Javier Jacobo Alvarado

Expediente 1219/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1219/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • La Presidenta Municipal de Cuitzeo, Michoacán
  • Javier Jacobo Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el único cuaderno incidental. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el quince de noviembre de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa y que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el apartado 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", relativo al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, con independencia del sentido de la resolución emitida en la sentencia definitiva. Asimismo, como en los autos del incidente de suspensión se declaró sin materia la suspensión definitiva, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el alegato constitucional número 510/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, toda vez que en auto de quince de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como lo solicita y con apoyo en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de este último ordenamiento legal, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, ha informado la imposibilidad que han tenido para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento del tercero interesado Ejido "Agua Caliente", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 735/2016, de su índice, tal y como se le ordenó en la ejecutoria emitida en el presente asunto. Asimismo, en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se le informó que el citado tercero es la parte quejosa, quien tiene señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle... en esta ciudad y como autorizados para recibirlas a...; lo anterior, para que esté en condiciones de emplazarlo a juicio, así como a fin de que, dé cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria emitida en el presente asunto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y al Actuario adscrito al referido juzgado, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa; bajo apercibimiento de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa a cada uno, de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Contralor Municipal del Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán de Ocampo, pretendió rendir su informe justificado, sin especificar de manera expresa si es cierto o no el acto reclamado; por tanto requiérase a dicha autoridad responsable subsane dicho error y precise si es cierto o no el acto que se le reclama. Por otra parte, de autos se desprende que a la fecha ha trascurrido el término de quince días que se concedió a la autoridad responsable Administrador de Rentas del Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán de Ocampo, a fin de que rindiera su informe justificado que les fue solicitado, como se desprende de la constancia de notificación del oficio que recibió el veintiocho de julio de dos mil veintidós, que obra en autos; consecuentemente, se les presume cierto los actos que de dichas responsables se reclama, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable Administrador de Rentas del Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán de Ocampo, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias en la que se basó para emitir el acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL REVISIÓN, RECURSO REVOCAR SENTENCIA DE EL TRIBUNAL DEBE LA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa para que señalara el domicilio de la moral tercero interesada; no obstante previo a hacer efectivo el apercibimiento, a la parte quejosa, respecto del inicio de la búsqueda del domicilio de la tercera interesada Materiales para la Construcción la Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable, tanto del juicio de amparo como del juicio de origen se advierte que su domicilio se ubica en calle Galeana, número 16, colonia Centro, del Municipio de Angamacutiro, Michoacán de Ocampo. Por tanto, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruandiro, Michoacán, por correo electrónico al jc_puruandiro@poderjudicialmichoacan.gob.mx a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda emplace a juicio a Materiales para la Construcción la Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio ubicado en calle Galeana, número 16, colonia Centro, del Municipio de Angamacutiro, Michoacán de Ocampo, para lo cual le deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo y del auto que la admitió que para ese efecto se adjuntan; asimismo, deberá hacer de su conocimiento que se fijaron las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como obra en el último diferimiento para la celebración de la audiencia constitucional, así como requerirla para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente juicio, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, para el desahogo de dicha diligencia, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles. Asimismo, se hace del conocimiento de los jueces requerido que el emplazamiento encomendado deberá ordenar se realice en términos del artículo 27, fracción I, de la referida Ley de Amparo, esto es: El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, debiendo circunstanciar cómo es o porqué medios se cerciora que es el domicilio en que se constituye y que es la residencia de quien busca o bien señalar qué persona le hace saber que en ese lugar se puede encontrar al buscado (placa o signos objetos que identifiquen el inmueble), le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente, le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que dentro de los dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio, si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista y por lista en una página electrónica. Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que dentro de los dos días hábiles siguientes acudan al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presentan se notificará por lista, pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. La lista de acuerdos se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, la fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá los requisitos establecidos en el numeral 29 del ordenamiento jurídico en consulta. En la inteligencia que la lista deberá contener los requisitos de las fracciones III y IV del artículo 29 de la Ley de Amparo, es decir, se debe anotar los datos que identifiquen a las autoridades responsables que intervienen en el asunto, así como una síntesis de la resolución que se notifica, la cual, por ejemplo, se puede satisfacer reproduciendo la porción respectiva del acuerdo que admite la demanda y del que se manda emplazar al tercero interesado. Debiendo asentar certificación de la hora en la que se publica la lista para hacer la notificación al tercero interesado, puesto que el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su párrafo inicial prevé que la fijación y publicación de la lista se realizará a primera hora hábil del día, lo que motiva que se requiera la anotación de esa circunstancia. En todos los casos, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. De igual forma, hágase del conocimiento de los Jueces requerido que no es óbice para la diligenciación del citado comunicado, que lo reciba con posterioridad al señalamiento de la audiencia constitucional indicada en el mismo, en virtud que es necesario que se realice dicho emplazamiento para resolver el presente juicio de amparo, por lo que una vez que sea diligenciado, se solicita lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional para el día de hoy se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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