Javier Hugo Fernández Conde

Expediente 369/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
369/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Javier Hugo Fernández Conde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de doce de junio de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. Finalmente, tomando en consideración que se formó el ANEXO I con las copias certificadas remitidas por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en consecuencia, remítanse a su lugar de origen.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual da cumplimiento al proveído de ocho de junio del año en curso, por el que se le requirió para que informara el estado procesal que guardan los autos en el juicio ejecutivo mercantil 846/2014/9M, al respecto se provee Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES.-a).-C. JUEZ NOVENO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, con domicilio bien conocido en el segundo piso de Ciudad Judicial, misma que se ubica en la Avenida Periférico, Ecológico número cuatro mil, en San Andrés Cholula Puebla, como autoridad ordenadora. B).-Del C. DILlGENCIARIO ADSCRITO A LOS EXPEDIENTES PARES, DEL H. JUZGADO NOVENO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL, como autoridad ejecutora, reclamo el haber trabado embargo sobre el inmueble referido en el punto que antecede y que se identifica como lote número treinta y ocho, de la manzana dos, del fraccionamiento Ciudad Satélite del Magisterio Estatal en Ciudad de Puebla. C).-C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, con domicilio oficial, en la calle siete norte número mil seis como autoridad ejecutora. IV.-ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.-Del C. JUEZ NOVENO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, reclamo todo el procedimiento seguido en contra de mi difunta madre, quien en vida llevo el nombre de JUANA CONDE FLORES o JUANA CONDE DE FERNANDEZ que fue su nombre de casada, dentro del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 846/2014, seguido por la C.DAYHANA MONTSERRAT AGUILA MORALES, reclamando todo lo actuado a partir del auto de ejecución, la sentencia que se haya emitido dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil de referencia; la liquidación de sentencia, y el auto que haya decretado la adjudicación en favor de la tercera interesada, de un inmueble que fue de la propiedad de mi difunta madre, y al cual se le conoce o se identifica como lote número treinta y ocho, de la manzana dos, con una extensión superficial de doscientos cuarenta y ocho metros, del fraccionamiento Ciudad Satélite del Magisterio Estatal de la Ciudad de Puebla, de acuerdo con el instrumento notarial número nueve mil trescientos treinta y uno, Volumen ciento treinta, de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y seis, otorgado ante la fe del C.LICENCIADO JUAN, SALAZAR OREA, Notario Público número 9 de la Ciudad de Puebla. 2.- Del C. REGISTADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE PUEBLA reclamo, el haber realizado la inscripción del embargo, ordenado por la autoridad responsable ordenadora, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 846/2014 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por DAYHANA MONTSERRAT AGUILA MORALES, en contra de mi difunta madre quien vida, llevo el nombre de JUANA CONDE FLORES o JUANA CONDE DE FERNANDEZ, inscripción de fecha nueve de marzo del año dos mil quince por un monto de ciento setenta y cinco mil pesos, cero centavos Moneda Nacional." Ahora bien, de las copias certificadas del expediente 846/2014/9M remitidas por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, se desprende que Dayhana Monserrat Águila Morales -aquí tercero interesada- ratificó su escrito de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se desistió de la ejecución de sentencia, constancias que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaería. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso; en consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Expuesto lo anterior, en el caso concreto se considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues de conformidad con la transcripción de los actos reclamados, los cuales quedaron anteriormente, se conoce que el seis de junio de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 846/2014/9M Dayhana Monserrat Águila Morales, parte tercero interesada -actora en el juicio de origen- se desistió de la ejecución de sentencia y ratificó su escrito el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso Javier Hugo Fernández Conde, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra todo lo actuado a partir del auto de ejecución de sentencia del Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. De ahí que exista un hecho que impide que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaería, lo que resulta evidente al considerar que Dayhana Monserrat Águila Morales -aquí tercero interesada- se desistió de la ejecución de sentencia -que es el sustento del acto que aquí se reclama-. Lo que precede permite considerar, sobre la base de que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido violadas; que es necesario que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado, en la inteligencia de que si esto último no es factible, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia, como ocurre en el caso. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Javier Hugo Fernández Conde reclamó al Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla y otras autoridades responsables. Por lo tanto, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso Javier Hugo Fernández Conde, mediante el cual realiza diversas manifestaciones consistentes en que la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 846/2014 del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, aquí tercera interesada Dayhana Montserrat Águila Morales, se desistió del juicio de origen, por lo que solicita se gire atento oficio al citado Juez para el efecto de que informe el estado procesal que guardan los referidos autos, y de ser cierto el desistimiento remita copias certificadas que acrediten su dicho. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir del día al en que reciba el oficio notificatorio de este auto, informe el estado procesal que guardan los presentes autos y remita copias certificadas en caso de que la parte actora se hubiese desistido del juicio de origen, lo anterior es así, dado que tales documentales se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por la Encargada del Departamento de Dependencias de Gobierno CFE Suministrador de Servicios Básicos y por el Apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de veinticuatro de abril del año en curso, informan que previa búsqueda en la base de datos de dichas dependencias, no se localizó registro de algún domicilio de la tercera interesada ********************

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