Javier Guzmán Morales

Expediente 877/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
877/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Javier Guzmán Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede la Ley de Amparo en su artículo 98, para la interposición del recurso de queja sin que hasta estos momentos lo haya hecho valer el quejoso en contra del auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado que tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Asimismo, visto el estado procesal de los autos archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., el presente expediente es destruible toda vez que en el caso por auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado se tuvo por no presentada la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos, por tanto dicho proveído en términos del artículo vigésimo, fracción II), constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y dichos asuntos encuadran en los supuestos de expedientes destruibles. Hágase del conocimiento del quejoso, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, de conformidad con lo previsto por el artículo ya citado. Finalmente, lo anterior se ordena hacer del conocimiento al juez responsable para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Juez Interino Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de julio del año en curso; en consecuencia, téngase a la oficiante dando cumplimiento a lo solicitado en el auto de referencia y el oficio de cuenta se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, ello tomando en consideración que mediante auto de uno de los actuales, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ya transcurrió el término concedido al quejoso para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "1. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la relación que tiene con el diverso quejoso ********************. 2. Asimismo, precise con exactitud la fecha exacta en la que tuvo conocimiento del juicio de origen del cual emana el acto reclamado. 3. Realice, bajo protesta de decir verdad, una narración de forma clara, sucinta y cronológica de las actuaciones más destacadas del juicio ordinario civil, acción plenaria de posesión ********************, promovida por ********************en su carácter de adjudicataria a bienes de ********************y ********************en su carácter de albacea de la sucesión de ********************, hasta señalar el estado procesal que actualmente guarda el mismo. (.). Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. (.)." Ahora bien, en virtud que de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido dicho término, y que el quejoso no cumplió cabalmente con el citado requerimiento en el término concedido; este órgano de control constitucional está imposibilitado para proveer sobre la admisión de la demanda planteada, por lo que se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, y con apoyo en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo..., Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 877/2023. Ahora bien, a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, este juzgado toma conocimiento de la tramitación del juicio de amparo directo 187/2023-13, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por ********************por propio derecho, en contra de la sentencia definitiva de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca civil ********************/2022/1; y su ejecución atribuida al Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil, acción plenaria de posesión ********************, promovida por ********************en su carácter de adjudicataria a bienes de ********************y ********************en su carácter de albacea de la sucesión de ********************en contra de Amado Bonilla Leaños y ********************que en la ejecutoria de quince de junio de dos mil veintitrés, se negó el amparo y de los antecedentes de dicha resolución se advierte que el inmueble materia de la litis es el ubicado en ********************en esta Ciudad. En consecuencia, como claramente quedó advertido, en la demanda que ahora se analiza se reclaman actos derivados del mismo procedimiento; por tanto, requiérase al promovente de este amparo, para que en el término de cinco días, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: 1. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la relación que tiene con el diverso quejoso ********************. 2. Asimismo, precise con exactitud la fecha exacta en la que tuvo conocimiento del juicio de origen del cual emana el acto reclamado. 3. Realice, bajo protesta de decir verdad, una narración de forma clara, sucinta y cronológica de las actuaciones más destacadas del juicio ordinario civil, acción plenaria de posesión ********************, promovida por ********************en su carácter de adjudicataria a bienes de ********************y ********************en su carácter de albacea de la sucesión de ********************hasta señalar el estado procesal que actualmente guarda el mismo. Información que puede proporcionar tomando en consideración que de lo manifestado en su escrito inicial de demanda proporciona fechas del juicio natural y que por tanto, tiene pleno conocimiento de éste; y además, deberá precisar qué tipo de intervención ha tenido la persona que le permitió el uso del inmueble litigoso en el juicio de donde derivan los actos reclamados y señalar en qué actuaciones. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial del Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. Es un requisito formal que debe manifestarse de manera expresa en el escrito de demanda de amparo, que no puede ser sustituido por la expresión final "protesto lo necesario" y cuya omisión puede llevar al juzgador de amparo a tener por no interpuesta la demanda. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una formula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. El requerimiento señalado en párrafos que anteceden, se sustenta en el hecho de que al promover el presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, lo que se traduciría en una transgresión a la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del juicio de amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar su posesión y la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, documentos privados -contratos privados, comprobantes de domicilio, estado de cuenta, etcétera- que por lo regular en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen, pues con tales documentos no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, porque para que tal cosa ocurra resulta obligado que los referidos títulos sean de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público o desde la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable, por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXVII, abril de 2008, materia civil, visible en la página 11, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", tiene por objeto retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este juzgado federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que al desahogar el presente requerimiento y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedora a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo CXXIX, visible en la página 250, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO. El artículo 81 de la Ley de Amparo claramente, y sin dejar lugar a dudas, establece que siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes en su caso, al abogado o ambos, una multa de doscientos a mil pesos. Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo, cuando, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer la ejecución del acto reclamado, según prudente apreciación del sentenciador. En tal virtud, si el propio quejoso reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la demanda fue presentada con el fin de entorpecer la ejecución de ellos, se impone confirmar la sentencia que le impone la aludida sanción." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Por otra parte, solicítese al Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal en que se encuentra actualmente el juicio de origen; si el aquí quejoso ********************, ha tenido intervención en el mismo; informe si con anterioridad se ha promovió diverso juicio de amparo, dado el caso, proporcione el nombre del o los quejosos, el número de expediente y juzgado en el que se radicó y estado procesal de ser posible; y si la parte demandada tuvo intervención en dicho procedimiento y si interpuso los medios de defensa establecidos por la ley. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del veintiocho siguiente, de conformidad con lo previsto por los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, en cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las demás personas, se les autoriza para el solo efecto de oír notificaciones e imponerse de autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto en cita. Por otra parte, como lo solicita, se autoriza el acceso y promoción en el expediente electrónico al usuario "********************", así como para notificarse vía electrónica en los presentes autos, de conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, sin lugar a tener por señalado para efectos de notificación el correo electrónico que indica, toda vez que dicho medio de comunicación no se encuentra previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota de ello para poder efectuar comunicaciones no procesales. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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