Javier Ignacio Olea Peláez
Expediente 1205/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Javier Ignacio Olea Peláez
- Javier Ignacio Olea Peláez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de cinco de abril de dos mil dieciocho (foja 110), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. VI. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. [...]
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio y anexo firmado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por el cual remite copia certificada de la resolución dictada el dos de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente TCA/SRCH/136/2011, por la que dejó insubsistente la multa impuesta al Fiscal General del estado, mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 83 a 92); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrada Presidente de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumplan con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. En concreto deben realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la multa impuesta mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/054/2017, al Fiscal General del Estado, consistente en cien días de Unidad de Medida y Actualización. Con base en lo expuesto en la sentencia definitiva dictada por este órgano jurisdiccional, de insistir en la medida de apremio, debe tener en cuenta el cómputo del término de diez días concedido al Fiscal General del Estado de Guerrero, para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete y tomar en consideración el escrito que la autoridad demandada presentó el siete de septiembre de dos mil diecisiete. Lo anterior, se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y la Administración Fiscal Estatal 4-01, Área de Ejecución Fiscal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por no reclamarse por vicios propios. Deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración que los efectos de la ejecutoria de amparo la obliga a dejar sin insubsistente el acto reclamado y emitir una nueva determinación, en la que atienda la ejecutoria; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se apercibe a Olimpia María Azucena Godínez Viveros, Héctor Apreza Patrón y Betzabeth Martínez Carachure, en su carácter de Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Administrador Fiscal Estatal número 4-01 del Área de Ejecución Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de dicha secretaría, respectivamente, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, tanto las responsable como a los superiores jerárquicos, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación de los funcionarios públicos contumaces ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrieron en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
- Principal
RESUELVE.- PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE AL QUEJOSO*** SEGUNDO.- PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA.- TERCERO.- PROCÉDASE A SU CAPTURA EN EL MÓDULO DE SENTENCIAS.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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