Javier Ignacio Olea Peláez

Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
58/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Javier Ignacio Olea Peláez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de febrero del año en curso, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad envíese al archivo.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo presuntamente presentada por Javier Ignacio Olea Peláez, ...fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 58/2021-III. Del estudio integral de la demanda se advierte que resulta improcedente en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: .El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.... Efectivamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 3, 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]" En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en el precepto legal mencionado se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. En ese sentido, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquél que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca el contenido de los artículos 45, 46 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que prevén: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 52. El módulo para presentar promociones y recursos contará con un mecanismo que permita registrar la fecha y hora del envío, de la conclusión del mismo, y de la recepción de los documentos remitidos. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como las horas y fechas de envío y de recepción. Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente." De los numerales transcritos se obtiene que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 16 del citado Acuerdo General, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregaran a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora bien, si bien la presente demanda de amparo fue presentada por conducto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, también lo es, que la misma fue firmada electrónicamente y con evidencia criptográfica a nombre de Edgar Emmanuel Romero Flores, y no por el quejoso Javier Ignacio Olea Peláez, quien promueve por propio derecho, según se advierte de la demanda. Lo anterior, evidencia que no existe manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Por tanto, la demanda de amparo debe ser firmada por la persona agraviada para que quede de manifiesto la voluntad de instar ante el órgano jurisdiccional. Luego, la firma electrónica es el instrumento tecnológico que sustituye la firma autógrafa, y colma el requisito esencial para dar validez al documento; sin embargo, como quedó evidenciado, en el presente caso, la demanda de amparo fue firmada electrónicamente únicamente por Edgar Emmanuel Romero Flores, quien fue señalado presuntamente por el quejoso como autorizado en términos amplios, figura que se encuentra contemplada por el artículo 12 de la Ley de Amparo; no obstante, la representación conferida, debe entenderse como delegada para realizar trámites posteriores a la presentación y admisión de la demanda, es decir, una vez que ya fue reconocido tal carácter por el órgano de control constitucional. Por consiguiente, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Javier Ignacio Olea Peláez, quien promueve amparo indirecto por propio derecho, no firmó electrónicamente (requisito fundamental para dar validez a la petición que hace), sino que lo hizo el abogado Edgar Emmanuel Romero Flores, quien en su caso debió promover en representación del directo quejoso. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 62, tomo I, página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018943, cuyos rubros y textos son: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019715, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad de los promoventes, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma autógrafa de quien la promueve, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quien al parecer promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Es apoyo de la consideración que antecede, el criterio contenido en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, Tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Asimismo, la diversa VI.2o.692 K, sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 435, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." En la inteligencia de que no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tales condiciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6º, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo, y como autorizados en términos de la primera parte, segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Ricardo Zinser Cruz, José Luis Nassar Daw, Alfonso José Jiménez o Farrill Duran, Eduardo Luengo Creel, Ricardo Lecumberri Torres, Raúl Cid Osorio, Edgar Emmanuel Romero Flores y Francisco Patricio Kegel Jacob, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas, por así solicitarlo. Asimismo, en cumplimiento a la circular 12/2009, por medio de la cual se comunicó a este Juzgado que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza a la parte promovente y a sus autorizados el uso de los medios tecnológicos de reproducción aportados por la ciencia (scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil), para obtener copia de las actuaciones practicadas en el presente juicio; lo anterior, con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo. Es aplicable, en términos del artículo sexto de las disposiciones transitorias de la Ley de Amparo vigente, la tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 167640, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". De igual manera, se le tiene proporcionando los correos electrónicos que señala, únicamente para facilitar la comunicación oficial con este órgano de justicia federal. Ahora, sin que sea óbice el sentido de la determinación adoptada respecto a la demanda de amparo, y dado que quien plasma la firma electrónica es Edgar Emmanuel Romero Flores, en atención a la petición relacionada con las autorizaciones, consultas y notificaciones electrónicas del expediente, dígasele que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la clave de usuario "explot_585", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en lo subsecuente únicamente las notificaciones a la parte promovente de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, autorizando la clave de usuario mencionada; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial De la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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