Javier Iván Columna Cuellar
Expediente 713/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Javier Iván Columna Cuellar
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO Ahora, en atención a la certificación secretarial y el estado que guardan los autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa... hubiere recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y RELEVANCIA DOCUMENTAL Con fundamento en lo dispuesto por los artículos... Hágase del conocimiento de las partes, que el expediente en que se actúa, carece relevancia documental, y no se encuentran glosados documentos originales, por lo que deberá conservarse por un plazo de tres años, y concluido éste, dentro de los treinta días siguientes, se deberá proceder a su destrucción y remitir el acta de baja documental correspondiente. Por tanto, hágase constar en la caratula que carece de relevancia documental, que no contiene documentos originales y que es susceptible de destrucción. PUBLICACIÓN DE DATOS Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero de la normatividad en cita, toda vez que en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los numerales 14 y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.
- Principal
RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo presentada por ***, con el carácter que ostenta de defensor particular de ***, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio Licenciado Ignacio Aguilar Romero, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Siete, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, y regístrese con el número ***, tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO Ahora bien, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6, 14 y 15, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo los cuales disponen. "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Articulo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o cualquier persona en los casos previsto en esta Ley." Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley los permita." "Articulo 14. Para el trámite de la demanda de amparo, indirecto en materia penal bastara que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad a quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, la certificación correspondiente (.) "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, el agravado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. De los preceptos legales antes transcritos se advierten las condiciones para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agravada que rige el juicio de amparo previsto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el cual establece la regla general a seguir para la procedencia del juicio de amparo, consistente en que este puede promoverse por aquella persona a quien perjudique la ley; el tratado internacional; el reglamento o cualquier otro acto de autoridad. De una relación armónica de dicho precepto legal con los diversos transcritos, se advierte que el principio de parte agravada, puede cumplirse no solo cuando el agravado insta al órgano jurisdiccional directamente, o bien, por conducto de su representante legal o de su apoderado, sino excepcionalmente, en los supuestos siguientes: Que el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifieste ser defensor del agraviado, lo cual posteriormente tiene que ser corroborado por el juez de amparo, solicitando constancias a la autoridad correspondiente, relativas a la aceptación y protesta del cargo como lo dispone el artículo 6º, segundo párrafo y 14 de la Ley de Amparo. . Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes, y cualquier otra pena inusitada y transcendental), así como, la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales y que el agraviado se encuentre imposibilitado materialmente para promover el amparo (artículo 15 de la Ley de Amparo), caso en el cual la demanda de amparo, podrá ser presentada por cualquier persona incluso menor de edad. Precisado lo anterior, en el caso concreto, como se advierte de la certificación de cuenta, la demanda de amparo fue promovida aparentemente por José Luis Carbajal Campos, con el carácter que ostenta de defensor particular de Javier Iván Columba Cuellar, recibida vía electrónica con evidencia criptográfica de *** (autorizada de éste). Sin embargo, como se precisó la evidencia criptográfica no corresponde al nombre del defensor privado del directo quejoso, ya que el escrito inicial que se atiende contiene la firma digital de *** Bajo ese contexto, en la demanda de amparo se advierte que no está plasmada de manera fehaciente la voluntad de ***, para instar la presente contienda constitucional y, si bien el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, dictado en audiencia inicial de veinte de noviembre de dos mil veinte dentro de la carpeta de judicial ***, mismo que no se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo que podría dar lugar a la presentación de la demanda que se atiende por cualquier persona; lo cierto es que en la demanda de amparo origen de este juicio, no se advierte ni de manera indiciaria la imposibilidad material que en su caso tuviera el directo agraviado para presentarla por su propio derecho, o en su caso con la evidencia criptográfica de su defensor público. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, los artículos 45, 46, 47 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prevén que al presentarse cualquier escrito de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva por alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; que podrá promoverse por cualquier persona incluso menor de edad, siempre y cuando el directo agraviado se encuentre materialmente imposibilitado para promover la demanda por propio derecho. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica contiene firma digital de ***, sin que se advierta la firma electrónica del defensor particular del directo quejoso ***; siendo evidente que carece de su firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica perteneciente al directo quejoso, a que se refiere el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, así como de la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE 2.0), que obra en el expediente que se actúa. Luego entonces, no se advierte la manifestación de voluntad de José Luis Carbajal Campos quien ostenta la calidad de defensor del directo quejoso J ***, de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica), las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia , cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." También sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que indica, la tesis, cuyo rubro dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA POR FALTA DE." En concordancia con lo anterior, cabe señalar, que no basta con la sola existencia de la evidencia criptográfica, para que se considere colmado este requisito, pues es indispensable que, cuando el defensor particular promueve a nombre de la parte quejosa el juicio de amparo indirecto, la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que esta le pertenece al promovente. Asimismo, resulta importante destacar que si bien el acto aquí reclamado, consistente el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, dictado en audiencia inicial de veinte de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de judicial ***, mismo que no se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para justificar que cualquier persona lo haga en su nombre, lo que trae como consecuencia la falta de legitimación de ***, para promoverla en su favor (como en el caso). Lo que se corrobora con del propio apartado del nombre y domicilio del quejoso, donde se advierte que quien aduce ser el promovente ***, es el defensor particular del directo quejoso ***, toda vez, que el mismo se encuentra en privado de su libertad. De ahí que ante la inexistencia de un acto concreto que evidencie la imposibilidad de ***, para promover la demanda de amparo, por su propio derecho con firma autógrafa o en su caso, en línea con evidencia criptográfica propia, se concluye que el firmante del amparo ***, no está legitimada para promover la acción constitucional en favor del directo quejoso antes mencionado.. Por lo que, no se cumple con el principio de instancia de parte agravada que rige el juicio de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia antes invocada. No se desatiende lo dispuesto en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a que se hizo referencia en párrafos anteriores, que dispone que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Y que para ello bastará que se ingrese el nombre del defensor particular del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionar a través de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional al que se pretenda enviar la demanda; de igual manera, deberá ingresar el archivo electrónico legible que contenga la demanda de amparo, o se podrá utilizar el formato preexistente o el texto en blanco que se encuentra a su disposición, capturar un código de seguridad y enviar su escrito de demanda. En ese contexto, en atención a la certificación secretarial que antecede y a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) a nombre del promovente y no encontrarse en el supuesto del último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, es decir, que el líbelo constitucional no se acredita la imposibilidad material de promover contemplada en el artículo 15 de la ley de la materia Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) , cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." En relatadas condiciones, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6, 14 y 15, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo desechar de plano la de demanda de amparo, por los actos y autoridades reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." PUBLICACIÓN DE ACUERDO Atento a lo anterior, y al no existir voluntad de los promoventes, se ordena la publicación del presente acuerdo, de manera íntegra, en lista visible en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, con la supresión de información reservada, con independencia de que los actuarios judiciales realicen la reproducción física para el registro administrativo del órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Sin realizar mayor pronunciamiento respecto al domicilio y autorizados que se señalan en el escrito de mérito, en virtud de que no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente. Notifíquese.
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