Javier Guerrero Garza y Otros.

Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Javier Guerrero Garza
  • Javier Guerrero Garza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja; asimismo, informa que se radicó bajo el número 150/2021 y fue desechado por extemporáneo. Finalmente, el presente asunto se encuentra concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Intégrese la promoción de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el auto de nueve de junio del presente año, a través del cual fue desechada la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas. que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***** en representación de los directamente quejosos *****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 504/2021-II-B. De lo anterior, es pertinente precisar que no se tiene a **** como promovente de la demanda, pues si bien el escrito de demanda tiene una rúbrica que puede pertenecerle, lo cierto es que la petición constitucional fue presentada electrónicamente y la falta de su firma electrónica incumple con las disposiciones del artículo 3º de la Ley de Amparo y de los numerales 64, 65, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Y no se ubica en la excepción establecida por el ordinal 3º, en cita. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama: La resolución dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en funciones de Juez de Control, de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 88/2021, mediante la cual no decretó la nulidad de la técnica de investigación denominada cateo y sus consecuencias (aseguramiento de objetos), solicitada en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0***. Atento a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. ... De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con medios de prueba <<técnica de investigación denominada "cateo">> emitido en la etapa en que se encuentra el procedimiento de origen, sin que haya concluido la fase procedimental, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. De ahí que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17, de nuestra Constitución, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas a quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente una causa de sobreseimiento. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (I) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (II) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (III) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. ... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ****, en representación de los directamente quejosos ******z, contra actos de la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en funciones de Juez de Control, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Por otro lado, por cuanto hace a su solicitud de tenerle como domicilio para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos gomezbello@msn.com y ***@hotmail.com, no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (municipios de Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez del Estado de México). AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) En diverso aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano de control constitucional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, o hasta que el Pleno del Consejo dela Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2021. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN En esas condiciones, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les requiere para que aporten como "medio de comunicación alterno" (no procesal) número telefónico, para efectos del sumario en que se actúa. Y, se tienen los correos electrónicos correos electrónicos ****o@msn.com y ***o@hotmail.com, como "medios de comunicación alternos" (no procesales) para efectos de este sumario. Conforme a la solicitud hecha, se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta del presente cuaderno. Para la consulta del juicio en su versión electrónica se tiene al usuario "***9", en la inteligencia que deberá ceñirse a los lineamientos del artículo 3° de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto a la solicitud para mantener resguardada la identidad de los quejosos, se tiene por realizada la oposición de publicar sus datos personales en el presente asunto. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.

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