Javier Jair Heredia Riverón

Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
255/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • Javier Jair Heredia Riverón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    La sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto concluido, susceptible de destrucción.

  2. Incidental

    Se ordena el archivo del incidente.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. TERCERO. Como está ordenado en el considerando sexto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: "... " SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 255/2018, se determina lo siguiente: R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo del año en curso, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Javier Jair Heredia Riverón por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades siguientes: AUTORIDAD FOJA SENTIDO 1. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales IVAI. 46 Cierto SEGUNDO. Este Juzgado de Distrito, al cual por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, previo requerimiento al promovente a efecto de que formulara conceptos de violación, mediante auto de dieciséis de abril del año en curso, lo radicó con el número 255/2018; requirió el informe justificado; dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar, en su oportunidad, en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la residencia indicados. SEGUNDO. Atendiendo al imperativo que contiene el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el suscrito procede a fijar el acto reclamado. Así, del contenido integral de la demanda y demás constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: ? El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente para la imposición de las medidas de apremio IVAI-REV/547/2017/II, derivado del recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, mediante el cual se determina que el sujeto obligado dio cumplimiento a la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete y se ordenó el archivo del asunto como definitivamente concluido. TERCERO. La autoridad responsable Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales IVAI, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917, septiembre 2011, Tomo II, Primera Parte, SCJN Sexta Sección, Quinta Época, cuyo rubro es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO Aunado a ello, dicha responsable remitió diversas constancias, consistentes en copias certificadas del expediente para la imposición de las medidas de apremio IVAI-REV/547/2017/II, mismas que constituyen documentos públicos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, al ser las causas de improcedencia cuestiones de orden público y de estudio preferente a las cuestiones de fondo, deben analizarse, incluso si no fueron invocadas. En el caso, la tercero interesada Servicios de Salud de Veracruz, por conducto de su Directora Jurídica, mediante escrito presentado el diez de mayo del año en curso, invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que dicha causa de improcedencia es infundada, tal como se explica a continuación. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado. Ello dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo; éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades administrativas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En ese orden de ideas, la tercero interesada alega que el quejoso debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, al ser el acto reclamado un acto administrativo emitido durante la substanciación del procedimiento relativo a la solicitud de información número 00209217, y no una resolución dictada por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que decida en definitiva sobre algún recurso de revisión o denuncia de incumplimiento. Señala también que al ser dicho tribunal un órgano dotado de autonomía constitucional y el referido instituto un órgano autónomo del Estado, es factible modificar, revocar o nulificar el acto impugando a través de dicho juicio. En ese orden de ideas, de las constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado, se advierte que: 1. Mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el ahora quejoso promovió recurso de revisión en contra del oficio SESVER/DA/1371/2017, de veinticuatro de febrero de la mencionada anualidad, con el que el sujeto obligado le dio respuesta a su solicitud de información 00209217 (fojas 1 a 4 del anexo). 2. El siete de junio de ese año, los integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por unanimidad de votos, resolvieron modificar la respuesta del sujeto obligado y ordenarle que entregue al recurrente la información faltante (fojas 72 a 95 del anexo). 3. El diecinueve de octubre del año retro próximo, los integrantes del Pleno antes mencionado declararon por unanimidad de votos, declarar incumplida la resolución de siete de junio de ese año (fojas 189 a 196 del anexo); y, 4. Finalmente, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, proceden a realizar el análisis del cumplimiento y determinan tener al sujeto obligado dando cumplimiento a la mencionada resolución de siete de junio de ese año, ordenando el archivo como asunto total y definitivamente concluido, determinación reclamada en esta instancia (foja 291 a 302 del anexo). Ahora bien, en los artículos 153, 154, y 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave disponen: "Artículo 153. Las respuestas de los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública podrán impugnarse por medio del recurso de revisión. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones". "Artículo 154. Para la sustanciación del recurso de revisión, a falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos y en el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado, en ese orden. "Artículo 155. El recurso de revisión procederá en contra de: I. La negativa de acceso a la información; II. La declaración de inexistencia de información; III. La clasificación de información como reservada o confidencial; IV. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; V. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; VI. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el solicitante; VII. Los costos o tiempos de entrega de la información; VIII. La falta de trámite a una solicitud; IX. La negativa a permitir una consulta directa; X. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; XI. Las razones que motivan una prórroga; XII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley; XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta; y XIV. La orientación a un trámite en específico. La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución de un recurso de revisión que proceda por las causas señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XII es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta mediante el recurso de revisión ante el Instituto". Así, tenemos que el ahora quejoso al obtener por parte del sujeto obligado, una respuesta que no le satisfizo por ser incompleta e inexacta acudió al recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero en contra de esa respuesta no puede acudir nuevamente al recurso de revisión ante ese instituto ya que su causa de pedir no versa sobre las fracciones específicas que la ley prevee para ese efecto (fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XII), pues como se ve, su motivo de inconformidad encuadra en la fracción "X" ("La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud"). De lo anterior se colige que, en contra de la resolución que en esta vía se reclama, la ley que rige el acto prevé el recurso de revisión en determinados supuestos, los cuales no son aplicables al caso que ahora nos ocupa. Ahora bien, dice el artículo 154 de la mencionada ley de transparencia que a falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos y en el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado, en ese orden. Así, tenemos que en sus artículos 280 y 280 bis el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley". "Artículo 280 Bis. Procede el juicio contencioso en vía sumaria exclusivamente en contra de: I. Actos y resoluciones administrativas y fiscales cuya cuantía no exceda de quince veces la UMA; II. Resoluciones que impongan multas o sanciones pecuniarias por infracción a las normas administrativas locales y municipales; III. La determinación en cantidad líquida de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda de la cuantía indicada en la fracción I de este artículo; y IV. Las dictadas por los organismos autónomos, que determinen créditos fiscales. Para establecer la cuantía, sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones, siendo improcedente la acumulación de los montos". De la anterior transcripción se observa que la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en la que los integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por unanimidad de votos, tuvieron al sujeto obligado dando cumplimiento a la diversa resolución de siete de junio de dos mil diecisiete y ordenaron el archivo como asunto total y definitivamente concluido, no encuadra en ninguno de los supuestos que tal codificación contempla. Por lo tanto, el juicio contencioso administrativo sería improcedente para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 41 y 220 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave disponen: "Artículo 41. El Instituto notificará la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión. Las resoluciones que emita el Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución a través del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de cinco días, a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma". "Artículo 220. Las resoluciones del Pleno son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Las resoluciones del Instituto podrán señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada obligación de transparencia, de conformidad con el Capítulo II del Título Segundo, de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. Las resoluciones del Instituto se publicarán en un plazo no mayor a diez días, a partir de su aprobación". Del contenido de tales preceptos se desprende claramente que el particular puede impugnar las resoluciones que emite el Instituto a través del juicio de amparo que corresponda. Por tanto, dicha causa de improcedencia queda desestimada y, al no advertirse de oficio alguna otra, procede analizar el fondo del problema propuesto por la parte quejosa, lo cual se efectuará al tenor de los conceptos de violación propuestos. QUINTO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, debido a que los conceptos de violación planteados por la parte quejosa no combaten las consideraciones de la resolución que reclama en esta vía constitucional. En principio, es importante precisar que el presente asunto se trata de un juicio de amparo de estricto derecho en el análisis de los conceptos de violación; pues no opera la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. De igual forma, este órgano jurisdiccional estima necesario dejar establecido que la litis en el presente juicio de amparo la conforman únicamente las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la resolución reclamada, a la luz de los conceptos de violación que se expresan en su contra en el escrito de demanda de amparo indirecto. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente para la imposición de las medidas de apremio IVAI-REV/547/2017/II, derivado del recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, mediante el cual se determina que el sujeto obligado dio cumplimiento a la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete y se ordenó el archivo del asunto como definitivamente concluido. En esta tesitura, conviene precisar que el impetrante de amparo expresó en su escrito de demanda, en esencia, los siguientes conceptos de violación: PRIMER CONCEPTO. Se viola en su perjuicio su derecho de seguridad jurídica y acceso a la justicia ya que la autoridad responsable no verificó la calidad de la información con la que el sujeto obligado pretendió dar cumplimiento. SEGUNDO CONCEPTO. Reitera violación al derecho a la información y rendición de cuentas. Alega que el uso de ese derecho es necesario para evitar abusos de funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal. Señala que para garantizar ese derecho resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe y que es obligación del estado captar la información necesaria para cumplir con ese deber. Y manifiesta que el acto reclamado es inconstitucional debido a que la autoridad responsable determinó archivar el asunto como total y definitivamente concluido "avalando con argucias la negativa por parte del sujeto obligado para hacer la entrega de la información que solicité. No obstante que tienen la obligación de generarla de acuerdo a sus atribuciones". Precisado lo anterior, conviene indicar que los motivos de inconformidad serán analizados de forma conjunta, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, por encontrase estrechamente vinculados. Ahora, a juicio de quien esto resuelve, los planteamientos de inconformidad reseñados resultan inoperantes, dado que en modo alguno combaten las consideraciones de la autoridad responsable vertidas en el acuerdo reclamado. Se dice lo anterior, puesto que tal y como se advierte del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 292 a 301 del anexo), dictado en el expediente para la imposición de las medidas de apremio IVAI-REV/547/2017/II, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Precisó, en principio, que en la diversa resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se determinó que el sujeto obligado incumplió el fallo de siete de junio de la mencionada anualidad en virtud de que:  En la pregunta 1, reiteraba su respuesta.  En las preguntas 2,8 y 20 existían contradicciones.  En las preguntas 5 y 13 era incompleta la información.  En la pregunta 17 del enlace que proporcionó no se desprende cuáles son los trabajadores que tienen suscrito un contrato individual de trabajo.  Y en la pregunta 21 no proporcionó la fecha exacta en la cual podría contar con la información. 2. Señaló que el recurrente, aquí quejoso, no controvirtió las respuestas dadas a las preguntas 13 y 17, por lo que, determinó que, no serían motivo de análisis. 3. Acotó que el recurrente controvirtió las respuestas a las preguntas 1,2,5,8,20 y 21 e hizo manifestaciones respecto a la 23, por lo que procedió al análisis del contenido de los oficios SESVER/DA/6496/2017, recibido vía correo electrónico el diez de noviembre de dos mil diecisiete, y el diverso SESVER/SRH/376/2018, presentado en la oficialía de partes de dicho instituto el veintidós de enero de dos mil dieciocho. 4. Así, en la resolución impugnada analizó cada una de las respuestas dadas a las preguntas del quejoso y las manifestaciones de éste concluyendo que:  PREGUNTA UNO. ". el recurrente en esencia señala que la información manifestada por el sujeto obligado constituyen hechos falsos, por lo que dígase al peticionario que dentro de las facultades que tiene este órgano garante de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por los sujetos obligados. por tanto se cumple con lo mandatado en la resolución primigenia.  PREGUNTA DOS. La respuesta dada corresponde a lo solicitado. "Además de que no se advierte la inconsistencia hecha valer, la manifestación de que en ese mes solo hubo 12 altas, constituye un acto de buena fe, hasta que no quede demostrado lo contrario, por lo que es legalmente válido, ya que al ser emitido por una autoridad administrativa se presume que fue realizado dentro del ámbito de la lealtad y honradez.".  PREGUNTA CINCO. Se explicó que hubo un error involuntario al plasmar una cantidad diversa de los números de bajas de personal que tenía suscrito contrato individual de trabajo, se corrige y se afirma la correcta, por lo que ya no se advierte la inconsistencia hecha valer, esta última manifestación constituye un acto de buena fe.  PREGUNTA OCHO. ".se puede tener por cumplido el punto que se analiza ello en razón de que el ente obligado se pronunció respecto a la contradicción de su información, de ahí que se pueda tener certeza de su veracidad".  PREGUNTA VEINTE. Se cumple con lo ordenado ya que el sujeto obligado manifiesta que sí existe un tabulador de compensaciones que guarda relación con los puestos y plazas presupuestales que tiene Servicios de Salud de Veracruz y concluyó que se debe tener por cumplido el punto.  PREGUNTA VEINTIUNO. El sujeto obligado precisó la fecha exacta, como se le indicó, para contar con la información solicitada. 5. Por lo anterior, se tuvo al sujeto obligado dando cumplimiento a la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete y se ordenó el archivo del asunto como definitivamente concluido. De la simple comparación de lo expuesto por el quejoso y, lo argumentado por la autoridad responsables en su acto reclamado, se advierte que las consideraciones expuestas por esta última, no se encuentran combatidas con las alegaciones que vierte la parte quejosa en sus conceptos de violación sintetizados con antelación. Se dice lo anterior, pues si bien la quejosa realizó diversas afirmaciones a modo de conceptos de violación; lo cierto es que en ningún momento combate todos y cada uno de los argumentos que la responsable esgrimió para llegar a dicha conclusión. En efecto, como se vio, éstos se limitan a establecer que la autoridad violó en su perjuicio su derecho de acceso a la justicia sin explicar por qué el acuerdo que tilda de inconstitucional le causa agravio, constituyendo sus manifestaciones meras afirmaciones sin fundamento alguno. De ahí que sus argumentos en esta vía resulten inoperantes, ya que no enderezan razonamiento jurídico alguno para atacar los fundamentos del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente para la imposición de las medidas de apremio IVAI-REV/547/2017/II, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Lo cual impide que este Juzgado Federal pueda avocarse a su análisis oficioso, pues con ello supliría la deficiencia de la queja en un supuesto no previsto por la Ley de Amparo; pues como quedó establecido en líneas precedentes, no se planteó argumento encaminado a controvertir las manifestaciones de los integrantes del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En efecto, la quejosa tenía la obligación de combatir las consideraciones de la determinación reclamada, esto es, tenía que enderezar argumentos lógico jurídicos en los que expusiera y demostrara que la resolución controvertida es contraria a la ley o a su interpretación. Lo anterior, tiene como consecuencia que las consideraciones en que sustentó su fallo la autoridad responsable continúen rigiendo su sentido, pues la finalidad del juicio de amparo indirecto consiste en determinar si las consideraciones y los fundamentos del acto reclamado, causan o no alguna violación a sus derechos fundamentales. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 173, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 116, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Sexta Época, registro 394129 de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO." Además, como se dijo, resulta evidente que el suscrito se encuentra imposibilitado para hacer un análisis general del acto reclamado, ya que el estudio de su constitucionalidad o inconstitucionalidad en materia civil o administrativa, se debe hacer en función a los argumentos que en su contra se enderecen. Pues adoptar lo contrario, se estaría supliendo la deficiencia de la queja en un caso no comprendido por el artículo 79, de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni se advierte tampoco que haya habido en contra de la parte quejosa una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial VI. 2o. J/166, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, visible a foja mil trescientos treinta y siete, del tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA." En esas condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicitado por Javier Jair Heredia Riverón. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Expedición de copias Con apoyo en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2° de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JAVIER JAIR HEREDIA RIVERÓN, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. TERCERO. Como está ordenado en el considerando sexto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, ante Silvia Clementina Ochoa Castillo, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. JESA/SCOC/Eago

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