Javier Hernández Mansilla
Expediente 1639/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1639/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Javier Hernández Mansilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, representante legal de la parte quejosa Edgar Fernando Sosa Padrón, mediante el cual solicita se requiera de nueva cuenta a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector dictado dentro del presente juicio. Ahora bien, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: "... para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta ciudad, se pronuncie de inmediato sobre el diverso escrito de diez de noviembre de dos mil diecisiete, y las peticiones formuladas de requerir al patrón a fin de que entregue la orden de adscripción de la parte actora, se de vista al Gobernador del Estado a fin de que intervenga para el cumplimiento del laudo: así como se expida certificación de personalidad y copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 172/E/2012, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional.". En atención a lo anterior, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y a la autoridad vinculada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ambos con asiento en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la sentencia ejecutoria, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Javier Hernández Mansilla, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razonamiento expuesto en el último del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario con quien actúa, declaró abierta la misma sin la comparecencia personal de ninguna de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos, mismas que por economía procesal, no habrán de transcribirse cada una de ellas, en virtud de haber quedado relacionadas en el presente incidente. En apoyo de la anterior consideración, por analogía, tiene aplicación el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, registro: 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". De igual forma, el Secretario certifica: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de diecinueve de agosto del presente año, en relación a la inexistencia de la autoridad señalada como Dirección de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; transcurrió del veintiséis al treinta de agosto de dos mil veintidós, toda vez que se notificó el veinticuatro de agosto del año en curso, surtiendo efectos el veinticinco siguiente, sin que haya manifestado nada al respecto, descontándose de dicho cómputo los días inhábiles. En relación a lo anterior el Juez acuerda: Ahora bien, por cuanto hace a la certificación secretarial, se tiene como inexistente a la autoridad señalada como Dirección de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; por tanto, se ordena suspender toda comunicación procesal con las autoridades aludidas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2021029, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." A continuación se abre el período probatorio, haciendo constar que la parte quejosa exhibió diversas documentales a su escrito inicial de demanda; al respecto el Juez acuerda: En términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las documentales de cuenta. Se abre el de alegatos, haciendo constar que no existen alegatos de las partes que deban relacionarse, por lo que se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S para dictar resolución los autos que integran el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número 1188/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Vladimir Bautista Martínez, Oscar Alfredo Martínez Hernández, Jhony Joaquín Santos del Ángel, Ariel Hernández Carballo, Deysi Yaneth Beltrán Sánchez y Carlos Humberto Mata Heredia, solicitaron la suspensión contra de actos del Director General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, el acto reclamado señalado por los quejosos es el inicio del procedimiento administrativo número CDP/0731/2021/S2, instruido en su contra para la separación del cargo de Policías Estatales, además solicita el pago de su sueldo y demás prestaciones de ley. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO La autoridad responsable Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, al rendir su informe previo, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, precisando que se inició el expediente administrativo número CDP/0731/2021/S2 el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por motivo de solicitud del Encargado del Despacho del Departamento de Seguimiento y Evaluación de Operaciones, procedimiento que se encuentra en etapa de inicio, señalando además que no se ha realizado ninguna suspensión de funciones y haberes en el precitado expediente por parte de dicha autoridad, por lo que se le tiene por cierto el acto reclamado. Misma circunstancia de certeza se tiene por cuanto hace a las autoridades responsables Director de Recursos Financieros y Materiales de la Coordinación General de Administración, en suplencia del Coordinador General, Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Personal de la Coordinación General de Administración de la Secretaria de Seguridad Publica, Titular de la Sala de Sustanciaron Número Dos Adscrito al Consejo de Desarrollo Policial y Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, todos con residencia en esta ciudad, no obstante que negaron el acto que se les atribuye, de lo manifestado por el Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública con residencia en esta ciudad, se advierte la existencia del inicio del expediente administrativo número CDP/0731/2021/S2 el cinco de octubre de dos mil veintiuno y por ende, su inminente ejecución, de ahí que se tiene por cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, del análisis practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el inicio del procedimiento administrativo número CDP/0731/2021/S2, instruido en su contra para la separación del cargo de Policías Estatales, además solicita el pago de su sueldo y demás prestaciones de ley. De los antecedentes que narra, manifiesta lo siguiente: Trabajan para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, son Policías Estatales. Que fueron notificados en fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo señalado con el numeral CDP/0731/2021/S2, instruido en la Sala de Sustanciación 2, Que les manifestaron que en dicho expediente incurrieron en abandono de servicio entre otros. Así también, indican que solicitan la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se emita la resolución definitiva dentro del procedimiento sancionador, y se le pague su sueldo y demás prestaciones de ley. Ahora bien, conviene tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.]" De tal precepto, en lo que interesa, se colige que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, entre otros requisitos, es necesario satisfacer los siguientes: a) La solicitud del quejoso en ese sentido; b) Que los actos no causen perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, está satisfecha la primera de las exigencias legalmente requeridas, pues existe la petición expresa de la parte quejosa para el otorgamiento de la medida cautelar. A ese respecto, cabe destacar que en el libelo que dio origen al presente incidente, se destaca que los quejosos aducen tener el carácter de Policías Estatales, por tanto, se colige que tienen acreditado su interés suspensional. En cuanto al segundo de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, conceptos que no han sido objetivamente definidos, corresponde al Juzgador en cada caso dotarlos de contenido y fijar su alcance en forma fundada y motivada. Como refuerzo a la consideración precedente en lo conducente se invoca la tesis 2a./J. 81/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de 2002, página 357, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Ahora bien, la medida cautelar no origina perjuicio alguno al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, al no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que los efectos legales de su otorgamiento únicamente recaen sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además, en el caso, debe distinguirse la situación que prevalece tratándose de actos que se dirigen a suspender o dar de baja a un servidor público (respecto de los cuales es improcedente la suspensión, dado que la sociedad se encuentra interesada en que el servidor público cuestionado en sus funciones no siga prestando el servicio de que se trata), de aquellos que únicamente tienden a decretar la suspensión temporal del mismo en el ejercicio de su encargo como sanción o medida preventiva, y sobre los cuales sí resulta procedente el otorgamiento de la medida cautelar. Máxime, que de no concederse la suspensión solicitada, la ejecución de los actos de suspensión reclamados podrían ocasionar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, ante la imposibilidad de percibir su salario durante todo el tiempo que dure la medida cautelar, de la cual, hasta este momento procesal no se tiene certeza de su causa legal ni de su duración. Es decir, en la medida en que la suspensión del cargo público impugnado, y la falta de pago de salarios sigan subsistiendo, se está ante la presencia de actos de tracto sucesivo, por los cuales sí procede la concesión de la medida cautelar. Tales actos son aquellos cuya realización no tiene unicidad temporal, sino que para la satisfacción íntegra de su objeto requiere de una sucesión de hechos entre cuya realización medie un intervalo, por lo que la suspensión podría paralizar o cesar el inicio o nacimiento del acto reclamado, evitándose desde su comienzo, antes de que actualice. Pues bien, en el caso, el quejoso reclama el inicio del procedimiento administrativo iniciado en su contra, así como la suspensión temporal de haberes como Policía Estatal, sin que haya manifestado que ya le hubiese decretado el cese o remoción de sus funciones. Por tanto, es procedente otorgar la suspensión definitiva para que el procedimiento administrativo en contra de los quejosos continúe su curso, ya que al ser de orden público es insuspendible, sin embargo, deberán de abstenerse de dictar la resolución respectiva en dicho procedimiento; asimismo, la autoridad instructora; esto es, las autoridades responsables, garanticen el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; por lo que dichas autoridades habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse. La medida decretada también se concede para el efecto de que se siga prestando los servicios médicos en los términos en que se venía otorgando, sin necesidad de exigir a la parte quejosa la exhibición de la garantía referida en el artículo 7 de la Ley de Amparo toda vez que en el presente asunto no existe tercero interesado que, en su caso, tuviese derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión concedida. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Es sustento de la anterior por su contenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, el viernes 24 de febrero de 2017, que se reproduce íntegramente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUELLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos. En el entendido que, la medida cautelar concedida no surtirá efectos si al día de hoy el quejoso ya ha sido dado de baja o removido de su puesto de forma definitiva, toda vez que ello contravendría el orden público y el interés social, puesto que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no solo de sus superiores, sino de la población, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque, en todo caso, es mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva en caso de que el impetrante ya hubiera sido separado definitivamente del cargo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 34/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 444, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a los quejosos Vladimir Bautista Martínez, Oscar Alfredo Martínez Hernández, Jhony Joaquín Santos del Ángel, Ariel Hernández Carballo, Deysi Yaneth Beltrán Sánchez y Carlos Humberto Mata Heredia, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitan, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a los quejosos.
- Principal
...agréguese a los autos el oficio 15429/2022 signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del oficio 15428/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el que le impone una multa y le requiere nuevamente cubra a los actores las cantidades determinadas en el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 541/E/2013. Sin embargo, la autoridad responsable es omisa en justificar haber enviado el oficio 15428/2022, por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada del oficio 15428/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el cual conste el sello de recibo. Bajo el apercibimiento, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes
- Javier Hernández Mansilla1621/2017
- Javier Hernández Mansilla1759/2022
- Javier Hernández Mansilla1916/2018
- Javier Hernández Mansilla81/2019
- Javier Hernández Mansilla2421/2019
- Javier Hernández Mansilla2149/2017
- Javier Hernández Mansilla188/2020
- Javier Ibarra Echartea1537/2023
- Javier Jiménez García389/2016
- Javier Jiménez García713/2019
- Javier Lara Mata584/2019
- Javier Lorenzo Guerrero126/2023