Javier González Medina
Expediente 935/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Javier González Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, mediante el cual la Secretaria General de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusa recibo del oficio por el que se le remitió el procedimiento de cumplimiento de sentencia 13/2017, así como el juicio administrativo ********************; circunstancia de la que se toma de conocimiento.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia con engrose de doce de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2° precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución causa ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el original del incidente de suspensión y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, y en términos de lo dispuesto por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el juicio de amparo es susceptible de ser destruido, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), del artículo 21, de dicho acuerdo; por lo que, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del expediente principal, dentro de los treinta días siguientes deberá ser destruido por este órgano jurisdiccional y deberá enviarse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro parte, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho acuerdo, se considera que es susceptible de ser destruido el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, se ordena conservarlo durante el plazo de seis meses contado a partir de esta fecha, antes de ser destruido. Ahora bien, atendiendo al prudente arbitrio del suscrito juzgador, se concluye que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de las hipótesis del artículo 15 del acuerdo mencionado. En ese orden de ideas, devuélvanse al Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los autos del expediente del procedimiento de cumplimiento de sentencia ********************, así como el juicio administrativo ********************, así como a la Delegación Fiscal Naucalpan, la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio administrativo ********************; por no ser necesaria su retención, solicitando el acuse de recibo únicamente a la primera de las autoridades toda vez que las constancias que se envían se tratan de actuaciones originales.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta a través del cual el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, comunica que el doce de mayo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia definitiva en el juicio de amparo auxiliar 129/2022, de su índice, derivado del juicio de amparo 935/2021-A-2, de la estadística de éste órgano jurisdiccional; por ende, dejó a disposición de este juzgado de distrito el archivo electrónico de la resolución de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, notifíquese a las partes la resolución dictada en el presente juicio, la cual es del tenor siguiente: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 935/2021 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, promovido por ********, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el trece de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el citado quejoso solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III. Autoridades responsables: A) En su carácter de ordenadora: 1. La Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con domicilio en. 2. La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con domicilio en. B) En su carácter de ejecutoras: 1. La Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con domicilio en. IV. Ley o actos reclamados: De la ordenadora: a) De la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: El acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio administrativo 40/2015, en el que de manera ilegal se impone al quejoso una multa por la cantidad de $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Acuerdo del que manifiesto bajo protesta de decir verdad, desconozco su contenido, ya que no se me ha notificado por los conductos legales que formé parte de dicho juicio o bien, los motivos por los cuales me fue impuesta dicha multa. Precisando que tal dato fue obtenido de lo manifestado por la persona que me atendió y me entregó el 'formato universal de pago' 84187, siendo visible en la parte izquierda de dicho documento, en el apartado denominado datos del contribuyente', quinto y sexto renglón, el cual se exhibe con este escrito de demanda. Cantidad que se encuentra establecida en el apartado identificado como 'datos de la contribución', tercer renglón, donde refiere 'importe histórico'. b) De la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México El acuerdo del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que se haya dictado dentro del procedimiento de cumplimiento de sentencia cuyo número de expediente desconozco, que derive del juicio administrativo 40/2015, en el que de manera ilegal se impone al quejoso una multa por la cantidad de $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Acuerdo del que manifiesto bajo protesta de decir verdad, desconozco su contenido, ya que no se me ha notificado por los conductos legales que formé parte de dicho juicio o bien, los motivos por los cuales me fue impuesta dicha multa y que se señala en virtud de que la persona que me atendió refirió que bien podía derivar del juicio administrativo referido o del procedimiento de cumplimiento de sentencia derivado del mismo. De la ejecutora: a) La ejecución de la multa impuesta por la autoridad ordenadora, de la cual deriva el 'formato universal de pago' identificado con el número de registro 84187, exhibido con la demanda, en el que además del 'importe histórico' se contempla el concepto de 'actualización', para hacer un total de $91,771.00 (noventa y un mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), es decir: multa más actualización. Multa: $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) + Actualización: $11,171.00 (once mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondiente a 'actualización' derivada del 'importe histórico' = Total a pagar $91,771.00 (noventa y un mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) Además, de las autoridades señaladas como responsables reclamo las consecuencias que de hecho o por derecho sean violatorias de los derechos fundamentales, que se generen con motivo de los actos reclamados que han quedado especificados en los puntos que anteceden así como los diversos actos reclamados que se desprendan del análisis integral que se realice al contenido del presente escrito de demanda." Lo que estimó contrario a los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez registró la demanda de amparo con el consecutivo 935/2021 y la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició a las nueve horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, conforme al acta respectiva. TERCERO. Remisión del expediente al Juzgado Auxiliar. Tramitado el juicio de amparo, mediante oficio 10/2022, firmado electrónicamente por el Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, puso a disposición de este Juzgado Federal -entre otros- el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 935/2021, de su índice, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), en términos de los Acuerdos Generales 51/2009 y 52/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 129/2022; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción II, Segundo, fracción II, punto tres, Cuarto, fracción II; y Quinto, primer párrafo, punto nueve y segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo número 51/2009, del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; punto PRIMERO del Acuerdo General 52/2009 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; y oficio SECNO/STCCNO/195/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará a partir de marzo del mismo año en el dictado de sentencias al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en atención a que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito de competencia de dicho órgano de control de la constitucionalidad, al que este órgano jurisdiccional está apoyando en el dictado de las sentencias. Asimismo, previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra circunscrita a dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, al haber sido creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en los registros digitales que existen en el expediente electrónico que consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, conforme lo integró el Juzgado Auxiliado. De conformidad con lo establecido en los puntos primero y quinto, primer párrafo, del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Lo anterior encuentra apoyo en los Criterios de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, derivados de consultas formuladas con motivo del trámite de envío-recepción-devolución de expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliares, específicamente en el: "3.- TÍTULO Amparos indirectos no integrados debidamente. Procede dictar la sentencia y no su devolución", visible en la página http://www.cjf.gob.mx/secretarias/secjacno/Creacion%20Nuevos20 Órganos/criteriosComision.html, del contenido siguiente: "Cuando el punto toral de la consulta se circunscribe a que en un amparo indirecto se reclama, entre otros actos, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sin que al afecto se hayan llamado como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo en un asunto en el que ya se celebró la audiencia constitucional, dicho aspecto debe considerarse de naturaleza jurisdiccional que se ubica fuera del ámbito de atribuciones administrativas que sobre el particular caso de la distribución de las labores judiciales están conferidas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como pudiera ser la cantidad, cualidad y temporalidad de los expedientes a enviarse a los órganos jurisdiccionales auxiliares; en tal virtud, al órgano oficiante le reviste plena libertad para que, en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, resuelva el asunto de que se trata, conservándolo para que dicte la sentencia que en derecho corresponda. Una decisión en sentido contrario, equivaldría a una reposición de procedimiento, lo que, en su caso, sólo sería factible a través del recurso de revisión de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. (Consulta formulada por el Magdo. Titular del Segundo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Quinta Región - 30-enero-2012-)". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno y de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, todas del Estado de México: - El auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 13/2015, mediante el que se impuso una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. La Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México negó el acto que se le reclamó consistente en el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 13/2015, mediante el que se impuso una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe tal negativa. Consecuentemente, respecto de la citada autoridad en relación al acto reclamado antes señalado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y a la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno, ambas del Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado; manifestación que constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio, acorde con lo dispuesto en los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en el expediente electrónico del juicio de amparo; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de la citada codificación. QUINTO. Antecedentes. Con el fin de establecer el contexto fáctico-jurídico de los actos reclamados, a continuación, se relatan los antecedentes que se estiman relevantes, cuyos documentos digitalizados obran en el expediente electrónico del juicio de amparo, a los cuales previamente se otorgó valor probatorio pleno, de los que se desprende lo siguiente: 1. El diecinueve de agosto de dos mi dieciséis, el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México condenó, entre otras autoridades, al Director General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez de esa misma Entidad Federativa, a cubrir a la persona jurídica denominada Constructora en Pavimentaciones Cotel, Sociedad Anónima de Capital Variable el pago de diversas facturas relativas a contratos de adquisición de bienes muebles o prestación de servicios, y de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, cuyo monto total ascendía a diecinueve millones trescientos nueve mil sesenta y un pesos con setenta centavos (fojas 273 a 282 del anexo electrónico 2, relativo a las copias certificadas allegadas por la responsable junto con su informe justificado). 2. Mediante acuerdo número 403 de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México nombró al aquí quejoso Javier González Medina como Titular de la Dirección General de Servicios Públicos. 3. En auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México impuso al Director General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez de la referida Entidad Federativa una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en ese momento, por no presentar los informes correspondientes de las gestiones administrativas que acreditaran el cabal cumplimiento a la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 119 a 123 del anexo electrónico 6, relativo a las copias certificadas que allegó la autoridad responsable junto con su informe justificado). La anterior determinación constituye el acto recamado en el presente juicio de amparo. 4. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, a través del oficio número TJA/SS/II/9510/2018 (con sello de recibido de quince siguiente), el Actuario adscrito a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, notificó al Director General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez del Estado de México el acuerdo de veintiocho de octubre de la citada anualidad (fojas 131 a 133 ibídem). 5. Mediante oficio DGJ/SJ/DAF/13857/2018 con sello de recibido de la Dirección General de Servicios Públicos de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Director General Jurídico del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez del Estado de México, informó al aquí quejoso Javier González Medina, en su calidad de Director General de Servicios Públicos del citado Ayuntamiento, el contenido del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha Entidad Federativa (fojas 267 y 268 ibídem). SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en primer orden procede el estudio de las causales de improcedencia, cuando las invoquen las partes o este juzgado advierta de oficio. Este Juzgador Federal estima que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la demanda se presentó de manera extemporánea. El dispositivo normativo previamente citado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...]". El artículo y fracción transcritos, refieren que el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de derechos dentro de los plazos previstos en la ley. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De ese numeral se desprende que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo las hipótesis contenidas en sus fracciones I a la IV. Entonces, la promoción de la demanda del presente juicio de amparo está sujeta al término general de quince días previsto en el párrafo primero del artículo 17 referido, ya que el acto aquí reclamado no se encuentra dentro de alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones I a IV de dicho numeral. Lo anterior, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (en que el término será de treinta días); ni se impugna la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (ocho años); tampoco se cuestiona un acto que pueda privar la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios (en que será de siete años); ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales (en que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo). En el caso particular el acto reclamado a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, consiste en el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 13/2015, mediante el que se impuso una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; de ahí que el término para la presentación de la demanda de este juicio constitucional, se reitera, es de quince días. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De tal numeral se aprecia que los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando no se reclamen normas autoaplicativas, se computarán a partir del día siguiente: A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; A aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, el término para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente de que se actualicen cualquiera de los tres supuestos previamente mencionados, teniendo presente que tales hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sino que para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de derechos, se debe atender a la posición de la parte quejosa respecto del acto que reclame. En el entendido que el supuesto de que la impetrante tuvo conocimiento del acto o se ostentó sabedora de él, se debe aplicar generalmente a los procedimientos en que no existe la posibilidad de que se le notifique el acto que reclama, por no ser parte en el litigio del que deriva. Ahora, en el caso concreto, el quejoso afirma que conoció la existencia de los actos reclamados el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo, contrario a lo aducido por el impetrante, de los autos del procedimiento de origen se observa que Javier González Medina, en su calidad de Director General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez del Estado de México, tuvo conocimiento de la determinación en al menos dos momentos previos a la referida data. Lo anterior es así, puesto que el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, a través del oficio número TJA/SS/II/9510/2018 (con sello de recibido de quince siguiente), el Actuario adscrito a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México notificó al Director General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez del citado Estado el acuerdo de veintiocho de octubre de la citada anualidad. Asimismo, mediante oficio DGJ/SJ/DAF/13857/2018 con sello de recibido de la Dirección General de Servicios Públicos de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Director General Jurídico del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez del Estado de México, informó al aquí quejoso Javier González Medina, en su calidad de Director General de Servicios Públicos del citado Ayuntamiento, el contenido del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha Entidad Federativa. De manera que, incluso si se contabilizara la segunda de las fechas mencionadas la demanda de amparo se presentó de forma extemporánea. Lo anterior es así, ya que, en atención a la segunda de las citadas fechas, el término para la presentación del presente juicio de amparo, debe contabilizarse, conforme a la segunda hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados. Por tanto, dado que el quejoso conoció el acto reclamado mediante el oficio DGJ/SJ/DAF/13857/2018 con sello de recibido de la Dirección General de Servicios Públicos de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se estima que desde ese día tuvo pleno conocimiento del acto reclamado, por lo que el término para la presentación de la demanda transcurrió del veintidós del citado mes al doce de diciembre, ambos de la misma anualidad.5 Por tanto, como la demanda de amparo se presentó el trece de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es inconcuso que se formuló de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de quince días previsto para ello, lo que implica que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse consentido tácitamente el acto reclamado. Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio, que si bien interpreta preceptos legales de la anterior Ley de Amparo, se estima aplicable al caso concreto ya que su contenido es similar a los de la legislación vigente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIONES XII Y XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseer en él al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. Sin embargo, si el quejoso, en el juicio de garantías, se ostenta como tercero extraño por equiparación y de autos se advierte que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, pero no comparece entonces, y de ser procedente, quedará a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días para promover el juicio de garantías, precisamente atendiendo al conocimiento del juicio en el que funge como parte, por lo que si la presentación de la demanda ocurre con posterioridad a dicho término, el Juez de Distrito debe tener por actualizada la causal de improcedencia que se precisa en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 13/2015, mediante el que se impuso una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, reclamado a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución del auto impugnado, atribuida a la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la actuación atribuida a la ordenadora. Por tanto, resulta jurídicamente imposible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Sin que sea dable analizar las diversas causales de improcedencias planteadas por las partes, ya que ello no modificaría la determinación asumida en la presente sentencia. Por lo expuesto, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Javier González Medina, contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 13/2015, mediante el que se impuso una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, así como su ejecución, atribuidos a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, a la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno y a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, todas del Estado de México. Lo anterior por los motivos expuestos en el tercero y último considerandos de esta sentencia. Háganse las anotaciones pertinentes; incorpórese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que obre en el expediente electrónico; en su oportunidad y por la vía pertinente, infórmese al Juzgado Auxiliado esta circunstancia para los efectos legales procedentes; y archívese el expediente auxiliar 129/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, como asunto concluido.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 935/2021-I, promovido por ********, por propio derecho, se llevó a cabo a las nueve horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y que el asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia, lo que por el momento no permite acordar en dicho sumario. Por tanto, a efecto de no interferir con el dictado de la sentencia en dicho juicio, fórmese cuaderno de antecedentes y acuérdese lo conducente. En ese sentido, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la delegada de Asuntos Contenciosos de Naucalpan, de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la Delegada Fiscal Naucalpan, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona un correo electrónico y revoca la autorización del usuario "mireya8411". De conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de amparo, se tiene como domicilio el que indica y con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medio alterno de comunicación no procesal el correo electrónico que proporciona. Finalmente, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que revoque la consulta del expediente electrónico al usuario "mireya8411".
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