Javier Hernando Romero Ulloa

Expediente 643/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
643/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Javier Hernando Romero Ulloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista al quejoso por el plazo de tres días sin que haya realizado manifestación al respecto, como se advierte de la constancia de cuenta; por tanto, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado. En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve este juzgado de Distrito concedió la protección de la Justicia de la Unión a Javier Hernando Romero Ulloa, para efecto de que la actual Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dejara insubsistente todo lo actuado por la Comisión responsable y/o sus integrantes, en el procedimiento administrativo de origen, a partir del cinco de abril de dos mil dieciocho, incluyendo la resolución definitiva reclamada y los actos de ejecución tanto del referido procedimiento como de su resolución y, con plenitud de jurisdicción, determinara lo conducente respecto de lo actuado hasta esa fecha. Inconforme con la referida resolución, la referida autoridad responsable interpuso recurso de revisión el cual resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, autoridad que en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte modificó el fallo protector para efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Dicte una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos aquí precisados, dé contestación fundada y motivadamente, a los argumentos defensivos de la parte quejosa. 3. En caso de determinar alguna responsabilidad contra el quejoso, deberá particularizar cada conducta atribuida haciendo mención del artículo y fracción la prevé y los medios de prueba que la acreditan. 4. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido el veinticinco de septiembre del presente año y registrado con folio 9703, el delegado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, de la cual se advierte que los magistrados integrantes de la junta referida dejaron insubsistente la diversa resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve emitida en la queja administrativa 486/2018. Asimismo, de la resolución en comento se advierte que los magistrados -con el objeto de respetar el principio de exhaustividad que toda sentencia debe de cumplir- puntualizaron cada uno de los agravios que el aquí quejoso hizo valer en su contestación relacionada al procedimiento administrativo que fue instaurado en su contra, por lo que, respecto al agravio consistente en que se realizó la reproducción de diversos videos sin que se le hubiere dado intervención y que por ello se violaban las garantías del procedimiento, determinaron que tal argumento resultaba inoperante, en razón de que el órgano facultado para pedir informes y realizar la investigación pertinente respecto a las responsabilidades administrativas es actualmente la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución del Estado de Morelos, en relación con el 117, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como la Visitaduría General en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 123 y 124 de la referida ley, por lo que, al ordenarse la reproducción de dicho video no generó ninguna violación al procedimiento. Además, establecieron que por cuanto a las diversas manifestaciones realizadas por el servidor público serían tomadas en consideración al realizar el análisis de la tipicidad, responsabilidad y valoración de todas las pruebas que obraban en el procedimiento administrativo. Posteriormente, refirieron que se llegó a la conclusión de que los hechos que motivaron el procedimiento administrativo no podían ser motivo de sanción, en razón de que la conducta imputada no actualizaba las hipótesis previstas en la fracción XV del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues no se advirtió que el servidor público prejuzgó el asunto sometido a su consideración, toda vez que no anticipó el resultado del fallo -tal y como lo refirió el quejoso en sus manifestaciones- pues la forma en que condujo la audiencia no conllevó a emitir anticipadamente el sentido de la resolución de vinculación a proceso, por tanto la conducta imputada no encuadraba en la responsabilidad administrativa contenida en la citada porción normativa. Asimismo, refirieron que por cuanto a la fracción XVII del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual indica que son faltas de los jueces tratar al público o a sus compañeros de trabajo, con desatención o despotismo, no encuadraba la conducta atribuida al servidor público, pues lo que se le atribuyó fue la falta de respeto a los Magistrados del Tribunal de Alzada del Segundo Circuito, sin embargo, los integrantes de dicho órgano colegiado no se consideraban como compañeros de trabajo, por tanto la conducta ya referida no se actualizaba en la hipótesis normativa de referencia. Por otra parte, determinaron que tampoco se actualizaba la fracción VI del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual prevé que dará origen a las responsabilidades administrativas el incumplimiento de las siguientes obligaciones; observar buena conducta, respetar a la persona y órdenes de sus superiores jerárquicos y dar buen trato a sus subalternos, por lo que si bien era cierto que el actuar del servidor público no fue el idóneo, también lo era que dicho Tribunal no es superior jerárquico del servidor público, lo cual no implicaba alguna subordinación, razón por la cual no se actualizaba la hipótesis normativa referida. Además, también establecieron que por cuanto a la falta prevista en el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, no se actualizaba la misma, ello en razón de que no se acredito que el servidos público incumplió con la obligación de hacer cumplir sin demora y con estricto apego a la ley, las determinaciones emitidas por el Tribunal Superior, pues sí dio cumplimiento a lo ordenado por dicho órgano colegiado, pues llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso respectiva. Posteriormente, determinaron que no era necesario el estudio de cada una de las excepciones y defensas que hizo valer el aquí quejoso, ello en razón de que éstas tenían por objeto destruir la acción administrativa desplegada en su contra; sin embargo, al establecer el grado de atipicidad de la conducta atribuida resultaba innecesario dicho estudio; en ese sentido, en términos del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, declararon la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a Javier Hernando Romero Ulloa. Por otra parte, en razón de que dejaron insubsistente la resolución emitida el cuatro de abril de dos mil diecinueve emitida en la queja administrativa 486/2018, ordenaron enviar oficios a diversas autoridades a efecto de que llevaran a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para dejar insubsistentes las consecuencias que originó la sanción impuesta al quejoso en dicha resolución. En ese sentido, mediante oficio recibido el siete de octubre del año en curso y registrado con folio 10311, el delegado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, remitió copia certificada del oficio RH/CA/0060/2020 de cinco de octubre del año en curso a través de cual el encargado de la jefatura de Recursos Humanos informó al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos que desincorporó del expediente personal del quejoso la copia certificada de la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve. Además, mediante oficio recibido el veintitrés de octubre del año en curso y registrado con folio 11169, el Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, remitió copia certificada de la hoja de registro de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, de la cual se advierte la anotación respecto a la cancelación en el libro de registro de sanciones y de la base de datos de inhabilitados y sancionados de la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a Javier Hernando Romero Ulloa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3, fracciones VII, XIV y XX, 12, 14, 18, fracción I, b), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de depuración. No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Por otra parte, visto lo acordado anteriormente, de donde se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese de nueva cuenta a fin de proveer respecto de la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, mediante el cual informa el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna este juzgado de Distrito resolverá respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del cual remite copia certificada del oficio MVG/BASB/1687/2020, dirigido a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a efecto de que cancele el registro de la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve emitida en la queja administrativa 486/2018. En atención a lo anterior con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días dé cumplimiento a lo solicitado por el Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio MVG/BASB/1687/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte. Se apercibe a la autoridad referida con antelación, que en caso de ser omiso en lo requerido o no manifestar el impedimento legal que tengan, se le impondrá una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del cual remite copia certificada del oficio RH/CA/0060/2020 dirigido al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual le informaron que se desincorporó del expediente personal del quejoso la copia relativa a la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve emitida en la queja administrativa 486/2018. Sin embargo, no remite copia certificada de la diversa constancia que se le requirió en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere a Rubén Jasso Díaz, Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días: ? Remita copia certificada del acuse del oficio enviado a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a efecto de que lleve a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para dejar insubsistentes las consecuencias que originó la resolución emitida el cuatro de abril de dos mil diecinueve en el expediente 486/2018. Lo anterior, en el entendido de que subsisten los apercibimientos realizados en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

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