Javier Hernández Salazar

Expediente 1187/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1187/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2016

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Cuamatzi Flores, en su carácter de apoderada legal
  • Javier Hernández Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Notifico mediante lista a la parte quejosa, el contenido de la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciséis, cuya síntesis dice: Número de expediente: 1187/2016 Acuerdo: Vistos los presentes autos y, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído dictado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 24), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. De igual forma, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte promovente en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diecinueve de octubre dos mil dieciséis (fojas 11 a 15), dado que en proveído de siete de noviembre del año en curso, se informó a la parte quejosa que desahoga parcialmente la prevención inicial y que contaba con dos días para dar cumplimiento total a la prevención de mérito, proveído que le fue notificado, previo citatorio, el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 21 a 23), por lo que dicha notificación surtió efectos el catorce siguiente y el plazo restante -dos días para dar cumplimiento total a la prevención- transcurrió del quince al dieciséis de noviembre del año en curso, sin que la parte quejosa diera cumplimiento total a la prevención diecinueve de octubre dos mil dieciséis.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por J. Guadalupe Cuamatzi Flores quien aparentemente dice ser apoderado legal de Javier Hernández Salazar, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, y al efecto manifiesta que a quienes les reviste el carácter de terceros interesados es al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Panotla, Presidente y Secretario del mismo Municipio, cuyo domicilio se encuentra ubicado en Plaza Hidalgo sin número precisamente donde se ubica el Palacio Municipal del Municipio de Panotla y que bajo protesta de decir verdad manifiesta desconocer los domicilios de los terceros interesados Xavier Santacruz Sánchez Y Hugo Pérez Sánchez.En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso únicamente en lo relativo al nombre y domicilio de los terceros interesados.Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones vertidas por el ocursante en el sentido de que se le reconozca la personalidad con la que actúa a través del documento presentado como anexo a la demanda de garantías consistente en copia cotejada del auto de fecha diez de septiembre de dos mil trece, al respecto dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso.En consecuencia, continúa vigente el apercibimiento efectuado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en el entendido que el término concedido en el proveído de mérito-cinco días- para que el promovente de cumplimiento total al requerimiento formulado en el mismo, esto es exhiba original o copia certificada del documento idóneo con el que acredite la representación con que se ostenta, se interrumpe por una sola vez, reanudándose al día siguiente en que surta efectos la notificación practicada del presente acuerdo. Por tanto, toda vez que la promoción fue recibida a las quince horas con catorce minutos del tres de noviembre de noviembre de dos mil dieciséis tal y como lo revela el sello de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado de Tlaxcala, siendo este el tercer día para que dé cumplimiento total a la prevención formulada en acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso, puesto que el mismo le fue notificado el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, es por lo que cuenta con dos días para dar cumplimiento total a la prevención, cómputo que empezará a transcurrir cuando surta efectos la notificación del presente proveído.Asimismo, se hace saber al promovente que una vez que esté notificado del presente acuerdo se reanudará el cómputo del tiempo restante con el que cuenta para que dé cumplimiento al requerimiento de que se trata, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada su demanda de amparo.

  4. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del siete de noviembre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: "Vista la demanda de amparo que promueve J. Guadalupe Cuamatzi Flores, quien se ostenta como apoderado legal de Javier Hernández Salazar, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1187/2016-VIII. En este tenor, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción I y II, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad" Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo es conveniente hacer notar que el promovente pretende justificar la personalidad con la que se ostenta, esto es, apoderado legal de Javier Hernández Salazar, con la diligencia de diez de septiembre de dos mil trece dentro del expediente laboral 148/2010-C y su acumulado 262/2010 correspondiente a la audiencia laboral en su etapa procesal de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con un sello de cotejo, la cual resulta insuficiente para acreditar dicha personalidad, toda vez que no se trata de un documento original ni una copia debidamente certificada por autoridad judicial, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho que en el documento de referencia obran firmas originales, sin embargo, no se tiene la certeza de a quiénes pertenecen las mismas, aunado al hecho que el documento en comento carece de la certificación correspondiente. Al respecto, los numerales 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo prevén: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De lo anterior, se obtiene que, el primer numeral transcrito refiere a la cuestión inherente a la legitimación ad causam y ad procesum, en la que la primera de ellas significa que el quejoso tendrá tal legitimación en el supuesto de que efectivamente se le hayan violado sus derechos fundamentales mediante una norma general o acto que reclame, y en otro aspecto la legitimación ad procesum implica que el quejoso puede y tiene la facultad para promover un amparo cuando estima tiene el derecho que se cuestionara en él, bien porque se ostente como titular de ese derecho, por que cuente con la representación legal de ese titular. Además, establece que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. De igual forma se establece que el representante del quejoso o del tercero interesado que tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable y esta representación subsista en el momento de la presentación de la demanda, será admitida para todos los efectos legales, debiendo acreditarse ante la autoridad de amparo, por medio de la constancia en original o en copia certificada expedida por la autoridad responsable que justifique su personalidad ha sido reconocida por ella, sin que sea dable la simple afirmación de esa circunstancia, o sea, que la autoridad de amparo debe cerciorarse fehacientemente de la personalidad del promovente, de acuerdo a los preceptos que se tratan. En efecto, es conveniente acotar que resulta procedente realizar la presente prevención, sobre todo si se toma en consideración que al analizar la personalidad del promovente del amparo no puede emprenderse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional. En consecuencia, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba el original o copia certificada del documento idóneo con el que acredite la representación con que se ostenta. Asimismo, con fundamento en los artículos 5°, fracción III inciso c), 107 fracción V, 108 fracción II y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo antes referido, señale el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, y si no los conoce, lo manifieste así bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, en virtud de que al narrar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte que manifestó lo siguiente: "HECHOS A) Con fecha veinticinco de junio de dos mil diez el suscrito quejoso Javier Hernández Salazar presente demanda laboral en contra de la entidad pública municipal H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Panotla, Tlaxcala y otros ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, asignándome el tribunal responsable el número de expediente 148/2010." Pues, se advierte de la demanda de amparo, el promovente reclama la omisión de emitir la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 148/2010 y su acumulado 262/2010, relativo al juicio ordinario laboral que promovió el actor Javier Hernández Salazar en contra de Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Panotla, Tlaxcala y otros, es decir, el acto reclamado emana de un juicio de carácter laboral; sin embargo, omite señalar al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Panotla, Tlaxcala y a quienes les revista tal carácter como terceros interesados así como proporcionar su domicilio. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. "

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