente juicio es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, y las jurisprudencias PC.VII.L. J/10 L (10a.), que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." y la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10ª), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA", porque estamos en presencia del reclamo de una omisión genérica de ejecutar el laudo de origen y no se combate algún acto concreto de la responsable en el procedimiento de ejecución. Extremo que se robustece con la prevención formulada por este juzgador sobre la precisión del acto reclamado y lo manifestado por el quejoso, en el sentido de reclamar la omisión de hacer cumplir la ejecución del laudo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se sobresee fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, así como por las jurisprudencias PC.VII.L. J/10 L (10a.) y 2a./J. 15/2011 (10ª). Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.WAFA
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