Javier González Ortega
Expediente 233/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier González Ortega
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara: el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 233/2022-III. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda se advierte el acto reclamado consiste en: -La orden de traslado que pretenden ejecutar en contra del quejoso a un diverso centro de reclusión. Ahora, antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados... En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 y 117 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad... De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto es la contemplada por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda en comento, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria, para que la orden de traslado sea recurrida y, en su caso, confirmada o revocada... Notifíquese personalmente...".
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