Javier Guadalupe Sánchez Gastelum
Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 07/07/2022
Partes del expediente
- Javier Guadalupe Sánchez Gastelum
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso e), del mismo ordenamiento legal, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Sin que pase inadvertido que no se cuente con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables relativos a la notificación de la referida sentencia, pues debido a que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se negó la protección constitucional, únicamente a la parte quejosa es a quien pudo causar afectación esa decisión y en consecuencia, la única legitimada para recurrirla, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Registro digital: 2012455, Décima Época, Materias: Común, Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2464, de rubro: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Así como la tesis XVII.2o.P.A.6 K(10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2404, materia común, con registro digital 2018511, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONTRA LA SENTENCIA QUE NEGÓ AL QUEJOSO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por no existir promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse negado la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia médica autorizada al Titular mediante oficio 3860/2022 por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/GRCG/CEPM
- Incidental
Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ya que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibido su informe previo y en resolución incidental de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se resolvió por lo que hace al juzgado oficiante. Cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Tania Lizbeth Ventura Pelayo, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/TLVP/CEPM
- Principal
R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Javier Guadalupe Sánchez Gastelum, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que previa aclaración de su denominación se precisan a continuación: Autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, Agentes del Ministerio Público Federal Titulares de las Células I-I, I-II, I-III, I-IV, I-V y I-VI, en el Estado de Baja California, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Quinta Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Sexta Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima Investigadora Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VIII Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células II-I, II-II, II-III, II-IV, II-V y II-VI Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, todas con residencia en esta ciudad, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, todas con residencia en Mexicali, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Jueces Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, todas con sede en Ensenada. Actos reclamados ".la orden de aprehensión, detención, comparecencia, citación o cualquier otra privativa de la libertad en contra del suscrito JAVIER GUADALUPE SANCHEZ GASTELUM" (sic) Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 487/2020-II; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: A los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Jueces Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. A los Agentes del Ministerio Público Federal Titulares de las Células I-I, I-II, I-III, I-IV, I-V y I-VI, en el Estado de Baja California, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Quinta Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Sexta Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima Investigadora Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VIII Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células II-I, II-II, II-III, II-IV, II-V y II-VI Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, todas con residencia en esta ciudad: Las órdenes de detención, comparecencia y citación dictadas en su contra y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Jueces Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, Agentes del Ministerio Público Federal Titulares de las Células I-I, I-II, I-III, I-IV, I-V y I-VI, en el Estado de Baja California, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Quinta Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Sexta Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima Investigadora Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VIII Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células II-I, II-II, II-III, II-IV, II-V y II-VI Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, todas con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Se presumen ciertos los actos reclamados a las autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VIII Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificada para ello, según se advierte del acuse de recibo del oficio 21453/2020 dirigido a la referida autoridad, que obra en autos. Quinto. Previo al estudio del fondo del asunto, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814 y visible en la página 553 del Tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, octava época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no haber causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni que se advierta por este juzgado la actualización de alguna; se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada en esta instancia. Sexto. Se tienen por reproducidos los argumentos hechos valer por la parte quejosa, sin que sea necesaria su transcripción, lo cual no vulnera los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las sentencias, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, ya que no se opone al texto vigente de la Ley de Amparo, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, no obstante se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando que antecede y que en el caso no se actualiza causa de improcedencia alguna, dado que los actos reclamados emanan de autoridades jurisdiccionales y administrativas, la parte quejosa omitió aportar pruebas que demostraran que los actos reclamados eran violatorios de sus derechos fundamentales. Lo anterior ya que el solo hecho de que se tengan por ciertos los actos reclamados, no conducen a tener por acreditada la inconstitucionalidad de los mismos; sino que queda a cargo de la quejosa la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean violatorios de derechos fundamentales en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194401, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En esas condiciones y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, le corresponde al quejoso acreditar que los actos reclamados referidos son inconstitucionales, esto es, sustentar probatoriamente que los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado son inconstitucionales y no solamente referirlo así en su demanda de amparo. Entonces, al no ofrecer prueba alguna para sustentar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; no se cuenta con elementos probatorios para analizar si los actos vulneran derechos fundamentales del quejoso a la luz de los conceptos de violación que vierte en la demanda o algún otro derecho fundamental que no hubiese invocado, supliendo la deficiencia de la queja. Lo anterior es así, ya que el quejoso no exhibió las constancias que en su caso tuvo a la vista la autoridad responsable al momento de dictar el acto reclamado, ni solicitó que en su caso, se requiriera por este juzgado o bien, que haya aportado algún medio de convicción que revelara indiciariamente la existencia de probanzas, para que este órgano jurisdiccional procediera en términos del numeral 75 de la ley de la materia, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, puesto que dicho actos no son en sí mismos violatorios de los derechos humanos de la parte quejosa, ya que por lo que hace a las órdenes de detención, comparecencia y citación que refiere, éstas provienen de una autoridad administrativa como lo es el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VIII Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, quien se encuentra facultada para girar las mismas. De ahí, que la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas, en que se hayan basado para emitir el acto respectivo combatido y al no contar con las constancias antes mencionadas, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar tal determinación; en esas condiciones, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante las autoridades responsables, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el párrafo cuarto del artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la parte quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado y a mayor abundamiento cabe señalar que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió el acto sea omisa en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí mismo, si no cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento éste en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda a la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía y ya que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En tales condiciones, al no advertirse violación manifiesta de la ley que deje en estado de indefensión al quejoso, que implique en su favor la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo y al no resultar inconstitucionales en sí mismos los actos reclamados, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VIII Investigadora Tijuana en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 487/2020-II, promovido por Javier Guadalupe Sánchez Gastelum, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el tercero considerando del presente fallo. Segundo. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Javier Guadalupe Sánchez Gastelum, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto, de la presente sentencia, por las consideraciones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, agregado mediante acuerdo de tres de febrero pasado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Tania Lizbeth Ventura Pelayo, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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