Javier Hurtado Murillo
Expediente 1257/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/06/2019
Partes del expediente
- Javier Hurtado Murillo
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 28/06/2019, que dice: I. Visto el estado procesal de autos. Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de inconformidad. II. Se ordena archivar. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Relevancia documental. Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. IV. Destino. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto por una parte se sobreseyó, y otra se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. V. Devolución de documentos. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos certificados exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser depurados junto con el expediente. VI. Cambio de Titular. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el entonces Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, hoy Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió constancias certificadas con las que a su parecer dio cumplimiento al fallo protector. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia pronunciada el dos de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejos Javier Hurtado Murillo, contra actos de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar el valor pecuniario representado en el documento a registrar ni la procedencia del mismo; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; considerar lo contrario, implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 38070981 emitido a nombre del aquí quejoso, por la Oficina de Recaudación Fiscal Ubicada en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional) y no la contenida en el inciso a), fracción I, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; reintegrando a éste el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar la hipótesis que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada). Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable entonces Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, hoy Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, hoy Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitiendo copia simple del acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, del cual se advierte que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Aunado a lo anterior, en auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dicha responsable remitió copia certificada de la orden de pago número 1777050, así como el recibo de la cantidad de $25,866.67 (veinticinco mil pesos ochocientos sesenta y seis pesos con sesenta y siete centavos, moneda nacional), que corresponde al numerario ingresado mediante recibo oficial con motivo de la aplicación de la norma jurídica tildada de inconstitucional. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por medio del cual remite copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado a la parte quejosa con las constancias de referencia para que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Téngase por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual informa que la parte quejosa no se ha presentado a recoger el cheque 0013807 de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho. En esas condiciones, toda vez que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 193, de la ley de la materia, se requiere nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, realice las gestiones a su cargo que resultan necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, esto es, se presente en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, a fin de recoger el cheque expedido a su favor, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le tendrá por conforme con cantidad establecida en el mismo, así como desinteresada en recibir tal cantidad y este Juzgado procederá a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo conforme a derecho. Independiente de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que dentro del término de tres días contados a partir de que la parte quejosa se presente en sus instalaciones a efecto de recoger el cheque expedido a su favor, acredite que le entregó el cheque correspondiente. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no cumplir con lo anterior, en lapso indicado, se le impondrá una multa por el importe de cien veces el valor diario, de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de dicha Unidad, el cual equivale al monto de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, preceptos que a su vez establecen que en el caso de que no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos efectuados, el órgano jurisdiccional, remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, para la substanciación del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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