Javier Gutierrez Labarthe

Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
275/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Javier Gutierrez Labarthe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por David Lázaro Álvarez, autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en autos, y al efecto acompaña ocho copias de su escrito aclaratorio y hace diversas precisiones con relación a los antecedentes del acto que pretende combatir por esta vía. Pues bien, visto el contenido del escrito de mérito, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que en proveído de once de marzo del año en curso, se determinó autorizarlo en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no proporcionar los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral, por lo tanto, no se encuentra facultado para promover en el juicio de amparo en que se actúa. Máxime que en términos de la referida disposición legal, los autorizados no están facultados para dar cumplimiento a una prevención de aclaración de demanda en los términos requeridos. En ese orden, en atención a la certificación secretarial que antecede, se desprende que el veintiocho de marzo del año en curso, concluyó el término de cinco días otorgado a la parte quejosa, a fin de que diera cumplimiento total a la prevención ordenada en autos, sin que a la fecha se hubiese cumplido con ello; como consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de inicio, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad también con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tampoco pasa desapercibido para este tribunal federal, el hecho de que el autorizado en términos restringidos de la parte quejosa presentó el escrito de cuenta, por el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención ordenada en autos, precisamente el veintiocho del citado mes y año, ante la oficialía de partes de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, esto es, el último día del término concedido. Pues bien, en ese sentido debe decirse que existen diversos criterios jurisprudenciales en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretaron el contenido del entonces artículo 146 de la Ley de Amparo, y establecieron que el escrito por el cual se pretende dar cumplimiento a una prevención, debe atenderse, dentro del término legal, en los dos primeros días del término (de tres días) otorgado para ello, y no en el último día. En el caso, tal interpretación debe hacerse acorde a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, en el que se estableció ahora un término de cinco (y no de tres) para cumplir con las prevenciones que se hubiese declarado prudentes. Ello, se entiende, toda vez que dentro de los dos primeros días (según la ley de anterior vigencia) o dentro de los primeros cuatro días (de la ley que rige actualmente), existe la posibilidad de que, de no cumplir con las precisiones ordenadas, la parte procesal respectiva subsane las irregularidades, sin detrimento al derecho humano de administración pronta de justicia y sin perjuicio de persona alguna. Además, asentó que de aceptarse el desahogo de la prevención al tercer día (bajo la ley anterior), en el caso, al quinto día (ley vigente), se correría el riesgo de que el término de la prevención se prolongue demasiado, en la medida en que siempre podrían presentar diversos escritos el último día, interrumpiendo el término inicialmente otorgado, prolongándose de más el término por los días en que haya que notificarse de forma personal el acuerdo respectivo y el día en que surta efectos dicha notificación, transformando verbigracia un término legal de cinco días, en ocho o más días hábiles. Así, debe establecerse que en el caso, el invocado precepto 114 de la Ley de Amparo es claro al expresar que el término concedido a la parte promovente a fin de aclarar el escrito inicial de demanda, es de cinco días; esto es, el legislador fue claro en precisar que el término que se consideró apto y suficiente para subsanar las irregularidades o deficiencias de cualquier escrito inicial de demanda, es el de cinco días. Por lo que, de aceptar o, dicho en otras palabras, de ampliar dicho término, conduciría a un actuar en contravención con las disposiciones normativas de la materia, con lo que, inclusive podrían violentarse derecho humanos de las diversas partes procesales, al otorgar ventajas prohibidas por mandato legal; de ahí que, al pretenderse dar cumplimiento en el último día del término otorgado, incluso, sin haberse cumplido tal, lo procedente sea el tener por no presentada la demanda de amparo en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por David Lázaro Álvarez, autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en autos, y al efecto acompaña ocho copias de su escrito aclaratorio y hace diversas precisiones con relación a los antecedentes del acto que pretende combatir por esta vía. Pues bien, visto el contenido del escrito de mérito, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que en proveído de once de marzo del año en curso, se determinó autorizarlo en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no proporcionar los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral, por lo tanto, no se encuentra facultado para promover en el juicio de amparo en que se actúa. Máxime que en términos de la referida disposición legal, los autorizados no están facultados para dar cumplimiento a una prevención de aclaración de demanda en los términos requeridos. En ese orden, en atención a la certificación secretarial que antecede, se desprende que el veintiocho de marzo del año en curso, concluyó el término de cinco días otorgado a la parte quejosa, a fin de que diera cumplimiento total a la prevención ordenada en autos, sin que a la fecha se hubiese cumplido con ello; como consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de inicio, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad también con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tampoco pasa desapercibido para este tribunal federal, el hecho de que el autorizado en términos restringidos de la parte quejosa presentó el escrito de cuenta, por el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención ordenada en autos, precisamente el veintiocho del citado mes y año, ante la oficialía de partes de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, esto es, el último día del término concedido. Pues bien, en ese sentido debe decirse que existen diversos criterios jurisprudenciales en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretaron el contenido del entonces artículo 146 de la Ley de Amparo, y establecieron que el escrito por el cual se pretende dar cumplimiento a una prevención, debe atenderse, dentro del término legal, en los dos primeros días del término (de tres días) otorgado para ello, y no en el último día. En el caso, tal interpretación debe hacerse acorde a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, en el que se estableció ahora un término de cinco (y no de tres) para cumplir con las prevenciones que se hubiese declarado prudentes. Ello, se entiende, toda vez que dentro de los dos primeros días (según la ley de anterior vigencia) o dentro de los primeros cuatro días (de la ley que rige actualmente), existe la posibilidad de que, de no cumplir con las precisiones ordenadas, la parte procesal respectiva subsane las irregularidades, sin detrimento al derecho humano de administración pronta de justicia y sin perjuicio de persona alguna. Además, asentó que de aceptarse el desahogo de la prevención al tercer día (bajo la ley anterior), en el caso, al quinto día (ley vigente), se correría el riesgo de que el término de la prevención se prolongue demasiado, en la medida en que siempre podrían presentar diversos escritos el último día, interrumpiendo el término inicialmente otorgado, prolongándose de más el término por los días en que haya que notificarse de forma personal el acuerdo respectivo y el día en que surta efectos dicha notificación, transformando verbigracia un término legal de cinco días, en ocho o más días hábiles. Así, debe establecerse que en el caso, el invocado precepto 114 de la Ley de Amparo es claro al expresar que el término concedido a la parte promovente a fin de aclarar el escrito inicial de demanda, es de cinco días; esto es, el legislador fue claro en precisar que el término que se consideró apto y suficiente para subsanar las irregularidades o deficiencias de cualquier escrito inicial de demanda, es el de cinco días. Por lo que, de aceptar o, dicho en otras palabras, de ampliar dicho término, conduciría a un actuar en contravención con las disposiciones normativas de la materia, con lo que, inclusive podrían violentarse derecho humanos de las diversas partes procesales, al otorgar ventajas prohibidas por mandato legal; de ahí que, al pretenderse dar cumplimiento en el último día del término otorgado, incluso, sin haberse cumplido tal, lo procedente sea el tener por no presentada la demanda de amparo en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Javier Gutiérrez Labarthe, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Poder Judicial en el Estado, con residencia en San Luis Potosí y otras autoridades, que estima son violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 20 apartado A, fracción IX, fracción IX, 21, 22, 89, fracción I, 92, 102, 123 y 133 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente de amparo respectivo, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 275/2022-VI. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, tres para las autoridades responsables, dos para la parte tercero interesada, dos para los cuadernos incidentales y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare su demanda, a fin de que manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica, ordenada, correcta y clara, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en virtud de que no lo realizó concretamente. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del referido artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto a través del usuario "LOBOFEROZ" Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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