JAVIER GONZALEZ BARRIENTOS y Otros.

Expediente 487/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
487/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Javier Gonzalez Barrientos
  • JAVIER GONZALEZ BARRIENTOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    FENECE TÉRMINO PARA PROMOVER INCONFORMIDAD. VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, A FIN DE QUE LAS PARTES RECURRIERAN EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE DETERMINA DEPURAR ESTA PIEZA DE ACTUACIONES. DEVUÉLVASE EL TOMO DE PRUEBA QUE ENVÍO LA AUTORIDAD RESPONSABLE. SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, ACUDA A ESTE JUZGADO A RECOGER LA DOCUMENTAL ORIGINAL QUE EXHIBIÓ EN SU ESCRITO INICIAL, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, PODRÁ SER DESTRUIDA JUNTO EL EXPEDIENTE. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.

  2. Principal

    Se notifica por este conducto a la PARTE TERCERA INTERESADA JAVIER MISAEL GONZÁLEZ LÓPEZ, el proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de amparo 487/2015-V, del índice de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, proveído que reza: I. Calificación de cumplimiento. V I S T O el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables Juzgado Civil de Partido Especializado en materia de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad, restituyera a Javier González Barrientos y Margarita López Madrigal en su derecho humano vulnerado, para lo cual debía: "I. Dejar insubsistente el proveído reclamado de veintiséis de abril de dos mil quince, así como todas sus consecuencias legales; y II. Emitir una nueva determinación, en la que previamente a calificar la medida de alimentos solicitada en contra de los aquí quejosos, instaure dentro del procedimiento y en la vía que lo considere más pertinente, un periodo probatorio a fin de que se allegue de insumos con los que se acredite fehacientemente la imposibilidad de Fabiana Estefanía Rayas Álvarez, para ministrar alimentos a su menor hija; y una vez hecho lo anterior, o ante la imposibilidad que exista para demostrar dicho extremo, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho corresponda. El juez natural cuenta con plenitud jurisdiccional para determinar carga probatoria, con el objeto de estimar y justificar con la mayor amplitud de criterio la imposibilidad de la madre para cumplir sus obligaciones alimentarias, por lo que la forma y términos en que considere acreditado o no acreditado ese aspecto, no conforman el cumplimiento de este fallo. Por el mejor cumplimiento de la resolución, se aclara que el presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de esta sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer a los quejosos en sus derechos fundamentales violados. En relación a la autoridad ejecutora, para el cumplimiento del presente fallo, deberá acatarlo materialmente." En auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia emitida y mediante comunicado 45407 de la propia fecha -fojas 80 a 82-, dirigido a la autoridad responsable Juzgado Civil de Partido Especializado en materia de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad, se le informó la ejecutoria dictada en el presente juicio y por tal motivo se le requirió su cumplimiento. Por oficio JOFAL/1651/2017 de veinte de febrero del año en curso -foja 108- y recibido en la oficialía de partes de este Juzgado la propia fecha, el juez responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio constitucional en que se actúa; con ello, por auto de veintiuno de febrero del año en curso -foja 225-, se dio vista a las partes, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera en torno al cumplimiento dado al fallo protector que nos ocupa. Las partes no realizaron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo de actual vigencia, este Juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por lo tanto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos la referida sentencia constitucional se encuentra o no cumplida. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Explicación que fue dada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la jurisprudencia V.2o. J/38, visible en la página 625, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "QUEJA POR EXCESO Y DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. CUANDO EXISTE UNO U OTRO.". Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas de la 216 a 223), las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, pues el Juzgado Civil de Partido Especializado en materia de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad, en la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, señaló que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dejó sin efectos la resolución de veintitrés de abril de dos mil quince y, emitió una diversa en la que, luego de aperturar el incidente correspondiente para determinar la posibilidad o imposibilidad de Fabiana Estefanía Rayas Álvarez (madre de la menor) para ministrar alimentos a su hija, y luego de recibir las prueba que se estimaron conducentes, la autoridad responsable determinó que no era procedente la medida precautoria de aseguramiento de alimentos solicitada por la actora reconvecional (madre de la menor) en contra de los abuelos paternos y maternos, debido a que se encontraba demostrada la posibilidad de ambos padres de la menor para solventar la manutención de la infante y, como consecuencia de ello, determinó que correspondía exclusivamente a los padres de la menor de edad la obligación de otorgar alimentos en términos de lo previsto por el artículo 357 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Así pues, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución combatida y emitió una diversa en la que determinó la improcedencia de la medida precautoria de aseguramiento de alimentos solicitada por la madre de la menor en contra de los quejosos. En consecuencia, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que todos y cada uno de los efectos jurídicos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable, debido a que dejó sin efectos la resolución combatida y emitió otra en la que determinó que no era procedente que los abuelos tanto maternos y paternos cubrieran subsidiariamente la obligación de otorgar alimentos provisionales solicitados, en razón de la posibilidad económica de ambos padres; de tal suerte que con ese proceder la autoridad responsable acató el núcleo esencial del fallo protector; pues dejó insubsistente el proveído reclamado de veintiséis de abril de dos mil quince, así como todas sus consecuencias legales; y emitió una nueva determinación, en la que previamente a calificar la medida de alimentos solicitada en contra de los aquí quejosos, otorgó un periodo probatorio para allegarse de insumos a efecto de acreditar fehacientemente la imposibilidad de Fabiana Estefanía Rayas Álvarez (madre de la menor), para ministrar alimentos a su menor hija; y una vez hecho lo anterior, determinó la improcedencia de la medida precautoria solicitada. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo al quejoso sus derechos fundamentales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERA INTERESADA FABIANA ESTEFANÍA RAYAS ÁLVAREZ, EL PROVEÍDO DE 10 DE MARZO DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE TIENE POR CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD LA EJECUTORIA DE AMPARO."

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA XIOMARA CORAL GONZÁLEZ RAYAS, POR CONDUCTO DE SU MADRE FABIANA ESTEFANÍA RAYAS ÁLVAREZ, EL PROVEÍDO DE 10 DE MARZO DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: ""SE TIENE POR CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD LA EJECUTORIA DE AMPARO."

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