Javier Jesús Rivero Ramírez
Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Javier Jesús Rivero Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 51/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificado rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, certifica que las autoridades responsables que enseguida se enlista rindió su informe justificado en los siguientes términos: Autoridades responsables Sentido 1 551/2022-III Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, por conducto del Procurador Fiscal del Estado. Niega Chetumal, Quintana Roo 2 552/2022-III Director Estatal de Recaudación del Estado de Quintana Roo y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, por conducto del Subdirector Jurídico en Zona Norte (denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como Encargado del Módulo de Emplacamiento "Pabellón Norte", dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo). Niega Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el Juez: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Director Estatal de Recaudación del Estado de Quintana Roo y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, por conducto del Subdirector Jurídico en Zona Norte (denominación correcta) ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa exhibió la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; mientras que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno; el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa realizó manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la impetrante de amparo; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. En seguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 51/2022-III, promovido por Javier Jesús Rivero Ramírez, por propio derecho, contra actos del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el veintiséis de enero siguiente a este juzgado de distrito, Javier Jesús Rivero Ramírez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: 1 Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo 2 Encargado del Modelo de Emplacamiento "Pabellón Norte" dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- Se reclama la entrega de mi tarjeta de circulación vigente a mi nombre." SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de veintisiete de enero siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 51/2022-III; la cual, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite el dos de febrero de dos mil veintidós; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos carentes de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: ? La omisión de entregar al quejoso la tarjeta de circulación vehicular respecto del ejercicio fiscal dos mil veintidós, por conducto de María del Rubí Balam Casanova. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1] Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, por conducto del Procurador Fiscal del Estado, con sede en Chetumal y 2] Director Estatal de Recaudación del Estado de Quintana Roo y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, por conducto del Subdirector Jurídico en Zona Norte (denominación correcta), con sede en esta ciudad, niegan la existencia del acto que se reclama, según se advierte del contenido de sus informes justificados. Dicha negativa se corrobora con las constancias certificadas remitidas por el Director Estatal de Recaudación del Estado de Quintana Roo y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, por conducto del Subdirector Jurídico en Zona Norte, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, de las que se advierte, en esencia, lo siguiente: Mediante oficio número SEFIPLAN/SATQ/DG/DER /DRBJ/DJ/246/II/2022, suscrito por el Director de Recaudación de Benito Juárez, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, manifestó que todos los trámites realizados en el módulo de emplacamiento de Pabellón Norte, se efectúan por medio de cita, por lo cual advirtió que no existía cita alguna a nombre de Javier Jesús Rivero Ramírez o de María del Rubí Balam Casanova, que se haya generado desde el veinticinco de enero de dos mil veintidós. Negativa de las autoridades responsables que no se desvirtúa con el material de convicción ofrecido por la parte quejosa que obra en el presente sumario, que es el siguiente: Pruebas (s) 1. Impresión de la factura de pago número 51028901228214716 expedido por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a favor de Rivero Ramírez Javier Jesús con evidencia criptográfica y código QR 2. Impresión sin certificar de la tarjeta de circulación vehicular folio 0389609 expedido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. 3. Original de la carta poder de veinticinco de enero de dos mil veintidós 4. Fotocopias sin certificar de cuatro credenciales para votar Documentales identificadas con los números 2 y 4, se les concede valor probatorio en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, las cuales por sí misma, únicamente prueban que probablemente sean una reproducción de sus originales. La documental precisada en el punto 1, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser una documental pública y al contar con código de QR; que al escanear redirecciona a la página de "verificación de comprobantes fiscales digitales por internet" sin embargo, únicamente demuestra la valides de dicha factura, no así la existencia de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables. Asimismo, en relación con la prueba señalada en el numeral 3, se le concede valor probatorio, en términos de los artículos 133, 197, 203 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que es una documental privada que no fue objetada, aunado que el documento descrito no cuenta con la debida certificación del funcionario público facultado para ello, por lo que no consta la existencia de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables. Ahora respecto, de la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, si bien merecen valor probatorio de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, respecto de la primera; mientras que la segunda, en términos de los numerales 190 y 218 del código civil federal adjetivo, de aplicación supletoria a la ley de la materia; lo cierto es que tampoco corroboran la existencia de los actos reclamados pues no se advierte constancia de autos que así lo evidencie y la parte quejosa no indicó cuál es la presunción legal que demuestra la omisión de entregar la tarjeta de circulación vehicular por conducto de María del Rubí Balam Casanova. Tampoco se obtiene la existencia de alguna presunción a partir de los hechos probados que corrobore tal extremo. En todo caso, con independencia del valor probatorio de las pruebas ofrecidas antes señaladas, de su contenido no se obtiene que se solicitara a las autoridades responsables la entrega de la tarjeta de circulación vehicular para el ejercicio fiscal dos mil veintidós por conducto de la persona señalada para tal fin; a efecto de revertir la carga de la prueba a las autoridades responsables para demostrar que sí se pronunciaron sobre tal solicitud; luego, no se desvirtúa la aseveración de las autoridades responsables. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados, por ser inexistentes en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la parte quejosa, debe decirse que no se estudiarán porque de acuerdo con su naturaleza, sólo constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, consecuentemente no es obligación para el suscrito juzgador de amparo entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Javier Jesús Rivero Ramírez, por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta firmada por Javier Jesús Rivero Ramírez, parte quejosa en el presente juicio, a través de la cual realiza manifestaciones a manera de alegatos, en relación con la vista otorgada en relación con los informes justificados. Por tanto, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con las mismas al momento de desahogar la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción con número de registro 4158, remitida por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, por conducto del Procurador Fiscal del Estado, en contestación al oficio 551/2021-III, con sede en Chetumal, por medio de la cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican para tal fin y, con apoyo en el artículo 9°, párrafo primero, de la ley de la materia, como delegados a las personas que refiere. Asimismo, téngase a la citada autoridad responsable señalando como cuenta de correo electrónico, el que índica en el ocurso de cuenta, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario.
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