Javier González Hernández

Expediente 629/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
629/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Javier González Hernández

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que tanto la parte quejosa Javier González Hernández, así como la autoridad tercera interesada Subdelegación Toluca de la Delegación Regional Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, no formularon inconformidad alguna respecto de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de la nueva Ley de Amparo, se declara que la resolución de doce de abril de dos mil dieciocho ha quedado firme. Por otra parte, vistos los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar, en consecuencia, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad, depúrese el presente expediente...

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta, de autos se advierte que en proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista al quejoso Javier González Hernández, así como a la autoridad tercera interesada titular de la Subdelegación Toluca de la Delegación Regional Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hicieran lo propio. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Es importante puntualizar que para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en razón de que este juicio de amparo se promovió con posterioridad a que entrara en vigor la actual ley de la materia. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la magistrada instructora de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Toluca, cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: En sesión de uno de marzo de dos mil dieciocho, este órgano colegiado resolvió el amparo directo 629/2017 promovido por Javier González Hernández, por propio derecho, en el que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia definitiva de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo, dicte otra sentencia en la que: 2.1. Reitere las consideraciones que la llevaron a estimar la ilegalidad de la notificación; y, 2.2. Examine la cuestión efectivamente planteada en el concepto de impugnación vertido en la demanda de nulidad del actor (el cual fue transcrito en las líneas que preceden), enderezado a demostrar que la resolución impugnada no cumplía con el requisito de legalidad previsto en la fracción V del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, dado que carecía de la firma autógrafa del funcionario que la emitió; y, al respecto, declare fundado tal argumento, toda vez que la autoridad demandada sólo ofreció las copias certificadas del citatorio y notificación de la resolución impugnada, así como ésta, pero aquéllas al ser ilegales, no permiten verificar si efectivamente la resolución impugnada contenía la firma autógrafa del funcionario que la emitió o no la contenía; extremo que, en todo caso, debía probar la autoridad demandada y era susceptible de comprobarse de manera directa e inmediata a través de la exhibición de su original y, eventualmente, con el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que al efecto se ofreciera, por lo que debe declarar su ilegalidad. 2.3. Hecho lo anterior, declare la nulidad que corresponda, sin dejar de observar lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". En cumplimiento a lo anterior, el primer secretario de acuerdos de la tercera ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Toluca, en suplencia por ausencia de la magistrada titular de la referida ponencia, remitió el oficio 29-1-3-8118/18 de quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual transcribió el acuerdo emitido en esa fecha, del que se puede apreciar, entre otras cosas, que dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete y ordenó remitir los autos del juicio de nulidad para que se emitiera una nueva sentencia. Lo anterior pone de manifiesto que cumplió con el efecto señalado en el punto 1 del fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el punto 2, apartado 2.1, la magistrada instructora de la sala regional responsable remitió el oficio 29-1-3-8256/18 de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, al cual anexó copia certificada de la resolución de la fecha antes citada, en la que reiteró, en el mismo orden, lo determinado en el considerando quinto, relativo a las consideraciones que la llevaron a estimar la ilegalidad de la notificación. Luego, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en el considerando sexto, la responsable analizó los argumentos que formuló la actora en donde adujo, en esencia, que la resolución impugnada no cumplía con el requisito de legalidad previsto en la fracción V del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, ya que carecía de la firma autógrafa del funcionario que la emitió, además de que la autoridad demandada sólo ofreció copias certificadas del citatorio y de la notificación de la resolución impugnada, pero al ser ilegales no permitían verificar si efectivamente la resolución impugnada contenía la firma autógrafa, determinando lo siguiente: Que el primer párrafo del artículo 16 constitucional exigía que todo acto que implicara una afectación a una persona debía ser emitido por una autoridad competente, es decir, que aquélla estuviera facultada para emitirlo. Que dicho mandamiento debía ser por escrito, fundando y motivando la causa legal del procedimiento y, firmado en original, pues sólo así quedaría manifiesta la intención de afectar la esfera jurídica del destinatario. Que para que una firma tuviera validez, a la luz de la carta magna, debía ser autógrafa, dado que era la única forma con la que se podía adquirir una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma. Que no podía aceptarse que la firma se encontrara en facsímil, ya que en esos casos no existía seguridad jurídica para las partes. Que, por tanto, si la parte actora había negado lisa y llanamente que la cédula de notificación impugnada tuviera firma autógrafa y auténtica del funcionario que la emitió y, por su parte, la autoridad enjuiciada al dar contestación a la demanda únicamente se limitó a afirmar que sí contenía dicha firma sin aportar medio de convicción idóneo, resultaba fundado el argumento planteado por el quejoso. Luego, en el considerando séptimo, en términos del artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la responsable declaró la nulidad de la cédula de notificación por la omisión total en la determinación y pago de cuotas, correspondientes al período 03/2017, determinante de los créditos fiscales 172015980 y 178015980, para el efecto de que si la demandada lo estimaba conveniente y se encontraba en la posibilidad de hacerlo, en ejercicio de sus facultades discrecionales, emitiera una nueva resolución, siempre y cuando se sujetara al plazo de un mes (sic) establecido en los artículos 52, segundo párrafo, y 58-14, de la ley anteriormente citada. De lo anterior se observa que la sala responsable cumplió con los efectos precisados en el punto 2, apartados 2.2 y 2.3 de la sentencia protectora. En tal virtud, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues se acataron todos los efectos precisados en ella. Por lo que la suscrita magistrada presidenta no advierte exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector que nos ocupa, que en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, amerite declaración alguna en tal sentido, pues de la comparación de los efectos para los cuales se concedió la protección federal al quejoso, con las actuaciones realizadas por la magistrada instructora de la sala regional para cumplimentarla, como se analizó con antelación, se estima que no incurrió en defecto, pues su actuación se ciñó a los lineamientos expuestos por este órgano judicial en la ejecutoria de que se trata, emitida el uno de marzo de dos mil dieciocho, es decir, su conducta no resulta incompleta, y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasa los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no va más allá de lo que se ordenó en la sentencia de amparo, y su pronunciamiento se ajustó a lo establecido en dicha ejecutoria. Por tales razones se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional al quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria emitida el uno de marzo de dos mil dieciocho por este tribunal colegiado en el presente asunto.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vistos los oficios de cuenta, el primero suscrito por el primer secretario de la tercera ponencia, en ausencia de la magistrada titular de la referida ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de doce de marzo del año en curso, acusa recibo del oficio 419-II, con el que se remitieron lo autos originales del juicio de nulidad 538/17-29-01-6; en consecuencia, téngase por cumplimentado el aludido requerimiento y déjese sin efectos el apercibimiento con que fue conminada la autoridad oficiante en el citado proveído. Por otra parte, con el segundo la magistrada instructora de la referida sala, remite copia certificada de la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 538/17-29-01-6, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en cuyos resolutivos determinó, en lo que interesa; declarar la nulidad de la resolución impugnada. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista al quejoso Javier González Hernández, así como a la autoridad tercera interesada titular de la Subdelegación Toluca de la Delegación Regional Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la sentencia recibida para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal al quejoso ni al tercero interesado (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento.

  4. Juicio de Amparo Directo

    "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ...

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