Javier González Ramírez
Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier González Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-1127/2023, promovido por ********************, por conducto de sus defensores particulares********************, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito depositado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día en este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de sus defensores particulares******************** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad. Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que, refieren consagran los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, párrafo primero, 102, apartado A, Constitucionales. SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, el que en auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró la demanda de amparo con el número de expediente IV-1127/2023 de este índice; y, determinó prevenir a la parte quejosa. Luego, previos cumplimientos de prevención de la parte quejosa en auto de siete de septiembre del año actual, se admitió a trámite; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer por materia, grado y territorio y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente penal cuya autoridad emisora y su ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo, vista en su integridad y su escrito aclaratorio, de lo que se obtiene que el peticionario de amparo reclama: De la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en cuanto autoridad ordenadora y ejecutora: La resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal XI-100/2023, que revocó la determinación materia del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la víctima indirecta, esto es, la determinación emitida en audiencia de ocho de junio de este año, en que se concedió la salida alterna de suspensión condicional del proceso por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Unidad La Piedad, dentro de la causa penal 74/2023, seguida contra el aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado en persona menor de dieciséis años; y, su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, se obtiene que es cierto el acto reclamado. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con el original del toca penal XI-100/2023 y dos discos formato DVD y PDF, relativos a la causa penal 74/2023, del índice del Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Unidad La Piedad, que anexó a su informe justificado, constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de actuaciones públicas, expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la diversa jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Así, una vez establecido lo anterior, a efecto de realizar un correcto análisis del acto reclamado, es pertinente traer a colación los antecedentes del asunto: 1. La Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Sexuales de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, inició la carpeta de investigación con número único de caso 1007-2023-113-78, en contra de ******************** (aquí quejoso) por el delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, cometidos en agravio de su menor hija de iniciales C.A.G.H.. 2. En data treinta de abril de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión dentro de la causa penal 74/2023, en la que Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad, a solicitud de la Fiscalía, emitió orden de aprehensión en contra de ********************, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, ilícito previsto y en su caso sancionado por los artículos 167 y 168, fracción II, en relación con los numerales 16, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción II, todos del Código Penal vigente para el Estado de Michoacán, en agravio a la menor de iniciales C.A.G.H.. 3. Luego, en proveído de dieciséis de mayo del año actual, se tuvo a Rogelio Pérez Juárez, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, interviniente en la causa penal 74/2023, informando que se ejecutó la orden de aprehensión, dejando a disposición al imputado de la Jueza de Control citada, por lo que citó a audiencia inicial para formular imputación a las nueve horas del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. 4. Llegada la fecha para la celebración de la audiencia inicial para formular imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, se advierte que el representante social interviniente en la causa de origen, hizo lo propio; luego, la jueza de control, en ese acto, autorizó el plazo constitucional de 144 horas al imputado y ordenó reanudar la audiencia a las once horas del veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, para su continuación; y, decretó medida cautelar al hoy requirente constitucional, conforme al artículo 19, segundo párrafo de la Carta Magna, en vinculación con los numerales 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva oficiosa, por el plazo en comento, sin perjuicio de lo que se resuelva en la audiencia de continuación respecto a la situación jurídica del imputado (aquí quejoso). 5. Luego, en audiencia de continuación de veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad, dictó auto de vinculación a proceso al aquí peticionario de amparo, por el hecho que la ley señala como abuso sexual agravado en persona menor de dieciséis años de edad, previsto y sancionado por los artículo 167 y 168, fracción II del Código Penal para el Estado de Michoacán; y, reiteró la medida cautelar impuesta. 6. En ocho de junio de dos mil veintitrés, la Jueza de Control Región Zamora, Unidad La Piedad, en audiencia oral determinó procedente la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal 74/2023, instruida al hoy peticionario de amparo, por el hecho señalado por la ley como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, cometidos en agravio de la menor de iniciales C.A.G.H., decretando la inmediata libertad del imputado, única y exclusivamente por lo que respecta a esa causa penal, a efecto de que cumpla con el plan de reparación de daño consistente en: Pagar a favor de la víctima directa de iniciales C.A.G.H. la cantidad total de $100, 100.00 cien mil cien pesos 00/100 moneda nacional, de los cuales el primer pago se cubrió en esa fecha por la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 moneda nacional; el resto de la cantidad se cubrirá en siete mensualidades por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos 00/100 moneda nacional; y, la última por la cantidad de $10,100.00 diez mil cien pesos 00/100 moneda nacional; a más tardar los días 8 de cada mes; de manera que el pago se generaría el ocho de julio de este año, por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos 00/100 moneda nacional, por conducto de su asesora jurídica en las instalaciones de la CEEAAV, previo recibo. Asimismo, en esa audiencia, el imputado manifestó su compromiso de cumplir con las condiciones impuestas como lo son: I. Comprometerse a residir en el domicilio ubicado en Avenida Michoacán, número 350, Colonia México de La Piedad, Michoacán; II. Dejar de frecuentar la víctima y ofendida en su domicilio, lugar de trabajo o en sus redes sociales, dejando a salvo lo relativo a su derecho de defensa o alguna determinación que pudiera dictar algún juez familiar; VII. Someterse a tratamiento psicológico en el DIF de esa ciudad; y, IX. Someterse a la vigilancia de la juzgadora de origen a través de la Unidad de Medidas Cautelares, una vez al mes. 7. Inconformes con la anterior determinación, el trece de junio del presente año, Rogelio Pérez Juárez, Agente del Ministerio Público e Ishel Isamar Hernández Medina, víctima indirecta, interpusieron recurso de apelación, correspondiéndole por razón de turno a la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo tuvo por recibido el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, y que ordenó registrarlo como toca penal XI-88/2023 de su índice; consecuentemente, ordenó la impresión de la carpeta electrónica; formar por duplicado el toca penal citado y, ordenó poner los autos a la vista de las partes para que de existir alguna causa de recusación lo hicieran valer en términos del artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 8. Luego, en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, advirtió la actualización de una causa de impedimento por amistad entre ese juzgador y Salvador Javier Ferreyra Ávila, en cuanto defensor del imputado (aquí requirente constitucional); por lo que remitió el toca penal al Presidente del Supremo Tribunal citado, a efecto de turnar a la sala penal que correspondiera para que calificara tal excusa. 9. Posteriormente, el siete de agosto de dos mil veintitrés, la magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, calificó de legal la excusa planteada; y, ordenó enviar los autos a la Presidencia del Supremo Tribunal en comento para que turnara el asunto a la sala respectiva. 10. Mediante auto de catorce de agosto del año actual, la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo por recibido por razón de turno los autos del medio de impugnación de mérito; y, lo ordenó registrar como toca penal XI-100/2023 de su índice, por lo que continúo con el trámite de tal recurso y ordenó proceder a resolver dicho toca de apelación atendiendo a que las partes no solicitaron audiencia de alegatos aclaratorios, así como el hecho de que la aquí autoridad responsable consideró innecesario convocarla a la luz de los artículos 476 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 11. Seguida la secuela procesal, la sala responsable emitió la resolución el veintitrés de agosto del año actual, en el toca penal XI-100/2023, que revocó la determinación materia del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la víctima indirecta, esto es, la determinación emitida en audiencia de ocho de junio de este año, en que se concedió la salida alterna de suspensión condicional del proceso por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Unidad La Piedad, dentro de la causa penal 74/2023, seguida contra el aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado en persona menor de dieciséis años, esto es, para que la Jueza de Control de origen, determinara improcedente la concesión de la suspensión condicional del proceso a ********************, por no satisfacerse el requisito del artículo 192, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior para que, en congruencia con ello, se restablezcan las cosas al estado que se encontraban antes de la concesión de la salida alterna, por lo que se instruyó a la Jueza natural convocara a todas las partes a audiencia oral a verificarse dentro del plazo de los cinco días, donde una vez dadas las condiciones para su desarrollo, se establezca que el proceso habrá de continuar por sus etapas ante la improcedencia de la suspensión condicional del proceso, lo que se traducirá en que se restablecerá en el estado en que se hallaban antes de la concesión de la salida alterna. Dicha resolución la emitió el Magistrado responsable bajo las consideraciones esenciales siguientes: Medularmente el Magistrado responsable destacó, para resolver el caso la contradicción de criterios 310/2022, como sustento legal de su resolución, pues en ella se asentó que el delito contenido en el auto de vinculación incluyendo sus agravantes, es la referencia que debe tomar en cuenta para determinar el límite de la media aritmética de cinco años, para que proceda la suspensión condicional, contenida en el artículo 192, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adujo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO SUS AGRAVANTES, ES LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE CINCO AÑOS PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Bajo ese criterio, la autoridad responsable sostuvo que se establece que para conceder la suspensión condicional del proceso se debe estar a la literalidad del artículo 192, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no reconoce excepción alguna opuesto a lo que señaló la Jueza de Control para tener una referencia distinta a la de la vinculación decretada. Así, el parámetro de procedencia de la solución alterna debe ser completo por el delito que se vincula, si el delito es calificado, entonces se debe considerar como unidad y no tomar como referencia exclusivamente el delito básico, porque los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; (.)". Refirió que, en armonía con la anterior porción normativa transcrita, puede concluirse que el auto de vinculación establece los hechos sobre los que debe predicarse el resto de las actuaciones del proceso penal, incluida la suspensión condicional, ya que la vinculación a proceso constituye una de las formas en las que se expresa la acción penal del Estado; y, que a través de esta, el Estado puede ejercer la pretensión punitiva. Indicó que sí el auto de vinculación a proceso refleja la presencia de agravantes, entonces, eso implica que la acción penal del Estado está encaminada a perseguir dicha conducta delictiva en su unidad, es decir, incluyendo las posibles circunstancias calificadas que ameriten mayor punibilidad. Refirió que lo anterior es así porque en diversa contradicción de tesis 87/2016 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en sus consideraciones sostuvo que para el dictado de vinculación a proceso, el análisis debe realizarse en función de los hechos, siempre que se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, que concluyó que el Juez de Control o Garantías, para el dictado del auto de vinculación a proceso debe determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas previstas en la norma en abstracto con sus respectivas agravantes como parte de la clasificación legal de la conducta. Señaló que la suspensión condicional procede en los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito (incluyendo agravantes), cuya media aritmética de la pena de prisión no excede de cinco años, dado que es una sola conducta la que se tipifica y no varias, es decir, el delito es indivisible y al ser calificado se sanciona con una pena acumulada que corresponde en proporción al delito por el que se seguirá el proceso, tanto es así que la agravante forma parte de los componentes del hecho delictivo. Esgrimió que para la procedencia de la suspensión condicional del proceso, debe tomarse en consideración el delito por el cual se vinculó; y, si éste incluye algún tipo de agravante, entonces debe tomarse como unidad y no como dos entes independientes, incluyendo en este aspecto, las sanciones a imponer según la redacción del dispositivo aplicable establecido en la clasificación jurídica. Agregó que para conceder la suspensión condicional del proceso, se debe atender el parámetro de punibilidad, debiendo ser completo por el delito relacionado con el hecho delictuoso, congruente con ello, si el delito es calificado, entonces, se debe considerar la pena que corresponde a la agravante, pues es justo la diferencia que hizo el constituyente al considerar delitos en los que es viable considerar las soluciones alternas, atendiendo a la magnitud del mismo, el cual se mide de acuerdo con la consecuencia jurídica que se provoca en relación a la pena. Afirmó que atendiendo a ese contexto constitucional, legal y jurisprudencial, la Jueza de Control determinó de manera incorrecta la procedencia del medio alternativo de suspensión condicional del proceso, porque en el caso concreto al imputado se le dictó auto de vinculación a proceso en audiencia oral de veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, por el hecho que la ley señala como abuso sexual agravado en persona menor de dieciséis años de edad, previsto y sancionado por los artículo 167 y 168, fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán; y, que para calificar la procedencia de la suspensión condicional debió considerar la sanción prevista por el delito básico y la agravante, lo cual no hizo así; de ahí que la Jueza debió aplicar la tesis de jurisprudencia intitulada "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO SUS AGRAVANTES, ES LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE CINCO AÑOS PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Apuntó que para verificar si estaba satisfecho el presupuesto del artículo 192, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juzgadora estaba compelida en obtener la medida aritmética de la pena de prisión definida para el delito materia del proceso, lo que se traduce en una operación de esa naturaleza (aritmética) donde la Jueza de origen debió considerar la sanción prevista para el delito básico y la agravante [artículos 167 y 168 del Código Penal del Estado de Michoacán]. Sin embargo, no lo así así, pues omitió efectuar la operación aritmética dentro de los parámetros de punibilidad que demanda la inclusión de la agravante establecida en el auto de vinculación a proceso, comprobando que, en el caso determinó que el término medio aritmético de la pena de prisión contemplada para el delito de abuso sexual agravado, por el cual se vinculó a proceso al aquí quejoso, no excedía de cinco años, pues para ello sólo atendió la sanción del delito base (precepto 167 del Código Penal del Estado de Michoacán). Precisó que la determinación de la Juzgadora A quo resulta una interpretación equivocada que efectuó, al decir que en el caso no era aplicable el criterio jurisprudencial aprobado por la Primera Sala del más Alto Tribunal del País, de registro digital 2026479, porque dicha tesis se refería a supuestos en lo que la sanción está determinada con su agravante, como en el delito de homicidio calificado que citó como ejemplo, no así en el delito de abuso sexual. Observó que el criterio interpretativo de la Jueza de Control contraviene no sólo a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, sino que además contradice los principios rectores de la materia penal particularmente el de legalidad, cuando por una parte dice que solo los delitos calificados con pena específica (con parámetros mínimos y máximos) son los que no generan conflicto para definir el término medio aritmético que el legislador estipuló para la procedencia de la salida alterna, mientras que, paralelamente, para los demás tipos penales que no lo estipulen así (parámetros mínimos y máximos exactos), sino que definan una regla de incremento específica a partir de la pena del delito base, la media aritmética no es posible definirla porque requiere del ejercicio de la facultad jurisdiccional en la imposición de la pena (individualización de la consecuencia jurídica) lo cual solo se efectúa al momento de dictar sentencia condenatoria. Planteó que la anterior percepción de la Jueza de Control es una percepción absurda, porque en ambos casos el legislador definió los mínimos y máximos a imponer a un hecho delictivo con circunstancias agravantes, siendo la notoria distinción la frase que se haya empleado para su determinación, pues cierto es que el establecer que la pena irá de veinte a cuarenta años de prisión, no expresa la misma precisión que marcar que a la pena se incrementará en dos terceras partes, pues esto último llama al juzgador a definir el incremento por la agravante configurada. Aseguró que para otorgar seguridad jurídica a las partes del proceso, respecto a la forma de computar el plazo máximo de cinco años establecido como requisito en la fracción I, del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos en que el auto de vinculación a proceso incluye agravantes, en esta segunda instancia se establece que, como determinó la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO SUS AGRAVANTES, ES LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE CINCO AÑOS PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", debe considerarse el delito en su unidad, es decir, el delito básico, incluyendo sus posibles agravantes. Expresó que la resolución apelada, inobservó los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley, dada la incorrecta interpretación que la Jueza de Control hizo del criterio jurisprudencial antes invocado, al considerar que para conceder la suspensión condicional del proceso, se parte únicamente de la sanción del delito básico -sin agravantes-, bajo la justificación de que la sanción de la agravante para el delito de abuso sexual no está determinada, soslayando que la literalidad del artículo 192, fracción I del Código adjetivo penal, no reconoce una excepción para tener una referencia distinta a la de la vinculación decretada; y, que el parámetro impuesto para la procedencia de la suspensión condicional, los cálculos relativos a la media aritmética y que ésta no exceda de cinco años. Bajo ese criterio, el Magistrado responsable consideró esencialmente fundado el segundo de los agravios del Ministerio Público, porque el imputado fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años, previsto y sancionado por los numerales 167 y 168, fracción II del Código Penal para el Estado de Michoacán. Indicó que el artículo 167 del Código Penal para el Estado, los parámetros de punición del delito (básico) de abuso sexual son de 2 a 5 años; siendo que el término medio aritmético de 7 años de prisión (suma de la mínima [2] y la máxima [5], son 3 años 6 meses). También adujo que el numeral 168 del Código sustantivo de la materia, prevé que la sanción del delito básico por las agravantes se aumentará dos terceras partes en todos los casos, es decir sin importar el grado de culpabilidad en que se ubique la persona que resulte condenada, lo que se traduce en que la mínima del delito base siempre tendrá que tener el incremento de sus dos terceras partes y la máxima del delito base, por consecuencia, también habrá de tener un incremento en esa proporción de 2/3 partes. Bajo esa óptica, para definir el mínima y máximo del abuso sexual agravado a la luz de los artículos 167 y 168 del Código Penal para el Estado de Michoacán, implica que sí el mínimo son 2 años (delito básico), entonces su incremento de 2/3 partes equivale a 1 año con 4 meses, lo que se traduciría en que el mínimo a imponer serían 3 años con 4 meses de prisión. Siguiendo con dichas operaciones aritméticas, el máximo del delito básico son 5 años, por lo que su incremento en 2/3 partes equivale a 3 años con 4 meses, lo que envuelve que el máximo a imponer serían 8 años con 4 meses de prisión. Ante tal aclaración, la autoridad responsable reiteró que lo decidido por la Jueza de Control no cumple con la exigencia de la fracción I del Artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante lo cual, no procede conceder la suspensión condicional del proceso que solicitó la defensa el imputado (hoy peticionario de amparo), dado que no se cumplen a cabalidad los requisitos del precepto invocado. Anterior determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. El promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenidos en su escrito inicial de demanda, el que se tiene por reproducidos sin necesidad de transcribirlo, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Básicamente el peticionario de amparo refiere como único concepto de violación que la tesis invocada de rubro "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO SUS AGRAVANTES, ES LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE CINCO AÑOS PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"; es un criterio publicado el viernes 19 de mayo de 2023 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de mayo de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021, por lo que se está violentando el debido proceso al quejoso ya que la comisión del delito fue anterior a la fecha de su aplicación, así como también lo fue su primera audiencia inicial y la continuación de la misma; y, si a esto se le suma que fue vinculado en audiencia en data veintiuno de mayo del año actual, es decir un día antes de su obligatoriedad, luego, no está justificada la revocación de la salida alterna, ya que se estaría vulnerando lo establecido en el artículo 14 constitucional, en la cual establece la posibilidad de aplicar retroactivamente, siempre que sea en beneficio, una ley anterior, lo cual se actualiza en la especie. Es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio conviene precisar que, en la especie, con independencia de la obligatoriedad y aplicación retroactiva de la jurisprudencia referida; lo cierto es que no es procedente la suspensión condicional del proceso, al no colmarse uno de los requisitos legales para su procedencia, expresamente previstos en la ley especial que regula el caso. Cierto, conforme al artículo 191 de la codificación adjetiva penal, debe entenderse la suspensión condicional del proceso como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, puede dar lugar a la extinción de la acción penal. La procedencia se prevé en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece que se concederá siempre y cuando concurran los requisitos siguientes: Que el auto de vinculación a proceso contra el imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; No exista oposición fundada de la víctima u ofendido; y, Hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en esta fracción, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. En términos del numeral 193 de la codificación instrumental en cita, dispone que procederá una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de acordarse el auto de apertura a juicio oral, sin que impida el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Por su parte, el artículo 194 de la legislación en cita, establece que en la audiencia donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. El numeral 195 del ordenamiento invocado refiere que el juez de Control fijará el plazo de la suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir -a propuesta del Ministerio Público o víctima-, las cuales en forma enunciativa, mas no limitativa, se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima Precisado lo anterior, en conjunto, para otorgar la salida alterna relativa a la suspensión condicional del proceso, también deben colmarse los requisitos siguientes: I. Que la solicitud se realice una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral; II. El delito por el que se emitió la vinculación a proceso no amerite una pena que en su media aritmética rebase los cinco años de cárcel; III. En su caso, hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior; IV. Exista un plan de reparación del daño y plazo para cumplirlo; V. El acusado se obligue a cumplir con algunas de las condiciones impuestas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, VI. No exista oposición fundada de la víctima u ofendido. En el caso, el primer requisito sí se satisface porque la solicitud del imputado para acceder a la suspensión condicional del proceso aconteció una vez dictado el auto de vinculación a proceso y antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Por el contrario, como lo sostuvo el magistrado responsable, no se satisface el segundo de los requisitos consistente en que el delito por el que se emitió la vinculación a proceso no amerite una pena que en su media aritmética rebase los cinco años de prisión. En efecto, como de destacó en la relatoría de constancias, el delito por el que se vinculó a proceso al imputado es el de abuso sexual en persona menor de dieciséis años agravado, previsto y sancionado por los artículos 167 y 168, fracción II del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales disponen: "Artículo 167. Abuso sexual de personas menores de dieciséis años de edad. A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciséis años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la haga observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica la pena prevista se aumentará en una mitad." "Artículo 168. Agravantes. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentarán en dos terceras partes cuando sean cometidos o tengan como resultado: (.) II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de la pena de prisión, a la persona responsable se le privarán los derechos relativos a la guarda, custodia, convivencia y tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido; (.)." Cabe señalar que el delito por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, incluyendo sus agravantes, es la referencia que se debe contemplar para determinar el límite de la media aritmética de cinco años para que proceda la suspensión condicional del proceso, en términos del artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello porque la sola interpretación literal de dicho numeral no reconoce una excepción para tener una referencia distinta a la de la vinculación decretada; por ende, el parámetro de procedencia de la solución alterna debe ser completo por el delito que se vincula, si el delito es calificado, entonces se debe considerar como unidad y no tomar como referencia el delito básico. Adicional a lo expuesto, es cierto que el tribunal de alzada citó como apoyo de su determinación el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2023 (11a.) de rubro y contenido siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026479 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 13/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, página 1556 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO SUS AGRAVANTES, ES LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE CINCO AÑOS PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios respecto a si se tenían que incluir las agravantes o únicamente las penas del tipo básico por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, al momento de computarse el límite de la pena que se establece como requisito para la procedencia de la suspensión condicional del proceso en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el delito por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, incluyendo sus agravantes, es la referencia que se debe contemplar para determinar el límite de la media aritmética de cinco años para que proceda la suspensión condicional del proceso, en términos del artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Procede la suspensión condicional del proceso en los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito, incluyendo sus agravantes, cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, dado que es una sola conducta la que se tipifica y no varias, es decir, el delito es indivisible y al ser calificado se sanciona con una pena acumulada que corresponde en proporción al delito por el que se seguirá el proceso, tan es así que la agravante forma parte de los componentes del hecho delictivo; es justo la diferencia que hizo el Constituyente al considerar delitos en los que es viable conceder las soluciones alternas, atendiendo a su magnitud, lo cual se mide de acuerdo con la consecuencia jurídica que se provoca en relación con la pena. Por ende, para conceder la suspensión condicional del proceso se debe estar a la literalidad del artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no reconoce una excepción para tener una referencia distinta a la de la vinculación decretada. Así, el parámetro de procedencia de la solución alterna debe ser completo por el delito que se vincula, si el delito es calificado, entonces se debe considerar como unidad y no tomar como referencia el delito básico". También es verdad que el criterio jurisprudencial transcrito, se publicó el viernes diecinueve de mayo de dos mil veintitrés en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, es de aplicación obligatoria a partir del lunes veintidós de ese mes y año; esto es, a la fecha (08 de junio de 2023) de la audiencia donde se aprobó la suspensión condicional del proceso no se encontraba vigente; sin embargo, adverso a lo afirmado por el quejoso, ello no implica imprimirle efectos retroactivos en su perjuicio, aun cuando se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo y adverso al que se estableció en la tesis 13/2023 citada, que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, obligue a resolver en un sentido distinto. De ahí lo infundado el concepto de violación vertido por el requirente constitucional. Para estar en condiciones de determinar si respecto de la jurisprudencia 1a./J. 13/2023 (11a.), existe o no aplicación retroactiva en perjuicio del quejoso en el caso concreto, en primer lugar se debe dilucidar si en el caso existe una aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial en estricto sentido. Así, es oportuno señalar que de conformidad con el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, a contrario sentido, la jurisprudencia se puede aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas; lo cual acontece en los siguientes supuestos: a) Al inicio de un juicio o procedimiento exista una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; b) Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emita un nuevo criterio que supere, modifique o abandone el anterior; y, c) En la resolución se aplique el nuevo criterio jurisprudencial, impactando de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. Conforme a lo anterior, al estar vigente una jurisprudencia y el gobernado iniciar un juicio orienta su proceder jurídico o estrategia legal conforme a ella, siguiendo los lineamientos establecidos en la misma, no es dable que un nuevo criterio surgido después de iniciado el juicio, sustituya o modifique el anterior, esto es, que afecte el sistema jurídico ya definido, pues ello conllevaría a corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2013494 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 199/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 464 Tipo: Jurisprudencia JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo". Incluso, en el caso debe tenerse en cuenta el criterio en el que se ha definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo atinente a la retroactividad de la jurisprudencia, al resolverse la contradicción de tesis 182/2014, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que resultó en la tesis P./J. 2/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes -que de igual forma resulta vinculante en términos del citado numeral 217-: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015995 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 2/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 7 Tipo: Jurisprudencia JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante". Tal como se advierte, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción, consideró la oposición de posturas relativas a los alcances del ámbito temporal de aplicación de una jurisprudencia; específicamente, cuando se actualiza una aplicación retroactiva de la misma, en perjuicio de persona alguna. En términos de lo resuelto por el aludido Pleno del Alto Tribunal, el objeto de la jurisprudencia, desde una perspectiva estrictamente funcional, es el de integrar o complementar a las normas jurídicas que los tribunales federales interpretan; el análisis de la prohibición de que la jurisprudencia tenga efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, se debe hacer en la lógica del sistema de creación e interrupción de jurisprudencia que se verifica mediante los procedimientos específicos que dan nacimiento a la jurisprudencia, y cuya hipótesis jurídica recoge la "ratio decidendi" de los casos específicos resueltos en las sentencias que le dieron nacimiento sobre la interpretación de las normas que explica. La jurisprudencia debe ser acatada y aplicada a todos los casos concretos que se adecuen al supuesto jurídico que la misma contemple; su obligatoriedad, es un mecanismo de unidad jurisdiccional que tiene como objeto respetar la igualdad en la aplicación del derecho para los justiciables, al dar la misma solución a casos sustancialmente iguales con el fin de dotar de seguridad, predictibilidad y uniformidad al sistema jurídico. Ahora, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece parámetros que tutelan la obligatoriedad de la jurisprudencia para los operadores jurídicos dentro de los procesos jurisdiccionales, tales como el jerárquico, el territorial y el de temporalidad; tales parámetros de funcionamiento del sistema de jurisprudencia, ahí dispuestos, restringen los supuestos en los cuales se actualiza la obligación para los juzgadores de aplicar una jurisprudencia vigente. En el ámbito temporal, por regla general, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia que se encuentra vigente al emitir su decisión. Si en el momento en que el juzgador debe dictar su resolución no existe algún criterio jurisprudencial previo que le vincule, al no existir una obligación de aplicar la jurisprudencia por no serle obligatorio en términos de lo que determina la misma Ley de Amparo, dicho juzgador está en libertad de juzgar con plena libertad de interpretación, en términos de lo dispuesto en el mencionado artículo 217. Y si bien, el criterio de temporalidad prohíbe que la jurisprudencia tenga efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, lo que se entiende como una limitación a los efectos temporales de las nuevas producciones jurisprudenciales de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que la jurisprudencia sólo puede tener efectos a futuro; no obstante, como se precisó en párrafos que preceden, la prohibición de retroactividad sólo se verifica en casos en los cuales la jurisprudencia que se aplica a un caso concreto tenga efectos sobre cuestiones que fueron decididas o acontecieron a la luz de otro criterio jurisprudencial, por lo que propiamente no existe una prohibición para aplicar una determinada jurisprudencia que ha sido creada de forma posterior al inicio de la secuela procesal en la que se pretende aplicar. Conforme al referido artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que, como ya se dijo, presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia que venga a interrumpirla o a generar una nueva mediante los mecanismos formales, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio jurisprudencial anterior que se interrumpe; consecuentemente, a falta de jurisprudencia que sea aplicable en el momento procesal correspondiente, todo juzgador está en libertad de hacer uso de su autonomía interpretativa para decidir cuestiones sobre las cuales no existe criterio definido. En ese orden de ideas, la prohibición de efectos retroactivos es una restricción temporal a la obligatoriedad de la jurisprudencia que hace que una nueva jurisprudencia que interrumpe a otra no puede ser aplicada en aquellos casos en los cuales la jurisprudencia interrumpida haya surtido sus efectos dentro de un juicio, ya que una vez que un tribunal ha generado una jurisprudencia, ésta no puede ser desconocida si con base en ella alguna de las partes adecuó su conducta procesal a la hipótesis que preveía dicha jurisprudencia. Con lo anterior se otorga certeza y seguridad jurídica al justiciable, el cual sabe que un criterio jurisprudencial que ya ha sido aplicado o se ha actualizado no le podrá ser modificado durante toda la secuela procesal; de ahí que, si en el caso, al momento de presentarse la demanda en el juicio de amparo indirecto que da origen al presente asunto, no existía una jurisprudencia que estableciera en sentido contrario al resuelto en la sentencia recurrida, referente a que el delito por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, incluyendo sus agravantes, es la referencia que se debe contemplar para determinar el límite de la media aritmética de cinco años para que proceda la suspensión condicional del proceso, o bien, un criterio de interpretación obligatorio para el Juez de Distrito; por tanto, no puede concluirse que en el caso se afecta la seguridad jurídica del ahora recurrente y, por ende, tampoco que la aplicación del criterio invocado por el Juez de Distrito viole el mencionado principio de irretroactividad. Se afirma lo anterior, porque en el caso concreto no se advierte la existencia previa de algún criterio jurisprudencial que hubiese sido sustituido, superado, modificado o abandonado, por aquél que a la postre fue aplicado por el juzgador federal, ni se observa que con la jurisprudencia invocada en esta ejecutoria, se afecten situaciones legales ya definidas con anterioridad; por ende, se itera que la jurisprudencia 1a./J. 13/2023 (11a.), de rubro: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO SUS AGRAVANTES, ES LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE CINCO AÑOS PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"; no puede tener efectos retroactivos en el supuesto en el que en un juicio de amparo se reclame la resolución que confirmó la negativa de aprobación de la suspensión condicional del proceso penal, pues no existe jurisprudencia previa en el que exista pronunciamiento sobre la existencia de dicha obligación, o bien, que exista alguna interpretación previa de la fracción I, del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en otro sentido, que permita juzgar la constitucionalidad de dicho acto. Por tanto, únicamente ante la existencia previa de una jurisprudencia relativa al tema aludido, es que podría realizarse el contraste correspondiente, con una diversa tesis jurisprudencial emitida con posterioridad, a efecto de determinar si es que ostenta efectos retroactivos que en su caso pudieran causar perjuicio, ante lo cual se actualizaría la prohibición expresamente establecida en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Constituyendo un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual número 25, de seis de julio de dos mil veintitrés, del recurso de revisión 93/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que, las consideraciones jurídicas sustanciales de dicho fallo son compatibles con las que obran en el presente juicio en que se actúa, en tanto al resolver la improcedencia de la suspensión condicional porque la sanción de delito agravado en cuestión, considerado como unidad, supera el término medio aritmético que se prevé legalmente para su procedencia. Así, al haberse desestimado el concepto de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público; y los alegatos formulados por la representante especial de la menor de iniciales C.A.G.H. y de la parte tercera interesada Ishel Isamar Hernández Medina, en cuanto madre de la menor citada; resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse en torno a esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del Juzgado de Distrito. Doy fe. aeol
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-1127/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV-1127/2023 promovido por Javier González Ramírez por conducto de sus defensores particulares contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. En este momento, se da cuenta con la promoción registrada con el número de folio 17367, atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta por signado por la representante especial del menor de iniciales C.A.G.H, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos; las cuales con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, serán tomados en consideración al resolver el presente asunto. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de terceros interesados a Vanessa Karina Martínez huerta, quien tiene el carácter de asesora jurídica particular de la víctima directa Ishel Isamar Hernández Medina en cuanto madre de la menor de iniciales C.A.G.H. y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, así como víctima indirecta a la citada Hernández Medina, mismos que se encuentran debidamente emplazados a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la autoridad responsable; prueba que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante su pedimento número 794/2023 recibido por este juzgado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, así los diversos signados por la asesora jurídica federal de veintiocho de septiembre de la presente anualidad por la tercero interesada en escrito de trece de octubre pasado y los del escrito de cuenta signados por la representante especial del menor de iniciales C.A.G.H. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZ.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JORGE CASTAÑEDA SERVIN Y JOSE MIGUEL JIMENEZ MARTINEZ, EN CUANTO APODERADOS JURIDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, MICHOACAN, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Llegada de autos Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro de la inconformidad laboral número 21/2023. Sentido de la resolución Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada, mediante ejecutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por José Rafael Rodríguez Aguilar, Salvador Manuel Viveros Barajas, Edwin Orlando Tapia Pineda, Gregorio Martínez Hernández, Jorge Torres Valdez, José Bernabé Gutiérrez Ortiz y Genaro Razo Pérez, a través de su apoderado jurídico Juan Manuel García Sánchez, contra el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, que declaró sin materia por existir imposibilidad jurídica para lograr el cumplimiento del fallo protector, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en los autos del juicio de amparo indirecto 942/2018." Se ordena acusar recibo Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de su oficio número 10174 de dieciséis de octubre de junio del año en curso, por el que se remitió la resolución de la inconformidad y el original del presente juicio de amparo. Anotaciones y en su oportunidad remisión al archivo. En ese tenor, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en su oportunidad, remítase el expediente al archivo, en términos de lo acordado en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término tres días que se concedió a la parte quejosa mediante acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO En sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional al quejoso ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio presentado ante este juzgado el tres de octubre del año en curso, la presidenta del tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que destacan: a) Convenio de diez de abril de dos mil veintitrés, celebrado entre el trabajador, aquí quejoso, ******************** y el apoderado de la demandada Comisión de Pesca del Estado de Michoacán. b) Auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a las partes actora y demandada celebrando y ratificando el convenio que celebraron en esa fecha. c) Comparecencia del trabajador ********************, ante la Junta responsable, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que manifestó que el convenio que había celebrado con la demandada Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, el diez de abril de la presente anualidad, había quedado cumplido en tiempo y forma, y pidió se le tuviera dándose por pagado en su totalidad de las prestaciones reclamadas. d) Auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo al actor ******************** dándose por pagado en su totalidad del convenio de diez de abril del año en curso, y se ordenó el archivo del asunto. Constancias con la cual se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. ". En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** para el efecto de que: 1. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, acate los términos establecidos por la ley, esto es, a fin de evitar mayores dilaciones deberá reenviar el oficio de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo cual podrá hacer uso de diversos medios de comunicación tales como fax, correo electrónico oficial, telegrama, mensajería acelerada o vía postal, ello a fin de lograr la pronta entrega y recepción del comunicado de mérito, a fin de que la citada comisión dé contestación a lo solicitado y se esté en posibilidad de reanudar la ejecución del laudo dictado dentro del juicio 3D-387/2015. 2. Y, el Actuario adscrito a la junta responsable verifique, certifique o levante razón del envío del oficio respectivo. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizó lo siguiente: El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, giró el oficio recordatorio 665/2021 *DIRM*, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que remitiera un informe detallado de los movimientos bancarios de las cuentas números 15511409400101 y 181946620101, en el periodo comprendido del uno de marzo al treinta de mayo de dos mil diecinueve. El seis de enero de dos mil veintitrés, se giró oficio recordatorio J3-07-06-01-2023, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que remitiera el informe mencionado en el párrafo que antecede. SE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO Ante la emisión del auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se estima innecesario analizar si la responsable cumplió o no con el fallo protector, toda vez que la concesión del amparo fue para que el tribunal laboral emitiera proveído en el que atendiera el escrito que el quejoso presentó ante ese tribunal laboral el siete de abril de dos mil veintidós, en el que solicitó el cumplimiento del laudo; sin embargo, en el citado acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad, la Junta responsable tuvo al actor ******************** dándose por pagado en su totalidad del convenio de diez de abril del año en curso, con lo cual consideró que el asunto laboral había concluido. Se estima de esa forma, toda vez que en la especie se acreditó que en el juicio de donde emana el acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de conceder la tutela constitucional, al declarar que el asunto había concluido con motivo de que el convenio celebrado entre las partes actora y demandada había sido cumplido. De ahí que, resulta innecesario realizar el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por tanto, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, al no subsistir el acto reclamado contra el que se hizo valer, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2ª./J.2/2008, localizable en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Asimismo, como el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, contenido en la Tesis XVII.1o.C.T.8 K (10a.), localizable en la página 1527, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "QUEJA SIN MATERIA. ASÍ DEBE DECLARARSE LA INTERPUESTA CONTRA EL DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL EXISTIR CONVENIO ENTRE LAS PARTES QUE DIO POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN. Si la recurrente se duele del indebido desechamiento del incidente de inejecución de sentencia por parte del Juez Federal y si éste posteriormente a esa resolución, en términos del numeral 105 de la Ley de Amparo determinó la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector ante la existencia de un convenio celebrado entre las partes que da por concluido el juicio de origen, es evidente que el recurso que tiene por objeto determinar a quién corresponde calificar la procedencia del incidente de inejecución queda sin materia, en tanto que dejó de existir el presupuesto para hacer tal calificativa, al resultar excusable el posible incumplimiento de la autoridad responsable de la ejecutoria de amparo." SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la ley en la materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes relativas al presente proveído y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar este acuerdo. JUICIO SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. NO EXISTEN CUADERNOS DE SUSPENSIÓN Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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