Javier Herrejón Alanis
Expediente 1489/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/04/2017
Partes del expediente
- Javier Herrejón Alanis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de abril de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra e la sentencia de veintidós de marzo del presente año (fojas 226 a 232), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1489/2016-V promovido por Javier Herrejon Alanis, contra actos del Director General del Centro de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual, por razón de turno fue remitido a este juzgado, Javier Herrejon Alanis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES y ejecutoras en su doble carácter: Director General de CERESO de "Santiaguito" Estado de México. Coordinadora General de los Servicios Médicos del CERESO "Santiaguito" Estado de México." ACTO RECLAMADO Reclamo de las autoridades en su doble carácter la nula atención médica para volver a caminar adecuadamente a pesar de solicitar diariamente la gestión de un médico especialista necesaria para mi urgente operación ya que mi padecimiento es progresivo y pone en riesgo mi vida" SEGUNDO. Preceptos Constitucionales Señalados. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que el acto de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º,4º, 8º, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Previa prevención (foja 6), mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 11 a la 13), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitaron los respectivos informes justificados a las autoridades responsables, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad con residencia en el lugar en que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que la parte quejosa reclama la falta de atención médica de un especialista para volver a caminar. TERCERO. existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, pues no obstante de haber negado la existencia del acto reclamado, del contenido de su informe justificado, así como de las constancias remitidas, a las que dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, en complemento, se advierte su existencia; pues de la copia certificada de la hoja de referencia hospitalaria a nombre del quejoso, se observa que es de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, es decir un día después de la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de Improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. El quejoso acudió a esta instancia constitucional para reclamar la falta de atención médica de un especialista para volver a caminar. Sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se advierte que el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, a través del médico del centro federal responsable, se llevó a cabo una exploración física en el paciente, se precisó padecimiento actual y se envió solicitud de servicio médico de traumatología y ortopedia, (fojas 42 y 45) y el quince de noviembre de dos mi dieciséis, se llevó a cabo una hoja de referencia hospitalaria (foja 112). Asimismo, mediante oficio once de enero de dos mi diecisiete, el Medico del Centro Preventivo y de Readaptación Social responsable, remitió copia certificada de la hoja de referencia hospitalaria del aquí quejoso, en la cual se hace referencia a la solicitud de atención médica por la especialidad de traumatología y ortopedia (foja 131), y en la que se advierte sello de la jefatura de consulta externa del "ISSEM" (foja 132). Asimismo, de los oficios recibidos el día de la fecha registrados con número de promoción 5458, 5650 y 5653, se advierte que las autoridades responsables refieren que: El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el paciente asistió al servicio de traumatología y ortopedia del hospital General Dr. Nicolás San Juan, de la ciudad de Toluca. De la valoración del paciente, el médico tratante considera un primer diagnóstico de Lumbo-Ciática derecha. Se solicitó para integrar protocolo de estudio, rayos X AP y lateral de columna lumbar/resonancia magnética nuclear de columna lumbar simple y contrastada. Asimismo de las documentales exhibidas en los oficios referidos, se advierte que se ha solicitado estudio de gabinete: ".AP L Lateral de columna Lumbar." (sic). ".Resonancia Magnética nuclear lumbar simple y contrastada." (sic). En ese orden, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado cesan, cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. En efecto, la parte quejosa aduce que no se le ha otorgado atención médica del especialista que refiere; sin embargo, de manera posterior las responsables le han otorgado la atención médica especializada que requiere, lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, éstos han cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciará respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, como la jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. No procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1489/2016-V, promovido por Javier Herrejon Alanis, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, quien da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios signados por el Médico de Guardia y Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de los cuales, en cumplimiento al proveído de ocho de marzo del año en curso, remiten copia certificada del oficio de nueve de marzo del año en curso y de un carnet de citas, de los cuales se desprende que la valoración a Javier Herrejón Alanis en la especialidad de traumatología y ortopedia, se programó el quince de marzo del año en curso, en el hospital General Doctor Nicolás San Juan de esta ciudad de Toluca, Estado de México. En tal virtud, requiérase al Director y la Encargada de la Coordinación del Área Médica, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que una vez que se hagan sabedores del resultado de la valoración, dentro del plazo de veinticuatro horas, remitan copia certificada de la misma, así como de la constancia que acredite el día en que se les entregó dichos resultados, o bien, el impedimento legal con que cuenten para ello. Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de ser omisas se le impondrá a cada una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de la debida imposición de las constancias que remitió la responsable, relativas a los actos por esta vía impugnados, se desprende que a fin de que el quejoso sea valorado en especialidad de Traumatología y Ortopedia, se concertó cita en el hospital General Doctor Nicolás San Juan de esta ciudad de Toluca, Estado de México para el trece del presente mes y año (foja 157). En tal virtud, requiérase al Director y la Encargada de la Coordinación del Área Médica, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de la fecha señalada en el párrafo que antecede, remitan informen y remitan copia certificada y legible del resultado de la valoración realizada al quejoso JAVIER HERREJÓN ALANIS en la especialidad de Traumatología y Ortopedia, o bien, el impedimento legal con que cuenten para ello. Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de ser omisas se le impondrá a cada una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se complemente lo anterior, y no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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