Javier Gutiérrez Solis
Expediente 65/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Abrahim Zaki Saadia Mussali
- Javier Gutiérrez Solis
- Heleodoro Herrera Mendoza y Otros.
- Marco Antonio García Bailón
- Camara De Diputados Del Congreso De La Unión y Otros.
- Camara De Diputados Del Congreso De La Unión
- Agente del Ministerio Público Federal, con su denominación actual que es Fiscal Federal, adscrito a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Juicio de Amparo Directo
Este tribunal colegiado queda integrado por los magistrados Guillermo Núñez Loyo (presidente), David Cortés Martínez, así como por la licenciada Laura Elizabeth Miranda Torres secretaria de tribunal en funciones de magistrada.
- Reclamación
Se declara firme el auto en virtud del cual se desechó el presente asunto. Se ordena el archivo.
- Inconformidad
En esas condiciones, al no interponer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara firme tal proveído. En razón de que este asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno.
- Reclamación
Vista la certificación que antecede y el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el escrito de agravios presentado mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, vía FIREL (firma electrónica), tal y como se advierte del acuse de evidencia criptográfica anexa por el que interponen recurso de reclamación Marco Antonio García Bailón y María del Carmen Siles González, por derecho propio, y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo indirecto 144/2019-II-B; con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese expediente físico y electrónico regístrese en el libro de gobierno como recurso de reclamación 65/2019, acúsese recibo. Del análisis a las constancias que se reciben, esta presidencia advierte que el recurso de reclamación que se intenta es improcedente, de acuerdo a las consideraciones siguientes: En primer lugar, debe tenerse presente el contenido del artículo 104 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada." Como se desprende del artículo transcrito, el recurso de reclamación procede en contra de los acuerdos de trámite dictados, por las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus Salas y de los tribunales colegiados de circuito. Por tanto, si en la especie, Marco Antonio García Bailón y María del Carmen Siles González, por derecho propio, lo que en realidad pretenden recurrir es el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, requirió a las partes para que se condujeran con respeto y las consideraciones debidas; tuvo por interpuesto un recurso de queja; e, hizo efectivo un apercibimiento, resulta claro, que no encuadra en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 104 de la Ley de Amparo, de lo que resulta que es improcedente el medio de defensa legal que se intenta. Máxime, que en contra del proveído que se pretende impugnar, lo que procede es el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e, de la ley de la materia, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.)" Cabe precisar que la Presidencia de este tribunal colegiado no se encuentra jurídicamente facultada para cambiar o modificar la vía de impugnación intentada por los recurrentes, toda vez que de hacerlo así implicaría suplir la deficiencia de queja en favor de la parte recurrente, supuesto que no se encuentra contemplado en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por analogía, al caso por las razones que señala la tesis 1a. XX/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, Tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, materia común, cuyo rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO IMPLICA EL CAMBIO DE LA VÍA INTENTADA. Si con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, el quejoso promueve recurso de queja, presentándolo directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados correspondiente, no es dable cambiar o modificar la vía intentada bajo la hipótesis de que es otro el medio de defensa que procede en contra de la resolución motivo de la impugnación, pues dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la ausencia o deficiencia de agravios, más no llega al extremo de cambiar la vía intentada. Lo anterior conduce a determinar que si el quejoso promueve recurso de queja ante el Tribunal Colegiado con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Amparo, dicho recurso debe ser tramitado como tal, independientemente de que el mismo sea o no procedente en contra del acto respecto del cual se duele." En consecuencia, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el recurso de reclamación interpuesto por Marco Antonio García Bailón y María del Carmen Siles González, por derecho propio, en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 144/2019-II-B, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por no actualizarle alguna de las hipótesis de procedencia establecidas en el artículo 104 de la ley de la materia. En relación a la solicitud de los recurrentes, consistente en que se les permita la consulta del expediente electrónico del recurso de reclamación en que se actúa, vía internet, a través de los usuarios que refieren; dígaseles que se tiene por autorizada su solicitud y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se encuentren registrados en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico", por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para que autorice los nombres de usuarios "caballeroantonio" y "car.silesg", para que puedan realizar la consulta del expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se comisiona al actuario judicial adscrito a este tribunal colegiado para que realice las notificaciones vía electrónica del presente asunto. No pasa desapercibido, que la parte recurrente de igual forma señala como domicilio físico (circunscripción territorial), el ubicado en Avenida Las Torres, número 121, planta alta (entre las calles Sonora y Sinaloa, a un lado del mercado Santa María Tulpetlac, frente a las canchas), colonia Santa María Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México, código postal 55400, sin embargo, toda vez que en el párrafo anterior se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ello conlleva a que todas las comunicaciones que se le deban practicar, se realicen en esos términos, dado el procedimiento especial que revisten ese tipo de notificaciones para su práctica, según lo establecido por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que las hace incompatibles con las que se realizan en un domicilio físico; siendo pertinente aclarar, que si es deseo de la recurrente que las notificaciones se le realicen de forma física (dejando de realizarse de forma electrónica), tendrá que promover algún domicilio que se encuentre dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez). Por otra parte, no ha lugar a tener como su domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señalan los recurrentes, en razón que de conformidad con los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones por vía electrónica sólo pueden realizarse a los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica, quienes están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de citada Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Respecto del teléfono señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que la ley de la materia no contempla la práctica de las notificaciones por esa vía. Se tienen como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en el entendido de que si tienen registradas sus cédulas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; se les tendrá como autorizados en términos amplios del precepto legal antes mencionado. Ahora bien, como lo solicita la parte recurrente, dígasele, que independientemente a la oposición que manifiesta, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligación de este tribunal colegiado proteger los datos personales que obran en su poder. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Es aplicable a lo anterior, la tesis l.1°.A.23.K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se pro vea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido.
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