Javier Gutierrez Osorio

Expediente 1974/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1974/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Javier Gutierrez Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; cinco de marzo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Javier Gutiérrez Osorio, no recurrió la sentencia de trece de febrero de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VIV. I S T O S, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1974/2017-IV, promovido por Javier Gutiérrez Osorio, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional, Javier Gutiérrez Osorio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Titular de la Coordinación General de Centros Federales. . Director, Titular o Encargado de la Policía Ministerial Federal de la Procuraduría General de la República. Actos reclamados: "La orden de traslado a diverso centro de reclusión." SEGUNDO. Derechos fundamentales invocados. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintitrés de diciembre del año en curso (fojas 10 a 13) se admitió a trámite el presente asunto, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se requirió informe justificado a las autoridades responsables. CUARTO. Toda vez que mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho (foja 35), se dejó de tener como responsable para los efectos del presente juicio de amparo, a la autoridad denominada por la parte quejosa como "Director Titular o Encargado de la Policía Ministerial Federal de la Procuraduría General de la República", no se hará pronunciamiento respecto de ella en la presente sentencia. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició al tenor del acta precedente y culmina con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados pudieren tener ejecución en el ámbito territorial en el cual este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, reclamados a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia lo constituye la orden de traslado a diverso centro de reclusión. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Directora General y representante del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 23). El Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 42). El Director de Área en ausencia del Titular ambos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (foja 56). Al rendir su informe con justificación negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Javier Gutiérrez Osorio, contra el acto, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, quien da fe. *lgr

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil dieciocho. Ténganse por recibido el oficio suscrito por el Director de Área en ausencia del Titular ambos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través del cual rinde informe justificado, en representación de: El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de la Amparo, a las partes dése vista para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; hágase nueva relación de éste, en la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngase por designados como delegados de la autoridad responsable a las personas mencionadas. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; seis de febrero de dos mil dieciocho. Se tienen por recibidos los telegramas enviados por el Director de Área en ausencia del Titular ambos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, a través de los cuales rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase por designados como delegados de las autoridades responsables a las personas mencionadas en los oficios de cuenta. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por las responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

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