Javier Graciano Hernandez
Expediente 1388/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Javier Graciano Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a seis de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO 169/2021 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Javier Graciano Hernández, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILI; DE ZA1AGOZA, con domicilio ubicado en Castelar y General Cepeda s/n, Zona Centro, Saltillo, Coahuila, C.P. 25000. 2.-ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN EN TORREÓN, DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE COAHUILA, con domicilio ubicado en Manuel Ávila Camacho esquina con Calzada Abastos número 2375, colonia Estrella, en esta ciudad. 3.-H. CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, con domicilio ampliamente conocido y ubicado en Blvrd. Francisco Coss S/N, zona centro, de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 4.-C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, con domicilio ampliamente conocido y ubicado en Palacio de Gobierno, de la zona centro en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. "..." Que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que el decreto en controversia, sí tiene una finalidad constitucionalmente válida. Se estima de esa forma porque la expedición del decreto de estímulos fiscales tiene como fin establecer mecanismos para no afectar la economía de la población de escasos recursos, con el objetivo de activar la economía de los contribuyentes en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, dicha finalidad se encuentra plasmada de la siguiente forma: "Que el Gobierno del Estado, procurando que los coahuilenses cuenten con una mayor calidad de vida, que se sigan generando empleos por el establecimiento de nuevas empresas, continúa otorgando estímulos fiscales para no afectar la economía de la población de escasos recursos. Que a fin de incentivar el mercando inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regulación de tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorga un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por el Instituto Registral y Catastral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, referidos a la tarifa de inscripción relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como toda clase de créditos, previstos en la fracción II del artículo 54, así como en la fracción II del artículo 60 de la Ley de Hacienda." En atención a lo anterior, se concluye que los estímulos fiscales previstos en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, se otorgaron con la finalidad de apoyar a los contribuyentes en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables, es decir, persigue un fin constitucionalmente legítimo; asimismo, constituye un medio apto y adecuado para conducir al fin que el legislador quiere alcanzar -no afectar la economía de la población de escasos recursos-, es decir, existe una relación de instrumentalidad entre la medida y el fin pretendido. En tales consideraciones, el Decreto reclamado no transgrede el principio de igualdad, protegido en el artículo 1° de la Constitución Federal, de ahí lo infundado del concepto de violación. IV. TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, es inoperante el concepto de violación reseñado en el numeral 2, referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, el solicitante del amparo fue omiso en aportar medios de convicción, a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los preceptos 54 fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanza las documentales consistentes en los recibos 765692313 y 765692459, los cuales, si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son la prueba idónea para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. En efecto, como lo señala el máximo Tribunal del país la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta el quejoso su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Javier Graciano Hernández, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Graciano Hernández, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obra el informe justificado del Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en virtud de que el oficio le fue enviado por correo certificado con acuse de recibo y depositado en la oficina de Correos de México, de esta ciudad, por lo que, se encuentra en proceso de notificación. No obstante lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento y no retrasar la impartición de justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, con transcripción de este proveído, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: "ACTO RECLAMADO: 1.-DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA: El encargo directo para -la aplicación de los artículos 54, y 60, de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la citada Ley, cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de los actos de recaudación, liquidación, cobro y administración del tributo que en ellos se contiene, específicamente la expedición del recibo de pago con números de referencias, 765692313, por la cantidad de $20,000.00, (Veinte mil pesos 00/100 .M.N.), 765692459, por la cantidad de $500.00, (Quinientos pesos 00/100 M.N.), todos de fecha I I DE OCTUBRE DEL 2021 (.)". Asimismo, resulta pertinente hacer del conocimiento de la autoridad responsable, que el informe justificado que en su momento se rinda, deberá ser enviado vía correo electrónico a la dirección 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, recepción que será confirmada por la misma vía; asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico, lo anterior, con la finalidad de acatar las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes, con motivo de la contingencia sanitaria que impera en el país y establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea"; asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico, lo anterior, con la finalidad de acatar las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes, con motivo de la contingencia sanitaria que impera en el país y establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las once horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, de ser necesario, podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
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